Aprobaciones industriales más rápidas, menos oportunidades para evaluar los riesgos ambientales
La legislación propuesta en Corea del Sur para crear zonas industriales regionales limitaría las investigaciones ambientales de campo a un máximo de dos al año y, por lo general, permitiría solicitar una sola vez que se corrijan los documentos de evaluación. Estas disposiciones han suscitado advertencias de que podrían avanzar grandes proyectos con información insuficiente sobre la fauna local, los cursos de agua y las condiciones estacionales.
Contenido
- Aprobaciones industriales más rápidas, menos oportunidades para evaluar los riesgos ambientales
- Qué cambiaría el artículo 23
- Por qué dos estudios podrían no captar cambios importantes
- ¿Quién definiría una zona especial?
- Los alimentos de células animales abren otro debate sobre el bienestar
- Por qué las disposiciones laborales dividen las propuestas
- Los hospitales, las escuelas y la tierra también están en juego
- Las normas sobre inversión empresarial amplían el debate
- ¿Qué ocurrirá ahora en el Parlamento?
- Puntos clave
Dos proyectos de ley presentados por los legisladores del Partido Democrático Park Sang-hyuk y Choi Ki-sang buscan crear grandes zonas industriales fuera del área metropolitana de Seúl. Ambos tienen el objetivo común de atraer inversiones mediante excepciones regulatorias, apoyo financiero e incentivos fiscales. Su alcance va más allá de las fábricas e incluye el empleo, la vivienda, los hospitales, las escuelas y los alimentos producidos a partir de células animales.
Las propuestas forman parte del impulso a la inversión en torno a un complejo de semiconductores valorado en 800 billones de wones en la región suroccidental de Jeolla. Las disposiciones ambientales son importantes porque la legislación combinaría grandes proyectos de desarrollo con límites a la frecuencia con que las autoridades pueden solicitar más pruebas antes de emitir sus dictámenes de evaluación.
Ninguno de los proyectos se ha convertido en ley. El Partido Democrático prevé examinarlos conjuntamente y elaborar una versión final; la principal disputa política gira en torno a las exenciones de las protecciones laborales. Los grupos ambientalistas también piden que se examinen las disposiciones comunes sobre evaluación.
Las medidas se titulan Ley Especial sobre la Designación y Operación de Zonas Industriales Estratégicas Especiales Suprarregionales para el Crecimiento Impulsado Localmente. Detrás de ese largo nombre hay una decisión práctica: ¿cuánto control deben conservar las autoridades públicas sobre las condiciones vinculadas a las inversiones industriales?
Qué cambiaría el artículo 23
El artículo 23 de ambas propuestas establece plazos de consulta de 30 días para las evaluaciones ambientales estratégicas, 45 días para las evaluaciones de impacto ambiental y 30 días para las evaluaciones de proyectos pequeños. El ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente tendría que comunicar un dictamen de evaluación dentro del plazo correspondiente.
Estos plazos básicos coinciden con el marco vigente. Sin embargo, la redacción propuesta omite una disposición expresa que permita ampliarlos en circunstancias inevitables. La evaluación estratégica examina cuestiones ambientales durante la etapa de planificación, mientras que la evaluación de proyectos considera los efectos de un desarrollo específico y las medidas para reducir los daños.
El artículo 23(4) también limita, por regla general, a una sola vez las solicitudes de la autoridad consultora para que se completen los documentos, con arreglo a los motivos que establezca un decreto presidencial. Se aplicaría una excepción cuando deficiencias graves en los mismos asuntos pendientes dificultaran la consulta. El marco vigente permite solicitar que se completen o ajusten los documentos hasta dos veces.
Para una empresa promotora, menos solicitudes podrían hacer más predecible el proceso de aprobación. Para la autoridad encargada de la revisión, cada oportunidad de pedir información faltante cobraría más importancia. Las autoridades podrían necesitar respuestas sobre la calidad del agua, el suelo, la fauna o los controles de contaminación antes de determinar si un proyecto es viable desde el punto de vista ambiental.
La legislación también establece que la aprobación como complejo especial líder de energías renovables equivaldría a obtener permisos y autorizaciones contemplados en 44 leyes. Esta disposición reuniría numerosos procesos de aprobación, lo que aumentaría la importancia de las verificaciones previas a la autorización.
Por qué dos estudios podrían no captar cambios importantes
El límite propuesto de dos investigaciones ambientales al año sustituiría un enfoque que permite realizarlas según las características del proyecto y los asuntos evaluados. Los grupos ambientalistas advierten que un límite fijo podría dejar sin registrar condiciones estacionales importantes.
