Las facultades de detención y los derechos constitucionales, en el centro del desafío
La Corte Suprema de Sri Lanka está examinando 26 recursos que impugnan el proyecto de ley de prevención del crimen organizado. Los abogados cuestionan disposiciones que, según afirman, permitirían ordenar detenciones de entre dos meses y un año por decisión del secretario del Ministerio de Defensa. Está previsto que el fiscal general exponga la posición del Gobierno el lunes 9 de noviembre, tras los argumentos presentados los días 4 y 5 de noviembre de 2026.
Contenido
- Las facultades de detención y los derechos constitucionales, en el centro del desafío
- ¿Qué ocurrió en el tribunal?
- ¿Qué delitos se considerarían graves?
- ¿Quién controlaría las detenciones prolongadas?
- Custodia policial, libertad bajo fianza y función del juez de instrucción
- Por qué preocupa a los abogados la cobertura de los procesos judiciales
- ¿Por qué se pide una mayoría de dos tercios y un referéndum?
- ¿Qué cambios ha prometido el presidente?
- Puntos clave
El presidente de la Corte Suprema, Preethi Padman Surasena, preside el tribunal junto con los magistrados Achala Wengappuli y Sampath Abeykoon. Entre los demandantes figuran el Colegio de Abogados de Sri Lanka, Distilleries Company y Malinda Seneviratne. Piden al tribunal que exija una mayoría de dos tercios en el Parlamento y la aprobación mediante referéndum para que el proyecto se apruebe en la forma impugnada.
El presidente Anura Kumara Dissanayake también anunció planes para eliminar una disposición relativa a los tatuajes y modificar otras relacionadas con delitos contemplados en la Ordenanza sobre Impuestos Especiales. Su anuncio señala dos aspectos que el Gobierno está dispuesto a cambiar, mientras que el proceso judicial aborda objeciones más amplias sobre la detención, la libertad bajo fianza, la autoridad judicial y la información sobre causas penales.
Para cualquier persona detenida en virtud de la ley propuesta, la cuestión central es práctica: quién decidiría si permanece bajo custodia, cuánto tiempo podría durar esa detención y qué facultades tendría un juez para intervenir. Para los periodistas, otra preocupación es si las restricciones a la publicación de información sobre delitos graves podrían afectar la cobertura de los procesos judiciales.
¿Qué ocurrió en el tribunal?
Los abogados de los demandantes comenzaron sus alegatos orales la mañana del 4 de noviembre y continuaron hasta entrada la noche. El 5 de noviembre, los recursos volvieron a presentarse ante el mismo tribunal.
Los jueces pidieron a los demandantes que presentaran alegatos por escrito con sus objeciones constitucionales y las modificaciones que consideraban necesarias. Esos escritos se presentaron el 5 de noviembre, de modo que el tribunal recibió las posiciones detalladas de los demandantes antes de la respuesta prevista del Gobierno.
Las principales fechas del proceso son:
- 4 de noviembre de 2026: Los abogados de los demandantes comenzaron a presentar sus argumentos; las exposiciones continuaron hasta entrada la noche.
- 5 de noviembre de 2026: El tribunal volvió a examinar los 26 recursos y los demandantes presentaron alegatos por escrito sobre la constitucionalidad y las modificaciones propuestas.
- 9 de noviembre de 2026: Está previsto que el fiscal general exponga la posición del Gobierno.
Además de los abogados que se refirieron a disposiciones concretas, entre los representantes de los demandantes figuraron los abogados con rango de presidente del Colegio de Abogados Sanjeewa Jayawardena, M.A. Sumanthiran, Ali Sabry y Naveen Marapana. En representación del fiscal general comparecieron el procurador general Viraj Dayaratne, la procuradora general adjunta Sudarshana de Silva, la procuradora general adjunta Sudharshi Herath y la doctora Avanthi Perera.
¿Qué delitos se considerarían graves?
