Los ahorros para la jubilación podrían estar disponibles antes de la vejez
El Gabinete de Tailandia aprobó el 3 de noviembre de 2026 un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social que propone tres nuevas formas para que los trabajadores asegurados utilicen sus prestaciones de jubilación: elegir entre una pensión o un pago único, retirar parte de sus ahorros durante una crisis grave o usar una parte como garantía para un préstamo bancario.
Contenido
- Los ahorros para la jubilación podrían estar disponibles antes de la vejez
- ¿Qué cambiaría cuando los trabajadores cumplan 55 años?
- Cómo se calcula actualmente la pensión
- Los retiros de emergencia exigirían una crisis grave
- Los préstamos usarían las prestaciones de jubilación como garantía
- ¿Cuánto dinero podría estar disponible?
- Los trabajadores mayores podrían inscribirse hasta los 65 años
- Continuidad de la cobertura y ampliación de las prestaciones familiares
- El fondo tendría que prepararse para realizar pagos anticipados
- Un proyecto reactivado se somete al examen parlamentario
- Los cambios en la Junta han suscitado una objeción por separado
- Puntos clave
Las opciones de retiro de emergencia y préstamo exigirían al menos 60 meses de aportes. En conjunto, su uso se limitaría al 30% de los aportes para la jubilación y a un máximo de dos veces el salario base máximo utilizado para calcular los aportes conforme al artículo 33. Se aplicarían ambos límites, por lo que el más bajo determinaría cuánto podría utilizar cada trabajador.
El proyecto del Ministerio de Trabajo también elevaría de 60 a 65 años la edad máxima de inscripción conforme al artículo 33, extendería la asignación por hijo después del fin del empleo y aumentaría la sustitución de ingresos por discapacidades no relacionadas con el trabajo. La legislación reformaría la Ley de Seguridad Social B.E. 2533, promulgada en 1990.
La portavoz adjunta del Gobierno, la capitana Patdarasm Thongsaluaykorn, explicó las medidas sobre jubilación el 8 de noviembre. Conocidas en tailandés como las «3 ขอ», responden a las solicitudes de trabajadores que buscan tener más control sobre el dinero reservado para la jubilación. La aprobación del Gabinete es una etapa del proceso legislativo: los trabajadores deberán esperar a que se aprueben la ley reformada y sus normas de aplicación antes de poder ejercer los derechos propuestos.
Patdarasm describió el objetivo del Gobierno como hacer que los ahorros para la jubilación sean útiles tanto en emergencias como en la vejez. En traducción, dijo:
«Los ahorros para la jubilación no deberían limitarse a brindar seguridad para el futuro, sino que también deberían ofrecer la flexibilidad necesaria para ayudar a sostener la vida de las personas cuando enfrentan una crisis».
¿Qué cambiaría cuando los trabajadores cumplan 55 años?
La primera medida, denominada «solicitar una elección», permitiría a las personas con al menos 180 meses de aportes, equivalentes a 15 años, elegir entre una pensión mensual y un pago único por jubilación cuando cumplan las condiciones legales relativas a la edad o al fin de su condición de aseguradas.
Las explicaciones del Gobierno se refieren a cumplir 55 años o dejar de tener la condición de asegurado. Según las normas vigentes, una persona con al menos 180 meses de aportes recibe una pensión mensual después de cumplir 55 años y dejar de tener esa condición. Quien tenga menos de 180 meses recibe un pago único conforme a las condiciones aplicables.
El cambio propuesto tendría mayor importancia para las personas que hayan superado el umbral de 15 años de aportes. Podrían elegir la forma de pago, en lugar de que esta dependa de su historial de aportes.
Una pensión proporciona ingresos mensuales de por vida. Un pago único entrega dinero de inmediato, que el trabajador podría usar para saldar deudas o iniciar un pequeño negocio, pero quien lo recibe debe administrar esos fondos durante los años siguientes. Alguien que viva muchos años después de jubilarse podría recibir en total más mediante una pensión.
Cómo se calcula actualmente la pensión
La fórmula actual de pensión para las personas que reúnen los requisitos conforme a los artículos 33 y 39 parte del 20% del salario promedio utilizado para calcular los aportes durante los últimos 60 meses. Cada período completo adicional de 12 meses de aportes por encima de los primeros 180 meses suma 1,5 puntos porcentuales a la tasa de pensión.
