6.800 trabajadores dan un primer paso más allá de los campamentos
Tailandia afirma que 6.800 refugiados de Myanmar se incorporaron a su fuerza laboral durante el primer año de un programa que comenzó el 1 de octubre de 2025 y abrió oportunidades de empleo fuera de nueve campamentos fronterizos tras décadas de restricciones. Para trabajadores como Ray Boe, de 31 años, el cambio significa ganar 400 baht al día en una obra en construcción en Bangkok. Para otros, ha supuesto descuentos inesperados, trabajos distintos de los prometidos y costosos viajes de regreso al campamento.
Contenido
- 6.800 trabajadores dan un primer paso más allá de los campamentos
- ¿Qué cambió y quién puede solicitarlo?
- ¿De qué magnitud es la oportunidad?
- Por qué los recortes de ayuda hicieron urgente obtener ingresos
- De una oferta laboral a un permiso de trabajo
- Qué puede ofrecer una contratación exitosa
- Cuando el trabajo prometido termina siendo otra cosa
- Los descuentos pueden reducir el dinero destinado a las familias
- Los contratos, la capacitación y la separación familiar determinarán los próximos pasos
- Puntos clave
El Gobierno adoptó la resolución el 26 de agosto de 2025, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En un primer momento, permitió a los refugiados registrados en edad laboral acceder a un empleo legal por un máximo de un año. La decisión respondió a dos presiones: los recortes de la ayuda externa estaban reduciendo el apoyo alimentario y médico, mientras que la salida de trabajadores migrantes camboyanos llevó a empleadores tailandeses a buscar reemplazos.
Ray Boe vierte concreto y monta andamios para un edificio de apartamentos de 12 pisos previsto en el centro de Bangkok. Antes de encontrar trabajo, él y sus padres pedían dinero prestado a sus vecinos y reducían sus comidas a medida que desaparecía la ayuda. Espera que pronto su salario alcance para pagar los alimentos y la atención médica de sus padres.
Ray Boe, un refugiado que trabaja en la construcción y mantiene a sus padres, explicó lo que significa para su hogar ganar un salario:
En comparación con cómo vivíamos antes en el campamento, será una gran diferencia tener ingresos propios y mantener a mi familia por mis propios medios, sin tener que esperar día a día a que otras personas nos ayuden.
La apertura del empleo legal en Tailandia creó una vía para pasar de depender de la ayuda a recibir un salario. El primer año muestra cuánto depende esa vía del empleo ofrecido, los costos cobrados y la posibilidad de obtener ayuda cuando los acuerdos no se cumplen.
¿Qué cambió y quién puede solicitarlo?
La descripción de la política del ACNUR, publicada el 13 de febrero de 2026, señala que la resolución abarca a los refugiados registrados en edad laboral que viven en los nueve campamentos. Se permite trabajar en 43 provincias y en la mayoría de los sectores, salvo en las ocupaciones que la ley reserva a los ciudadanos tailandeses.
Los campamentos están en las provincias de Mae Hong Son, Tak, Ratchaburi y Kanchanaburi. Algunos residentes llegaron en la década de 1980; otros han pasado allí casi toda su vida. Thanakorn Khansai, subjefe de distrito y director de asuntos administrativos del distrito de Tha Song Yang, dijo que antes solo se permitía salir por motivos limitados, como recibir atención médica o acudir a una cita legal.
Las principales fechas muestran un rápido cambio de política tras décadas de restricciones:
- 26 de agosto de 2025: El Gobierno tailandés adoptó la resolución que permite a los residentes elegibles de los campamentos trabajar fuera de ellos.
- 1 de octubre de 2025: Entró en vigor el programa de empleo, con permisos de hasta un año.
- Noviembre de 2025: Varios trabajadores mencionados en relatos sobre el programa dejaron sus campamentos para trabajar en la construcción, fábricas y el sector agrícola.
- 13 de febrero de 2026: El ACNUR publicó un informe sobre los primeros participantes, entre ellos una pareja que trabaja en el centro de Tailandia.
- Septiembre de 2026: Los relatos del primer año describieron tanto empleos que se mantuvieron como casos de trabajadores que regresaron al campamento tras experiencias laborales difíciles.
