Más años de prisión y nuevas medidas de protección para la infancia
Uzbekistán ha elevado las penas por violación y otros delitos sexuales específicos contra menores de 14 años a entre 15 y 25 años de prisión o cadena perpetua. El presidente Shavkat Mirziyoyev firmó la ley el 14 de octubre de 2026, tras su aprobación parlamentaria y la indignación pública por una presunta agresión en un jardín de infancia estatal de la región de Namangan.
Contenido
- Más años de prisión y nuevas medidas de protección para la infancia
- ¿Qué cambia en las penas?
- Cómo llegó la ley a la presidencia
- El caso de Namangan y las cifras detrás del debate
- Asistencia jurídica desde el inicio del proceso
- Entrevistas grabadas y careos regulados
- Protección cuando la persona acusada es un familiar
- Muertes, lesiones físicas y negligencia
- Otras obligaciones y cambios en la supervisión de menores
- Un programa más amplio de protección de la infancia
- Puntos clave
La ley modifica cinco códigos y seis leyes. Además de endurecer las penas, elimina los plazos de prescripción para determinados delitos sexuales, ofrece asistencia jurídica financiada por el Estado y exige grabar en video las entrevistas a menores víctimas. También crea un motivo legal adicional para despedir a trabajadores del sector educativo declarados responsables de ejercer violencia contra un menor.
Saida Mirziyoyeva, jefa de la Administración Presidencial, anunció la firma en las redes sociales. Dijo que la responsabilidad alcanzaría a los agresores dentro de las familias y las instituciones educativas, así como a cualquier otra persona que haga daño a un menor.
Mirziyoyeva describió la postura del Gobierno ante la violencia contra la infancia:
«La violencia contra un menor es inaceptable y el castigo debe ser severo».
La ley combina cambios en las penas con modificaciones en el trato a los menores durante las investigaciones y los juicios. Un menor que denuncia abusos puede necesitar un abogado, protección frente a un familiar acusado y una forma de declarar sin tener que relatar repetidamente una experiencia traumática. Las nuevas disposiciones atienden esas necesidades.
Los cinco códigos que se modifican son el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Ejecución Penal, el Código Laboral y el Código de Responsabilidad Administrativa. La ley entra en vigor el día de su publicación oficial, que marca su inicio legal.
¿Qué cambia en las penas?
La parte cuarta de los artículos 118 y 119 del Código Penal establece ahora penas de entre 15 y 25 años de prisión o cadena perpetua por los delitos sexuales especificados contra personas menores de 14 años. El artículo 118 se refiere a la violación. El artículo 119 abarca otros actos sexuales cometidos mediante la fuerza, las amenazas o el aprovechamiento de la indefensión de una persona.
La pena anterior por violar a un menor de 14 años era de entre 15 y 20 años de prisión. La nueva ley mantiene el mínimo de 15 años, eleva en cinco años el máximo de la pena determinada y añade la cadena perpetua como opción.
Las enmiendas también amplían las disposiciones del Código Penal sobre las penas superiores a 20 años y la cadena perpetua para incluir estos delitos. Esto es importante porque la ley debe especificar tanto el castigo por un delito como permitir que se imponga conforme a las normas generales de imposición de penas del código.
Con las disposiciones revisadas, el tribunal puede imponer cadena perpetua. El rango de penas también permite una condena determinada de entre 15 y 25 años de prisión, por lo que el castigo dependerá de la decisión del tribunal en cada caso.
La eliminación de los plazos de prescripción se aplica a las disposiciones específicas de los artículos 118 y 119, incluidas sus partes cuartas y algunos otros delitos enumerados. El plazo de prescripción es el límite legal para iniciar una acción penal. Su eliminación significa que el paso del tiempo ya no cerrará la posibilidad de procesar esos delitos.
Cómo llegó la ley a la presidencia
La ley fue precedida por una serie de declaraciones públicas y decisiones parlamentarias a finales de septiembre y principios de octubre. La Cámara Legislativa, la cámara baja del Parlamento de Uzbekistán, examinó propuestas para endurecer las penas antes de aprobar la ley. Después, el Senado también la aprobó.
