El costo oculto de los productos del mar: abusos y explotación en la industria pesquera de Taiwán
Silwanus Tangkotta, un pescador indonesio, recuerda el momento en que una ola fuerte golpeó una puerta metálica corrediza y se la aplastó contra la mano mientras trabajaba en un barco pesquero taiwanés en el Pacífico. Tenía los dedos destrozados, pero el capitán se negó a regresar a puerto. Durante más de un mes, Tangkotta soportó un dolor insoportable y tuvo que tratarse las heridas por su cuenta, sin acceso a atención médica. Su historia no es excepcional. Es un ejemplo de una crisis mucho mayor que afecta a miles de trabajadores migrantes en la industria pesquera de Taiwán, una de las más grandes y rentables del mundo, pero también una de las más cuestionadas por sus abusos laborales.
Contenido
- El costo oculto de los productos del mar: abusos y explotación en la industria pesquera de Taiwán
- ¿Hasta qué punto están extendidos los abusos?
- Aislamiento en el mar: el papel de las barreras de comunicación
- ¿Por qué son tan vulnerables los trabajadores migrantes?
- Lagunas legales y falta de protección
- Reformas y respuesta del Gobierno: ¿son suficientes?
- Presión internacional y de las ONG
- Cadenas mundiales de suministro: ¿son cómplices los consumidores?
- El contexto mundial: un problema generalizado
- Los países de origen toman medidas: Indonesia busca proteger a sus trabajadores
- Implicaciones más amplias: derechos humanos, poder blando e imagen internacional de Taiwán
- En resumen
Taiwán, a menudo reconocido por sus valores liberales y su historial en materia de derechos humanos, opera la segunda flota pesquera de aguas distantes más grande del mundo. Sus productos del mar se exportan a todo el mundo y llegan a las mesas y los supermercados desde Estados Unidos hasta Europa. Pero detrás de esa abundancia se esconde una realidad preocupante: hay numerosos informes sobre trabajo forzoso, robo de salarios, violencia y condiciones laborales peligrosas para los trabajadores migrantes que sostienen la industria.
¿Hasta qué punto están extendidos los abusos?
Organizaciones internacionales, incluido el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, han señalado repetidamente que hay trabajo forzoso en la industria pesquera de Taiwán. En 2023, el Gobierno estadounidense volvió a incluir el pescado capturado por barcos taiwaneses entre los productos elaborados mediante trabajo forzoso, citando pruebas de contratación engañosa, retención de salarios, violencia física y jornadas laborales extremas. Según Greenpeace USA, esta es la tercera vez desde 2020 que la flota taiwanesa de aguas distantes aparece en la lista, lo que refleja problemas persistentes y sistémicos.
Entre los indicadores de trabajo forzoso documentados por ONG e informes gubernamentales figuran:
- Hambre y deshidratación
- Condiciones de vida degradantes e insalubres
- Abusos físicos y verbales
- Restricciones para abandonar los barcos
- Retención de salarios y deducciones ilegales
- Contratación engañosa y tarifas elevadas que conducen a la servidumbre por deudas
- Confiscación de documentos de identidad
- Jornadas laborales extremadamente largas, de hasta 20 horas al día en algunos casos
Muchos de estos abusos son posibles debido al aislamiento de los trabajadores en el mar, la falta de supervisión y las lagunas en las leyes laborales de Taiwán. La mayoría de los pescadores migrantes provienen de Indonesia, Filipinas y Vietnam, y a menudo quedan excluidos de las protecciones de la Ley de Normas Laborales de Taiwán. Esto significa que no tienen garantizado el pago de horas extra, seguro médico ni canales eficaces para denunciar abusos.
Aislamiento en el mar: el papel de las barreras de comunicación
Uno de los aspectos más insidiosos de la explotación es el aislamiento deliberado de los pescadores migrantes. Muchos barcos no ofrecen acceso a internet, lo que hace casi imposible que los trabajadores se comuniquen con sus familias o pidan ayuda. La campaña "Wi-Fi Now for Fishers’ Rights" ha criticado a la Asociación de Pesca del Atún de Taiwán por oponerse al acceso a wifi en los barcos, con el argumento de que el aislamiento aumenta la productividad. Achmad Mudzakir, presidente del Foro Indonesio de Encuentro de la Gente de Mar, destacó el derecho fundamental de los pescadores a comunicarse:
Los pescadores deberían tener derecho a consultar sus salarios, expresar sus preocupaciones y mantener el contacto con sus familias.
Jennifer Rosenbaum, directora ejecutiva de Global Labor Justice–International Labor Rights Forum, añadió que la instalación obligatoria de wifi seguro permitiría a los pescadores denunciar abusos en tiempo real y cuidar su bienestar. Sin medios de comunicación, los trabajadores quedan expuestos a la explotación y no pueden alertar a las autoridades ni a los sindicatos sobre su situación.
