Los cambios en el gasto por casi 199.000 millones de pesos filipinos, bajo escrutinio
La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó el lunes 12 de octubre de 2026, en tercera y última lectura, el presupuesto nacional propuesto de 7,2 billones de pesos filipinos para 2027. El plan de gasto pasa ahora al Senado, en medio de disputas por el aumento de los fondos de asistencia, los recortes a importantes proyectos de transporte y la divulgación de las modificaciones parlamentarias.
Contenido
- Los cambios en el gasto por casi 199.000 millones de pesos filipinos, bajo escrutinio
- Qué proponía el Ejecutivo antes de las modificaciones
- Cómo llegó el proyecto a la votación final
- Por qué 116.000 millones y 199.000 millones de pesos son cifras distintas
- Aumenta la asistencia, pero las partidas son distintas
- Los ferrocarriles y los proyectos financiados con ayuda extranjera pierden fondos
- Las asignaciones por distrito generan objeciones políticas
- Los líderes de la Cámara apelan a la preparación de los proyectos; los críticos exigen transparencia
- Qué debe examinar ahora el Senado
- Puntos clave
El proyecto de ley 10858 fue aprobado con 13 legisladores en contra y una abstención. Las informaciones difieren sobre el número de votos a favor: dos fuentes indican que fueron 281, mientras que otra señala 282. La discrepancia no cambia el resultado, pero la cifra exacta debe confirmarse con el registro oficial de la votación.
La disputa principal gira en torno a cuánto dinero reasignó la Cámara. Las modificaciones presentadas públicamente sumaron unos 116.300 millones de pesos, mientras que una evaluación técnica de Adolfo Jose «AJ» Montesa, codirector de la Coalición por el Presupuesto Popular, identificó aumentos por 198.900 millones de pesos en 123 partidas presupuestarias, compensados por reducciones en otras 87.
La evaluación apunta a un cambio en las prioridades de gasto, no a una ampliación del límite de 7,2 billones de pesos. Los fondos se trasladaron hacia infraestructura local y programas de asistencia, mientras que disminuyeron las asignaciones para proyectos financiados con ayuda extranjera, respuesta ante desastres y algunos servicios de salud. Los críticos sostienen que las asignaciones resultantes podrían reforzar el clientelismo político antes de las elecciones nacionales de 2028. Los líderes de la Cámara rechazan las acusaciones de que las modificaciones constituyan partidas discrecionales con fines clientelistas.
Entre los legisladores que se opusieron al proyecto estaban Antonio Tinio, representante de ACT Teachers; Leila de Lima, representante de Mamamayang Liberal; Toby Tiangco, representante de Navotas, y Elijah San Fernando, representante de Kamanggagawa. De Lima vinculó su oposición al momento y al destino de los aumentos en la asistencia.
«Este presupuesto no está centrado en las personas. Está centrado en las elecciones», dijo De Lima.
Qué proponía el Ejecutivo antes de las modificaciones
El comunicado de presentación del presupuesto del Departamento de Presupuesto y Gestión describe la propuesta del Ejecutivo como equivalente al 21,7% del producto interno bruto y un 6% superior al presupuesto de 2026. El documento registra el inicio del examen parlamentario, no la aprobación final de la Cámara.
Los servicios sociales recibieron 2,456 billones de pesos en la propuesta, mientras que los servicios económicos recibieron 1,833 billones. Al programa de infraestructura Build Better More se le asignaron 1,467 billones de pesos, o el 4,4% del PIB. La educación básica, a través del Departamento de Educación, tuvo la mayor asignación entre los departamentos: 976.000 millones de pesos.
El Departamento de Presupuesto y Gestión también informó de un presupuesto consolidado de 1,06 billones de pesos para el sector de la salud, equivalente al 3,19% del PIB, frente al 2,68% del año en curso. Esta cifra general del sector no debe confundirse con la asignación más acotada de 353.800 millones de pesos para el Departamento de Salud, los hospitales especializados y PhilHealth.
Gran parte del aumento presupuestario ya estaba comprometida para obligaciones como la asignación tributaria nacional destinada a los gobiernos locales y los ajustes salariales previstos en la Orden Ejecutiva 64. La distinción es importante: el crecimiento del presupuesto total no significa que el Congreso disponga de la misma cantidad para programas completamente nuevos.