Por tanto, un trabajador con 240 meses de aportes, equivalentes a 20 años, tendría cinco años completos adicionales. Con esa fórmula, la tasa sería del 27,5% del salario promedio correspondiente: el 20% básico más cinco incrementos de 1,5 puntos porcentuales.
La elección propuesta en el proyecto exigiría a los trabajadores comparar las necesidades inmediatas con la posibilidad de contar con ingresos continuos. Un hogar que enfrente deudas costosas podría valorar disponer de efectivo ahora, mientras que una persona que dependa de la pensión para sus gastos cotidianos podría dar más importancia a los pagos mensuales.
Los retiros de emergencia exigirían una crisis grave
La segunda medida, «solicitar una devolución», permitiría a las personas aseguradas con al menos 60 meses de aportes, equivalentes a cinco años, recibir parte de sus fondos de jubilación antes de cumplir 55 años cuando un desastre grave o una crisis que reúna los requisitos afecte seriamente sus condiciones de vida.
Las explicaciones del Gobierno se centran en desastres que afecten una zona y en circunstancias que perturben gravemente los medios de vida. El acceso dependería de las situaciones y condiciones definidas en la ley. La medida busca ayudar a las personas a cubrir gastos inmediatos durante un acontecimiento excepcional.
Los trabajadores utilizarían parte del dinero destinado a mantenerlos en la vejez. Un retiro anticipado podría ayudar a una familia a superar una emergencia, pero reduciría las prestaciones de jubilación disponibles más adelante. Ese equilibrio entre el alivio inmediato y los ingresos futuros es fundamental en la propuesta.
Los préstamos usarían las prestaciones de jubilación como garantía
La tercera medida, «solicitar un préstamo», permitiría a las personas con al menos 60 meses de aportes usar parte de sus prestaciones de jubilación como garantía ante una entidad financiera que tenga un acuerdo con la Oficina de Seguridad Social.
Una garantía es un bien que el prestamista puede reclamar si el prestatario no devuelve el préstamo. En esta propuesta, parte del derecho del trabajador a recibir prestaciones de jubilación serviría como garantía. El dinero entregado al trabajador provendría de un préstamo, sujeto a la obligación de devolverlo.
Las entidades participantes aplicarían sus propios criterios de aprobación. El acceso a préstamos garantizados con las prestaciones de jubilación ofrecería a los trabajadores otra vía para obtener crédito formal, incluso a quienes no tengan otros bienes que puedan ofrecer como garantía.
El incumplimiento de los pagos podría tener consecuencias que vayan más allá de la deuda inmediata. Si el prestatario deja de pagar, el dinero de jubilación comprometido podría destinarse a saldar la obligación, lo que reduciría las prestaciones disponibles durante la jubilación.
Los retiros y los préstamos compartirían un límite conjunto. Un trabajador no podría retirar el 30% y luego ofrecer otro 30% como garantía. El uso combinado de ambas opciones tendría que mantenerse dentro del límite del 30% y del tope vinculado al salario máximo sujeto a aportes.
¿Cuánto dinero podría estar disponible?
El salario base es la cantidad del sueldo mensual que se tiene en cuenta para calcular los aportes a la seguridad social. Tiene un tope, incluso cuando el salario real de una persona es más alto. El calendario eleva ese tope de 15.000 baht a 17.500 baht para el período de 2026 a 2028, luego a 20.000 baht para el período de 2029 a 2031 y a 23.000 baht a partir de 2032.
Si se toma como ejemplo el tope de 17.500 baht, dos veces el salario base serían 35.000 baht. Un trabajador con 100.000 baht en aportes de jubilación que reúnan los requisitos alcanzaría primero el límite porcentual: el 30% equivale a 30.000 baht. Un trabajador con 200.000 baht alcanzaría primero el tope basado en el salario, porque el 30% equivaldría a 60.000 baht.
Manas Kosol, presidente del Consejo de Desarrollo Laboral de Tailandia y líder de una red de trabajadores de seguridad social, respaldó la reforma y afirmó que algunos trabajadores habían acumulado más de 200.000 baht, pero no podían usar el dinero cuando sus familias enfrentaban necesidades urgentes.