Un humedal, un río o un hábitat puede ser muy distinto durante las épocas de reproducción, la temporada de lluvias y los períodos de bajo nivel de agua. Las observaciones de campo aportan las pruebas básicas para predecir los efectos de un proyecto de desarrollo. Si no se estudia un período pertinente, quienes revisan el proyecto podrían tener una imagen incompleta de las especies presentes en el lugar o del comportamiento de sus aguas.
Ahn Suk-hee, activista de la Federación Coreana de Movimientos Ambientalistas, describió la evaluación ambiental como una forma de determinar la idoneidad ambiental de un proyecto y prevenir daños antes de que ocurran. Criticó las propuestas por tratar esa salvaguarda como un obstáculo para el desarrollo.
Ahn también advirtió que la fiabilidad de los datos de campo podría disminuir si las investigaciones no abarcan las épocas de reproducción y los cambios entre condiciones húmedas y secas. Su preocupación vincula el límite de estudios con la restricción de las solicitudes de información adicional: un trabajo de campo limitado podría dejar lagunas que las autoridades tendrían menos oportunidades de resolver.
Para quienes viven cerca de una zona industrial propuesta, estas decisiones afectan las pruebas utilizadas para evaluar los cambios en su entorno. Para las empresas, determinan la rapidez con que los planes de inversión pueden avanzar en el proceso de revisión. La disputa gira en torno a las reglas que regirán esa revisión antes del inicio de las obras.
¿Quién definiría una zona especial?
Los gobiernos locales elaborarían los planes de las zonas y los presentarían al Ministerio de Industria. Las empresas de inversión que cumplan los requisitos también podrían proponer un plan a un gobierno local, que, por regla general, tendría que aceptarlo salvo que hubiera motivos especiales para rechazarlo.
Un plan abarcaría las inversiones, las empresas participantes, las excepciones regulatorias solicitadas, el uso del suelo, la financiación y las condiciones de vida. Tendría que anunciarse públicamente durante al menos 20 días y celebrarse una audiencia para recoger las opiniones de residentes y empresas.
Tras la presentación, los ministerios pertinentes dispondrían, por regla general, de 15 días desde la notificación para comunicar los resultados de su revisión. Los planes que incluyeran excepciones regulatorias pasarían por una revisión normativa y, posteriormente, se evaluarían su viabilidad comercial, sus beneficios para la economía regional, la creación de empleo y la idoneidad de las excepciones. La aprobación del primer ministro precedería a la designación por parte del ministro de Industria.
Solidaridad Popular por la Democracia Participativa, una organización cívica, criticó ese calendario en su declaración sobre los proyectos de ley del 21 de octubre de 2026. Sostuvo que las entidades recibirían demasiado poco tiempo para examinar planes que afectan a las comunidades y al medio ambiente, y pidió retirar y reconsiderar la legislación.
La organización también objetó que los gobiernos locales celebraran audiencias vecinales antes de recibir las opiniones de las entidades pertinentes. Su crítica abarca tanto el orden como la duración de las consultas: residentes y entidades examinarían los planes en un proceso acelerado, mientras que las empresas tendrían una vía directa para proponerlos.
Los alimentos de células animales abren otro debate sobre el bienestar
Los proyectos de ley también se ocupan de los alimentos elaborados mediante el cultivo de células animales. En términos sencillos, se extraen células de un animal y se cultivan para producir alimentos, en lugar de obtenerlos íntegramente de un animal sacrificado.
Las propuestas eximirían de la clasificación de productos ganaderos al ganado sacrificado para obtener células. También permitirían extraer células de animales vivos para producir alimentos, ampliando las posibilidades más allá de fines excepcionales, como el tratamiento de enfermedades, contemplados en el marco vigente de protección animal.
La extracción de un animal vivo se consideraría un experimento con animales. Esto exigiría cumplir principios destinados a reducir el número de animales utilizados y minimizar el dolor, además de someterse a la revisión de un comité de ética para la experimentación animal.
Kim Do-hee, presidenta de la subcomisión de derechos de los animales del comité de salud ambiental del Colegio de Abogados por una Sociedad Democrática, planteó una preocupación más concreta: las extracciones repetidas de animales vivos deberían regirse por condiciones que reduzcan su sufrimiento. Las disposiciones propuestas incluyen un requisito general de minimizar el dolor, pero no establecen límites concretos, como la frecuencia de las extracciones.
Lee Hyung-joo, director de la organización Conciencia, Investigación y Educación sobre Bienestar Animal, reconoció que los alimentos cultivados a partir de células podrían reducir el número de animales de granja. También pidió salvaguardas para los animales utilizados en investigación a medida que se expanda la industria. La cuestión práctica es cómo se traducirían la revisión ética y las obligaciones generales de bienestar en condiciones para los procedimientos repetidos.