Los principales pasos fueron:
- 27 de septiembre: Saida Mirziyoyeva pidió que se estudiara la pena de muerte para los delitos sexuales contra menores.
- 28 de septiembre: Shakhnoza Mirziyoyeva, primera subdirectora de la Agencia Nacional de Protección Social, anunció que se habían presentado propuestas para establecer la cadena perpetua.
- 29 de septiembre: La Cámara Legislativa aprobó en primera lectura las propuestas para endurecer las penas.
- 30 de septiembre de 2026: La Cámara Legislativa aprobó la ley.
- 2 de octubre de 2026: El Senado la aprobó.
- 14 de octubre de 2026: El presidente Shavkat Mirziyoyev firmó la ley.
La Constitución de Uzbekistán prohíbe la pena capital. La ley firmada por el presidente introduce la cadena perpetua y mantiene las penas determinadas dentro del rango revisado.
El título de la ley describe su objetivo más amplio: modificar la legislación para mejorar el sistema de protección de la infancia frente a todas las formas de violencia. Sus disposiciones van más allá de los delitos sexuales e incluyen la negligencia, las lesiones físicas, la representación legal y las responsabilidades de las instituciones que cuidan a menores.
El caso de Namangan y las cifras detrás del debate
La denuncia de una agresión sexual contra una niña de cinco años en un jardín de infancia estatal de la región de Namangan puso la protección de la infancia en el centro de la atención pública. En septiembre fue detenido un trabajador de mantenimiento de 52 años. La madre de la niña afirmó que familiares del sospechoso le ofrecieron dinero para que retirara su denuncia.
La denuncia y la detención formaron parte del contexto del debate sobre las penas. El anuncio de los cambios legales no informó del resultado del proceso penal.
Gulrukh Agzamova, parlamentaria, dijo el 29 de septiembre que entre 2022 y 2025 se habían abierto 445 causas penales por violación de menores de 14 años. Las cifras anuales que citó incluían 85 causas en 2022, 129 en 2024 y 123 en 2025.
La cifra de 2025 superó en 38 causas la de 2022, un aumento de alrededor del 45 %. También fue seis causas inferior a la de 2024. Estas cifras corresponden a causas penales abiertas por las autoridades y, por tanto, miden los casos que ingresan en el sistema de justicia.
Durante el debate en el Senado, los legisladores también supieron que en 2025 se habían detectado 122 incidentes de violencia contra menores en instituciones educativas. De ellos, 38 ocurrieron en jardines de infancia y 84 en escuelas. Las escuelas representaron alrededor del 69 % del total.
Los dos grupos de cifras corresponden a categorías distintas: las cifras de Agzamova se refieren a casos de violación de menores de 14 años, mientras que las cifras del sector educativo abarcan actos de violencia contra menores en escuelas y jardines de infancia. En conjunto, explican por qué la respuesta legislativa aborda tanto los delitos sexuales graves como la conducta del personal responsable de menores.
Asistencia jurídica desde el inicio del proceso
Los menores que hayan sufrido violencia o la hayan presenciado tendrán derecho a asistencia jurídica financiada por el Estado desde el momento en que participen en las actuaciones procesales pertinentes. Estas actuaciones incluyen las etapas formales de una investigación o un proceso judicial.
La enmienda incorpora a estos menores a las categorías contempladas en la Ley de Asistencia Jurídica con Cargo al Estado. Garantiza el acceso a esa asistencia desde el inicio de su participación, cuando quizá necesiten por primera vez ayuda para entender las preguntas, las declaraciones y sus derechos.
El Código de Procedimiento Penal también exige tomar medidas para garantizar la participación de un abogado que preste asistencia financiada por el Estado a menores víctimas y testigos en casos de violencia sexual. Así, un menor que haya presenciado un acto de violencia también puede recibir apoyo, aunque otra persona haya sido la víctima directa.
