Las plataformas tendrían un día para retirar contenido
Bangladesh prepara una Ley de Redes Sociales e Intermediarios Digitales de 2026 que obligaría a las plataformas a retirar contenido en un plazo de 24 horas desde que reciban una notificación del Gobierno que lo declare ilegal. Para el material relacionado con el abuso sexual infantil o la pornografía con contenido ultrafalso, el plazo propuesto sería de 12 horas desde la presentación de una denuncia o la recepción de una notificación.
Contenido
- Las plataformas tendrían un día para retirar contenido
- Tres iniciativas legales con facultades distintas
- ¿Qué podría dar lugar a una orden de retirada?
- Por qué las plataformas podrían retirar más publicaciones
- Oficinas locales y vías para presentar denuncias
- Explicaciones, moderación en bengalí y etiquetas para contenido de IA
- Un borrador aparte contempla penas de prisión y multas elevadas
- Advertencias del sector y respuesta del regulador
- El ministro del Interior pide acelerar las medidas
- Por qué importa el modelo de India
- Puntos clave
Las plataformas con al menos 1 millón de usuarios activos mensuales registrados en Bangladesh estarían sujetas a obligaciones adicionales, como tener una oficina local, personal responsable del cumplimiento normativo y contacto permanente con las fuerzas del orden. Su protección frente a la responsabilidad legal por el material publicado por los usuarios dependería del cumplimiento de los requisitos de la ley.
La propuesta combina medidas contra la explotación sexual, la suplantación de identidad y el acoso en línea con facultades para restringir expresiones relacionadas con la seguridad nacional, el orden público y las relaciones con países extranjeros. La principal controversia gira en torno a quién decide cuándo una publicación cruza esos límites y cómo pueden los usuarios impugnar esa decisión.
Rihab Mahamur, investigador de Amnistía Internacional, y Fouzia Afroze, directora de Tech Global Institute Bangladesh, han expresado preocupación por la ambigüedad de algunos términos, la concentración de facultades en el poder ejecutivo y la falta de un proceso claro de revisión independiente antes de la retirada del contenido. El borrador también promete explicar a los usuarios por qué se retira el contenido, moderar en bengalí y ofrecer un sistema para apelar las decisiones de las plataformas.
Tres iniciativas legales con facultades distintas
La propuesta de ley sobre redes sociales está siendo elaborada bajo el liderazgo del Ministerio de Información y Radiodifusión. Según se informó, algunos funcionarios de la División de Tecnología de la Información y la Comunicación desconocían la iniciativa, lo que apunta a deficiencias de coordinación entre organismos gubernamentales cuyas responsabilidades se relacionarían con el nuevo sistema.
Bangladesh también ha impulsado enmiendas a la legislación sobre telecomunicaciones y una revisión de su ley de ciberseguridad. Cada iniciativa aborda el contenido en línea, pero sus disposiciones corresponden a propuestas distintas:
- 28 de julio de 2025: El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones pidió a la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones de Bangladesh, o BTRC, que preparara enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones de 2001.
- 12 de agosto de 2025: La BTRC presentó las enmiendas propuestas, incluida una nueva sección 66-ka sobre contenido y responsabilidad de los intermediarios.
- Propuesta de 2026: La Ley de Redes Sociales e Intermediarios Digitales introduciría obligaciones para las plataformas, plazos de retirada, representación local y protección legal condicionada.
- Anuncio parlamentario independiente: El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, dijo que se presentarían modificaciones como Ley de Ciberseguridad de 2026, y que se estaba considerando exigir la retirada de contenido en un plazo de 24 horas.
Por tanto, las penas de prisión y las multas descritas corresponden al borrador de telecomunicaciones. La propuesta sobre redes sociales se centra en un marco operativo más amplio para las plataformas, mientras que el anuncio del ministro del Interior se refiere a cambios en la legislación de ciberseguridad.
¿Qué podría dar lugar a una orden de retirada?
El borrador sobre redes sociales permitiría ordenar la retirada de contenido considerado una amenaza para la integridad, la defensa, la seguridad o la soberanía de Bangladesh, sus relaciones amistosas con otros países o el orden público. También incluiría contenido que infrinja las leyes vigentes, haya sido prohibido por un tribunal o pueda provocar conflictos étnicos.