La autorización inicial era temporal. No se han especificado los acuerdos que regirán después del primer año. Por ello, además de los salarios y las condiciones de trabajo, empleadores y familias deben considerar una cuestión práctica: durante cuánto tiempo podrán los trabajadores planear seguir ganando dinero fuera de los campamentos.
¿De qué magnitud es la oportunidad?
El director general del Departamento de Empleo, Pichit Thongphan, dijo durante el lanzamiento que 42.601 residentes de entre 18 y 59 años estaban en edad laboral, que 12.000 habían expresado su disposición a trabajar y que los empleadores buscaban a 6.152 trabajadores. La construcción era el sector con mayor demanda, seguido de la fabricación o venta de productos electrónicos.
La cifra de 6.800 trabajadores que el Gobierno registró durante el primer año equivale a cerca del 16% de las 42.601 personas que formaban el grupo inicial. La inscripción, la contratación y el inicio efectivo de un empleo son etapas distintas, cada una con sus propias decisiones y trámites.
Las estimaciones de población son más amplias y varían: el ACNUR describió a casi 80.000 personas afectadas por la crisis de financiación, mientras que otros cálculos sitúan la población de los nueve campamentos por encima de 100.000. La elegibilidad depende de la inscripción y de las circunstancias de cada persona, no del número total de habitantes de la frontera.
Por qué los recortes de ayuda hicieron urgente obtener ingresos
Mae La, el campamento más grande, refleja la presión que afrontan las familias. Más del 80% de sus residentes ya no recibe ayuda alimentaria, según el Border Consortium, que coordina la asistencia en la frontera. Su director ejecutivo, Leon de Riedmatten, dijo que la pérdida del apoyo de Estados Unidos dejó a la organización en condiciones de ayudar solo a las personas más vulnerables.
El Comité Internacional de Rescate también cerró sus centros de salud en los campamentos tras los recortes de financiación. Por tanto, las familias que buscan trabajo responden tanto a la pérdida de alimentos y servicios médicos como a la posibilidad de obtener mejores ingresos. Quienes no pueden trabajar, entre ellos algunos residentes mayores y personas con discapacidad, todavía necesitan asistencia humanitaria.
Tailandia afrontaba al mismo tiempo una escasez de mano de obra. Los enfrentamientos por un territorio en disputa en la frontera con Camboya llevaron a cientos de miles de trabajadores camboyanos a regresar a su país. El análisis sobre los derechos laborales del Center for Global Development señala que más de 780.000 personas se marcharon, lo que dejó vacantes en la agricultura, la manufactura y la construcción.
El Gobierno abrió oportunidades de empleo en 18 provincias centrales, 17 provincias del norte y ocho provincias del este. Bangkok está incluida. El programa conecta a personas que necesitan ingresos con empleadores que necesitan mano de obra, pero la ubicación y la naturaleza de esos empleos pueden exigir un gran cambio a los residentes acostumbrados a la vida en los campamentos.
De una oferta laboral a un permiso de trabajo
Los empleadores desempeñan un papel central en la contratación. Con autorización del Gobierno, las empresas pueden visitar los campamentos, seleccionar a los trabajadores interesados y presentar sus nombres, los lugares de trabajo y los períodos de empleo propuestos ante la oficina provincial de empleo correspondiente.
El procedimiento anunciado al inicio consta de seis etapas: seleccionar a los trabajadores, notificar a las autoridades de empleo, obtener permiso para salir del campamento, presentarse ante las autoridades en el lugar de destino, completar los exámenes médicos y el seguro, y solicitar permisos de trabajo. Los trabajadores deben presentarse ante la autoridad designada en un plazo de 48 horas desde su llegada. El seguro médico debe cubrir, como mínimo, el período de empleo solicitado.
La tasa inicial anunciada para la solicitud era de 100 baht. Las solicitudes posteriores debían incluir un permiso con una tarifa de 900 baht al año, más una tasa de solicitud de 100 baht. Los exámenes médicos, el transporte y el alojamiento pueden sumar otros gastos.
Saw Pwe Say, secretario del Comité de Refugiados Karen, dijo que los solicitantes necesitan el número de identificación de 13 dígitos del Ministerio. Los refugiados elegibles también han estado recibiendo tarjetas de personas desplazadas de Myanmar, que permiten acceder a servicios como los bancarios y de telecomunicaciones. El acceso a servicios bancarios es importante porque muchos trabajadores dejan atrás a personas a su cargo y necesitan una forma fiable de enviarles dinero.
