Seguiría siendo posible una pena de cinco años de prisión por difundir rumores en línea
La propuesta de Ley de Ciberseguridad (Enmienda) de Bangladesh de 2026 reduciría a la mitad la pena máxima de prisión por difundir rumores o desinformación, de 10 a cinco años, y mantendría el delito como perseguible de oficio y no sujeto a fianza. La División de TIC publicó el borrador revisado el 10 de noviembre e invitó a la ciudadanía a enviar comentarios hasta el 25 de noviembre.
Contenido
- Seguiría siendo posible una pena de cinco años de prisión por difundir rumores en línea
- Cómo llegó Bangladesh a una nueva propuesta de reforma
- ¿Qué cambia en los delitos relacionados con la expresión?
- Por qué importan las reglas sobre fianza y arresto
- Cuando se cruzan las críticas, la difamación y los memes
- Los medios registrados obtienen salvaguardas que la ciudadanía no tiene
- El bloqueo de contenidos deja de estar sujeto a una revisión judicial obligatoria
- Las facultades de registro y la inmunidad oficial siguen siendo objeto de disputa
- Qué debe resolverse en la consulta
- Puntos clave
La multa máxima bajaría de 4 millones a 1 millón de takas. En el caso de la difamación, la pena máxima propuesta se reduciría de cinco a dos años, y la multa máxima, de 2 millones a 500.000 takas. Se trata de reducciones considerables: la pena máxima de prisión por el delito de difundir rumores bajaría un 50 por ciento y la multa máxima, un 75 por ciento.
Los periodistas que trabajan en medios registrados obtendrían ciertas protecciones, entre ellas la aprobación de un tribunal antes de realizar arrestos por noticias, opiniones, imágenes o caricaturas publicadas. La ciudadanía que publique material similar no contaría con esa salvaguarda específica.
La disputa central se refiere tanto a lo que ocurre antes de una condena como al castigo posterior. El borrador revisado conserva las facultades de registrar, incautar dispositivos y realizar arrestos sin orden judicial en determinadas condiciones. También sustituiría la aprobación judicial obligatoria para bloquear contenidos por un proceso de revisión a cargo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Transparency International Bangladesh, abogados y representantes de los medios sostienen que reducir las penas no elimina el principal peligro: los delitos de expresión definidos en términos amplios aún pueden exponer a las personas a arrestos, procesos judiciales y la eliminación de su trabajo.
Cómo llegó Bangladesh a una nueva propuesta de reforma
La legislación cibernética de Bangladesh ha experimentado cambios reiterados desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Digital en 2018, en medio de una oposición generalizada. Sus críticos acusaron al Gobierno de la Liga Awami de utilizarla para reprimir la disidencia.
La enmienda más reciente llega tras una nueva ronda de consultas, después de que el Parlamento aprobara el Proyecto de Ley de Ciberseguridad en abril de 2026. Las autoridades afirman que las revisiones reflejan las opiniones expresadas por partes interesadas y representantes de los medios.
- 2018: La Ley de Seguridad Digital entró en vigor en medio de críticas por su impacto en la libertad de expresión.
- 2024: El Gobierno de la Liga Awami cayó tras un levantamiento popular.
- 2025: La administración interina promulgó la Ordenanza de Ciberseguridad tras derogar la legislación anterior.
- 30 de abril de 2026: El Parlamento aprobó el Proyecto de Ley de Ciberseguridad, que sustituyó a la ordenanza.
- Julio de 2026: El Gobierno creó un comité para preparar enmiendas.
- Septiembre y octubre de 2026: Representantes del Gobierno realizaron consultas con partes interesadas y representantes de los medios.
- 10 de noviembre de 2026: La División de TIC publicó el borrador revisado e invitó a enviar comentarios hasta el 25 de noviembre.
El texto de noviembre es una propuesta abierta a consulta. Los cambios en las penas, los arrestos y las facultades de bloqueo dependerían de que las enmiendas se conviertan en ley.
¿Qué cambia en los delitos relacionados con la expresión?
El texto de la enmienda publicado por la División de TIC establece que el artículo 26A tipifica como delito la publicación o difusión de rumores y desinformación, con una pena máxima de 10 años, una multa de 4 millones de takas o ambas. La revisión de noviembre rebaja esos máximos a cinco años y 1 millón de takas.
