1.364 rescates y un llamado a poner fin a los abusos
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh informó a una comisión parlamentaria que 1.364 trabajadoras domésticas fueron rescatadas y repatriadas desde Arabia Saudita, donde trabajan unas 169.000 mujeres bangladesíes. Las cifras ponen una medida concreta a un problema que durante años han descrito las mujeres que regresan a casa con salarios impagos, lesiones graves y relatos de violencia en los hogares de sus empleadores.
Contenido
- 1.364 rescates y un llamado a poner fin a los abusos
- Un empleo prometido se convierte en una huida de la violencia
- La contratación creció más rápido que la protección
- Advertencias que se extienden de 2007 a 2025
- Lo que relatan trabajadoras kenianas sobre los hogares saudíes
- Por qué importan el teléfono y el pasaporte
- La normativa actualizada deja a las trabajadoras domésticas fuera de la ley laboral
- La justicia y la compensación pueden tardar años
- Las misiones de Bangladesh afrontan falta de capacidad
- Puntos clave
En una reunión parlamentaria celebrada el 25 de octubre, el ministerio estimó que entre el 1% y el 2% de las trabajadoras bangladesíes en Arabia Saudita sufren abusos. Aplicada a la población citada, esa proporción equivaldría a entre 1.690 y 3.380 mujeres. El ministerio no precisó el período que abarca la cifra de rescates ni explicó cómo calculó la estimación de abusos, por lo que resulta difícil medir la magnitud y la frecuencia del daño.
Jahrat Adib Chowdhury, presidente de la Comisión Parlamentaria Permanente de Asuntos Exteriores, rechazó la idea de que un porcentaje pequeño hiciera aceptable el problema.
«Algunas personas pueden considerar que el 1% o el 2% es una proporción pequeña, pero no es aceptable que haya 1.364 trabajadoras rescatadas», afirmó.
La comisión dio instrucciones al ministerio para que trabaje con el objetivo de reducir a cero los casos de abuso. Las misiones de Bangladesh ya realizan controles de bienestar cuando las trabajadoras recogen sus pasaportes, y el ministerio afirma que organizaciones externas también llevan a cabo encuestas. Sin embargo, los relatos de sobrevivientes bangladesíes y las investigaciones sobre mujeres de otras nacionalidades muestran por qué la ayuda debe llegar a quienes no pueden salir libremente de una casa, usar un teléfono o acudir a una embajada.
Un empleo prometido se convierte en una huida de la violencia
La experiencia de Dalia Akhter muestra cómo un contrato de trabajo en el extranjero puede convertirse en una situación de dependencia de un hogar abusivo. Dejó Bangladesh en julio de 2018, a los 25 años, con la expectativa de cuidar a una mujer saudí de edad avanzada y ganar 1.000 riales al mes. Dejó en Daca a su esposo y a su hijo pequeño.
Akhter describió así la jornada laboral que encontró:
«Tenía que trabajar todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche sin descanso», afirmó.
Su relato describe una jornada laboral de 17 horas. A sus tareas se sumó el cuidado de niños, mientras que el salario mensual prometido bajó de 1.000 a 800 riales, una reducción del 20%. Dijo que la golpeaban por no entender árabe. Cuando pidió ayuda a la agencia de contratación en Daca, afirmó que la respuesta la culpó por haber viajado sin prepararse.
Akhter dijo que su primera empleadora la transfirió a otra familia después de cinco meses. La violencia continuó, y afirmó que su segunda empleadora le rompió una pierna con un palo. Finalmente, saltó desde un edificio de dos pisos para escapar de la tortura y sufrió una fractura vertebral.
En noviembre de 2019, había regresado a Bangladesh después de pasar nueve meses sin recibir salario y permanecía 12 horas al día en cama. Akhter describió el efecto duradero en su capacidad para ganarse la vida:
«Ahora estoy demasiado débil para trabajar», afirmó.
Su experiencia reúne varias fallas: un empleo que cambió tras su llegada, una agencia de contratación que no le brindó ayuda eficaz, violencia por parte de empleadores sucesivos y una huida que le dejó más lesiones.