Los métodos precisos de cálculo del proyecto, los procedimientos de solicitud, las entidades participantes y las condiciones de los préstamos aún requieren normas de aplicación. No se anunció una fecha para abrir las solicitudes ni para la votación parlamentaria. Esos detalles determinarán cómo funcionará en la práctica el acceso propuesto.
Los trabajadores mayores podrían inscribirse hasta los 65 años
El cambio propuesto al artículo 33 elevaría de 60 a 65 años la edad máxima para ingresar al sistema de seguro para empleados. Niyada Senim anomai, secretaria general adjunta de la Oficina de Seguridad Social, explicó que la edad pertinente es la que tiene la persona cuando comienza a trabajar y se inscribe en el seguro.
El cambio ayudaría a las personas mayores que ingresan por primera vez a un empleo formal, así como a antiguos afiliados que regresan después de una pausa. Niyada afirmó que las restricciones actuales pueden impedir que alguien que regresa al trabajo después de los 60 años se inscriba conforme al artículo 33, aunque esté trabajando.
Los pagos de pensión se suspenderían durante el período en que un pensionista regrese a trabajar y se inscriba conforme al artículo 33. Los aportes realizados después de volver al trabajo podrían incluirse posteriormente en un nuevo cálculo de los derechos de pensión.
El límite de edad para inscribirse y la edad para acceder a la pensión cumplen funciones distintas. El proyecto ampliaría hasta los 65 años las posibilidades de inscribirse, pero mantendría los 55 años en sus disposiciones sobre pensiones. Por tanto, un trabajador mayor que regrese a un empleo asegurado tendría que considerar conjuntamente el salario, la cobertura del seguro y la suspensión temporal de los ingresos por pensión.
Continuidad de la cobertura y ampliación de las prestaciones familiares
Los pensionistas que dejen de trabajar también podrían solicitar la continuidad del seguro conforme al artículo 39/1 propuesto. La cobertura incluiría enfermedad, discapacidad y fallecimiento, y el Gobierno aportaría una parte por cada dos partes pagadas por la persona asegurada.
Este mecanismo daría a los jubilados una vía para mantener la protección médica de la seguridad social mientras reciben una pensión. El proyecto más amplio también propone exigir al menos 24 meses de aportes previos para inscribirse conforme al artículo 39.
La sustitución de ingresos por discapacidades no relacionadas con el trabajo subiría del 50% del salario a un máximo del 70%. El máximo propuesto es 20 puntos porcentuales superior a la tasa actual. La asignación por hijo continuaría durante seis meses después del fin de la condición de asegurado, lo que prolongaría el apoyo más allá de la pérdida del empleo.
Las disposiciones sobre maternidad aún deben ajustarse. Las explicaciones generales del Gobierno describen el objetivo como armonizar la compensación por maternidad con la legislación de protección laboral. Niyada dijo que el texto en trámite establece 98 días, mientras que la legislación de protección laboral ofrece actualmente 120 días, una diferencia de 22 días.
Niyada afirmó que las autoridades tenían previsto solicitar ese ajuste durante el examen en comisión parlamentaria. Explicó que mantener en trámite el proyecto existente evitaría retirarlo y reiniciar el proceso de presentación.
El fondo tendría que prepararse para realizar pagos anticipados
El Fondo de Seguridad Social tenía aproximadamente 2,85 billones de baht a finales de 2025. Ese año, los ingresos por aportes y los rendimientos de las inversiones superaron en unos 130.000 millones de baht los gastos en pensiones. Esas cifras describen un amplio conjunto de activos junto con una demanda continua de pagos de prestaciones.
Los retiros de emergencia plantearían una tarea práctica de gestión de efectivo. Si muchas personas reunieran los requisitos al mismo tiempo durante un desastre, la Oficina de Seguridad Social necesitaría suficiente dinero disponible para pagarles. Mantener más fondos en inversiones que puedan convertirse rápidamente en efectivo podría reducir los rendimientos con el tiempo.
El Instituto de Investigación para el Desarrollo de Tailandia ha proyectado que los aportes podrían quedar por debajo de los gastos en pensiones en 2037, y que el fondo podría agotarse entre 2052 y 2058. Son proyecciones que dependen de supuestos sobre los aportes, los rendimientos de las inversiones y los futuros pagos de pensiones.
