Uzbekistán amplía las leyes contra el extremismo, establece penas de prisión y crea un registro público

Penas de prisión y un nuevo registro público

Uzbekistán ha revisado sus leyes sobre extremismo: establece penas de prisión de cinco a 10 años por participar en organizaciones prohibidas y crea un registro electrónico público de organizaciones, materiales y fuentes de internet de carácter extremista. El paquete también introduce sanciones administrativas para una primera infracción relacionada con determinados materiales extremistas; la responsabilidad penal se aplicará si los actos se repiten después de una sanción administrativa.

El Ministerio de Justicia mantendrá el registro en su sitio web oficial. Incluirá organizaciones cuyas actividades hayan sido suspendidas por actividades extremistas, organizaciones declaradas extremistas, materiales reconocidos como extremistas y fuentes en línea que difundan repetidamente ese contenido.

Los cambios se producen cuando la lista de fuentes de internet prohibidas del Tribunal Supremo de Uzbekistán llega a 2.057 entradas, al 3 de noviembre de 2026. Son 142 más que las 1.915 registradas en julio, un aumento de aproximadamente el 7,4%. Los canales y grupos de Telegram representan 967 entradas, casi la mitad del total.

La legislación combina castigos más severos por participar en organizaciones prohibidas con una respuesta legal inicial menos grave para determinadas infracciones relacionadas con materiales. Para una persona, una sanción administrativa aún puede suponer una multa considerable, el decomiso de bienes o una detención de hasta 15 días.

Las enmiendas también sustituyen el término «extremismo religioso» por «extremismo» en la legislación pertinente. Los legisladores describen los cambios como una forma de armonizar las definiciones legales y su aplicación. Abdurahmon Tashanov, activista de derechos humanos y presidente de la Sociedad Ezgulik, celebra que se elimine la referencia religiosa, pero advierte que una definición más amplia también podría abarcar opiniones políticas y actividades de activismo.

¿Qué cambia en relación con los materiales y símbolos?

El nuevo artículo 184-5 del Código de Responsabilidad Administrativa establece responsabilidad administrativa por una primera infracción relacionada con la producción, la posesión con fines de distribución o la distribución de materiales que promuevan el extremismo, el separatismo o el fanatismo. Las disposiciones también abarcan materiales que inciten a masacres o al desplazamiento forzado de ciudadanos, así como los destinados a difundir el pánico.

Las personas se exponen a multas de entre 50 y 100 unidades básicas de cálculo. Los funcionarios pueden recibir multas de entre 100 y 150 unidades. La unidad básica de cálculo es una cantidad de referencia que se utiliza para calcular multas y otros pagos, por lo que el costo monetario depende del valor vigente de esa unidad. La detención administrativa de hasta 15 días es una sanción alternativa, y los materiales u objetos pertinentes están sujetos a decomiso.

Las normas también abarcan atributos y símbolos de organizaciones extremistas y terroristas. La elaboración o el almacenamiento con fines de distribución o exhibición pública quedan comprendidos en las disposiciones administrativas. Esto amplía la respuesta legal más allá de las declaraciones escritas y los videos, a objetos y símbolos asociados con organizaciones prohibidas.

La responsabilidad administrativa significa que, en un primer momento, la infracción se tramita conforme al código administrativo, en lugar de dar lugar a una condena penal. Las enmiendas establecen responsabilidad penal cuando la conducta especificada se repite después de una sanción administrativa. Participar en una organización extremista, separatista, fundamentalista u otra organización prohibida conlleva la pena de prisión independiente de cinco a 10 años.

Cómo se amplía la definición

El marco legal vigente de Uzbekistán ya define el extremismo y conductas relacionadas. La Ley de Lucha contra el Extremismo publicada por el Gobierno, con el número O'RQ-489, fue aprobada por la Cámara Legislativa el 12 de junio de 2018, por el Senado el 28 de junio y entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. El texto enlazado muestra la versión fechada el 29 de noviembre de 2023.

El artículo 3 de esa versión define el extremismo como acciones dirigidas a desestabilizar la situación social y política, cambiar por la fuerza el orden constitucional, tomar el poder e incitar a la hostilidad nacional, racial, étnica o religiosa. También define por separado la actividad extremista, su financiación, los grupos, los materiales y las organizaciones extremistas.

Las enmiendas describen con más detalle las conductas comprendidas. Incluyen la destitución por la fuerza de funcionarios elegidos o nombrados legalmente, la planificación o promoción de determinados actos violentos, los llamados públicos a actividades terroristas y la promoción de la superioridad o inferioridad nacional, racial, étnica o religiosa con el fin de crear hostilidad o discordia.

Un grupo extremista se define como dos o más personas que participan en actividades extremistas o intentan hacerlo. El material extremista incluye información que incita a esas actividades o las justifica. Una organización extremista es una organización o estructura informal prohibida o disuelta por un tribunal debido a actividades extremistas.