Kriwut Tantikanedi, especialista sénior en asuntos laborales del Departamento Provincial de Empleo de Tak, dijo que las reuniones entre empleadores y refugiados permiten hacer preguntas sobre salarios, vivienda y atención médica antes de la contratación. También habló del trabajo conjunto con autoridades de distrito, ministerios, organizaciones de ayuda y el ACNUR para elaborar una guía sobre las leyes tailandesas, los derechos laborales y la vida cotidiana fuera de los campamentos.
Qué puede ofrecer una contratación exitosa
Ja Mar, de 33 años, y No Zan, de 47, muestran los beneficios que puede aportar una contratación con apoyo. El ACNUR siguió de cerca a la pareja en una obra en el centro de Tailandia, donde formaban parte de un grupo de unos 60 refugiados que trabajaban junto a casi 2.000 personas más.
Ja Mar dirige un equipo que desmonta andamios, mientras que No Zan encabeza un equipo de limpieza. Cada uno gana 375 baht al día. Antes del programa, sus ingresos irregulares conjuntos a veces apenas llegaban a 150 baht diarios. El salario diario conjunto que reciben ahora, de 750 baht, equivale a cinco veces esa cantidad, y por lo general hay trabajo seis días a la semana.
La empresa proporciona alojamiento, mientras que la pareja paga la comida. Ja Mar dijo que los responsables les explicaron las normas de trabajo y del dormitorio, y que sus compañeros tailandeses les ayudaron a aprender sus tareas. El ACNUR afirma que tienen los mismos derechos laborales que otros trabajadores con empleo legal, incluidos el salario, la cobertura médica y la protección en el lugar de trabajo.
Ja Mar, jefe de un equipo de construcción y padre que trabaja lejos de sus hijos, explicó por qué presentó su solicitud:
La razón por la que quiero trabajar es que somos una familia numerosa. En el campamento era difícil llegar a fin de mes. Nuestro objetivo es mantener a nuestra familia y pagar la educación de nuestros hijos.
Cinco de sus hijos siguen en Mae La, a más de 600 kilómetros. Su hija Ha Se Nar, de 19 años, cuida de sus hermanos menores y de su propio hijo. Los mayores ingresos han facilitado la compra de alimentos y útiles escolares, pero gran parte del cuidado diario del hogar recae ahora sobre ella.
Cuando el trabajo prometido termina siendo otra cosa
Akwah, padre de dos hijos, describió una experiencia muy distinta. En noviembre de 2025, salió del campamento con otros 20 refugiados para trabajar, según entendieron, en la cosecha de caña de azúcar por 250 baht al día. Al llegar, dijo, les asignaron la tala de árboles de eucalipto por 200 baht al día.
Según contó, el salario ofrecido había bajado 50 baht, es decir, un 20%, y el trabajo era más duro y peligroso. El grupo dormía al aire libre, sin electricidad, y dependía de un estanque cercano para obtener agua. Se marcharon al cabo de tres meses.
Akwah recordó la respuesta del empleador cuando el grupo cuestionó el cambio de trabajo:
Hablamos con el jefe, pero no le importó. Dijo: 'Hagan el trabajo, porque ya están aquí'. Pero nosotros dijimos que no podíamos hacerlo.
Siwawong Sooktawee, coordinador del proyecto para Tailandia de la Coalición Internacional contra la Detención, y K'nyaw Paw, secretaria general de la Organización de Mujeres Karen, afirman que algunos trabajadores no reciben contrato laboral. Otros encuentran tareas, condiciones o salarios distintos de los descritos antes de salir. Ambas organizaciones apoyan el empleo legal, pero piden mayores garantías durante la contratación.
Los ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo e Interior no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre estas denuncias. El ACNUR también ha reconocido casos de malos tratos por parte de empleadores que llevaron a refugiados a regresar al campamento.
Los descuentos pueden reducir el dinero destinado a las familias
Saw Htoo, de 40 años, quien utilizó un seudónimo, regresó a Mae La tras pasar poco más de tres meses en una fábrica de Samut Prakan. Ganaba 370 baht al día, pero dijo que los descuentos mensuales de 4.500 a 5.000 baht por el alquiler, la electricidad y el agua le dejaban poco dinero para enviar a casa.