La contratación creció más rápido que la protección
Arabia Saudita envió a Daca un equipo de 19 funcionarios de contratación en 2015, con lo que puso fin a una larga prohibición de empleo y abrió una nueva vía para las mujeres bangladesíes que buscaban trabajo. Para las familias con pocas fuentes fiables de ingresos, el empleo doméstico en el extranjero ofrecía la posibilidad de obtener ingresos regulares.
En 2017, unas 83.000 mujeres bangladesíes viajaron a Asia Occidental para trabajar, cuatro veces más que dos años antes. Esa cifra abarca la región, no solo Arabia Saudita, pero muestra la rapidez con la que aumentó la contratación tras el acuerdo de 2015.
BRAC, una organización bangladesí de desarrollo, registró en el período descrito en 2019 el regreso de unas 200 mujeres al mes desde Arabia Saudita, muchas de ellas con relatos de abusos, trabajo excesivo o salarios impagos. En 2018, solo 318 mujeres recibieron compensación a través de la Oficina de Empleo y Capacitación de Mano de Obra de Bangladesh, con un promedio de 9.200 takas cada una.
Para una trabajadora que regresa lesionada y sin los salarios de varios meses, el daño económico continúa después de su llegada. La atención médica cuesta dinero, y una lesión puede impedirle aceptar otro empleo. El relato de Akhter muestra cómo una migración destinada a apoyar a una familia puede dejarla, en cambio, al cuidado de alguien que ya no puede trabajar.
Advertencias que se extienden de 2007 a 2025
Human Rights Watch documentó casos de violencia letal contra trabajadoras domésticas en su comunicado de agosto de 2007. Dos mujeres indonesias murieron tras ser golpeadas por integrantes de la familia de sus empleadores, mientras que otras dos sufrieron lesiones graves. Las autoridades saudíes detuvieron a los empleadores.
El comunicado describió a trabajadoras domésticas sometidas a jornadas largas, confinamiento, salarios bajos y abusos físicos o sexuales. También registró obstáculos para acceder a la justicia, como la falta de interpretación y asistencia jurídica, así como demoras en informar a las misiones diplomáticas. Casi dos décadas después, una investigación publicada en 2025 describió varios de los mismos problemas.
Los principales acontecimientos abarcan años de contratación y advertencias reiteradas:
- 2005: La trabajadora doméstica indonesia Nour Miyati sufrió lesiones graves y perdió varios dedos por gangrena tras los abusos descritos por Human Rights Watch.
- 17 de agosto de 2007: Human Rights Watch pidió reforzar la protección tras la muerte de dos trabajadoras domésticas indonesias.
- 2015: Arabia Saudita envió una delegación de contratación a Daca y reabrió una vía de empleo para las mujeres bangladesíes.
- Julio de 2018: Dalia Akhter viajó a Arabia Saudita para trabajar en un empleo doméstico que, según dijo, se volvió abusivo.
- 2023: Arabia Saudita promulgó una normativa actualizada para las trabajadoras domésticas.
- Mayo de 2025: Amnistía Internacional publicó las conclusiones de entrevistas con más de 70 mujeres kenianas que habían trabajado en hogares saudíes.
La cronología muestra que los rescates y las repatriaciones han coexistido con una lucha mucho más prolongada para prevenir los abusos y obtener reparación cuando ocurren.
Lo que relatan trabajadoras kenianas sobre los hogares saudíes
Las conclusiones de mayo de 2025 de Amnistía Internacional documentan las experiencias de más de 70 mujeres kenianas que trabajaron como empleadas domésticas en Arabia Saudita. Sus relatos aportan detalles sobre las condiciones en el mismo sector laboral en el que trabajan mujeres bangladesíes.
Las mujeres describieron jornadas de al menos 16 horas al día, y con frecuencia más largas, en tareas de limpieza, cocina y cuidado de niños. El salario mensual promedio que reportaron era de 900 riales saudíes, unos 240 dólares. Amnistía calculó que sus ingresos equivalían a cerca de 0,50 dólares por hora, según las horas trabajadas. Ninguna de las mujeres entrevistadas recibió pago por horas extra.