El abogado con rango de presidente del Colegio de Abogados Romesh de Silva, representante del demandante Malinda Seneviratne, sostuvo que la definición de delitos graves del proyecto era excesivamente amplia. La objeción se refiere al punto de partida de la ley propuesta: qué presuntos delitos quedarían incluidos en su ámbito.
Una definición jurídica determina cuándo pueden aplicarse determinadas facultades. Si una ley otorga poderes excepcionales a los investigadores para actuar ante delitos graves, la redacción de esa categoría determina en qué casos pueden utilizarse. Por eso, el argumento de De Silva vincula directamente la definición con las disposiciones sobre detención que también cuestionó.
Se pide al tribunal que examine ambas cuestiones en conjunto: las conductas contempladas en el proyecto y las facultades que recibirían las autoridades al investigarlas. Para las personas investigadas, esas disposiciones marcarían el proceso legal desde el principio, antes de que se tome cualquier decisión sobre su culpabilidad.
¿Quién controlaría las detenciones prolongadas?
De Silva objetó las disposiciones que permitirían al secretario del Ministerio de Defensa ordenar detenciones de entre dos meses y un año a solicitud del inspector general de Policía o de un inspector general adjunto de Policía. Su impugnación se centra en las facultades otorgadas a un funcionario del poder ejecutivo para mantener bajo custodia a un sospechoso.
El poder ejecutivo es la rama del Gobierno que administra las leyes y dirige los organismos estatales. Los tribunales cumplen una función distinta: entre otras tareas, resuelven disputas legales y revisan si las restricciones a la libertad tienen fundamento jurídico. La preocupación de los demandantes se refiere a cómo el proyecto distribuiría las facultades entre ambas ramas.
El abogado con rango de presidente del Colegio de Abogados Iraj de Silva también sostuvo que algunas disposiciones permitirían al poder ejecutivo restringir la libertad personal sin intervención judicial. Su alegato situó el papel de los tribunales en el centro de la impugnación constitucional.
Una persona detenida durante una investigación pierde su libertad mientras las autoridades examinan un presunto delito. El periodo propuesto, según se expuso ante el tribunal, podría llegar a un año completo, por lo que las reglas sobre autorización, revisión y puesta en libertad son una cuestión fundamental para los sospechosos y sus familias.
Custodia policial, libertad bajo fianza y función del juez de instrucción
El abogado Suren Fernando planteó objeciones a la detención bajo custodia policial durante 72 horas, las restricciones a la libertad bajo fianza y los límites a las facultades de los jueces de instrucción. Estas cuestiones se refieren a las primeras etapas de una investigación y a las posibilidades de que una persona detenida solicite su puesta en libertad.
Setenta y dos horas equivalen a tres días. Ese periodo corresponde a la custodia policial, mientras que el plazo más largo cuestionado por Romesh de Silva se refiere a la detención autorizada por el secretario del Ministerio de Defensa. Los argumentos ante el tribunal abarcan tanto las condiciones iniciales de custodia como la posibilidad de una restricción de la libertad mucho más prolongada.
La libertad bajo fianza permite que una persona acusada permanezca fuera de custodia mientras avanza un proceso, por lo general bajo condiciones destinadas a garantizar su comparecencia ante el tribunal y proteger el proceso judicial. Por tanto, las restricciones a la libertad bajo fianza pueden determinar de inmediato si alguien permanece detenido mientras espera las siguientes actuaciones.
Las objeciones de Fernando sobre los jueces de instrucción se refieren a las facultades de los jueces que resuelven esas cuestiones. En conjunto, los argumentos sobre custodia, libertad bajo fianza y detención plantean cuánto control conservarían los tribunales sobre la privación continuada de libertad de una persona.
Por qué preocupa a los abogados la cobertura de los procesos judiciales
El abogado con rango de presidente del Colegio de Abogados Saliya Peiris, representante del Colegio de Abogados de Sri Lanka, sostuvo que el proyecto otorgaría a la Policía facultades que superarían las del poder judicial y abriría la posibilidad de abusos. También cuestionó las restricciones a la divulgación de información sobre delitos graves.