¿Por qué son tan vulnerables los trabajadores migrantes?
La vulnerabilidad de los pescadores migrantes en Taiwán tiene su origen en una compleja combinación de factores económicos, legales y sociales. Muchos trabajadores contraen deudas considerables con agencias de contratación en sus países de origen y suelen pagar miles de dólares en tarifas a cambio de la promesa de un empleo. Una vez a bordo, pueden confiscarles los pasaportes y retenerles o descontarles el salario por motivos arbitrarios. La amenaza del despido o la deportación disuade a muchos de denunciar los abusos, ya que perder el empleo podría llevarlos a ellos y a sus familias a la ruina económica.
Según el Yuan de Control, el principal organismo de supervisión del Gobierno de Taiwán, entre 2017 y 2019 los pescadores migrantes presentaron más de 1.500 denuncias; algunas agencias recibieron más de 100 cada una. Sin embargo, las inspecciones y la aplicación de la ley han quedado muy por detrás de la magnitud del problema. El sistema de intermediación, que vincula a los trabajadores con empleadores específicos y les cobra tarifas elevadas, ha recibido amplias críticas por facilitar la servidumbre por deudas y la explotación. Pese a los llamados de ONG y organismos internacionales para abolirlo, el Gobierno se ha negado hasta ahora.
Lagunas legales y falta de protección
El Ministerio de Trabajo de Taiwán solo tiene bajo su competencia a los pescadores costeros, mientras que los que trabajan en barcos de aguas distantes, que constituyen la mayoría, están regulados por la Agencia de Pesca y carecen de documentación de residencia. Esta distinción legal deja a la mayoría de los pescadores migrantes fuera del alcance de las protecciones laborales básicas. La Fundación para la Justicia Ambiental y otras ONG han pedido a Taiwán que ratifique el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca y que aplique la Ley de Normas Laborales a todos los pescadores, independientemente de dónde trabajen.
Allison Lee, de la Unión de Pescadores Migrantes de Yilan, criticó que el Gobierno se centre en salir de la lista estadounidense de trabajo forzoso, en lugar de abordar las causas profundas de la explotación:
Al Gobierno le preocupa más su imagen internacional que la vida y los derechos de los trabajadores que sostienen su industria pesquera.
Reformas y respuesta del Gobierno: ¿son suficientes?
En respuesta a la creciente presión internacional y a casos de abuso de gran repercusión, Taiwán ha prometido más de 2.000 millones de dólares taiwaneses (unos 68,5 millones de dólares estadounidenses) para mejorar las condiciones de los pescadores migrantes. Entre las reformas recientes figuran el aumento del salario mensual mínimo de los tripulantes extranjeros, de 450 a 550 dólares, la limitación del tiempo en el mar a un máximo de 10 meses y el compromiso de elevar del menos del 10% al 100% la tasa de inspección de los barcos de pesca con palangre. El Gobierno también ha introducido medidas como la instalación de cámaras de circuito cerrado en los barcos y el procesamiento judicial de capitanes y oficiales abusivos.
El primer ministro Su Tseng-chang declaró:
Es correcto cuidar debidamente a estos tripulantes extranjeros, que provienen de entornos desfavorecidos y buscan ganarse la vida en el mar.
Sin embargo, activistas y sindicatos sostienen que estas reformas son en gran medida superficiales y no abordan los problemas de fondo. El robo de salarios, el exceso de trabajo y la falta de protección legal siguen siendo generalizados. El procesamiento judicial de capitanes abusivos, como ocurrió en el notorio caso Da Wang, en el que un tripulante indonesio murió después de ser golpeado y encerrado en un congelador, es una excepción poco frecuente, no la norma.
Presión internacional y de las ONG
ONG como la coalición Derechos Humanos para los Pescadores Migrantes han pedido una reforma integral del sistema. Entre sus recomendaciones figuran:
- Ratificar convenios laborales internacionales
- Aplicar las leyes laborales a todos los pescadores
- Garantizar inspecciones laborales adecuadas y capacitación para las autoridades
- Crear canales accesibles para que los pescadores en el mar presenten denuncias
- Elaborar un plan de acción claro, sujeto a revisiones periódicas de las ONG
- Reformar las normas de contratación para prevenir la explotación
También abogan por que el Ministerio de Trabajo, en lugar de la Agencia de Pesca, supervise todos los asuntos laborales relacionados con los pescadores, y por enmendar la ley para definir todos los barcos taiwaneses de pesca en aguas distantes como extensiones del territorio taiwanés, de modo que las leyes nacionales se apliquen sin importar dónde opere cada barco.
Cadenas mundiales de suministro: ¿son cómplices los consumidores?
La industria pesquera de Taiwán está profundamente integrada en las cadenas mundiales de suministro. Estados Unidos importa alrededor del 80% de los productos del mar que consume y Taiwán es un proveedor importante. Se ha vinculado a grandes marcas como Bumble Bee Foods, propiedad del comerciante taiwanés de atún FCF, con pescado capturado mediante trabajo forzoso. Se han presentado demandas contra estas empresas, bajo el argumento de que se benefician de prácticas abusivas en sus cadenas de suministro.