Por qué las disposiciones laborales dividen las propuestas
El proyecto de Park incluye excepciones laborales que la versión de Choi no contempla. Según el artículo 132 de la propuesta de Park, los directivos y profesionales cuyos ingresos laborales se encuentren entre el 3 % más alto podrían firmar acuerdos individuales por escrito para establecer condiciones al margen de varias protecciones de la Ley de Normas Laborales.
La excepción iría más allá del límite de 52 horas semanales de trabajo. También podría abarcar los descansos, los días festivos remunerados y los pagos adicionales por horas extra, trabajo nocturno y trabajo en días festivos. Un decreto presidencial establecería los detalles sobre los puestos incluidos, la compensación y las protecciones de salud.
El artículo 133 ampliaría hasta seis meses el período utilizado para calcular el promedio de horas en los sistemas de horario flexible. En la actualidad, el período suele ser de un mes, o de tres meses en el caso de determinados trabajos de investigación y desarrollo. Estos sistemas permiten a los trabajadores variar sus horarios dentro de un total acordado durante el período de cálculo.
Un período de cálculo más largo permitiría concentrar más trabajo en los meses de mayor actividad. Si se toma como ejemplo un período simplificado de 26 semanas, 13 semanas de 69 horas seguidas de 13 semanas de 35 horas darían un promedio de 52 horas semanales. Por tanto, los trabajadores podrían afrontar un período prolongado de jornadas intensas mientras el promedio se mantuviera dentro de esa cifra.
El artículo 134 también permitiría contratos de duración determinada de hasta cuatro años, frente al límite habitual de dos años, tras el cual el empleo se considera indefinido. La propuesta de Park incluye un pago cuando el empleo termina sin que el contrato se convierta en indefinido; las condiciones y el monto quedarían a cargo del ministro de Trabajo.
La propuesta de Choi elimina esas tres excepciones centrales y algunas disposiciones sobre salud y educación. Las dos versiones también difieren en el trato a las empresas con inversión extranjera. La propuesta de Choi mantiene una excepción que amplía las tareas que pueden realizar los trabajadores subcontratados, por lo que las disposiciones laborales restantes también forman parte de las negociaciones parlamentarias.
Los hospitales, las escuelas y la tierra también están en juego
Los artículos 61 y 62 de la propuesta de Park permitirían las instituciones médicas creadas por sociedades fundadas por ciudadanos extranjeros y las farmacias destinadas exclusivamente a extranjeros. La legislación médica vigente, por regla general, limita la creación de hospitales a profesionales médicos, organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas.
Na Baek-joo, profesor de medicina preventiva de la Universidad Eulji, advirtió que los hospitales establecidos con capital extranjero podrían buscar mayores ingresos mediante tratamientos no cubiertos por el seguro nacional de salud. La propuesta no especifica la misma exclusión del seguro asociada a los hospitales establecidos por extranjeros en el marco especial de Jeju, por lo que el tratamiento de los seguros sigue siendo un aspecto sustancial del debate sobre la política.
Las disposiciones educativas ampliarían la autoridad de los gobiernos locales para designar escuelas especializadas y para estudiantes superdotados. Lee Deok-nan, director de la división de educación y cultura del Servicio de Investigación de la Asamblea Nacional, advirtió que las autoridades locales podrían dar prioridad a las demandas regionales inmediatas o a resultados políticos a corto plazo, en lugar de realizar una evaluación más amplia de las necesidades educativas.
Las ayudas para vivienda incluirían acceso prioritario a terrenos para alojamientos de empleados y excepciones a las normas habituales de suministro. La organización cívica Solidaridad Popular por la Democracia Participativa sostuvo que el proyecto carecía de disposiciones para abordar los conflictos por reasentamientos y no proponía normas sustitutivas para las reglas de suministro de vivienda que dejaría sin efecto.
La organización también criticó que se otorgaran facultades de adquisición de terrenos a las instituciones de zonas especiales que los necesitan, en vez de concederlas únicamente a quienes ejecutan los proyectos. Para quienes ya residen allí, la adquisición forzosa de terrenos y el reasentamiento podrían tener consecuencias tan importantes como la llegada de nuevas fábricas, escuelas o viviendas.
Las normas sobre inversión empresarial amplían el debate
La legislación también flexibilizaría los requisitos de propiedad en ciertas estructuras de sociedades matrices. Solidaridad Popular por la Democracia Participativa señaló que una filial de segundo nivel de una sociedad matriz que cumpla los requisitos podría poseer al menos el 50 % de una filial de tercer nivel, en vez del 100 % exigido actualmente.