Esos descuentos equivalían aproximadamente a entre 12 y 14 días de su salario diario declarado. Cortar, doblar y soldar acero eran tareas nuevas para él, y dijo que los errores podían llevar a una suspensión. Finalmente, compartió un autobús de regreso al campamento con otros 23 trabajadores; cada uno pagó 1.500 baht.
Siwawong y K'nyaw Paw afirman que algunos empleadores también descuentan del salario los gastos de los exámenes médicos, los permisos y el transporte. Por tanto, los refugiados pueden comenzar a trabajar con deudas y, en ocasiones, sin conocer los cargos de antemano. Después, las familias pueden verse obligadas a pedir dinero prestado de nuevo para pagar el regreso del trabajador.
Mu Dah Hsit dejó su empleo tras enfermar. Dijo que su empleador se negó a pagar el seguro médico que, según el programa, debía garantizarse. Su padre enfermo y sus hermanos dependen de ella, pero aun así quiere volver a encontrar trabajo.
Mu Dah Hsit, una trabajadora refugiada que cuida de familiares, explicó la presión que siente para volver a intentarlo:
Tuve una mala experiencia, pero todavía quiero volver a intentarlo, porque la comida es un problema en el campamento.
Los contratos, la capacitación y la separación familiar determinarán los próximos pasos
Siwawong y K'nyaw Paw piden contratos detallados, traducidos cuando sea necesario al birmano, al karen o al karenni; un proceso claro para presentar y resolver quejas, y una evaluación de los intermediarios que contratan dentro de los campamentos. Los trabajadores reciben tarjetas con números de teléfono de contacto para pedir ayuda, pero los defensores de sus derechos dicen que también necesitan una vía accesible para obtener una decisión cuando surgen disputas.
La capacitación es otra carencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que ha mejorado la formación profesional en los campamentos. La experiencia de Saw Htoo muestra que hace falta una preparación adaptada a las vacantes reales: los cursos de repostería o tailandés que se ofrecen en los campamentos sirven de poco para prepararse para trabajos desconocidos con acero.
De Riedmatten afirma que los costos de transporte han reducido la participación de los campamentos más pequeños y alejados. Pide una mayor variedad de empleos, incluidos los del sector hotelero, y procedimientos de contratación más sencillos para las pequeñas empresas. El ACNUR trabaja con el Banco Mundial para medir los efectos económicos de incorporar a los refugiados a la fuerza laboral.
La iniciativa no permite que los familiares acompañen a los trabajadores. Ko Chit, de 29 años, gana 365 baht al día empacando pollo en una sala a 18 grados Celsius bajo cero de una planta avícola en Lopburi. Su esposa y sus hijos, de cinco y tres años, siguen en Mae La. Al igual que Ja Mar y No Zan, ha conseguido ingresos a cambio de vivir separado de su familia.
El primer año hizo posible que miles de personas que antes estaban confinadas en campamentos accedieran a un empleo remunerado. Para que ese empleo sea confiable hacen falta acuerdos concretos: contratos comprensibles, preparación adecuada, costos comunicados de antemano, cobertura médica efectiva y ayuda cuando una contratación sale mal. Los residentes que no pueden trabajar siguen necesitando asistencia humanitaria.
Puntos clave
- Tailandia afirma que 6.800 refugiados de Myanmar se incorporaron a su fuerza laboral durante el primer año del programa.
- La política entró en vigor el 1 de octubre de 2025 y permite a los residentes registrados elegibles de los campamentos trabajar en 43 provincias.
- Los trabajadores describen mejoras en la seguridad alimentaria, el gasto en educación y la independencia, además de largas separaciones familiares.
- Las quejas incluyen cambios en las tareas asignadas, falta de contratos, descuentos inesperados y deficiencias en la cobertura médica.
- Los defensores de sus derechos piden contratos traducidos, mejor preparación laboral, evaluación de los intermediarios de contratación y un proceso claro para presentar quejas.
- Los residentes que no pueden trabajar siguen dependiendo de la asistencia humanitaria mientras disminuye el apoyo alimentario y médico.