Varios conceptos, incluido el umbral de dos personas para formar un grupo y las definiciones relativas a los llamados a actividades extremistas, ya aparecen en la ley anterior. Las enmiendas revisan su formulación y alcance, y sustituyen la referencia religiosa en la legislación sobre información, actividad digital, políticas de juventud, empleo y publicaciones.

Cómo se incorpora una fuente al registro

El registro del Ministerio de Justicia reunirá varias categorías legales en un sistema de acceso público. Incluirá organizaciones cuyas actividades estén suspendidas, organizaciones declaradas oficialmente extremistas, materiales prohibidos y fuentes electrónicas que alojen o distribuyan sistemáticamente materiales extremistas mediante redes de telecomunicaciones o internet.

En el caso de las fuentes electrónicas, «sistemáticamente» significa dos o más ocasiones en un mismo año. El procedimiento comienza cuando un organismo estatal encargado de combatir el extremismo presenta una solicitud ante la Fiscalía General.

Cada solicitud debe incluir una evaluación pericial que confirme la presencia de material extremista. Luego, la fiscalía examina si los documentos justifican continuar con el procedimiento. Si es así, el fiscal general o un adjunto remite el caso al Tribunal Supremo, que decide si declara extremista el material o la fuente conforme al procedimiento legal.

La declaración judicial de una organización o un material debe incorporarse al registro en un plazo de 10 días y difundirse públicamente a través de los medios de comunicación en el plazo de un día. Así, el sistema vincula una decisión judicial con su publicación y ofrece a residentes y organizaciones un lugar público donde consultar las declaraciones legales. No se ha especificado una fecha de lanzamiento del nuevo registro.

Telegram predomina en la lista de fuentes prohibidas

La lista del Tribunal Supremo del 3 de noviembre de 2026 muestra hasta qué punto las medidas ya se centran en las redes sociales y los servicios de mensajería. Sus 2.057 entradas se distribuyen así: 967 canales y grupos de Telegram, 454 perfiles de Instagram, 276 páginas de Facebook, 214 canales de YouTube, 68 cuentas de TikTok, 44 páginas de Odnoklassniki, un perfil de Threads y 33 sitios web y otras fuentes.

Telegram representa aproximadamente el 47% de todas las entradas. Telegram e Instagram suman 1.421, cerca del 69%. Las cifras cuentan las fuentes incluidas en la lista, como perfiles y canales, y no el número de personas que las usan.

El Tribunal Supremo afirma que en Uzbekistán está prohibido importar, producir, almacenar, distribuir y exhibir los materiales incluidos en la lista. En su comunicado público también insta a los residentes a evitar las fuentes de internet prohibidas por decisiones judiciales.

El Tribunal Supremo, el máximo tribunal de Uzbekistán, se dirigió directamente a la ciudadanía en su advertencia sobre las fuentes en línea prohibidas:

«Procure siempre evitar caer en la trampa del fundamentalismo religioso, el extremismo y el terrorismo. No permita nunca que arruinen su vida y sus sueños. Aléjese de las fuentes de internet prohibidas por el tribunal», señaló el Tribunal Supremo.

El registro previsto por el Ministerio de Justicia ampliará el sistema de publicación para abarcar organizaciones y materiales, además de fuentes electrónicas. Su utilidad práctica dependerá de que el público pueda identificar fácilmente esas categorías legales y las decisiones judiciales correspondientes.

Qué exige ya la ley anterior

El artículo 11 de la ley de 2018 ya prohíbe importar, producir, poseer, distribuir o exhibir materiales extremistas y símbolos de organizaciones, incluso a través de internet y los medios de comunicación. Exige destruir o retirar el contenido prohibido, o restringir el acceso cuando no sea posible retirarlo.

Los proveedores de acceso a internet pueden ser considerados responsables si no cumplen una orden autorizada de retirar materiales o restringir el acceso. Las enmiendas se basan en un sistema vigente de restricciones de contenido, al tiempo que revisan las sanciones y el procedimiento para registrar las declaraciones oficiales.

El artículo 10 también contempla medidas contra personas jurídicas cuando los funcionarios detectan infracciones que indiquen actividades extremistas. Si las infracciones no se corrigen en el plazo especificado, o aparecen nuevos hechos pertinentes en el año siguiente a la notificación formal, las actividades pueden suspenderse por un máximo de seis meses o prohibirse mediante una decisión del Tribunal Supremo.

Los controles financieros son otra parte del marco. El artículo 12 exige a las organizaciones pertinentes que gestionan dinero o bienes vigilar las transacciones y realizar verificaciones. En determinadas circunstancias, deben suspender transacciones o congelar fondos y otros bienes sin aviso previo. La enmienda de noviembre de 2023 citada en la versión mostrada se refiere a estos procedimientos de financiación.

Por qué preocupa a un defensor de los derechos

Abdurahmon Tashanov, presidente de la Sociedad Ezgulik, considera positivo eliminar la palabra «religioso» del término utilizado en la legislación. Afirma que la formulación anterior contribuyó en ocasiones a estigmatizar al islam o a determinadas comunidades de creyentes, y considera que una definición general más clara podría ser un cambio positivo.

