Las amenazas sobre tierras llevan a la fiscalía una disputa por la siembra de papas
El Consejo de Agricultores de Uzbekistán acudió a la fiscalía el 9 de octubre de 2026 para solicitar una evaluación jurídica de las denuncias de que Muzaffar Aripov, gobernador del distrito de Piskent, insultó a agricultores y amenazó con quitarles sus tierras durante una reunión sobre el cultivo de papas. El Defensor del Empresario también dijo que había puesto el caso bajo supervisión y que realizaría una evaluación jurídica.
Contenido
- Las amenazas sobre tierras llevan a la fiscalía una disputa por la siembra de papas
- Lo que, según los informes, quedó registrado
- Un seminario, un enfrentamiento y una apelación en octubre
- La denuncia sobre un proveedor en particular
- Por qué el distrito quería sembrar casi 1.000 hectáreas
- Las obligaciones sobre la tierra no resuelven la denuncia sobre el trato
- Las protecciones legales citadas por el Consejo de Agricultores
- La intervención del Defensor del Empresario y los canales para presentar denuncias
- Casos similares muestran distintas respuestas oficiales
- Puntos clave
La disputa se refiere a una reunión celebrada el 18 de julio en Piskent, en la región de Taskent, y a un plan del distrito para sembrar papas tardías en casi 1.000 hectáreas después de la cosecha de trigo. Los agricultores denunciaron que Aripov los presionó para que compraran papas de siembra a una empresa en particular. La administración distrital ofreció otra explicación: algunos agricultores no habían sembrado el cultivo exigido y habían vendido parcelas a otras personas que tampoco sembraron papas.
Las versiones enfrentadas plantean dos cuestiones distintas ante las autoridades: si los agricultores incumplieron sus obligaciones sobre el uso de la tierra y si los funcionarios recurrieron a presiones ilegales para hacer cumplir las instrucciones de siembra. La administración dijo que la urgencia de las tareas agrícolas no justificaba cualquier tipo de conducta durante la reunión y pidió examinar objetivamente las quejas sobre el trato a los agricultores y la confiscación de sus teléfonos.
En los relatos sobre la apelación no se ha anunciado ninguna conclusión de la fiscalía, decisión judicial ni medida disciplinaria relacionada con el caso de Piskent. La solicitud del Consejo y la intervención del Defensor representan pasos para investigar lo ocurrido, no una determinación de que se hayan probado las conductas denunciadas.
Lo que, según los informes, quedó registrado
En octubre se hizo pública una grabación de audio que, según se informa, se realizó durante la reunión del 18 de julio. Los relatos señalan que Aripov llamó a agricultores de una lista, les ordenó ponerse de pie y dirigió insultos y amenazas a algunos asistentes. Según se informa, también había mujeres presentes.
El relato de la reunión publicado por Uzbek Forum el 9 de octubre reproduce palabras atribuidas a Aripov, el gobernador del distrito, en las que amenazó con quitarles las tierras a los agricultores:
«Si mañana les quito la tierra, verán lo que pasa».
También se informa que la grabación contiene una amenaza contra la vida de los agricultores. Esa denuncia hace que la disputa sea más grave que un desacuerdo por el incumplimiento de las metas de siembra, aunque el significado jurídico y las consecuencias de las palabras atribuidas al gobernador aún deben evaluarse.
Según los informes, el fiscal del distrito y el jefe de la policía distrital estaban en la sala. Su presunta presencia es relevante para establecer las circunstancias de la reunión, pero no demuestra por sí sola que alguno de los funcionarios respaldara las palabras del gobernador o actuara contra los agricultores.
Según se informa, se permitió la entrada a los agricultores después de quitarles sus teléfonos. A pesar de ello, apareció una grabación. La administración distrital dijo que la denuncia sobre la confiscación de los teléfonos debía examinarse por separado y a partir de las pruebas, por lo que siguen sin aclararse quién la ordenó, por qué ocurrió y cómo se llevó a cabo.