El marco fiscal propuesto por el Gobierno preveía un déficit del 5,1% del PIB y una relación entre deuda y PIB del 64,6%. Un déficit significa que el gasto supera los ingresos y que se necesita financiación. Eran cifras de planificación presentadas durante las deliberaciones, no resultados medidos para 2027.
Cómo llegó el proyecto a la votación final
La Cámara completó la aprobación final 62 días después de recibir el plan de gasto del Ejecutivo, según el relato de su aprobación. La principal disputa sobre transparencia surgió durante la etapa de modificaciones, después del debate general y antes de la votación final.
- 11 de agosto de 2026: el Departamento de Presupuesto y Gestión fechó la publicación del Presupuesto de Gastos y Fuentes de Financiación de 2027.
- 15 de septiembre: la Cámara debatió los principios y las disposiciones generales del presupuesto.
- 1 de octubre: la Subcomisión de Revisión de Modificaciones Presupuestarias presentó cambios propuestos al gasto durante una transmisión en directo.
- 7 de octubre: la Cámara aprobó las modificaciones por aclamación y, según varias fuentes, dio su aprobación al proyecto en segunda lectura.
- 9 de octubre: circularon nuevos hallazgos de organizaciones de vigilancia antes de la votación final.
- 12 de octubre: la Cámara aprobó el proyecto en tercera y última lectura.
Una fuente sitúa la segunda lectura el jueves, en lugar del miércoles 7 de octubre. La mayoría de las informaciones señalan que fue el miércoles. El comunicado oficial del Departamento de Presupuesto y Gestión, fechado el 15 de septiembre, se refiere al debate anterior y no resuelve esa discrepancia.
Por qué 116.000 millones y 199.000 millones de pesos son cifras distintas
La evaluación de Montesa encontró cambios en 210 de las 8.835 partidas de la hoja de cálculo presupuestaria. Los aumentos por 198.900 millones de pesos superaron en unos 82.580 millones la cifra de 116.320 millones presentada públicamente. Los críticos describieron la diferencia como unos 80.000 millones de pesos en ajustes por encima de la cantidad divulgada.
El Departamento de Obras Públicas y Carreteras explica gran parte de la diferencia. La subcomisión presentó un aumento de unos 11.490 millones de pesos para el departamento. En cambio, la evaluación de la organización de vigilancia contabilizó unos 98.000 millones añadidos a algunas partidas del departamento y cerca de 86.000 millones retirados de otras.
Estas cifras miden cosas distintas. Los aumentos brutos cuentan las subidas antes de descontar las reducciones en otras partidas de la misma entidad. El aumento neto resta esas reducciones. Por eso, grandes cambios internos pueden coexistir con un incremento relativamente modesto de la asignación total del departamento.
La evaluación situó el presupuesto revisado del Departamento de Obras Públicas y Carreteras en 654.100 millones de pesos, frente a los 643.950 millones de la propuesta del Ejecutivo. Esas cifras arrojan un aumento de alrededor del 1,58%, cercano a una estimación publicada del 1,57%; otra fuente indica un 1,7%. El pequeño cambio en el total no refleja la magnitud de la redistribución interna.
Cuatro aumentos destacaron en los hallazgos de la organización de vigilancia: 42.700 millones de pesos para edificios de usos múltiples, 29.200 millones para vías de acceso, 24.800 millones para asistencia en situaciones de crisis y 24.000 millones para asistencia médica. En conjunto suman 120.700 millones, aproximadamente el 61% de los 198.900 millones añadidos.
Aumenta la asistencia, pero las partidas son distintas
La información sobre la aprobación final señala 25.000 millones de pesos adicionales para la Asistencia a Personas en Situaciones de Crisis del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, conocida como AICS, y 24.960 millones para la Asistencia Médica a Pacientes Indigentes y con Incapacidad Económica del Departamento de Salud, conocida como MAIFIP.
La evaluación de la organización de vigilancia presenta aumentos ligeramente distintos: 24.800 millones de pesos para AICS y 24.000 millones para MAIFIP. Otro análisis sitúa sus asignaciones revisadas en 58.100 millones y 48.200 millones, respectivamente. Estas cifras no deben considerarse intercambiables sin conciliar las partidas presupuestarias.
