Uzbekistán informa de 107.167 órdenes de protección mientras persisten las deficiencias en la justicia por violencia doméstica

Las órdenes de protección llegan a 107.167 en nueve meses

Uzbekistán emitió 107.167 órdenes de protección contra el acoso y la violencia durante los primeros nueve meses de 2026, según la Agencia Nacional de Protección Social. Además de esas órdenes, miles de mujeres y niños recibieron asistencia, mientras que la agencia respaldó 810 solicitudes judiciales y ayudó a personas a acceder a atención médica, formación profesional y educación.

Las cifras muestran la magnitud de la demanda de protección más de tres años después de que Uzbekistán tipificara la violencia doméstica como delito, en abril de 2023. También ponen de manifiesto un desafío central: emitir una orden, prestar asistencia temporal y garantizar la seguridad a largo plazo son resultados distintos. Las cifras de la agencia contabilizan intervenciones, pero no indican cuántas órdenes se hicieron cumplir con éxito ni cuántas personas beneficiarias sufrieron nuevos episodios de violencia.

La agencia publicó las cifras en un comunicado en su canal de Telegram. El informe abarca el acoso y la violencia, una categoría más amplia que la violencia doméstica. Por tanto, el total no debe interpretarse como un recuento de procesos o condenas por violencia doméstica, ni como una cifra confirmada de personas sobrevivientes.

Apoyo a mujeres y niños

Las salas de asistencia primaria brindaron ayuda a 5.995 mujeres y 2.842 niños durante el periodo del informe. Los centros regionales de rehabilitación atendieron a 1.132 mujeres y 1.575 niños. Estas cifras describen dos partes de la red de apoyo, pero la agencia no aclaró si las personas que recibieron ayuda en un lugar también fueron contabilizadas en el otro.

En los servicios contabilizados, las salas de asistencia primaria registraron 8.837 mujeres y niños, frente a 2.707 en los centros de rehabilitación. Los niños representaron alrededor del 32% del primer total y el 58% del segundo. Estas proporciones muestran que los niños representaron una parte considerable del trabajo registrado por los centros, aunque no explican las diferencias en las normas de admisión, las derivaciones o la duración de las estancias.

Sería engañoso sumar ambos totales y presentar el resultado como el número de personas distintas que recibieron asistencia. Sin información sobre visitas repetidas y traslados, las cifras reflejan el uso registrado de los servicios, no un recuento verificado de beneficiarios únicos.

Esta distinción también importa al comparar la asistencia con las 107.167 órdenes de protección. Las órdenes y los registros de servicios miden actividades distintas, y las cifras publicadas no indican cuántas personas destinatarias de una orden buscaron, necesitaron u obtuvieron un lugar en alguno de los dos tipos de centros.

Ayuda en salud, empleo y educación

La agencia informó que 453 personas recibieron formación profesional y que 836 fueron ayudadas a obtener atención médica. También prestó apoyo para matricular a 352 niños en la escuela y a 541 en jardines de infancia, lo que suma 893 inscripciones educativas en esas dos categorías.

Estos servicios atienden problemas prácticos que pueden acompañar a la violencia. El tratamiento, el acceso al empleo y la continuidad educativa de los niños pueden influir en la posibilidad de que una persona abandone un hogar inseguro y mantenga una vida independiente. Sin embargo, las cifras documentan la asistencia, no lo ocurrido después: no se informan los resultados laborales de quienes recibieron formación ni el tratamiento que recibieron las personas derivadas a servicios médicos.

Las cifras educativas tampoco permiten determinar si hubo asistencia a clases o continuidad a más largo plazo. Registran el apoyo para la matrícula. Aun con esas limitaciones, muestran que la respuesta de la agencia se extendió más allá de la protección inmediata y atendió necesidades que afectan tanto a adultos como a niños.

Qué muestran las cifras de asistencia jurídica

La agencia registró 810 solicitudes presentadas ante los tribunales. Por separado, enumeró asistencia práctica en 305 casos de pensión alimenticia, 223 procedimientos de ejecución, 76 casos de admisión o regreso a una vivienda, 37 casos de recuperación de documentos y 30 casos de división de bienes.

Estas cinco categorías suman 671 casos de asistencia. El comunicado no explica si estaban incluidos en las 810 solicitudes judiciales, si algunos implicaron varias formas de ayuda o si otros se tramitaron fuera de los tribunales. Los totales no pueden considerarse categorías directamente equivalentes.

La categoría más numerosa fue la pensión alimenticia, seguida de los procedimientos de ejecución. La pensión alimenticia se refiere al apoyo económico, mientras que la ejecución consiste en hacer cumplir una obligación o decisión jurídica existente. La ayuda para regresar a una vivienda, recuperar documentos y dividir bienes aborda otras consecuencias prácticas de los conflictos familiares y la violencia.