Casi todas dijeron que no habían tenido ningún día libre durante su estancia, que en algunos casos duró hasta dos años. A veces, los empleadores retrasaban o retenían los salarios, confiscaban pasaportes y teléfonos e impedían que las trabajadoras salieran de la casa.
Las mujeres también describieron una alimentación insuficiente, dormir en el suelo o en espacios de almacenamiento, maltrato verbal y violencia sexual, incluida la violación. Algunas de las que se quejaron sufrieron represalias, acusaciones de robo o la pérdida de salarios impagos. Amnistía afirmó que muchos de los abusos documentados constituían trabajo forzoso o trata de personas.
El trabajo forzoso es aquel que se obtiene mediante amenazas o coacción, en lugar de ofrecer una libertad real para elegir. En estos relatos, el confinamiento, la retención de documentos y el temor al castigo se combinaban para hacer que marcharse fuera peligroso o difícil.
Por qué importan el teléfono y el pasaporte
El trabajo doméstico se realiza en hogares privados, lejos de los compañeros, las entradas públicas y el contacto habitual que pueden facilitar la detección de problemas en otros lugares de trabajo. Una mujer cuyo empleador controla su teléfono puede tener dificultades para comunicarse con sus familiares, una agencia de contratación o una misión diplomática.
Las entrevistas de Amnistía también describieron insultos racistas y tratos degradantes contra mujeres africanas, incluidas restricciones para usar los utensilios domésticos que utilizaba la familia. Los testimonios de las kenianas documentan experiencias específicas de esas mujeres y muestran cómo la nacionalidad, la raza, el género y la dependencia de un empleador pueden combinarse en el trabajo doméstico.
La evaluación de enero de 2025 de Walk Free describió casos de trabajadoras domésticas que recurrieron a las redes sociales como último recurso para pedir ayuda por abusos sexuales y malos tratos. Advirtió que las trabajadoras que huyen de empleadores abusivos pueden acabar fuera de los mecanismos formales de empleo, expuestas a nuevas formas de explotación o a la detención migratoria.
Estas condiciones influyen en la capacidad de Bangladesh para detectar los abusos. Preguntar por el bienestar durante una visita para recoger el pasaporte ofrece la posibilidad de escuchar a las trabajadoras que llegan a una misión. Las mujeres confinadas en una casa necesitan otra vía para obtener ayuda. La cifra de rescates del ministerio muestra que se llevan a cabo intervenciones, mientras que los relatos de sobrevivientes muestran la importancia práctica de poder solicitarlas.
La normativa actualizada deja a las trabajadoras domésticas fuera de la ley laboral
Arabia Saudita promulgó una normativa actualizada para las trabajadoras domésticas en 2023, con el objetivo declarado de mejorar los horarios y las condiciones laborales. La evaluación de Amnistía de 2025 señaló que las trabajadoras domésticas seguían excluidas de la ley laboral general del país y de buena parte de la limitada reforma extendida a otros trabajadores migrantes.
El sistema de kafala vincula la situación migratoria de una persona con un empleador patrocinador. Amnistía afirmó que, en la mayoría de los casos, las trabajadoras domésticas todavía necesitaban el permiso de su empleador para cambiar de trabajo o salir del país. Para alguien que sufre violencia, depender de ese empleador puede dificultar la huida y el acceso legal a otro empleo.
Según Walk Free, las autoridades saudíes han rechazado las denuncias de abusos generalizados y han señalado cambios en las normas de patrocinio, medidas de protección frente a las duras condiciones del verano y disposiciones sobre seguro médico. Amnistía afirmó que las autoridades saudíes y kenianas no respondieron a sus solicitudes de comentarios o información para la investigación.
Amnistía señaló que la debilidad de la supervisión, las inspecciones y la aplicación de las normas eran problemas centrales. Afirmó que muchos de los actos documentados ya infringían la legislación saudí, pero que los empleadores los cometían sin recibir castigo. La organización pidió que las trabajadoras tuvieran la misma protección de la ley laboral, que se realizaran inspecciones eficaces y que se desmantelara el control de los empleadores mediante el sistema de kafala.