Un seminario, un enfrentamiento y una apelación en octubre
La administración describe la reunión como una respuesta al incumplimiento de las instrucciones de siembra tras un seminario anterior. La cronología indica que transcurrieron 16 días entre ese seminario y la reunión en cuestión, y casi tres meses entre esta última y la apelación del Consejo.
- Abril de 2024: Muzaffar Aripov asumió como gobernador del distrito de Piskent. Antes dirigía el grupo de organización y personal de la administración regional de Taskent.
- 2 de julio de 2026: La administración distrital organizó un seminario práctico para responsables de explotaciones agrícolas sobre la siembra de papas, la elección de variedades productivas y el cumplimiento de las tareas asignadas.
- 18 de julio de 2026: Se celebró una reunión sobre la siembra de un segundo cultivo en tierras liberadas tras la cosecha de trigo. Según se informa, la grabación controvertida corresponde a esta reunión.
- 9 de octubre de 2026: Se publicaron informaciones sobre la grabación, el Consejo de Agricultores acudió a la fiscalía y la administración distrital dio su versión.
La fecha de la reunión es importante para entender las posteriores quejas de los agricultores sobre obstáculos a la siembra de trigo. La reunión de julio se refería a la siembra de papas después de la cosecha de trigo; un relato posterior de un agricultor describió problemas para volver a sembrar trigo. Se trata de etapas distintas del ciclo agrícola y no necesariamente de versiones contradictorias sobre una misma tarea de siembra.
La denuncia sobre un proveedor en particular
Un agricultor que asistió a la reunión denunció que el gobernador intentaba quitarles las tierras a quienes no habían comprado papas a una empresa en particular y que usaba a la fiscalía como amenaza. En estos relatos no se identifica a la empresa ni se menciona ningún contrato de compra o instrucción escrita que nombre a un proveedor.
El asistente, identificado como agricultor, describió tanto la presunta presión para comprar como sus efectos en las labores agrícolas. Uzbek Forum reprodujo el testimonio en inglés:
«Ahora intenta quitarles las tierras a quienes no compraron papas a esa empresa y los amenaza con la fiscalía. Trabajar se ha vuelto imposible. Ahora tenemos que sembrar trigo, pero también lo está impidiendo».
Esta denuncia es distinta de la afirmación de la administración de que algunos agricultores simplemente no sembraron papas. Una instrucción para cultivar un producto y la presión para comprar material de siembra a una empresa son cuestiones diferentes. Determinar si se impuso un proveedor específico ayudaría a establecer si la disputa se limitó a la planificación agrícola o si hubo una interferencia en las decisiones comerciales de los agricultores.
La explicación de la administración no resuelve esta denuncia. Habla del plan de siembra, las responsabilidades sobre el uso de la tierra y las presuntas transferencias de parcelas, pero no responde en detalle a la cuestión de un proveedor obligatorio. Tampoco se ha informado de ninguna conclusión que establezca que a algún agricultor se le quitó realmente la tierra por negarse a comprar papas.
Por qué el distrito quería sembrar casi 1.000 hectáreas
La administración de Piskent dijo que su plan para sembrar papas tardías buscaba apoyar el abastecimiento nacional, mantener estables los precios y crear reservas para el invierno. El cultivo previsto ocuparía casi 1.000 hectáreas disponibles después de la cosecha de cereales. Un segundo cultivo consiste en sembrar otro producto en la misma tierra después de cosechar el primero.
Los funcionarios dijeron que el seminario del 2 de julio presentó a los responsables de las explotaciones agrícolas distintas variedades de papa y abordó los métodos de siembra, las variedades productivas y las tareas que debían completar. Según la administración, algunos agricultores no cumplieron posteriormente el plan y vendieron las parcelas liberadas a otras personas, que tampoco las sembraron con papas.