La redacción también cambia. La definición anterior de rumor abarcaba información, noticias o afirmaciones sin fundamento o no verificadas que provocaran, o pudieran provocar, confusión, pánico, agitación o disturbios sociales. La definición revisada se centra en información falsa o distorsionada creada, publicada o difundida deliberadamente para provocar pánico público, agitación o disturbios sociales.
Esto orienta la definición hacia la falsedad deliberada, en lugar de hacia información que simplemente no ha sido verificada. Para alguien que publica durante un acontecimiento de rápida evolución, la diferencia importa: una afirmación incierta y otra inventada intencionalmente implican conductas distintas.
El borrador no especifica cómo demostrarían las autoridades la intención requerida. Priya Ahsan Chowdhury, abogada del Tribunal Supremo, considera que el cambio es una mejora limitada, pero advierte que términos como pánico público e inestabilidad social siguen siendo subjetivos y podrían afectar a las críticas, la sátira y la información de interés público.
La propuesta revisada también distingue entre los delitos relacionados con la expresión. La difamación no sería perseguible de oficio y admitiría fianza, con una pena máxima de dos años de prisión, una multa de 500.000 takas o ambas. El menosprecio o acoso conllevaría hasta tres años de prisión, una multa de 500.000 takas o ambas, y seguiría siendo perseguible de oficio y no sujeto a fianza, al igual que la difusión de rumores y desinformación.
Por qué importan las reglas sobre fianza y arresto
Por lo general, un delito perseguible de oficio permite a la policía iniciar una investigación y realizar un arresto sin obtener primero una orden de un magistrado, sujeto a las condiciones legales aplicables. En general, para investigar un delito que no es perseguible de oficio la policía necesita autorización judicial.
En los delitos que admiten fianza, la persona acusada tiene derecho a obtenerla cuando se cumplen los requisitos legales. En los delitos que no la admiten, la puesta en libertad depende de la decisión del tribunal. Estas clasificaciones determinan si alguien puede permanecer bajo custodia mientras avanza el proceso.
El texto publicado por la División de TIC asigna al Tribunal de Ciberseguridad los casos contemplados en el artículo 26A, que abarca los rumores y la desinformación. También le asigna determinados delitos previstos en el artículo 25(3), junto con la piratería informática y otros delitos cibernéticos enumerados, mientras que otros casos se presentan ante un magistrado de primera instancia.
El texto oficial generalmente limita quién puede presentar una denuncia a la persona agraviada, a alguien autorizado por escrito por esa persona o a un miembro de las fuerzas del orden. Quien solicite la intervención del tribunal después de que una comisaría rechace una denuncia debe presentar una declaración jurada que describa ese intento fallido. El tribunal puede entonces escuchar al denunciante y ordenar una investigación o rechazar la denuncia.
Esos procedimientos establecen condiciones para iniciar un caso. La preocupación expresada por los críticos es que mantener la responsabilidad penal, especialmente por delitos que no dan derecho automático a fianza, deja a las personas expuestas a la detención y a procesos judiciales pese a la reducción de las penas máximas.
Cuando se cruzan las críticas, la difamación y los memes
El borrador revisado remite al artículo 499 del Código Penal de 1860 para definir la difamación. Junto con esa referencia, la definición de menosprecio abarca palabras, comportamientos, publicaciones, indicaciones, gestos o actividades que excedan la crítica constructiva e insulten, ridiculicen o desprecien a alguien de una forma que perjudique su dignidad y autoestima.
La redacción propuesta incluiría las burlas sobre la apariencia física, el color de piel o las características corporales de una persona. También incluiría convertir a alguien en objeto de burla mediante memes o caricaturas creados a partir de imágenes, videos o voces distorsionados.
Fawzia Afroz, directora para Bangladesh de la organización de investigación tecnológica TechGlobal Institute, cuestiona por qué la difamación debería aparecer de nuevo en una ley cibernética cuando ya está contemplada en el Código Penal. También pregunta quién establecería los límites de la crítica constructiva y si las caricaturas políticas, los memes y las parodias críticas podrían dar lugar a procesos judiciales.
Priya Ahsan Chowdhury sostiene que la prisión es una respuesta desproporcionada al daño a la reputación y que las disposiciones penales vigentes sobre difamación también se han utilizado indebidamente. Human Rights Support Society ha pedido que la difamación se resuelva por la vía civil, lo que permitiría reclamar una reparación por el daño a la reputación sin recurrir a la prisión.