La coalición identificó 69.500 millones de pesos en aumentos para programas que considera vulnerables al clientelismo, incluidos 10.000 millones para la Asistencia Presidencial a Agricultores y Pescadores y 4.700 millones para el programa de empleo del Departamento de Trabajo Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers.
La estimación de 69.500 millones difiere de la clasificación anterior de la coalición, que señaló 99.410 millones de pesos, o aproximadamente el 85% de las modificaciones por 116.000 millones presentadas públicamente, como señales de alerta. La categoría anterior también incluía incorporaciones de infraestructura. Ninguna de las dos estimaciones demuestra que la totalidad de esos fondos corresponda a gasto corrupto.
La preocupación se centra en el acceso y la discrecionalidad. La asistencia puede cubrir necesidades urgentes, pero los críticos sostienen que los programas se convierten en instrumentos de clientelismo cuando los beneficiarios dependen de recomendaciones políticas, en lugar de criterios de elegibilidad transparentes. La Fundación Ibon también criticó la propuesta por considerarla un presupuesto de austeridad y afirmó que los aumentos en asistencia no compensaban los recortes a servicios públicos esenciales.
Otros aumentos incluyeron 8.120 millones de pesos para educación, 20.860 millones para agricultura, 2.350 millones para la contratación de servicios de transporte público y el corredor de autobuses de EDSA, y 500 millones para la seguridad escolar. Según las informaciones, las partidas de transporte no tenían financiación en la propuesta inicial. Una evaluación identificó 38 partidas que antes no tenían fondos y que recibieron un total de 18.200 millones de pesos.
Los ferrocarriles y los proyectos financiados con ayuda extranjera pierden fondos
La coalición identificó una reducción de 130.000 millones de pesos en las asignaciones para proyectos financiados con ayuda extranjera, de 414.800 millones a 284.800 millones. Se trata de un recorte de aproximadamente el 31,3%, que representa cerca del 65% de los 198.900 millones retirados de otras partidas presupuestarias.
Dentro del Departamento de Obras Públicas y Carreteras, las asignaciones para proyectos financiados con ayuda extranjera habrían caído de 117.700 millones a 44.700 millones de pesos, una reducción de 73.000 millones, o aproximadamente el 62%. Entre los recortes publicados figuran 53.500 millones para carreteras de circunvalación, además de reducciones que afectan a ferrocarriles y proyectos de mitigación de inundaciones.
Las informaciones discrepan sobre el desglose de los recortes ferroviarios. Una evaluación cifra en 34.700 millones de pesos la reducción conjunta para el Metro de Manila y el Ferrocarril de Cercanías Norte-Sur. Otra señala por separado 19.700 millones para el metro y 34.700 millones para el ferrocarril de cercanías. Una fuente adicional cifra en 42.800 millones los recortes a préstamos para ferrocarriles y transporte. No es posible que todas estas cifras correspondan al mismo alcance y es necesario aclararlas.
La coalición advirtió que reducir las asignaciones no anula los acuerdos de préstamo firmados. En cambio, podría retrasar las obras o el desembolso de los préstamos, mientras el Gobierno seguiría expuesto a comisiones sobre los saldos no utilizados y a posibles sanciones. El efecto financiero depende de cada contrato, los plazos y las necesidades de financiación; aquí no se ha establecido una estimación cuantificada de esos costos.
Las tablas de gastos y financiación del Departamento de Presupuesto y Gestión desglosan los proyectos financiados con ayuda extranjera por entidad y acreedor, el gasto en infraestructura por región, el servicio de la deuda y una conciliación de las asignaciones propuestas. Estas son las categorías pertinentes del presupuesto ejecutivo con las que pueden contrastarse los cambios parlamentarios.
Las asignaciones por distrito generan objeciones políticas
Tinio dijo que su oficina identificó 6.212 nuevos proyectos de infraestructura por un valor aproximado de 180.000 millones de pesos, lo que eleva a 16.720 el número de partidas del Departamento de Obras Públicas y Carreteras. Esta cifra mide los proyectos incorporados y no debe equipararse automáticamente con la estimación de Montesa de 198.900 millones en aumentos en la hoja de cálculo presupuestaria.