La administración también informó de una meta aparte de 650 hectáreas para la primera temporada: 520 hectáreas en explotaciones de agricultores y 130 hectáreas en explotaciones dekhqan, una categoría de pequeñas explotaciones agrícolas. La cosecha prevista para esa superficie de la primera temporada era de 20.800 toneladas.
Esas cifras asignan el 80 % de la meta de siembra de la primera temporada a las explotaciones de agricultores y el 20 % a las explotaciones dekhqan. Dividir las 20.800 toneladas previstas entre 650 hectáreas da un rendimiento promedio objetivo de 32 toneladas por hectárea. Son cifras de planificación, no pruebas de la cosecha obtenida realmente.
El plan de casi 1.000 hectáreas para las papas tardías superaba en unas 350 hectáreas la meta de 650 hectáreas de la primera temporada. Las dos cifras corresponden a planes para distintas temporadas, por lo que no deben interpretarse como estimaciones contradictorias de una misma superficie de siembra. No se indica qué parte de la meta de papas tardías llegó a sembrarse ni cuánta producción se perdió.
Las obligaciones sobre la tierra no resuelven la denuncia sobre el trato
La administración distrital subrayó que la tierra no era propiedad privada de los agricultores y que su uso debía ajustarse a los procedimientos establecidos por la ley. Sostuvo que los agricultores tenían la obligación de utilizarla de acuerdo con el destino y las obligaciones establecidos, y no únicamente según sus preferencias personales.
Esa postura explica la preocupación expresada por la administración ante la falta de siembra y la presunta venta de parcelas. No demuestra que todas las instrucciones dadas durante la reunión fueran legales ni que un gobernador pudiera quitar tierras con solo anunciar que se proponía hacerlo. En los relatos sobre esta disputa no se identifica ninguna orden específica de recuperación de tierras ni ningún procedimiento legal concluido.
Las presuntas ventas también deben aclararse. La administración dice que los agricultores vendieron parcelas, aunque subraya que estas no eran de su propiedad privada. Sin contratos ni otros registros, no es posible determinar qué se transfirió, en qué condiciones ni si se produjo una transacción prohibida.
La propia administración diferenció el objetivo agrícola de la manera de hacerlo cumplir. Dijo que debían respetarse tanto los derechos de los agricultores como el interés público, y que la importancia de las tareas asignadas no justificaba automáticamente la conducta durante la reunión. Esa afirmación deja abierta la denuncia sobre el trato, incluso si las autoridades concluyen más adelante que algunos agricultores incumplieron sus obligaciones.
Las protecciones legales citadas por el Consejo de Agricultores
El Consejo de Agricultores basó su apelación en la protección del honor y la dignidad personales. Citó el artículo 26 de la Constitución de Uzbekistán, que, según dijo, establece que el honor y la dignidad de las personas son inviolables y que no hay justificación para menoscabarlos.
El Consejo también citó el artículo 41 del Código de Responsabilidad Administrativa. Según su comunicado, la humillación intencionada del honor y la dignidad de una persona, constitutiva de insulto, puede acarrear una multa de entre 20 y 40 veces el monto base de cálculo. El monto base de cálculo es una unidad legal utilizada para calcular multas y otros pagos.
No debe deducirse de ese rango un equivalente monetario sin conocer el valor aplicable de la unidad. Más importante aún, citar la disposición no significa que se haya impuesto una multa. Antes, las autoridades tendrían que evaluar los hechos y determinar si se cumplieron los requisitos legales para atribuir responsabilidad.
El Consejo dijo que una conducta de este tipo podría considerarse una interferencia ilegal en las actividades de una entidad empresarial y perjudicar la imagen internacional de Uzbekistán. Por tanto, su apelación va más allá del lenguaje ofensivo: también busca que se examine cómo se habría utilizado la autoridad oficial contra empresas agrícolas.
La intervención del Defensor del Empresario y los canales para presentar denuncias
El Defensor del Empresario dijo que el caso estaba bajo su supervisión y que recibiría una evaluación jurídica. Recordó a los empresarios que la ley protege su honor y dignidad, y que los insultos intencionados pueden acarrear responsabilidad.