Para los caricaturistas y los usuarios de redes sociales, el asunto práctico es dónde está el límite entre la conducta insultante y la sátira legítima. La redacción propuesta atribuye importancia legal a ese límite, pero deja en manos de las autoridades y los tribunales decidir dónde encaja cada publicación.
Los medios registrados obtienen salvaguardas que la ciudadanía no tiene
El artículo 46A propuesto exigiría la aprobación de un tribunal antes de arrestar a alguien por noticias, opiniones, imágenes o caricaturas publicadas o difundidas por medios registrados. El artículo 29 exigiría un aviso escrito con al menos 15 días de antelación y la oportunidad de responder antes de iniciar acciones contra un medio registrado o la institución que lo opera.
Kamal Ahmed, editor consultor de The Daily Star y exdirector de la Comisión de Reforma de los Medios, celebra que el Gobierno haya decidido consultar a las partes interesadas y reabrir el borrador a comentarios. Sin embargo, sostiene que la ciudadanía debería recibir la misma protección de la libertad de expresión que los periodistas y las organizaciones de medios.
No está claro si la protección también abarca a los periodistas independientes. El borrador tampoco exige de manera equivalente la aprobación judicial previa para registrar oficinas de medios o incautar los equipos digitales de los periodistas.
Las 12 recomendaciones del Consejo de Editores van más allá de la protección frente a los arrestos. Reclaman aprobación judicial para registros, incautaciones, vigilancia y acceso a dispositivos; confidencialidad para las fuentes; salvaguardas para la información de interés público; y protección para que no se sancione a todo un medio por un reportaje individual. También proponen que el Consejo de Prensa tramite las denuncias por difamación.
El artículo 29 seguiría permitiendo que un tribunal, tras una condena, suspenda o cancele el registro o la licencia de una organización, o prohíba sus actividades. Priya Ahsan Chowdhury sostiene que cerrar o inhabilitar una organización por el delito de una persona sería desproporcionado, en particular cuando los delitos están definidos en términos amplios.
El bloqueo de contenidos deja de estar sujeto a una revisión judicial obligatoria
El artículo 8 abarca una amplia variedad de motivos para bloquear contenidos, entre ellos las amenazas a la seguridad o el orden público, la incitación al odio religioso o a la violencia, la difamación, el chantaje, el acoso sexual y el material relacionado con la explotación sexual infantil.
El texto publicado por la División de TIC incluye dos controles específicos. El artículo 8(3) exige divulgar públicamente información sobre los contenidos bloqueados. El artículo 8(4) exige la aprobación del Tribunal de Ciberseguridad en un plazo de tres días desde la retirada, transferencia o bloqueo, y obliga a restablecer el contenido si la aprobación se deniega o no se obtiene a tiempo.
La revisión de noviembre eliminaría la aprobación obligatoria del tribunal y el requisito de divulgación pública. En su lugar, las autoridades tendrían que informar a la persona o la organización afectada de los motivos en un plazo de tres días. Esa persona u organización podría solicitar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad que restableciera el contenido, y la agencia tendría 15 días para decidir, después de dar al Gobierno o a la parte pertinente la oportunidad de ser escuchados.
El cambio trasladaría la revisión habitual de un tribunal a una agencia. Quien tuviera contenidos bloqueados tendría que solicitar su restablecimiento, en vez de que las autoridades tuvieran que obtener automáticamente la aprobación judicial para mantener el bloqueo.
Human Rights Support Society, en una declaración firmada por su director ejecutivo, Ejazul Islam, pidió que se exigiera la aprobación judicial y que hubiera un proceso de apelación eficaz. Los defensores de los derechos también quieren que los motivos se comuniquen al tomar la decisión de bloquear un contenido, en lugar de esperar hasta tres días.
Antes de la publicación, las autoridades describieron planes para eliminar el motivo de que un contenido fuera denigrante para el Estado y limitar la redacción que identifica a los organismos facultados para solicitar bloqueos. Sin embargo, el borrador publicado ha suscitado preocupación por el uso de términos amplios relacionados con la dignidad del país y el orden público. Los motivos precisos determinan qué publicaciones pueden ordenar las autoridades que se retiren y qué decisiones puede impugnar una persona afectada.