Las plataformas tendrían que tomar medidas razonables contra las infracciones de derechos de autor, la suplantación de identidad, el material relacionado con el abuso sexual infantil y la difusión de imágenes íntimas con fines de venganza. La pornografía con contenido ultrafalso consiste en imágenes o videos sexuales fabricados mediante tecnología para hacer parecer que una persona participa en algo que no hizo.
Cinco organismos ejecutivos o instituciones gubernamentales, además de los tribunales, estarían facultados para ordenar la retirada de contenido. La estructura propuesta incluye ministerios y divisiones, la autoridad de ciberseguridad y la BTRC. Una plataforma que reciba una notificación ordinaria tendría 24 horas para actuar; el plazo más breve, de 12 horas, se aplicaría al material especificado relacionado con el abuso sexual.
El borrador también contempla excepciones para la sátira que no sea obscena, la crítica política constructiva, la disidencia y el análisis razonado de las políticas del Estado. A Mahamur le preocupa que términos como constructivo y razonado dejen a las autoridades un margen considerable para decidir qué críticas están protegidas.
Para quien publique sobre políticas gubernamentales, la cuestión práctica es si los funcionarios aplicarán un criterio jurídico concreto o emitirán un juicio amplio sobre el tono y el propósito de la crítica. Afroze ha advertido que concentrar las facultades de retirada en instituciones ejecutivas, sin una supervisión independiente clara, podría dejar a las personas con recursos efectivos limitados.
Por qué las plataformas podrían retirar más publicaciones
Los servicios de redes sociales alojan enormes cantidades de material escrito o subido por los usuarios. En general, la protección legal de los intermediarios significa que una plataforma puede difundir ese material sin asumir automáticamente la misma responsabilidad que quien lo creó, siempre que cumpla determinadas obligaciones.
El borrador de Bangladesh condicionaría esa protección. Una plataforma podría perderla si incumple los requisitos, entre ellos retirar contenido ilegal tras recibir una notificación oficial. Por ello, las decisiones sobre el cumplimiento normativo afectarían tanto a la exposición legal de la empresa como a la visibilidad de las publicaciones de los usuarios.
Mahamur también ha expresado preocupación por el requisito de actuar cuando una plataforma tenga conocimiento efectivo de contenido relacionado con actividades ilegales. Si el vínculo con esas actividades se define de manera imprecisa, las empresas podrían decidir que retirar material controvertido es la opción menos arriesgada.
Un plazo de horas deja poco tiempo para examinar el idioma, el contexto, la sátira o la veracidad de una acusación. Por tanto, los incentivos podrían ir más allá del material cuya retirada ordenen expresamente las autoridades: las plataformas podrían adoptar una postura más cautelosa frente a publicaciones políticamente delicadas. Esta preocupación coexiste con el objetivo del borrador de acelerar la respuesta ante quienes sufren abusos.
Oficinas locales y vías para presentar denuncias
Según el borrador, un servicio con al menos 1 millón de usuarios activos mensuales registrados en Bangladesh sería considerado una plataforma significativa. Estos servicios tendrían que contar con una oficina de enlace en el país y tres cargos designados: un responsable de cumplimiento normativo, un contacto para las fuerzas del orden y un responsable local de quejas.
El responsable de cumplimiento normativo supervisaría las obligaciones legales. El contacto para las fuerzas del orden ofrecería un canal de comunicación oficial, mientras que el responsable de quejas recibiría y resolvería las denuncias de los usuarios. Las plataformas también tendrían que contar con personal disponible para mantener contacto permanente con las fuerzas del orden y aplicar las instrucciones del Gobierno.
Los usuarios que no estén conformes con la decisión de una plataforma sobre una queja podrían apelar ante un Comité de Apelaciones de Quejas creado por el Gobierno. También podrían acudir al comité si la plataforma no resolviera la queja dentro del plazo establecido. Para alguien que intente retirar contenido con suplantación de identidad o imágenes abusivas, esto abriría otra vía además del proceso interno de la empresa.
El sistema propuesto combina decisiones de plataformas privadas con supervisión gubernamental. Las preocupaciones de Afroze sobre la supervisión independiente también son pertinentes en este caso: un organismo de apelación necesita suficiente independencia y recursos efectivos para ofrecer una revisión significativa de las decisiones controvertidas.