Tashanov también advierte que ampliar la definición podría permitir que las opiniones políticas o las actividades de activismo se interpreten como extremismo. Su preocupación se centra en el pluralismo político, es decir, en la posibilidad de que distintas opiniones y grupos políticos existan y participen en la vida pública.

Los legisladores describen las definiciones revisadas como una forma de reducir la incertidumbre y establecer un enfoque coherente. Tashanov se centra en cómo la policía, los fiscales y los tribunales podrían aplicar una formulación amplia en casos particulares. Defiende normas precisas que dejen menos margen para perseguir opiniones políticas que desagradan a los funcionarios.

La ley vigente enumera entre sus principios la legalidad, la prioridad de los derechos y las libertades humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. También permite impugnar las advertencias oficiales ante una autoridad superior o un tribunal. Para las personas afectadas por el marco ampliado, las definiciones, las evaluaciones periciales y la revisión judicial serán elementos centrales del proceso legal.

Prevención, denuncias y rehabilitación

El paquete va más allá de los castigos y el contenido prohibido. Establece bases legales para que el Estado ponga en marcha programas de prevención del extremismo, vigile las amenazas y evalúe los riesgos. También contempla apoyo a la investigación sobre la lucha contra el extremismo.

Las personas que denuncien actividades extremistas recibirán protección y estímulos adicionales. Los debates en el Senado abordaron estas protecciones junto con medidas destinadas a impedir la difusión de ideas extremistas por internet y los medios de comunicación.

Las enmiendas también contemplan la reintegración de personas condenadas por delitos relacionados con el extremismo. Los programas de los centros de rehabilitación pueden durar hasta un año, lo que fija un plazo para las iniciativas destinadas a ayudar a sus participantes a reincorporarse a la vida social cotidiana.

El paquete general incluye una restricción que impide prestar asistencia psicológica a las personas con una condena vigente por un delito intencional. Una condena vigente es aquella que aún tiene efectos legales. Esto es relevante para la contratación de personal en servicios que incluyen apoyo psicológico como parte de la rehabilitación.

Calendario legislativo

La cronología legislativa indica que la Cámara Legislativa aprobó el paquete el 28 de abril, el Senado lo aprobó el 8 de agosto y el presidente lo firmó el 2 de noviembre; otra fecha publicada para la aprobación del Senado es el 13 de agosto de 2026. Las enmiendas entran en vigor con su publicación oficial, que es el hecho jurídico que determina su aplicación.

• 12 y 28 de junio de 2018: la Cámara Legislativa aprueba la Ley de Lucha contra el Extremismo original y el Senado la ratifica.
• 1 de noviembre de 2018: entra en vigor la ley original.
• 29 de noviembre de 2023: la versión oficial mostrada incorpora la enmienda citada sobre los procedimientos de financiación.
• 28 de abril, agosto y 2 de noviembre: el paquete de enmiendas avanza por el proceso legislativo y recibe la firma presidencial; la fecha de aprobación del Senado figura como el 8 de agosto y también se ha publicado como el 13 de agosto de 2026.
• De julio al 3 de noviembre de 2026: la lista del Tribunal Supremo pasa de 1.915 a 2.057 fuentes prohibidas.

La aplicación de las medidas involucrará a varias instituciones: los organismos encargados de hacer cumplir la ley preparan las solicitudes, los expertos evalúan el contenido, los fiscales revisan los documentos, el Tribunal Supremo decide las declaraciones y el Ministerio de Justicia publica las entradas del registro. Los residentes deberán comprender qué conductas están prohibidas y cuál es la situación legal de los materiales que almacenan, distribuyen o exhiben.

Puntos clave

• Participar en organizaciones extremistas, separatistas, fundamentalistas u otras organizaciones prohibidas conlleva una pena de prisión de cinco a 10 años.
• Determinadas primeras infracciones relacionadas con materiales extremistas conllevan sanciones administrativas; repetirlas después de una sanción administrativa puede dar lugar a responsabilidad penal.
• Las personas se exponen a multas de entre 50 y 100 unidades básicas de cálculo, mientras que los funcionarios pueden recibir multas de entre 100 y 150 unidades. La detención administrativa puede durar hasta 15 días.
• El Ministerio de Justicia publicará un registro que abarcará organizaciones, materiales y fuentes electrónicas.
• La lista del Tribunal Supremo contenía 2.057 fuentes prohibidas el 3 de noviembre de 2026, 142 más que en julio.
• El paquete elimina la referencia religiosa de las disposiciones pertinentes sobre extremismo y añade medidas de prevención, protección para quienes denuncien y rehabilitación.
• Abdurahmon Tashanov, presidente de Ezgulik, celebra que se elimine la referencia religiosa, pero advierte sobre su posible aplicación a opiniones políticas y actividades de activismo.