Esta parte de la reforma modifica la manera práctica en que se recorre el sistema de justicia. Las penas más largas se refieren a lo que ocurre después de que se condena a un agresor. La asistencia jurídica concierne a la capacidad del menor para participar en el proceso que conduce a una decisión judicial.
Entrevistas grabadas y careos regulados
Los investigadores deben grabar en video las entrevistas a menores víctimas. El objetivo declarado es reducir los interrogatorios repetidos que pueden hacer que un menor reviva una experiencia angustiante. La grabación conserva lo que dijo durante la entrevista.
La ley también restringe los careos entre un menor víctima de un delito sexual y un sospechoso. Un careo es una diligencia procesal en la que se interroga conjuntamente a las personas participantes, a menudo para aclarar discrepancias entre sus declaraciones.
Con las enmiendas, esa diligencia requiere una decisión específica de un funcionario encargado de las indagaciones, un investigador o un fiscal, o una orden judicial. El requisito establece que debe mediar una decisión formal antes de que el menor se encuentre con la persona acusada de hacerle daño.
La grabación en video, la asistencia jurídica y el control de los careos responden a distintas presiones que puede sufrir un menor. La grabación conserva el testimonio, el abogado ayuda al menor a ejercer sus derechos legales y el requisito de una decisión regula si se celebra un careo directo.
Protección cuando la persona acusada es un familiar
Un representante de la autoridad de tutela debe participar en todas las actuaciones procesales durante la investigación y el juicio cuando el presunto delito contra un menor haya sido cometido por uno de sus padres, un padre adoptivo, un tutor, un custodio u otro familiar.
Las autoridades de tutela tienen la responsabilidad de proteger a los menores y a las personas que necesitan asistencia legal. Su participación obligatoria incorpora un organismo público de protección a procesos en los que la persona que normalmente debería apoyar al menor puede estar acusada del delito.
Las enmiendas procesales también regulan la participación y sustitución de los representantes legales. Así, el sistema de justicia dispone de un marco para tratar casos en los que las circunstancias familiares del menor afectan quién puede representar sus intereses.
Las organizaciones educativas afrontan un cambio laboral relacionado. Los empleadores disponen de un motivo adicional para rescindir el contrato de un trabajador responsable de enseñar o criar a menores que haya sido declarado responsable de ejercer violencia contra un menor. La disposición vincula la responsabilidad por los abusos con la continuidad en un puesto de trabajo que implica estar a cargo de menores.
Por tanto, la ley aborda dos ámbitos en los que los menores dependen mucho de los adultos: la familia y las instituciones educativas. Establece tanto cómo deben estar representados durante los procesos como la forma en que un empleador puede responder a la violencia ejercida por un trabajador.
Muertes, lesiones físicas y negligencia
Los delitos intencionales que provocan la muerte de un menor están sujetos a nuevas restricciones. La ley descarta la suspensión de la pena y la libertad condicional anticipada para esos delitos. La suspensión de la pena permite que una persona condenada evite cumplir la pena de prisión, sujeta a ciertas condiciones; la libertad condicional anticipada permite salir de prisión antes de cumplir la totalidad de la condena.
Saida Mirziyoyeva describió en términos generales la postura ante los delitos que causan la muerte de un menor y dijo que no habría indulgencia. Las restricciones legales específicas incluyen la exclusión de la suspensión de la pena y de la libertad condicional anticipada en casos de delitos intencionales.
La causación intencional de lesiones corporales graves o moderadamente graves a un menor también pasa a ser una circunstancia agravante. Una circunstancia agravante es una característica de un delito que la ley considera que lo hace más grave al determinar la pena.
La responsabilidad administrativa de los padres y de quienes actúan en su lugar se amplía para incluir el incumplimiento deliberado de las necesidades básicas de un menor cuando perjudica su salud o su desarrollo físico, mental o moral. La sanción es una multa de entre cinco y diez unidades básicas de cálculo.
La unidad básica de cálculo es una cantidad estándar que se utiliza para calcular pagos legales y multas en Uzbekistán. Expresar la multa como un múltiplo de esa unidad permite que el importe se ajuste al valor establecido para ella.