Explicaciones, moderación en bengalí y etiquetas para contenido de IA
Las plataformas tendrían que informar a los usuarios por qué se retiró su contenido. También se propone la moderación en bengalí, de modo que la revisión en el idioma local forme parte del marco de cumplimiento. Comprender el idioma y el contexto es importante para decidir si una publicación contiene una amenaza, una broma, una crítica política o una acusación contra una figura pública.
El contenido generado mediante inteligencia artificial tendría que llevar etiquetas. Estas pueden avisar a quienes lo ven de que una imagen, un video o una grabación de audio fue creada o modificada con un programa, una distinción pertinente cuando el material fabricado se parece a una persona real hablando o actuando.
El borrador sigue incompleto. Aún no se han resuelto o aclarado detalles sobre cómo identificar el material generado con inteligencia artificial, quién sería responsable de las etiquetas, cómo actuar ante su retirada, la independencia de las apelaciones y la publicación de las órdenes gubernamentales de retirada. No se indica una fecha de promulgación ni una próxima audiencia legislativa.
Las protecciones para los usuarios y las facultades de aplicación de la ley operarían de manera conjunta. Explicar el motivo de una retirada puede ayudar a una persona a impugnar la decisión; la revisión independiente previa a la retirada cumple una función distinta: comprobar si la medida está justificada antes de que desaparezca la publicación. Afroze ha dicho que el borrador carece de un mecanismo claro para esa revisión independiente previa.
Un borrador aparte contempla penas de prisión y multas elevadas
La propuesta de enmienda a la legislación de telecomunicaciones presentada por la BTRC en 2025 crearía la sección 66-ka, que abarcaría mensajes o contenido considerados contrarios a la nación, sediciosos o capaces de incitar al odio, la división, los disturbios o el miedo. También incluiría contenido perjudicial para la soberanía, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, el orden público, el Estado de derecho o los intereses económicos.
La pena máxima propuesta es de cinco años de prisión, una multa de 300 crore de takas, o ambas. 300 crore de takas equivalen a 3.000 millones de takas. La cláusula extendería la responsabilidad a los intermediarios que participen en la conducta prohibida o la faciliten, y establecería la misma pena máxima por no cumplir de inmediato las instrucciones de retirar o bloquear contenido.
La BTRC podría ordenar a un proveedor de telecomunicaciones o intermediario que bloquee o retire contenido, siguiendo instrucciones gubernamentales por escrito y sin ofrecer explicaciones. La autoridad gubernamental competente podría ser el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa u otro ministerio, según el asunto.
La sección propuesta establecería que los delitos no admitirían libertad bajo fianza; es decir, la puesta en libertad dependería de una decisión judicial y no sería un derecho. Abu Nazam M Tanveer Hossain, director de la consultora Stratagem y especialista en políticas de telecomunicaciones, pidió definiciones precisas, ejemplos y supervisión judicial obligatoria antes de imponer una pena.
Hossain dijo que la cláusula podría recrear problemas asociados con la antigua Ley de Seguridad Digital:
corre el riesgo de revivir el fantasma de la Ley de Seguridad Digital
También sostuvo que la sanción económica propuesta era excesiva y debía guardar proporción con el daño causado.
Advertencias del sector y respuesta del regulador
Shahed Alam, director de asuntos corporativos y regulatorios del operador de telefonía móvil Robi Axiata, ha pedido retirar el borrador sobre telecomunicaciones. Advirtió que el delito propuesto sin derecho a fianza, las sanciones elevadas y las facultades que afectan a los servicios digitales podrían restringir la libertad de expresión, desalentar la inversión y frenar la innovación.
La objeción de Alam también abarcaba la posibilidad de actuar sin justificación previa. Dijo:
La autoridad puede imponer estas medidas sin justificación previa.
Alam pidió al Gobierno que utilizara nuevamente la Ley de Telecomunicaciones de Bangladesh de 2001 como base para las enmiendas y siguiera un proceso transparente que incluyera a los grupos afectados. Sus preocupaciones se refieren tanto al entorno comercial como a la expresión individual: las empresas que decidan si invertir deben evaluar las sanciones y obligaciones vinculadas a operar en el país.
El presidente de la BTRC, el general de división retirado Md Emdad Ul Bari, defendió la propuesta y dijo que sus multas mantenían disposiciones legales anteriores. Añadió que el alcance de la ley se ampliaba de los delitos relacionados con redes de telecomunicaciones a las redes sociales, a medida que cambiaba la tecnología.
