Nueve fines permitidos, pero ninguna categoría expresa para el periodismo
Hong Kong prevé exigir que quienes consulten los registros de la propiedad encuadren su solicitud en uno de nueve fines específicos. La propuesta ha suscitado objeciones de periodistas y legisladores, que cuestionan quién decidirá si una investigación responde al interés público. Está previsto que las nuevas disposiciones entren en vigor durante el primer semestre de 2027.
Contenido
- Nueve fines permitidos, pero ninguna categoría expresa para el periodismo
- ¿Qué cambiaría para quienes consultan los registros?
- La cobertura inmobiliaria podría seguir teniendo acceso inmediato
- Cómo funcionaría, según los funcionarios, la evaluación de las solicitudes de interés público
- Por qué las investigaciones no siempre siguen el propósito original
- Los legisladores piden una vía para impugnar los rechazos
- Las quejas sobre privacidad fundamentan la reforma del Gobierno
- Las exenciones para los medios y las notificaciones a los propietarios dividen opiniones
- El precedente de los registros de vehículos influye en el debate
- Puntos clave
En una reunión de una subcomisión del Consejo Legislativo celebrada el 3 de noviembre de 2026, funcionarios prometieron resolver las solicitudes por motivos de interés público en un plazo de uno o dos días laborables tras recibir toda la información necesaria. Las demás consultas que cumplan los requisitos y se refieran a registros vigentes recibirían los documentos de inmediato. Quienes presenten una solicitud por motivos de interés público y sean rechazados no dispondrían de un mecanismo específico de apelación, aunque los funcionarios dijeron que podrían pedir una reconsideración con nuevos argumentos o impugnar la decisión mediante una revisión judicial.
La Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA, por sus siglas en inglés) pide que se suspendan las enmiendas. Citó 18 investigaciones que se basaron en registros de la propiedad y que, según afirmó, no podrían llevarse a cabo con las nuevas disposiciones. La asociación teme que exigir una aprobación previa obstaculice el escrutinio de la propiedad inmobiliaria, las presuntas irregularidades y el uso del suelo.
El Gobierno sostiene que es necesario reforzar la protección de la privacidad. Ada Chung Lai-ling, comisionada de Privacidad, dijo que su oficina recibió 20 quejas en cinco años por el presunto uso indebido de información del registro de la propiedad, seis de ellas en 2026. Las quejas se referían al uso de información para divulgar datos personales en internet y enviar cartas promocionales a propietarios.
La disputa gira en torno a una cuestión práctica: ¿cómo pueden explicar los periodistas la importancia de una consulta antes de ver los registros que podrían revelar la historia? Los funcionarios dicen que basta con describir las sospechas y el uso previsto. Los periodistas y legisladores piden reglas más claras, garantías frente a los rechazos y una forma más rápida de impugnar las decisiones.
¿Qué cambiaría para quienes consultan los registros?
Las normas actuales permiten que cualquier persona consulte los registros de la propiedad sin presentar documentos justificativos, tras declarar que cumplirá la legislación sobre privacidad. El sistema propuesto exigiría indicar un fin específico y declarar cómo se usarían los registros para alcanzarlo.
Los nueve fines incluyen las transacciones inmobiliarias, la valoración, las auditorías, el trabajo académico, la investigación del mercado inmobiliario y el interés público. La cobertura periodística no figura expresamente como una categoría propia. Los medios de comunicación no contarían con una exención general.
La subcomisión del Consejo Legislativo examina ocho instrumentos de legislación subsidiaria relacionados con el Sistema de Registro de Títulos. La legislación subsidiaria establece normas detalladas en virtud de las facultades otorgadas por una ley principal. En este caso, esas normas incluyen cómo se pueden consultar los registros de la propiedad.
El acceso también dependería del tipo de registro. Para consultar información y documentos justificativos relativos a registros vigentes, solo las solicitudes basadas en el interés público serían evaluadas por el Registrador de la Propiedad. Los registros correspondientes a inscripciones anteriores estarían disponibles para 15 categorías de personas, entre ellas quienes declaren que su consulta responde a un fin de interés público.
El Gobierno ha descrito el registro principalmente como una herramienta para mantener el funcionamiento del mercado inmobiliario. Compradores, vendedores y profesionales lo utilizan para comprobar la titularidad y otros derechos inscritos. Los periodistas recurren a la misma información para relacionar personas, empresas e inmuebles cuando investigan asuntos de interés público.
