Harita Nickel, bajo escrutinio por presuntos pagos, agua contaminada y energía de carbón en Obi

Una condena por soborno pone bajo escrutinio a un proveedor mundial de níquel

El encarcelamiento de un director por sobornos de 60.000 dólares, al menos otros 389.000 dólares en pagos previstos o aprobados y pruebas de agua potable que superaron los límites legales de Indonesia han puesto bajo escrutinio las operaciones de níquel de Harita Group en la isla de Obi, en North Maluku. Las acusaciones abarcan distintas áreas del negocio, desde permisos mineros y empleo en las aldeas hasta el agua que beben las familias.

En 2024, un tribunal de Ternate condenó a Stevi Thomas, exdirector de relaciones externas de PT Trimegah Bangun Persada, empresa de níquel de Harita que cotiza en bolsa, a un año y diez meses de prisión por sobornar al gobernador de North Maluku, Abdul Gani Kasuba. Los pagos buscaban facilitar permisos y recomendaciones técnicas para empresas de Harita.

Correos electrónicos, hojas de cálculo y memorandos internos filtrados describen una red más amplia de pagos previstos o aprobados entre 2013 y 2023. Entre los destinatarios había políticos, funcionarios de aldeas, líderes religiosos y proyectos militares. No se ha confirmado si se realizaron todos los pagos ni el propósito exacto de algunos de ellos.

En los últimos años, Harita ha suministrado hasta el 8% del níquel mundial. Sus operaciones conectan una pequeña isla indonesia con fabricantes de materiales para baterías de vehículos eléctricos, por lo que la conducta de la empresa es relevante para compradores mucho más allá de Indonesia.

Harita dijo que respetaba el veredicto contra Thomas y que había cooperado con el proceso judicial. El grupo y los directivos implicados no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones más amplias relativas a los pagos. Harita ha rechazado anteriormente las acusaciones de contaminación del agua y ha afirmado que sus pruebas cumplían las normas nacionales.

En qué consistió el caso de soborno

La fiscalía alegó que Thomas pagó 60.000 dólares a Abdul Gani Kasuba entre el 11 de junio y el 24 de noviembre de 2023. El juicio comenzó en el Tribunal de Corrupción de Ternate el 6 de marzo de 2024. El escrito de acusación describía solicitudes relacionadas con el uso de bosques, un puente proyectado y cambios en el trazado de la carretera circular de Obi.

Las recomendaciones técnicas son evaluaciones oficiales necesarias para que algunos proyectos puedan avanzar en el proceso de aprobación. En este caso, la fiscalía describió recomendaciones que respaldaban solicitudes para usar zonas forestales en la minería de níquel y las infraestructuras relacionadas.

El escrito de acusación identificó nueve empresas de Harita bajo la responsabilidad de Thomas. También describió un permiso minero en Obi que abarcaba 4.247 hectáreas y tenía vigencia del 8 de febrero de 2010 al 8 de febrero de 2030. Estos datos sitúan los pagos en el contexto de una operación industrial considerable, no de una sola solicitud de permiso.

Abdul Gani Kasuba afrontó un caso de corrupción mucho más amplio. En una audiencia del 22 de agosto de 2024, la fiscalía pidió nueve años de prisión, una multa de 300 millones de rupias y el pago de 109.560 millones de rupias, además de 90.000 dólares. El fiscal Rony Yusuf dijo que se sospechaba que el gobernador había recibido alrededor de 100.000 millones de rupias en sobornos y gratificaciones entre 2019 y 2023. Esas cifras correspondían a las peticiones y acusaciones de la fiscalía en esa audiencia.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción de Indonesia, conocida como KPK, también examinó presuntos pagos relacionados con otros intereses mineros. Los investigadores describieron 7.000 millones de rupias en presuntos sobornos vinculados a proyectos y permisos, incluidas propuestas de zonas mineras que involucraban al menos a 37 empresas entre 2021 y 2023. Roy Arman Arfandy, director ejecutivo de Harita, fue citado en enero de 2024, y el investigador Asep Guntur Rahayu dijo que la comisión examinaba las actividades de concesión de permisos y exploración de Harita.

Los pagos llegaron a líderes de aldeas y proyectos militares

Una hoja de cálculo de 2013 reservaba unos 2.300 dólares para el líder de la aldea de Kawasi, Arifin Saroa, y al menos otras 11 personas. Se habían asignado aproximadamente 400 dólares a Saroa. Como referencia, el salario mensual promedio en Indonesia era de unos 200 dólares, por lo que el pago propuesto equivalía a alrededor de dos meses de ingresos promedio.