Peiris advirtió que esas restricciones podrían afectar la cobertura periodística de los procesos judiciales. La información sobre los juicios permite al público conocer las acusaciones, los argumentos de los abogados y las decisiones de los jueces. Por ello, una restricción a la publicación de información sobre un delito podría afectar a personas más allá del sospechoso y de quienes realizan la investigación.
La objeción sobre la cobertura informativa introduce otro interés público en el caso: el acceso a información sobre el proceso de justicia. Peiris planteó esa preocupación junto con sus argumentos sobre las facultades policiales y los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
¿Por qué se pide una mayoría de dos tercios y un referéndum?
Los demandantes sostienen que algunas disposiciones del proyecto entran en conflicto con la Constitución y que deberían requerir la aprobación por una mayoría de dos tercios en el Parlamento y mediante un referéndum. Peiris también argumentó que el proyecto debería someterse a referéndum por su efecto sobre los derechos fundamentales.
Una impugnación constitucional plantea si una ley propuesta se ajusta a la norma suprema del país. La cuestión ante la Corte Suprema se refiere a los requisitos legales para aprobar el proyecto, incluido si las disposiciones impugnadas requieren un nivel de aprobación superior al de una ley ordinaria.
Una mayoría de dos tercios exigiría un apoyo parlamentario más amplio, mientras que un referéndum sometería la cuestión a los votantes. Los demandantes piden que se cumplan ambos requisitos. El tribunal aún no ha emitido su decisión y la respuesta detallada del Gobierno está prevista para el 9 de noviembre.
Los alegatos por escrito también detallan las modificaciones que solicitan los demandantes. Así, la redacción de los posibles cambios forma parte del proceso, junto con los argumentos sobre el texto presentado al Parlamento.
¿Qué cambios ha prometido el presidente?
El presidente Dissanayake afirmó que se eliminaría la disposición relativa a los tatuajes y se modificarían las disposiciones sobre delitos contemplados en la Ordenanza sobre Impuestos Especiales. Hizo el anuncio en una conferencia religiosa con motivo del primer aniversario de la operación denominada Ekata Nagitimu – Iwath Wenu, también conocida como Juntos nos levantamos.
La Ordenanza sobre Impuestos Especiales regula, entre otras cuestiones, las bebidas alcohólicas y los delitos relacionados. El anuncio del presidente sitúa esos delitos entre los aspectos que se están reconsiderando en el proyecto de ley sobre crimen organizado. Distilleries Company es uno de los demandantes que impugnan el proyecto.
El anuncio presidencial y los alegatos jurídicos abordan distintas partes de la legislación propuesta. Eliminar la disposición sobre los tatuajes modificaría uno de los aspectos de su alcance. Los argumentos de los abogados también piden cambios sobre la definición de delitos graves, la detención, la libertad bajo fianza, las facultades judiciales y la publicación de información.
La comparecencia prevista del fiscal general es la siguiente oportunidad anunciada para que el Gobierno exponga su posición ante el tribunal. Su respuesta se producirá después de los alegatos orales de los demandantes y de sus propuestas de modificación por escrito.
Puntos clave
- La Corte Suprema de Sri Lanka examina 26 recursos contra el proyecto de ley de prevención del crimen organizado.
- Las impugnaciones se refieren a la definición de delitos graves, las facultades de detención, la libertad bajo fianza, la autoridad judicial y las restricciones que afectan a la cobertura de los procesos judiciales.
- Los abogados cuestionaron las detenciones de entre dos meses y un año que podría autorizar el secretario del Ministerio de Defensa a solicitud de altos cargos policiales.
- Los demandantes piden una mayoría de dos tercios en el Parlamento y la aprobación mediante referéndum.
- El presidente Dissanayake anunció que se eliminará la disposición sobre los tatuajes y que se modificarán las normas relativas a delitos contemplados en la Ordenanza sobre Impuestos Especiales.
- Está previsto que el fiscal general exponga la posición del Gobierno el 9 de noviembre de 2026.