La cobertura inmobiliaria podría seguir teniendo acceso inmediato
Doris Ho Pui-ling, secretaria permanente de Desarrollo responsable de planificación y suelo, dijo a los legisladores que el fin relacionado con el trabajo académico y el análisis del mercado inmobiliario también abarcaría la cobertura de los medios sobre transacciones inmobiliarias y vivienda. Esas consultas podrían recibir los registros de inmediato, sin pasar por una evaluación de interés público.
La aclaración responde a parte de las inquietudes de la HKJA sobre la cobertura inmobiliaria habitual. La presidenta de la asociación, Selina Cheng, había advertido que las normas podrían acabar con la mayor parte de la cobertura diaria del sector y hacer imposibles las investigaciones sobre posibles usos indebidos del suelo. Las investigaciones más amplias seguirían dependiendo de que encajaran en otro fin permitido o recibieran la aprobación por motivos de interés público.
La redacción de las normas también ha sido objeto de escrutinio. Un documento anterior de la Oficina de Desarrollo se refería a la investigación de mercado o a la cobertura del mercado inmobiliario. La versión en inglés de la redacción posterior mantuvo una referencia a la cobertura, pero la versión correspondiente en chino la omitió. La explicación de Ho da a las redacciones una indicación del enfoque previsto por el Gobierno, mientras los legisladores piden mayor claridad en las normas.
Cómo funcionaría, según los funcionarios, la evaluación de las solicitudes de interés público
La Oficina de Desarrollo ha puesto como ejemplos de investigaciones que podrían cumplir los requisitos por motivos de interés público las relacionadas con obras de construcción no autorizadas a gran escala y propiedades sin propietarios identificables. El Registrador de la Propiedad evaluaría cada solicitud por separado y tendría en cuenta el fin, los intereses de privacidad, el uso previsto y la posibilidad de que la información se utilice indebidamente.
El Registrador de la Propiedad, Bruno Luk Kar-kin, dijo que los periodistas no tendrían que demostrar que se habían cometido las irregularidades que sospechan. Tendrían que exponer sus sospechas y explicar su relevancia para el interés público. Los funcionarios podrían pedir más información antes de tomar una decisión.
Ho dijo que los solicitantes tendrían que proporcionar su nombre y número de documento de identidad, junto con una explicación del uso previsto de los registros. Añadió que el umbral de información exigido sería bajo y que a los funcionarios les interesaría el rumbo de la investigación, no un caso plenamente desarrollado.
El 6 de noviembre, Ho dijo que el Gobierno quería que se hicieran investigaciones periodísticas de interés público y esperaba que las solicitudes tuvieran una alta probabilidad de aprobación:
Creemos que debe existir un mecanismo —que no sea demasiado difícil— para que los medios puedan realizar investigaciones de interés público.
Ho también dijo a los legisladores que un periodista que obtuviera registros por motivos de interés público, pero finalmente no publicara nada, no estaría haciendo una declaración falsa por el mero hecho de que la historia no se publicara. Lo pertinente sería la sospecha que tuviera al presentar la solicitud.
Por qué las investigaciones no siempre siguen el propósito original
Rebecca Chan Hoi-yan, legisladora y ex periodista, sostuvo que las investigaciones suelen cambiar de rumbo después de que los reporteros consultan los registros. Una investigación sobre operaciones financieras podría revelar estructuras no autorizadas o la presunta venta ilegal de derechos de construcción de viviendas pequeñas pertenecientes a aldeanos indígenas de los Nuevos Territorios.
Chan mencionó consultas que revelaron 11 propiedades de lujo en The Peak presuntamente en manos de redes de estafadores camboyanas. Dijo que esos hallazgos llevaron al Departamento de Justicia a congelar los activos. Su ejemplo mostró cómo la información sobre la propiedad puede ayudar a descubrir presuntas actividades delictivas que van más allá de una transacción inmobiliaria ordinaria.
El presidente de la comisión, Andrew Lam Siu-lu, preguntó qué ocurriría si los periodistas obtuvieran registros con un fin permitido y luego los utilizaran para otra historia de interés público. Ho dijo que el uso debía corresponder al fin declarado y recomendó a las organizaciones presentar cuanto antes otra solicitud cuando cambiara el propósito de la cobertura.
Para las redacciones, esto supone una tarea administrativa continua a medida que avanza una investigación. Chan también advirtió que explicar una investigación por adelantado podría implicar revelar información sobre una fuente o dar a conocer una historia antes de que la redacción estuviera preparada.