Una cadena confidencial de correos electrónicos de julio de 2014 enumeraba unos 13.500 dólares en incentivos para representantes comunitarios, entre ellos imanes y pastores. Los directivos debatieron la influencia de los destinatarios, incluido un líder religioso a quien se atribuyó haber ayudado a evitar una interrupción de la producción que se había amenazado.

Los pagos relacionados con el ámbito militar sumaron algo más de 200.000 dólares. La partida individual más grande fue de aproximadamente 140.000 dólares, aprobada en 2019 con cargo a un fondo de ayuda para desastres para renovar edificios de una academia militar en Magelang, Java.

Harita también pagó seis vuelos durante cinco años para el regente de South Halmahera, Bahrain Kasuba, a veces con su esposa. Los billetes costaban normalmente unos 140 dólares. Un borrador de 2017 proponía contratar a Muhammad Kasuba como consultor por al menos 3.700 dólares al mes, aunque se desconoce si firmó el acuerdo.

Los documentos también describen dinero destinado a la comunicación pública. Thomas aprobó aproximadamente 6.000 dólares para publicar artículos favorables en más de 40 medios entre agosto de 2022 y enero de 2023.

En Kawasi, el acceso al empleo y a la tierra pasaba por un poderoso intermediario

Los residentes de Kawasi describieron a Saroa como un intermediario para acceder a empleos y contratos de suministro. Cuatro residentes dijeron que quienes buscaban trabajo en Harita o querían vender suministros a la empresa necesitaban su recomendación.

Un memorando interno de seguridad de 2020 describió un papel más preocupante. Según el documento, Saroa identificaría a los residentes sospechosos de organizar protestas o participar en ellas, para que la empresa pudiera excluirlos a ellos y a sus familias de las oportunidades de empleo.

Saroa obtuvo aproximadamente 304.000 dólares por vender tierras a Harita o cultivar terrenos que luego vendió a la empresa, principalmente entre enero de 2020 y agosto de 2022. Dos empresas que, según se entiende, le pertenecían también recibieron contratos de carga portuaria. No fue posible localizarlo para que comentara.

Para las familias que viven junto al complejo industrial, el acceso al empleo y la posibilidad de cuestionar sus efectos estaban estrechamente relacionados. Los residentes denunciaron intimidación cuando algunas personas se resistieron a vender sus tierras. Desde entonces, la mayoría de los habitantes de Kawasi se ha trasladado a una aldea construida por la empresa, mientras que quienes se quedaron han sufrido cortes de electricidad e inundaciones cuando se desborda un estanque de sedimentación de la mina.

Registros internos describen atajos para eludir los permisos

Harita comenzó a extraer níquel en Obi en 2010 y empezó a construir su primera fundición en 2015. Una fundición procesa el mineral para convertirlo en metal o en un material intermedio que luego se refina. Los residentes de Kawasi impugnaron la construcción: dijeron que no habían sido consultados debidamente y solicitaron una nueva evaluación de impacto ambiental.

En 2016, un alto directivo escribió que la construcción avanzaba sin permiso de edificación gracias a las estrechas relaciones con funcionarios locales. Harita obtuvo el permiso de construcción de la fundición el 15 de noviembre de 2016.

Los registros de la empresa también describen a un directivo que redactó una resolución gubernamental sobre el almacenamiento de residuos peligrosos y eliminó una disposición que exigía una inspección sobre el terreno. Aryanto Nugroho, coordinador nacional de la organización de transparencia Publish What You Pay Indonesia, afirmó que la toma de decisiones gubernamentales es una responsabilidad pública.

"Redactar decisiones gubernamentales es una función del Estado, no algo que se delega a la parte a la que la decisión debe regular".

Una revisión técnica de 2018 realizada por la consultora de ingeniería Hatch afirmó que Harita había usado residuos peligrosos en la construcción de la fundición sin permiso gubernamental y no había completado evaluaciones cruciales de impacto ambiental y social. Estas evaluaciones examinan los daños probables antes de que avance un proyecto e identifican las medidas necesarias para proteger a las comunidades cercanas.

Las pruebas de agua rastrearon un problema de más de una década

En 2012, el monitoreo interno de Harita registró concentraciones de cromo-6 de 350 y 130 partes por mil millones, por encima del límite de Indonesia de 100 partes por mil millones para las aguas residuales mineras. La correspondencia interna identificó la actividad minera y la escorrentía como fuentes de contaminación que llegaba al río Tugaraci.