Bari también dijo que el texto seguía abierto a cambios:
Esto es solo un borrador y será objeto de un examen más detallado. Puede modificarse si el Gobierno y las partes interesadas consideran que no es necesario.
El ministro del Interior pide acelerar las medidas
El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, dijo por separado ante el Parlamento que el Gobierno está revisando la legislación de ciberseguridad para abordar rumores, información errónea, difamación e imágenes, videos y audios engañosos creados mediante inteligencia artificial. Añadió que se introducirían nuevas definiciones y disposiciones punitivas.
Sus declaraciones se produjeron tras una solicitud de atención urgente a un asunto de interés público presentada por la legisladora Helen Zerin Khan, quien mencionó las identidades falsas, las redes coordinadas de bots, el acoso a mujeres y niños y las campañas organizadas de desinformación contra figuras políticas. Las redes de bots son grupos de cuentas automatizadas que pueden hacer que un mensaje parezca más popular o contar con más apoyo del que realmente tiene.
Ahmed dijo que la legislación vigente no contenía disposiciones para obligar a plataformas internacionales como Meta, la empresa matriz de Facebook, a retirar contenido en un plazo fijo. Añadió que el marco revisado permitiría a las fuerzas del orden, la autoridad de ciberseguridad, la BTRC y otros organismos facultados retirar, bloquear o restringir contenido.
El ministro describió así la legislación prevista:
La ley se notificará como Ley de Ciberseguridad de 2026. Se modificarán algunas disposiciones.
Su anuncio sitúa la aceleración de las respuestas de las plataformas en el centro de otra iniciativa legal. La diferencia para los usuarios dependerá de las definiciones finales del contenido prohibido, de qué autoridades puedan emitir instrucciones y de los procedimientos disponibles para impugnarlas.
Por qué importa el modelo de India
La estructura propuesta por Bangladesh para las redes sociales se parece a las Reglas de Tecnología de la Información (Directrices para Intermediarios y Código de Ética de los Medios Digitales) de India de 2021. Ambos marcos utilizan personal local de cumplimiento normativo, mecanismos para tramitar quejas y obligaciones de ejecutar instrucciones oficiales como herramientas para regular las grandes plataformas tecnológicas.
La comparación ayuda a entender la decisión de diseño. En lugar de ocuparse únicamente de publicaciones o infractores concretos, Bangladesh exigiría que las plataformas mantuvieran una presencia administrativa permanente: responsables locales, procedimientos para tramitar quejas y canales por los que el Gobierno pueda exigir medidas.
Para las víctimas de suplantación de identidad, acoso o explotación sexual, una respuesta más rápida y personal accesible para tramitar quejas podrían marcar una diferencia concreta. Para periodistas, activistas políticos y usuarios comunes que debatan asuntos públicos, el alcance de las facultades de retirada y el acceso a una revisión independiente determinarían hasta qué punto pueden publicar contenido controvertido con seguridad.
Por tanto, las propuestas de Bangladesh reúnen dos preguntas en un mismo sistema regulatorio: con qué rapidez deben responder las plataformas ante los abusos y cómo debe ejercer el Estado su poder sobre el debate público. La redacción definitiva de las definiciones, los procedimientos de revisión y la responsabilidad legal determinará cómo se aplicarán esas obligaciones en la práctica.
Puntos clave
- La propuesta de Ley de Redes Sociales e Intermediarios Digitales de 2026 establece un plazo general de 24 horas para retirar contenido tras una notificación oficial.
- Se aplicaría un plazo de 12 horas a determinados materiales relacionados con el abuso sexual infantil o la pornografía con contenido ultrafalso.
- Las plataformas con al menos 1 millón de usuarios activos mensuales registrados en Bangladesh tendrían que contar con oficinas locales y responsables designados.
- Las plataformas podrían perder la protección frente a la responsabilidad por el contenido de los usuarios si incumplen sus obligaciones legales.
- Un borrador de telecomunicaciones independiente de 2025 propone penas de hasta cinco años de prisión, una multa de 300 crore de takas, o ambas.
- Especialistas en derechos piden definiciones más claras y una revisión independiente; los borradores también prometen mecanismos para tramitar quejas y explicaciones para los usuarios.