La HKJA sostiene que los usuarios comerciales mantendrían un acceso sencillo, mientras que quienes investigaran la propiedad y las prácticas justas necesitarían una autorización especial. Su presidenta, Selina Cheng, describió así la preocupación:
"El nuevo sistema agravará la desigualdad de acceso a la información entre los grandes promotores o propietarios y quienes disponen de menos recursos", añadió.
Los legisladores piden una vía para impugnar los rechazos
Vanessa Cheng, asesora jurídica adjunta del Consejo Legislativo, pidió al Gobierno que explicara qué se consideraría de interés público y si se publicarían ejemplos. Los asesores jurídicos de la Asamblea plantearon más de 20 preguntas sobre las disposiciones, incluidos los motivos de rechazo y las garantías para los solicitantes.
Las preguntas se referían a si los criterios de evaluación figurarían en la legislación o en directrices detalladas, y a si se consultaría a la ciudadanía sobre esos criterios. También preguntaron si quienes fueran rechazados recibirían una explicación por escrito y tendrían la oportunidad de presentar más argumentos antes de que se confirmara el rechazo.
Luk dijo que las disposiciones vigentes sobre apelaciones no abarcaban el rechazo de una nueva solicitud de consulta de registros de la propiedad. Crear un mecanismo de apelación exigiría modificar la legislación principal. Seguiría siendo posible solicitar una revisión judicial, un proceso ante los tribunales para examinar si una autoridad pública tomó una decisión conforme a la ley.
Augustine Wong Ho-ming, representante de los sectores inmobiliario y de la construcción, advirtió que un litigio costaría dinero, llevaría tiempo y reduciría el valor informativo de una noticia. Propuso un proceso de revisión simplificado o una tramitación más rápida para los medios de comunicación aprobados.
El 6 de noviembre, Ho dijo que quienes recibieran una negativa podrían presentar argumentos que no hubieran expuesto antes para que los funcionarios reconsideraran la solicitud. Esto ofrecería una vía para volver ante quien tomó la decisión, mientras los legisladores piden un mecanismo de revisión definido. Los criterios, los procedimientos para comunicar los rechazos por escrito y las garantías finales seguían bajo escrutinio.
Las quejas sobre privacidad fundamentan la reforma del Gobierno
La comisionada de Privacidad, Ada Chung, apoya que se establezcan límites más claros para las consultas de los registros de la propiedad. Dijo que entre las quejas recibidas por su oficina había casos de información personal obtenida de esos registros y publicada en redes sociales, así como de propietarios que recibieron cartas de mercadotecnia después de que alguien obtuviera sus datos.
Su oficina recibió 20 quejas en cinco años, seis de ellas durante 2026, y Chung dijo que había señales de un deterioro. Sostuvo que especificar los fines permitidos ayudaría a proteger a los propietarios, facilitaría la tramitación de solicitudes por parte de los departamentos y permitiría a quienes consultan los registros entender mejor qué usos son legales.
La HKJA ha argumentado que el Gobierno no ha presentado pruebas suficientes para justificar restricciones más estrictas al acceso. Su objeción se centra en si la respuesta al uso indebido impondría una carga excesiva al escrutinio legítimo del mercado inmobiliario y los asuntos públicos.
Chung dijo que los periodistas deben recopilar datos personales de forma legal y justa. Citó el artículo 61 de la Ordenanza sobre Datos Personales (Privacidad), según el cual las exenciones relativas al uso de datos personales para actividades informativas dependen del interés público. Añadió que el requisito propuesto de interés público para las consultas sigue el mismo principio.
Por tanto, el acceso y la publicación implicarían decisiones en distintas etapas. Primero, los reporteros tendrían que obtener los registros mediante un fin de consulta permitido y, después, utilizar la información de acuerdo con la legislación sobre privacidad. La postura de la comisionada es que el periodismo no está exento, con carácter general, de los requisitos para recopilar información de forma legal y justa.
Las exenciones para los medios y las notificaciones a los propietarios dividen opiniones
Chan propuso que se considerara que las solicitudes responden al interés público cuando las presentara un representante legal o el responsable de una redacción de una organización de medios registrada en los Servicios de Información del Gobierno. Sostuvo que esto ofrecería a la cobertura periodística legítima una vía más previsible para acceder a los registros.