El cromo está presente de forma natural en el suelo, pero su forma hexavalente, conocida habitualmente como cromo-6, es tóxica y puede causar cáncer. La minería expone las rocas y el suelo al aire y al agua, lo que puede acelerar los procesos que lo generan y liberan. Las partes por mil millones indican la cantidad de una sustancia presente en el agua.

En 2014, el personal de la empresa registró contaminación que afectaba las tierras agrícolas de la comunidad, y un directivo pidió a un funcionario que demorara la notificación a los residentes. En 2018, un estudio de Harita advirtió que el desarrollo de la mina podía alterar el manantial de Kawasi, una fuente principal de agua potable.

Todos los días en que se hicieron pruebas durante los 30 días de agosto de 2022, los niveles del manantial superaron el umbral de 50 partes por mil millones establecido por Indonesia para el agua potable. Otra prueba de 2022 registró una concentración 19 veces superior a ese umbral. En febrero de 2023, las pruebas internas registraron 173 partes por mil millones, unas 3,5 veces el límite.

Los residentes dijeron que seguían bebiendo agua del manantial porque no podían pagar agua embotellada. Nurhayati Jumadi, residente de Kawasi, describió la situación de su hogar.

"El agua ahora sabe diferente y a veces tiene burbujas. Nos provoca dolor de estómago", dijo. "Pero no puedo pagar agua embotellada, así que seguimos bebiendo del manantial".

La postura pública de Harita ha sido que la calidad del agua cumplía las normas nacionales. Durante los preparativos para su salida a bolsa en 2023, la empresa también dijo a los bancos que el agua cumplía los requisitos legales. Las pruebas internas de ese período registraron niveles excesivos de cromo-6, mientras que una auditoría ambiental detectó problemas en el tratamiento, datos incompletos y mediciones de sustancias químicas superiores a las normas para aguas subterráneas. La salida a bolsa recaudó 660 millones de dólares.

Cómo se desarrollaron la minería, las alertas de contaminación y el proceso judicial

La expansión de Obi y las alertas registradas dentro de Harita se desarrollaron durante muchos años. La cronología muestra cómo se acumularon las preocupaciones ambientales mientras crecían la capacidad de procesamiento y la financiación comercial.

• 2010: Harita comenzó a extraer níquel en Obi a través de PT Trimegah Bangun Persada.
• 2012: Las pruebas internas registraron niveles de cromo-6 superiores al límite para aguas residuales.
• 2015 a 2016: Comenzó la construcción de la primera fundición, seguida por la concesión de un permiso de edificación el 15 de noviembre de 2016.
• 2018: Un estudio de la empresa advirtió sobre los riesgos para el manantial de Kawasi, mientras que una revisión técnica detectó problemas en las evaluaciones ambientales y la gestión de residuos.
• 2021: Harita y su socio chino Lygend pusieron en marcha la primera planta de lixiviación ácida a alta presión de Indonesia.
• 2022: En agosto, las pruebas registraron niveles de cromo-6 superiores al umbral de agua potable durante los 30 días de monitoreo del manantial de Kawasi.
• 2023: La salida a bolsa de Harita recaudó 660 millones de dólares; posteriormente, la fiscalía alegó que Thomas pagó 60.000 dólares al gobernador entre junio y noviembre.
• 2024: Thomas fue condenado a un año y diez meses de prisión.

La lixiviación ácida a alta presión utiliza ácido, calor y presión para extraer níquel y cobalto del mineral. Permite convertir mineral con menor contenido de níquel en un material apto para su posterior procesamiento y transformación en componentes para baterías, pero requiere una gestión cuidadosa de las sustancias químicas, las aguas residuales y los residuos sólidos.

Las cadenas de suministro de baterías incluyen socios chinos y energía de carbón

Lygend, con sede en Ningbo y cotizada en Hong Kong desde 2022, ayudó a Harita a construir sus refinerías de materiales para baterías. Los registros filtrados sobre pagos no contienen acusaciones de que Lygend participara en esos pagos. Las directrices de China de 2022 para proyectos en el extranjero piden a las empresas chinas que consulten a las comunidades afectadas y recaben sus opiniones.

La producción de vehículos eléctricos es solo uno de los usos del níquel de Obi, que también se destina a la fabricación de acero inoxidable. En las cadenas de suministro de baterías, el níquel pasa por varios procesadores y a menudo se mezcla con material de otras minas antes de llegar a un fabricante de automóviles.