Se indicó a los agricultores y empresarios que consideraran que habían sido insultados o que se habían vulnerado sus derechos que llamaran al número corto 1100. Otros canales de contacto indicados fueron +998712020898 y [email protected].
La intervención del Defensor y la apelación del Consejo a la fiscalía son respuestas distintas. Ninguno de los dos anuncios especifica una fecha de audiencia, un plazo para tomar una decisión ni el alcance de una posible investigación formal. Tampoco se ha establecido si la presunta presencia del fiscal del distrito en la reunión de julio influirá en la tramitación de la apelación.
Casos similares muestran distintas respuestas oficiales
Las denuncias de Piskent se producen después de que se informara de disputas en otros distritos relacionadas con amenazas, exigencias de producción y el acceso a tierras o maquinaria agrícola. Uzbek Forum describió una apelación en video publicada en julio de 2026 por Komiljon Ergashev, un agricultor del distrito de Olot, en la región de Bujará, quien dijo que la gobernadora Nargiza Nematova le exigió otras 20 toneladas de trigo después de que él hubiera cumplido su cuota.
Ergashev denunció que, después de que se negara, la gobernadora impidió que las cosechadoras entraran en sus campos. Su relato se refiere a una exigencia adicional de cereales, no a la compra de papas, pero describe otro presunto uso del poder administrativo que afectó la capacidad de un agricultor para realizar tareas esenciales.
Otras grabaciones difundidas se referían a Halimjon Umarov, gobernador de Quva, y Abdulla Mamatqulov, gobernador de Muzrabot. Se acusó a Umarov de insultar a un agricultor y exigirle que entregara sus tierras después de que no asistiera a una reunión. A Mamatqulov se le acusó de amenazar a agricultores por las cuotas de producción de trigo, incluso durante una reunión el 15 de junio.
Según los informes, ambos gobernadores distritales recibieron reprimendas tras las denuncias presentadas por la Agencia Anticorrupción. En otro caso, relacionado con insultos dirigidos a responsables juveniles de barrios, Mirkarim Ahmadjonov, funcionario de asuntos juveniles de Nurafshon, vio rescindido su contrato laboral tras una investigación interna y admitir su conducta indebida.
Estos casos muestran que las denuncias de conducta abusiva han dado lugar a distintas respuestas laborales y disciplinarias. No permiten determinar qué sanción, si corresponde alguna, sería adecuada en Piskent. Las principales cuestiones sin resolver siguen siendo la autenticidad y el contexto completo de la grabación, la presunta exigencia de comprar a un proveedor, el tratamiento de los teléfonos y si alguna amenaza estuvo seguida de una decisión efectiva sobre la tierra.
Puntos clave
- El Consejo de Agricultores acudió a la fiscalía el 9 de octubre de 2026 para solicitar una evaluación jurídica de la conducta denunciada del gobernador de Piskent, Muzaffar Aripov.
- Según se informa, la reunión en cuestión se celebró el 18 de julio y trató sobre las papas que se sembrarían después de la cosecha de trigo.
- Los agricultores denunciaron insultos, amenazas contra sus tierras y sus vidas, confiscación de teléfonos y presiones para comprar papas de siembra a una empresa en particular.
- La administración citó un plan de siembra de papas tardías que abarcaba casi 1.000 hectáreas y denunció que algunos agricultores no sembraron y vendieron parcelas a otras personas.
- Un plan aparte para la primera temporada abarcaba 650 hectáreas y preveía una cosecha de 20.800 toneladas, equivalente a 32 toneladas por hectárea.
- La administración dijo que las prioridades agrícolas no justificaban cualquier tipo de conducta y pidió que las denuncias se examinaran objetivamente.
- El Defensor del Empresario puso el caso bajo supervisión. No se ha anunciado ninguna conclusión jurídica definitiva ni un plazo para tomar una decisión.