La justicia y la compensación pueden tardar años
El caso de Nour Miyati ilustra los riesgos que puede enfrentar una sobreviviente después de pedir ayuda. Human Rights Watch afirmó que su empleador la confinó, maltrató y privó de alimentos en 2005. Sufrió lesiones graves y perdió varios dedos por gangrena.
Después fue acusada de hacer denuncias falsas contra su empleador y condenada a 79 latigazos. Más tarde, otro tribunal anuló la condena y la sentencia. Cuando Human Rights Watch publicó su comunicado en agosto de 2007, ella aún esperaba una indemnización definitiva y la posibilidad de regresar a Indonesia.
Human Rights Watch también describió casos de mujeres que carecían de información básica sobre sus expedientes, de servicios de interpretación o de representación legal. Afirmó que las autoridades saudíes a veces tardaban meses o años en informar a las misiones extranjeras de un arresto o una hospitalización, lo que retrasaba el acceso a la ayuda.
Nisha Varia, entonces investigadora sénior de la División de Derechos de las Mujeres de la organización, pidió que se capacitara a la policía para investigar abusos dentro de hogares privados, donde puede haber pocos testigos, y que la ley laboral también protegiera a las trabajadoras domésticas. Esas demandas vinculan la protección frente a una agresión con la posibilidad de reclamar salarios, compensación y justicia después.
Las misiones de Bangladesh afrontan falta de capacidad
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh informó a la comisión parlamentaria que sus tres misiones en Arabia Saudita tenían dificultades para atender a unos 3,5 millones de bangladesíes. La embajada en Riad tenía 14 funcionarios bajo la dirección del embajador; el consulado en Yeda contaba con unos 22 funcionarios, y la misión permanente ante la Organización de Cooperación Islámica tenía un funcionario bajo la dirección de su representante.
Esas oficinas desempeñan funciones distintas. Además de la atención laboral, sus responsabilidades incluyen pasaportes, visados, relaciones bilaterales, comercio y gestión del hach. El ministerio describió la plantilla actual como insuficiente para atender a esa población y esa carga de trabajo.
La falta de personal afecta directamente a una mujer que necesita ayuda urgente. Contactar con un empleador, organizar un alojamiento seguro, asistir con una denuncia legal y coordinar el viaje de regreso a casa puede requerir atención constante. Entre las recomendaciones de Amnistía a los países que envían trabajadores al extranjero figuran ofrecer refugios, apoyo financiero y asistencia legal, además de regular las agencias de contratación.
La comisión de Bangladesh ha exigido poner fin a los abusos, pero el relato de su reunión no señaló un plazo para lograrlo ni un calendario para ampliar la capacidad de las misiones. Las tareas concretas ya están claras: facilitar el acceso a la asistencia urgente, reclamar los salarios impagos y las compensaciones, y garantizar que una trabajadora pueda escapar del peligro sin quedar más expuesta.
Puntos clave
- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh afirma que 1.364 trabajadoras domésticas fueron rescatadas y repatriadas desde Arabia Saudita.
- El ministerio estima que entre el 1% y el 2% de las cerca de 169.000 mujeres bangladesíes que trabajan allí sufren abusos.
- Los relatos de sobrevivientes bangladesíes describen jornadas excesivas, reducción salarial, violencia y lesiones duraderas.
- La investigación de Amnistía de 2025 sobre trabajadoras domésticas kenianas documenta confinamiento, salarios retenidos, violencia sexual y jornadas laborales de al menos 16 horas.
- Arabia Saudita actualizó la normativa para las trabajadoras domésticas en 2023, pero Amnistía afirma que la exclusión de la ley laboral general y la falta de aplicación eficaz persisten.
- Las misiones de Bangladesh informan de falta de personal, mientras una comisión parlamentaria ha pedido al ministerio trabajar para eliminar los abusos.