Mercedes-Benz confirmó que sus vehículos eléctricos contienen níquel de Obi. La empresa dijo que conocía los problemas de contaminación del agua detectados en 2022 y que había tomado medidas con resultados que calificó de sólidos, sin ofrecer más detalles. Otros fabricantes de automóviles describieron sus controles a proveedores y requisitos de abastecimiento responsable, pero no confirmaron que tuvieran vínculos con Obi.

El carbón suministra gran parte de la energía que alimenta las operaciones de procesamiento de Obi. El grupo climático Market Forces estimó que Harita operaba unos 890 megavatios de capacidad eléctrica de carbón dedicada en la isla, con otros 1,2 gigavatios en construcción. Esa capacidad adicional equivale a 1.200 megavatios, una cifra superior a la capacidad operativa mencionada en la estimación.

Market Forces calculó que las emisiones de la operación alcanzaron 10,87 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2024, cerca del 1% de las emisiones nacionales de Indonesia. El dióxido de carbono equivalente combina distintos gases de efecto invernadero en una medida común de su efecto sobre el calentamiento global.

En 2022, el contratista chino Tianjin Electric Power Construction obtuvo un contrato para instalar cuatro unidades de carbón de 380 megavatios cada una para los proyectos de Harita y Lygend. El acuerdo llegó después de que el presidente Xi Jinping prometiera en 2021 que China dejaría de construir nuevas centrales eléctricas de carbón en el extranjero.

La rendición de cuentas ahora va más allá de un directivo

El crecimiento de Harita ha coincidido con un fuerte aumento del comercio de níquel de North Maluku. Las exportaciones provinciales de níquel alcanzaron los 1.420 millones de dólares en el primer semestre de 2024, frente a los 770,8 millones del mismo período de 2023, un aumento de alrededor del 84%. La mayor parte se destinó a China. La provincia también atrajo unos 1.000 millones de dólares en inversión extranjera durante el primer trimestre de 2024.

Los beneficios económicos coexisten con importantes preocupaciones de salud. Un estudio de 2024 del Centre for Research on Energy and Clean Air y del instituto indonesio de investigación CELIOS calculó que los daños para la salud asociados al procesamiento de níquel en Indonesia causan al menos 3.800 muertes al año. La estimación abarcó el sector en su conjunto, no solo Obi.

Laode M. Syarif, excomisionado de la KPK y formador en derecho ambiental del Tribunal Supremo de Indonesia, afirmó que las pruebas de contaminación justificaban actuar tanto contra la empresa como contra sus directivos. Pidió que se aplicaran las leyes mineras.

"El Gobierno debe actuar, ya sea por la vía civil, administrativa o penal, en aplicación de las leyes mineras de Indonesia", dijo.

Los registros públicos mencionados en las investigaciones muestran que Thomas fue condenado, pero que no se inició un proceso penal contra Harita como empresa por los pagos que él realizó. El nuevo código penal nacional de Indonesia, en vigor desde el 2 de enero de 2026, establece la responsabilidad penal de las empresas cuando un delito las beneficia o refleja su política. Para aplicar la responsabilidad penal a una conducta concreta, los investigadores y los tribunales deben evaluar la legislación y las pruebas pertinentes.

Harita ha señalado que está en curso una evaluación de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable. Aimee Boulanger, directora ejecutiva de la iniciativa, describió el propósito de ese proceso.

"No estamos aquí para dar estrellas verdes", dijo. "Estamos aquí para cambiar las expectativas del sector".

Para las familias de Kawasi, las prioridades concretas son contar con agua potable segura, estar protegidas de las inundaciones y poder presentar quejas sin perder el acceso al trabajo. Para los reguladores y los compradores de níquel, los registros sitúan en el centro del caso las decisiones sobre permisos, las pruebas ambientales y la supervisión de las empresas.

Puntos clave

• Stevi Thomas, exdirector de Harita, fue condenado a un año y diez meses de prisión por pagar 60.000 dólares en sobornos al gobernador de North Maluku.
• Los registros filtrados describen al menos otros 389.000 dólares en pagos previstos o aprobados entre 2013 y 2023; no se ha confirmado que se realizaran todos los desembolsos.
• Las pruebas internas registraron niveles de cromo-6 superiores a los límites legales en aguas residuales y en el manantial de agua potable de Kawasi.
• Harita ha rechazado las acusaciones de contaminación del agua y ha dicho que cooperó con el proceso judicial contra Thomas.
• El níquel de Obi llega a las cadenas internacionales de suministro de baterías, mientras que la industria de procesamiento de la isla depende en gran medida del carbón.
• Una evaluación de minería responsable y los llamamientos a exigir responsabilidades a la empresa amplían el escrutinio más allá del directivo condenado.