Otras obligaciones y cambios en la supervisión de menores
Las enmiendas administrativas también endurecen las sanciones relacionadas con el acoso sexual, las infracciones de la edad legal para contraer matrimonio y el incumplimiento de la obligación de proteger a los menores de información perjudicial para su salud.
Una nueva disposición sanciona la distribución a menores de información nociva cuya difusión está prohibida, con la confiscación del material y una multa. La multa es de siete unidades básicas de cálculo para particulares y de 50 para funcionarios.
Otra nueva disposición sanciona el incumplimiento de las decisiones de las comisiones de asuntos de la infancia. Los particulares se exponen a multas de entre tres y cinco unidades básicas de cálculo, y los funcionarios, de entre cinco y siete. Estas disposiciones establecen sanciones por incumplir obligaciones destinadas a proteger a los menores antes o al margen de un proceso penal.
La ley también suprime las instituciones educativas y correccionales especializadas para menores. En su lugar, los tribunales podrán remitir a los adolescentes a organizaciones educativas, instituciones que ofrecen formación y centros que prestan servicios sociales.
Una nueva medida de supervisión permite que un tribunal ponga a un adolescente de entre 14 y 18 años bajo la supervisión de sus padres o de responsables de organismos encargados de prevenir delitos. Esto modifica las medidas disponibles cuando el sistema de justicia trata casos en los que los propios adolescentes están involucrados.
En las denuncias de acoso y violencia contra mujeres y menores, las autoridades no enviarán una respuesta por escrito si la persona denunciante solicita que no se le envíe. La disposición permite a quien presenta la denuncia elegir esa forma de comunicación.
Un programa más amplio de protección de la infancia
Uzbekistán ha aprobado una Estrategia para la Protección de la Infancia frente a Todas las Formas de Violencia para el período 2026-2030. La ley enmarca las enmiendas en ese programa y deja constancia de la participación del país en el Llamamiento a la Acción de Bogotá y en la Alianza Global para Acabar con la Violencia contra la Niñez.
El conjunto de medidas asigna responsabilidades específicas a varias instituciones. Los tribunales disponen de más opciones para imponer penas. Los investigadores deben grabar las entrevistas y obtener una autorización específica para celebrar careos. Los abogados y los representantes de las autoridades de tutela pasan a formar parte de la protección durante los procesos. Los empleadores del sector educativo disponen de un motivo adicional para despedir a un trabajador.
Por tanto, el principal cambio va más allá de la nueva pena máxima. La ley aborda cómo llega un menor al sistema de justicia, quién le brinda apoyo, cómo se recogen las pruebas y qué ocurre con un adulto declarado responsable de ejercer violencia. Estas obligaciones acompañan la posibilidad de imponer hasta 25 años de prisión o cadena perpetua por los delitos sexuales especificados contra menores de 14 años.
Puntos clave
- El presidente Shavkat Mirziyoyev firmó la ley el 14 de octubre de 2026. La norma modifica cinco códigos y seis leyes.
- Los delitos sexuales especificados contra menores de 14 años se castigan con entre 15 y 25 años de prisión o cadena perpetua.
- Se eliminan los plazos de prescripción para determinados delitos contemplados en los artículos 118 y 119 del Código Penal.
- Las víctimas y los testigos menores de edad tienen derecho a asistencia jurídica financiada por el Estado desde el inicio de su participación en los procesos.
- Las entrevistas a menores víctimas deben grabarse en video y los careos con sospechosos requieren una decisión específica autorizada.
- Las autoridades de tutela deben participar cuando la persona acusada es uno de los padres, un tutor u otro familiar.
- Los delitos intencionales que causan la muerte de un menor quedan excluidos de la suspensión de la pena y de la libertad condicional anticipada.
- La ley establece sanciones por negligencia y otras infracciones, un nuevo motivo de despido para trabajadores del sector educativo y nuevas medidas de supervisión para adolescentes.