Se proyecta que el número de personas que reciben prestaciones de jubilación aumente de unas 760.000 en 2022 a 2,3 millones en 2032, aproximadamente el triple. Las proyecciones demográficas para el período de 2023 a 2083 también muestran presión sobre la base de aportantes: la población de 15 a 64 años podría caer de 46 millones a 14 millones, mientras que la de 65 años o más podría aumentar de 8 millones a 18 millones.
Un proyecto reactivado se somete al examen parlamentario
Niyada afirmó que el proceso legislativo comenzó en 2022, durante el mandato del entonces ministro de Trabajo, Suchart Chomklin. Los cambios de Gobierno interrumpieron su avance, y el ministerio confirmó nuevamente el proyecto sin modificar sus disposiciones centrales antes de que volviera al proceso en 2026.
Esta secuencia explica tanto el nuevo impulso como la disposición sobre maternidad que debe actualizarse:
- 2022: El Ministerio de Trabajo presentó por primera vez el proyecto con las tres opciones de jubilación.
- 3 de noviembre de 2026: El Gabinete aprobó el proyecto de reforma.
- 4 de noviembre de 2026: Niyada explicó su historia y el ajuste propuesto a la disposición sobre maternidad.
- 8 de noviembre de 2026: Patdarasm expuso las tres opciones y sus límites.
- Próximas etapas: Examen por el Comité de Coordinación de la Cámara de Representantes y posterior presentación ante la Cámara.
La Cámara examinaría el proyecto en tres lecturas, con un análisis detallado de sus disposiciones durante el proceso parlamentario. El plan de aplicación del Gobierno contempla 18 normas complementarias dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la ley reformada. Se trata de las normas detalladas necesarias para poner en marcha los nuevos mecanismos.
El proyecto también sustituiría las sanciones penales por determinadas infracciones de los empleadores, como no presentar a tiempo las declaraciones exigidas, por multas administrativas conforme a la Ley de Imposición de Multas Administrativas B.E. 2565, promulgada en 2022.
Los cambios en la Junta han suscitado una objeción por separado
El proyecto incluye cambios en la administración, la contabilidad y la auditoría del fondo, así como en los mandatos de la Junta de Seguridad Social. Sus integrantes tendrían mandatos de tres años y no podrían ejercer mandatos consecutivos. Una disposición transitoria consideraría como un mandato conforme a la nueva ley el que estuviera en curso cuando la reforma entrara en vigor.
El profesor asociado Sustarum Thammaboosadee, del equipo de Seguridad Social Progresista, objetó esa combinación. Sostuvo que, si la ley entrara en vigor en 2027, podría impedir que los 14 integrantes de su equipo se presentaran a las elecciones de 2028, incluidos los representantes que estuvieran en su primer mandato.
La preocupación de Sustarum es que los representantes elegidos perderían continuidad, mientras que los funcionarios del Gobierno que ocupan sus cargos en virtud de sus puestos no tendrían una restricción equivalente a sus mandatos. Por tanto, el examen parlamentario abarcará tanto el acceso de los trabajadores a su dinero como las normas que rigen la representación en el órgano que lo supervisa.
Puntos clave
- El Gabinete aprobó la reforma de la seguridad social el 3 de noviembre de 2026. Los derechos propuestos aún requieren una ley y normas de aplicación.
- Los trabajadores con al menos 180 meses de aportes podrían elegir entre una pensión y un pago único por jubilación, sujetos a las condiciones de elegibilidad.
- Los retiros de emergencia y las garantías para préstamos exigirían al menos 60 meses de aportes y estarían sujetos a dos límites conjuntos.
- El uso anticipado del dinero de jubilación podría reducir las prestaciones futuras; el incumplimiento de un préstamo podría destinar las prestaciones comprometidas al pago de la deuda.
- El proyecto elevaría de 60 a 65 años la edad máxima de inscripción conforme al artículo 33 y ampliaría la cobertura por discapacidad, hijos y jubilación.
- El Parlamento debe examinar las disposiciones sobre maternidad, la gestión del fondo y las restricciones propuestas a los mandatos consecutivos en la Junta.