Ho rechazó crear una lista de medios autorizados y dijo que la vía del interés público ofrecía mayor flexibilidad. Kenneth Fok Kai-kong, legislador que representa al sector editorial, pidió por separado un equilibrio razonable entre la privacidad y el derecho de la ciudadanía a estar informada, con un trato más flexible para el periodismo legítimo.
Fok se retiró de la subcomisión porque la reunión coincidía con su asistencia a una reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional en Beijing. Andrew Lam también pidió al Gobierno que evitara obstaculizar las consultas razonables de los medios. Doreen Kong, exlegisladora y abogada, cuestionó por qué los investigadores de mercado tendrían acceso mientras los periodistas podrían tener dificultades para conseguirlo.
Los funcionarios también estudian notificar a los propietarios cuando alguien consulte los registros de sus propiedades. No se presentó un diseño definitivo para esta propuesta. Un sistema así podría ayudar a los propietarios a saber cuándo se accede a su información, pero también alertaría a una persona cuya propiedad fuera objeto de una investigación.
El precedente de los registros de vehículos influye en el debate
Luk dijo que las normas para consultar los registros de la propiedad se inspiraron en el sistema del Registro de Vehículos del Departamento de Transporte y en las decisiones judiciales pertinentes. Los periodistas ya han impugnado las restricciones al acceso a ese registro, por lo que su funcionamiento es un tema central en el debate sobre los registros de la propiedad.
La productora independiente Bao Choy fue acusada en noviembre de 2020 por consultas de registros de vehículos que utilizó para un documental de RTHK sobre el ataque de una turba ocurrido el 21 de julio de 2019 en Yuen Long. Fue condenada en 2021 y multada con 6.000 dólares hongkoneses. El Tribunal de Última Instancia anuló su condena en 2023.
El Gobierno introdujo nuevas normas de acceso de los medios a los registros de vehículos en 2024. Según la HKJA, solo se aprobó parcialmente una de las 17 solicitudes presentadas por medios con fines periodísticos, y la aprobación llegó tras una demora considerable. El Tribunal Superior desestimó en 2026 la impugnación legal de esas restricciones presentada por la asociación.
La HKJA considera que esa experiencia es una advertencia sobre la dependencia de aprobaciones individuales. Los funcionarios, en cambio, señalan el sistema de vehículos como un modelo para equilibrar el acceso permitido con la privacidad. Este desacuerdo hace que la rapidez y la transparencia prometidas para el nuevo proceso de consulta de registros de la propiedad sean especialmente importantes para las redacciones.
Las fechas principales son:
- 2023: El Tribunal de Última Instancia anuló la condena de Bao Choy relacionada con las consultas de registros de vehículos.
- 2024: Se introdujeron nuevas normas que regulan el acceso de los medios a los registros de vehículos.
- 3 de noviembre de 2026: Una subcomisión del Consejo Legislativo comenzó a examinar ocho instrumentos de legislación subsidiaria relacionados con el Sistema de Registro de Títulos.
- 6 de noviembre de 2026: Ho dijo que debía permitirse la cobertura de interés público y que quienes recibieran una negativa podrían presentar nuevos argumentos para solicitar una reconsideración.
- Primer semestre de 2027: Está previsto que entren en vigor las nuevas normas para consultar los registros de la propiedad.
Puntos clave
- Las consultas de los registros de la propiedad exigirían uno de nueve fines específicos. El periodismo no tendría una categoría expresa ni una exención general.
- Los funcionarios dicen que la cobertura del mercado inmobiliario podría obtener de inmediato los registros vigentes. Otras coberturas periodísticas podrían requerir aprobación por motivos de interés público.
- Por lo general, las solicitudes completas por motivos de interés público recibirían una decisión en un plazo de uno o dos días laborables.
- No habría un mecanismo específico de apelación. Los solicitantes podrían presentar nuevos argumentos para pedir una reconsideración o solicitar una revisión judicial.
- La comisionada de Privacidad citó 20 quejas recibidas en cinco años, seis de ellas en 2026, relacionadas con el presunto uso indebido de información del registro de la propiedad.
- La HKJA pide que se suspendan las enmiendas, mientras los legisladores solicitan criterios más claros y mayores garantías para la labor periodística.
- Está previsto que las nuevas disposiciones entren en vigor durante el primer semestre de 2027. Las autoridades también estudian notificar a los propietarios cuando alguien consulte los registros de sus inmuebles.