La coalición constató que la oficina central del Departamento de Obras Públicas y Carreteras perdió 42.000 millones de pesos, mientras que las oficinas de ingeniería de 158 distritos recibieron en conjunto 54.000 millones adicionales. También identificó la retirada de 54.600 millones del programa de desarrollo de la red y de 7.400 millones de la infraestructura contra inundaciones, junto con la incorporación de 74.100 millones al programa de convergencia del departamento.
Las cifras de Tinio sitúan la asignación de la Oficina de Ingeniería del Primer Distrito de Ilocos Norte en 4.790 millones de pesos, tras un aumento de 4.380 millones. La oficina presta servicios al distrito electoral del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Ferdinand Alexander «Sandro» Marcos. Otras asignaciones totales elevadas fueron las del Primer Distrito de Nueva Ecija, con 3.910 millones; el Segundo Distrito de Bulacan, con 3.500 millones; el Cuarto Distrito de Isabela, con 3.100 millones, y el Tercer Distrito de Metro Manila, con 2.990 millones.
En clasificaciones separadas de los aumentos, el Primer Distrito de Davao de Oro recibió 1.680 millones de pesos; el Segundo Distrito de Misamis Occidental, 1.650 millones; el Segundo Distrito de South Cotabato, 1.580 millones, y el Cuarto Distrito de Isabela, 1.520 millones. Tinio comparó estas cifras con asignaciones publicadas de unos 40 millones de pesos para cada una de las oficinas de ingeniería de la ciudad de Davao.
Una fuente atribuye 53.700 millones de pesos a la oficina de Ilocos Norte. Esa cifra contradice el total de 4.790 millones y otra información que identifica los 53.700 millones como el aumento conjunto de las asignaciones para oficinas de ingeniería de distrito. No se puede atribuir de forma fiable la cifra mayor únicamente a Ilocos Norte.
Tinio pidió que se publicara la lista completa de los nuevos proyectos, sus ubicaciones y sus promotores conocidos. Las diferencias entre las asignaciones de los distritos merecen ser examinadas, pero por sí solas no demuestran favoritismo político sin información sobre los costos, las necesidades y la preparación de los proyectos.
Los líderes de la Cámara apelan a la preparación de los proyectos; los críticos exigen transparencia
La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Janette Garin, negó las acusaciones de partidas discrecionales con fines clientelistas y dijo que las modificaciones de infraestructura tuvieron en cuenta la preparación para la ejecución, la utilización del gasto, los problemas de acceso a terrenos y los requisitos de diseño. Añadió que algunos proyectos importantes de control de inundaciones en cuencas fluviales aún esperaban los diseños y otros trabajos preparatorios, que podrían tardar entre un año y medio y dos años.
Su explicación presenta una versión distinta de los recortes: se desviaron fondos de proyectos que no podían avanzar pronto hacia proyectos urgentes que esperaban financiación. Para determinar si esa explicación da cuenta de cada modificación controvertida se necesitan detalles sobre los proyectos, no solo los totales por entidad.
Otra disputa se refiere a la regla 9, sección 28-D, de la Cámara, que exige un informe detallado en el que se identifiquen las reasignaciones, modificaciones y legisladores que las propusieron. La presidenta de la Comisión de Asignaciones, Mikaela Angela Suansing, dijo que las modificaciones se incorporarían directamente al proyecto de ley, en lugar de presentarse en un informe separado.
El representante de Sorsogon, Manuel «Wowo» Fortes Jr., defendió el proceso y afirmó que la comisión había cumplido el requisito de presentar un informe y había entregado a los legisladores el proyecto revisado.
«Las modificaciones, tal como fueron aprobadas por la BARSc, se incorporaron al texto sustitutivo del proyecto de ley 10858, en virtud del Informe de Comisión 638, presentado ante el pleno», dijo Fortes.
Tinio cuestionó que el proyecto revisado pudiera sustituir al informe exigido. San Fernando dijo que el documento, de unas 4.000 páginas, llegó a las oficinas de los legisladores a las 2 de la madrugada, lo que dejó un tiempo insuficiente para revisarlo. También cuestionó la reunión del 1 de octubre, cuya transmisión en directo habría comenzado a las 17:07, en lugar de a la 13:00 anunciada. Tiangco pidió que se divulgaran los programas recortados para financiar los aumentos.