La presentación de una demanda también es distinta de una decisión judicial. Las cifras no indican cuántas solicitudes prosperaron, cuánto duraron los procedimientos ni si se cumplieron las decisiones económicas y patrimoniales. La falta de estos datos limita lo que los totales pueden revelar sobre el acceso a la justicia.

Cómo cambió el marco jurídico

Las reformas de abril de 2023 en Uzbekistán introdujeron responsabilidad administrativa y penal por violencia doméstica, además de sanciones por acoso sexual y otras medidas de protección. La responsabilidad administrativa suele abarcar conductas castigadas con multas o detención administrativa; la responsabilidad penal puede conllevar sanciones más severas, incluida la prisión.

La legislación abordó la violencia física, psicológica y económica en el ámbito familiar. También se tipificó como delito la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En septiembre de 2024, nuevas enmiendas extendieron explícitamente las disposiciones sobre violencia doméstica a la violencia contra los niños.

Los principales avances abarcan varios años:

• Abril de 2023: Uzbekistán tipificó la violencia doméstica como delito específico e introdujo sanciones administrativas relacionadas.
• Septiembre de 2024: Las enmiendas reforzaron la protección de los niños y modificaron las condiciones para considerar solicitudes de reconciliación.
• Febrero de 2025: Los cambios eliminaron el periodo obligatorio de reconciliación en los casos de divorcio que implican violencia doméstica.
• Febrero de 2026: El Gobierno aprobó un programa estatal sobre sanciones, aplicación de la ley, servicios e indicadores medibles.
• Marzo de 2026: Un decreto presidencial estableció nuevas medidas de seguridad, incluida una aplicación SOS y un objetivo de tiempo de respuesta policial.
• Enero a septiembre de 2026: La agencia de protección social informó que emitió 107.167 órdenes de protección.

La secuencia muestra que las cifras más recientes llegan después de varias rondas de reformas, no de un único cambio legal. No permite determinar qué medida explica el número de órdenes ni el nivel de uso de los servicios.

La reconciliación sigue limitando el acceso a la justicia

La evaluación de marzo de 2026 de Human Rights Watch citó un estudio de 2024 realizado por organizaciones de la sociedad civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, según el cual más del 55% de los casos de violencia doméstica se archivaron mediante procedimientos de reconciliación. Más del 90% de las víctimas no contaba con representación legal.

Human Rights Watch, la organización de derechos humanos, pidió cambios en la forma en que las autoridades tramitan los casos y apoyan a las personas sobrevivientes:

«Las autoridades deben poner fin al archivo rutinario de casos mediante la reconciliación, garantizar la aplicación sistemática de las protecciones legales, ampliar los servicios centrados en las personas sobrevivientes y hacer más para combatir el estigma asociado».

Otro informe presenta cifras distintas para un periodo anterior y más específico: el 61% de los procesos penales por violencia doméstica entre mayo y septiembre de 2023 se resolvió mediante reconciliación, mientras que el 28% de los juicios administrativos se archivó por considerarse de escasa importancia. Estos porcentajes corresponden a periodos y categorías jurídicas diferentes, por lo que no permiten establecer por sí solos una tendencia.

La reconciliación en un caso de violencia también debe distinguirse del periodo de reconciliación en los procedimientos de divorcio. La primera puede influir en que un caso avance hacia una sanción. El segundo aplaza una decisión sobre la disolución del matrimonio mientras un tribunal intenta preservar la relación.

Las descripciones de la reforma del divorcio de febrero de 2025 difieren ligeramente. Human Rights Watch afirma que Uzbekistán eliminó el periodo obligatorio de reconciliación impuesto por los tribunales en los casos de violencia doméstica. Otro informe jurídico señala que las víctimas pueden pedir a los jueces que no fijen ese periodo. Ambos describen una exención para las personas sobrevivientes, pero el segundo incorpora a la solicitud de la víctima como parte del procedimiento.

Las cifras de casos requieren una comparación cuidadosa

Los casos de violencia doméstica derivados por la policía a centros de rehabilitación aumentaron de unos 11.000 en 2020 a 16.000 en 2024. Esto supone un incremento aproximado de 5.000 casos, o del 45%, según esas cifras aproximadas. Indica un aumento de la demanda registrada, pero no permite distinguir por sí solo entre un aumento de la violencia, una mejora de la denuncia o cambios en las derivaciones.