Sari Heidenreich, de Greenpeace USA, advirtió:
Los consumidores estadounidenses corren el riesgo de consumir productos del mar contaminados por la esclavitud moderna. Las empresas y los comercios deben examinar minuciosamente sus cadenas de suministro y asumir su responsabilidad por los derechos humanos de los trabajadores.
Un informe reciente de Greenpeace concluyó que solo uno de los 16 principales comercios minoristas de Estados Unidos obtuvo una calificación aprobatoria en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de atún. Muchas empresas recurren a certificaciones de terceros, que, según los activistas, no bastan para garantizar prácticas éticas.
El contexto mundial: un problema generalizado
El abuso de trabajadores migrantes no es exclusivo de Taiwán. Naciones Unidas estima que uno de cada cinco peces se captura mediante pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y que unos 128.000 trabajadores están sometidos a trabajo forzoso en barcos pesqueros remotos de todo el mundo. Se han documentado casos de trabajo infantil y forzoso en la producción de pescado y productos del mar en al menos 20 países. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos y organizaciones internacionales impulsan una aplicación más estricta de la ley, orientaciones para las autoridades marítimas y el uso de acuerdos comerciales y sanciones para exigir responsabilidades a países y empresas.
Los países de origen toman medidas: Indonesia busca proteger a sus trabajadores
Indonesia, el mayor proveedor de mano de obra para la flota pesquera mundial, trabaja para proteger a sus ciudadanos empleados en barcos extranjeros, incluidos los que operan en Taiwán. El Gobierno indonesio busca acuerdos bilaterales para mejorar la contratación, la colocación y la capacitación, y ha emitido nuevos decretos para armonizar sus normas con los estándares laborales internacionales. Estas iniciativas buscan garantizar tanto la seguridad de los trabajadores indonesios como los intereses de los propietarios de barcos extranjeros.
Sin embargo, la eficacia de estos acuerdos depende de la voluntad de países de destino como Taiwán de aplicar las normas laborales y proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Sin reformas significativas y cooperación internacional, es probable que los abusos continúen.
Implicaciones más amplias: derechos humanos, poder blando e imagen internacional de Taiwán
La dependencia de Taiwán de la mano de obra migrante no se limita a la industria pesquera. Debido al envejecimiento de la población y a la reducción de la fuerza laboral, la isla depende de más de 700.000 trabajadores migrantes, en su mayoría del Sudeste Asiático, en sectores que van desde el cuidado de personas mayores hasta la manufactura. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan problemas similares: altas tarifas de intermediación, deudas, falta de protección legal y riesgo de sufrir abusos.
Los abusos contra los derechos humanos en la industria pesquera amenazan con socavar la imagen internacional de Taiwán como democracia y defensor de los valores liberales. También ponen en riesgo sus relaciones diplomáticas con países del Sudeste Asiático, de donde proviene la mayoría de los trabajadores migrantes de Taiwán. Mientras Taiwán busca estrechar sus vínculos con la región mediante su Nueva Política hacia el Sur, el trato a los trabajadores migrantes se ha convertido en una prueba decisiva de su compromiso con los derechos humanos.
Los expertos sostienen que reforzar las protecciones y ofrecer vías para obtener la residencia permanente ayudaría a afrontar los desafíos demográficos, mejorar la posición internacional de Taiwán y proteger a los trabajadores esenciales que mantienen su economía a flote.
En resumen
- La industria pesquera de Taiwán, cuya flota de aguas distantes es la segunda más grande del mundo, depende en gran medida de trabajadores migrantes que sufren abusos generalizados, trabajo forzoso y condiciones peligrosas.
- Organizaciones internacionales y ONG han documentado una explotación sistémica que incluye robo de salarios, violencia, servidumbre por deudas y falta de protección legal.
- El aislamiento en el mar, la falta de comunicación y las lagunas legales dificultan que los trabajadores denuncien los abusos o pidan ayuda.
- Las recientes reformas del Gobierno han aumentado los salarios y prometido una mejor supervisión, pero los activistas sostienen que estas medidas son insuficientes y no abordan las causas profundas.
- Las exportaciones de productos del mar de Taiwán están profundamente integradas en las cadenas mundiales de suministro, lo que genera preocupación por la posibilidad de que consumidores de todo el mundo compren sin saberlo productos vinculados al trabajo forzoso.
- Países de origen como Indonesia buscan mejorar la protección de sus ciudadanos, pero para lograr cambios significativos se necesitan cooperación y cumplimiento de las normas por parte de los países de destino.
- Los abusos contra los derechos humanos en la industria pesquera amenazan la imagen internacional de Taiwán y sus relaciones con socios clave del Sudeste Asiático.