En su comunicado presupuestario de septiembre, el Departamento de Presupuesto y Gestión había indicado que los informes sobre las modificaciones incluirían las asignaciones por organismo público y distrito legislativo. También describió un Fondo de Apoyo a los Gobiernos Locales de 58.530 millones de pesos, al que los gobiernos locales, y no los políticos ni los intermediarios, podrían solicitar asistencia directamente.
Qué debe examinar ahora el Senado
El proyecto pasa ahora al examen del Senado. Posteriormente, las diferencias entre las versiones de ambas cámaras deberán resolverse en una comisión conjunta del Congreso, antes de que el texto definitivo llegue al presidente Ferdinand Marcos Jr. En estas informaciones no se ha anunciado una fecha concreta para la votación del Senado, la conciliación o la firma.
La especialista en finanzas públicas Zy-za Nadine Suzara citó una estimación más amplia de 541.400 millones de pesos en presuntas asignaciones clientelistas, una cifra que supera en 134.400 millones el aumento publicado de 407.000 millones en el presupuesto total. Se trata de una clasificación de gastos en todo el presupuesto propuesto, no de una constatación de que la Cámara añadiera 541.400 millones mediante sus modificaciones. Su alcance es distinto tanto de la estimación de 198.900 millones en reasignaciones como de las cifras de asistencia.
También deben examinarse varios recortes a los servicios: entre las reducciones publicadas figuran 10.000 millones de pesos del Fondo de Pensiones y Gratificaciones, 9.500 millones del fondo para catástrofes, 4.900 millones de productos para la salud familiar y la inmunización, y 4.500 millones de los centros de salud. El aumento de la asistencia médica no reemplaza las vacunas ni la infraestructura hospitalaria, porque esos programas responden a necesidades distintas.
Ederson Tapia, profesor de administración pública de la Universidad de Makati, advirtió que el Congreso puede modificar legalmente el gasto y que esos cambios no constituyen automáticamente corrupción. Distinguió esa facultad de la calidad de las decisiones que la respaldan.
«La distinción importante está entre la legalidad de una reasignación y la integridad del proceso que la sustenta», dijo Tapia.
Las asignaciones no programadas son otro aspecto que debe aclararse. El Departamento de Presupuesto y Gestión propuso 111.984 millones de pesos, cerca del 1,6% del programa de gastos, como autorización de gasto condicional, no como fondos disponibles automáticamente. El comunicado de presentación incluyó entre sus posibles usos la financiación de proyectos con ayuda extranjera. Otro análisis sostiene que los proyectos afectados carecen de cobertura de reserva. Las disposiciones finales y las condiciones para liberar los fondos determinarán si existe tal cobertura.
Por lo tanto, la tarea inmediata del Senado es más concreta que decidir si la asistencia o la infraestructura merecen financiación. Debe examinar qué proyectos y servicios perdieron fondos, por qué se eligieron las asignaciones sustitutas, si se divulgan los nombres de los proponentes y beneficiarios, y si los proyectos contratados conservan financiación suficiente para avanzar.
Puntos clave
- La Cámara aprobó el presupuesto de 7,2 billones de pesos para 2027 el 12 de octubre, con 13 votos en contra y una abstención; las cifras de votos a favor difieren entre 281 y 282.
- Una evaluación de la coalición identificó aumentos y reducciones compensatorias por 198.900 millones de pesos, frente a los aproximadamente 116.300 millones presentados públicamente.
- Los programas de asistencia y la infraestructura local recibieron más fondos, mientras que las asignaciones para proyectos financiados con ayuda extranjera habrían caído en 130.000 millones de pesos.
- Los recortes ferroviarios y algunas cifras de asignaciones distritales siguen siendo contradictorios entre las distintas fuentes.
- Los líderes de la Cámara apelan a la preparación de los proyectos y al cumplimiento de las normas de presentación de informes; los críticos piden detalles sobre las modificaciones y listas de proyectos.
- El Senado debe examinar el proyecto antes de la conciliación parlamentaria y su consideración presidencial.