Tras las reformas de abril de 2023, se informó que en 2023 8.928 personas fueron procesadas y condenadas en virtud de disposiciones administrativas, y que otras 203 fueron condenadas en virtud de disposiciones penales. Para los primeros diez meses de 2024, las cifras comunicadas fueron 15.400 procesos administrativos y 399 condenas penales.

Según el Tribunal Supremo de Uzbekistán, más de 10.000 personas fueron procesadas por violencia doméstica durante los primeros diez meses de 2025. Ese total no ofrece el mismo desglose entre casos administrativos y penales que las cifras anteriores.

Estas estadísticas no permiten hacer una comparación sencilla para determinar si los procesos aumentaron o disminuyeron cada año. Abarcan periodos distintos y usan medidas diferentes, incluidos procesos y condenas. Ninguna es directamente comparable con el total de órdenes de protección de 2026, que mide una intervención protectora, no una determinación de responsabilidad legal.

Las nuevas medidas de seguridad tienen objetivos, no resultados comprobados

El programa estatal de febrero de 2026 busca reforzar las sanciones por violencia contra mujeres y niños, mejorar la aplicación de la ley, ampliar los servicios e introducir indicadores medibles. El decreto presidencial de marzo añadió una aplicación de emergencia SOS para mujeres con órdenes de protección; se espera que la policía llegue a los lugares señalados en un plazo de 10 minutos.

El decreto también introdujo formación gratuita antes del matrimonio, con el objetivo de llegar a hasta la mitad de las parejas que se casen en 2026 y a todas para 2030. Se trata de metas declaradas. Las cifras de órdenes de protección y asistencia no permiten determinar si la aplicación está disponible para todas las mujeres que reúnen los requisitos, si la policía cumple el objetivo de respuesta ni cuántas parejas han completado la formación.

El presidente Shavkat Mirziyoyev, durante un acto por el Día Internacional de la Mujer en el Palacio Presidencial, describió el lugar de las mujeres en el desarrollo del país:

«Sin las mujeres y sus maravillosas y nobles cualidades, es imposible imaginar el desarrollo de la sociedad y de la vida misma».

El comunicado de la Presidencia también señaló que las futuras leyes se evaluarían por sus efectos en los derechos y los intereses de las mujeres. La prueba práctica será determinar si esos compromisos se traducen en una protección accesible y una respuesta eficaz cuando se produce violencia.

Qué dejan sin respuesta las cifras más recientes

Un informe de diciembre de 2025 de la Asociación Internacional por los Derechos Humanos documentó el acceso restringido a refugios, servicios y asistencia jurídica, así como el estigma social, las diferencias geográficas en la disponibilidad de servicios y la formación insuficiente de los funcionarios. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué un gran número de órdenes de protección no demuestra por sí solo que las personas sobrevivientes reciban apoyo adecuado.

Los últimos totales de la agencia no indican la distribución regional, las solicitudes de refugio no atendidas, los incumplimientos de órdenes de protección ni los casos de violencia reiterada. Tampoco muestran cuántas personas tuvieron representación legal, una carencia importante señalada en el estudio de 2024.

Las cifras comunicadas no incluyen una próxima audiencia, una fecha de publicación ni un plazo para la evaluación. Los hitos futuros anunciados son los objetivos de formación prematrimonial para 2026 y 2030. En cuanto a las órdenes de protección y las respuestas de emergencia, falta información sobre su eficacia: si se respetan las restricciones, si las llamadas reciben atención a tiempo y si las personas sobrevivientes pueden acceder a los servicios sin obstáculos.

Uzbekistán ha ampliado sus herramientas legales y ha registrado una actividad considerable de protección y asistencia. Para evaluar su eficacia ahora es necesario vincular esas intervenciones con resultados, como la seguridad, la conclusión de los procedimientos judiciales, el acceso a vivienda y el apoyo sostenido a los niños.

Puntos clave

• Uzbekistán informó de 107.167 órdenes de protección contra el acoso y la violencia durante los primeros nueve meses de 2026.
• Las salas de asistencia primaria registraron ayuda para 5.995 mujeres y 2.842 niños; los centros de rehabilitación atendieron a 1.132 mujeres y 1.575 niños.
• La agencia respaldó 810 solicitudes judiciales, a 453 personas que recibieron formación profesional y a 836 personas que buscaban atención médica.
• Un estudio de 2024 concluyó que más del 55% de los casos de violencia doméstica se archivó mediante reconciliación y que más del 90% de las víctimas no tenía representación legal.
• Las nuevas medidas incluyen una aplicación SOS y un objetivo de respuesta policial de 10 minutos, pero las cifras más recientes no informan sobre su eficacia.
• El total de órdenes no permite determinar cuántas personas sobrevivientes distintas las recibieron ni cuántas lograron una seguridad duradera.