Las facultades de registro y la inmunidad oficial siguen siendo objeto de disputa
Los artículos 33 a 35, relativos a la investigación, los registros, las incautaciones y las medidas sin orden judicial, no cambian pese a las objeciones de las partes interesadas. En virtud del artículo 35, un agente de policía puede actuar sin orden judicial cuando un ciberataque o una intrusión ilegal en infraestructura crítica de información genere el riesgo de que se destruyan pruebas.
El agente debe dejar constancia de los motivos de su actuación. Las facultades incluyen registrar instalaciones, incautar equipos digitales y arrestar a un sospechoso. Para los periodistas, la incautación de un teléfono o una computadora también puede interrumpir su trabajo y exponer sus comunicaciones con fuentes confidenciales, lo que ayuda a explicar la petición del Consejo de Editores de proteger los dispositivos además de ofrecer protección frente a los arrestos.
Sajjad Sharif, editor ejecutivo de Prothom Alo, dijo que el Gobierno había atendido algunas preocupaciones mediante avisos previos y plazos, pero señaló que los artículos sobre investigación que no cambiaron siguen siendo un problema.
«Pero el nuevo borrador también debería haber abordado los artículos 33, 34 y 35, que tratan específicamente de las facultades de investigación, el registro, la incautación y el arresto sin orden judicial», dijo.
El borrador también protege de procesos civiles o penales al presidente, los miembros y los funcionarios autorizados del Consejo de Protección Cibernética por los actos realizados de buena fe. El artículo 52 del texto oficial contiene esa disposición de inmunidad.
Iftekharuzzaman, director ejecutivo de Transparency International Bangladesh, describió la protección propuesta como una «inmunidad general discriminatoria» y aludió a denuncias anteriores de abuso de las facultades oficiales. Human Rights Support Society ha reclamado compensaciones por arrestos ilegales, bloqueos indebidos y abuso de poder.
Qué debe resolverse en la consulta
El plazo para presentar comentarios, que vence el 25 de noviembre, ofrece a ciudadanos y organizaciones la oportunidad de cuestionar tanto los delitos como los procedimientos para hacer cumplir la ley. Entre las principales demandas ya planteadas figuran definiciones más claras, delitos que admitan fianza, soluciones civiles para la difamación, supervisión judicial de los bloqueos e igual protección de la libertad de expresión.
El artículo 27 de la Constitución de Bangladesh garantiza la igualdad ante la ley, mientras que el artículo 39 protege la libertad de expresión, sujeta a determinadas restricciones razonables. Los críticos relacionan esas garantías con el trato distinto que el borrador da a los medios registrados y a la ciudadanía.
La propuesta también reduciría las reuniones obligatorias del Consejo de Protección Cibernética de una vez cada tres meses a dos veces al año, y el mínimo pasaría de cuatro reuniones anuales a dos. Human Rights Support Society se opone a esa reducción, además de reclamar mecanismos más sólidos de rendición de cuentas y reparación.
Iftekharuzzaman sostiene que la legislación cibernética debería centrarse en proteger la infraestructura, la integridad de los datos y la seguridad en línea, incluida la prevención de la piratería informática y el fraude digital, en lugar de vigilar la reputación y la expresión. Las revisiones del Gobierno reducen varias penas e incorporan algunas protecciones. La cuestión de política pública que sigue sin resolverse es hasta dónde debería llegar una ley cibernética en la regulación de las críticas cotidianas, la sátira y la información controvertida.
Puntos clave
- La División de TIC publicó el borrador revisado el 10 de noviembre e invitó a enviar comentarios hasta el 25 de noviembre.
- La difusión de rumores y desinformación conllevaría hasta cinco años de prisión y multas de 1 millón de takas, frente a los 10 años y 4 millones de takas actuales.
- La difusión de rumores y desinformación, así como el menosprecio en línea, seguirían siendo delitos perseguibles de oficio y no sujetos a fianza.
- Los medios registrados obtendrían salvaguardas sobre avisos y arrestos que los críticos quieren extender a la ciudadanía.
- La aprobación obligatoria del Tribunal de Ciberseguridad para bloquear contenidos se sustituiría por un proceso de revisión de una agencia, que tendría un plazo de 15 días para decidir.
- Se mantendrían determinadas facultades de registro, incautación y arresto sin orden judicial, junto con la inmunidad propuesta para actos oficiales realizados de buena fe.