En términos sencillos, reducir el requisito de propiedad permitiría que inversionistas externos adquirieran una participación mayor en un proyecto que actualmente debe pertenecer en su totalidad a esa cadena empresarial. La excepción podría ayudar a las empresas de semiconductores a reunir socios de inversión para proyectos costosos.
La organización cívica objetó que ese cambio se combinara con excepciones relativas al arrendamiento financiero y a posibles inversiones de fondos públicos. Sostuvo que el conjunto de medidas debilitaría los controles sobre la concentración del poder empresarial, al tiempo que compartiría los riesgos de inversión con fondos públicos.
Otras disposiciones controvertidas permitirían ocultar los nombres de sustancias químicas peligrosas cuando se consideren secretos comerciales. Lee Jong-ran, asesor laboral del grupo de defensa de los trabajadores de la industria de semiconductores Banollim, advirtió que la información sobre sustancias químicas puede ser importante tanto para los residentes de las zonas cercanas como para los empleados.
Las empresas apoyan el paquete general como una forma de reducir los costos de inversión, contratación y operación. Seis importantes organizaciones empresariales respaldaron las excepciones laborales y afirmaron que las conversaciones entre empleadores y trabajadores podrían definir medidas adecuadas de compensación y protección de la salud. Quienes apoyan las propuestas consideran necesario combinar infraestructura, financiación y cambios regulatorios para atraer inversiones industriales fuera de la región capitalina.
¿Qué ocurrirá ahora en el Parlamento?
El Partido Democrático tiene previsto examinar los proyectos de ley conjuntamente. Las decisiones centrales incluyen determinar qué excepciones laborales se mantienen, cuánto tiempo se dedica a la revisión ambiental y qué salvaguardas se incorporan a la ley en vez de dejarse para normas posteriores.
La secuencia legislativa incluye versiones contradictorias sobre las fechas de presentación. Según la cronología parlamentaria, Park presentó su propuesta el 20 de octubre y Choi, el 21 de octubre de 2026; las primeras descripciones situaban ambas propuestas el 20 de octubre.
- 20 de octubre de 2026: Park presentó la versión que incluye las principales excepciones laborales.
- 21 de octubre: Choi presentó la versión alternativa y Solidaridad Popular por la Democracia Participativa publicó su petición de que se retirara.
- 23 de octubre: Se pospuso la sexta reunión de trabajo prevista entre representantes de los trabajadores, la dirección empresarial y el Gobierno.
- 28 de octubre: Se programó la reunión de trabajo pospuesta.
Han Byung-do, jefe de bancada del Partido Democrático, afirmó que el partido escucharía opiniones contrapuestas antes de cerrar la legislación. En la Asamblea Nacional, describió el enfoque que seguirían las deliberaciones:
No fijaremos un plazo, sino que permitiremos una deliberación y un debate suficientes. Escucharemos ampliamente distintas opiniones y elaboraremos una versión final mediante el examen conjunto de los proyectos de ley.
El Ministerio de Empleo y Trabajo también afirmó que las conversaciones no tenían un plazo predeterminado. Sin embargo, los dirigentes del partido señalaron que la legislación era una prioridad para el período ordinario de sesiones parlamentarias. No se anunció una fecha para la aprobación definitiva.
Por tanto, las negociaciones van más allá de la cuestión de las jornadas laborales más largas. Ambas propuestas mantienen disposiciones ambientales que regirían la forma en que las autoridades examinan grandes proyectos de desarrollo. El texto final determinará cómo se combinará el apoyo a las inversiones con los requisitos para proteger a los trabajadores, los animales y las comunidades donde se construirían las zonas.
Puntos clave
- Ambas propuestas crearían zonas industriales fuera del área metropolitana de Seúl, con excepciones regulatorias y apoyo financiero.
- Las investigaciones ambientales se limitarían a dos al año, y, por regla general, solo se podría solicitar una vez que se completaran los documentos de evaluación.
- Los plazos básicos de consulta para las evaluaciones seguirían siendo de 30 o 45 días, sin una disposición expresa que permita ampliarlos.
- La extracción de células animales para producir alimentos requeriría una revisión ética, pero quienes defienden el bienestar animal piden salvaguardas concretas para los procedimientos repetidos.
- La versión de Park incluye importantes excepciones sobre la jornada laboral y los contratos de duración determinada que la versión de Choi omite.
- Los legisladores prevén examinar conjuntamente los proyectos de ley; la reunión de diálogo laboral pospuesta se programó para el 28 de octubre de 2026.
