China propone protecciones para trabajadores de plataformas en materia de salarios, algoritmos y responsabilidad empresarial

Respuesta en 48 horas y revisión humana para las suspensiones de cuentas

Las normas laborales propuestas por China exigirían a las empresas de plataformas responder personalmente en un plazo de 48 horas cuando los trabajadores cuestionen el pago, las horas de trabajo, las evaluaciones de desempeño o la suspensión de sus cuentas. La propuesta, de 54 artículos, fue redactada por siete departamentos del Gobierno central y publicada por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social el 8 de octubre. También impediría que los algoritmos, por sí solos, tomen decisiones que perjudiquen gravemente los intereses de los trabajadores.

Las Medidas para la protección de los derechos e intereses de los trabajadores en nuevas formas de empleo, en su versión para consulta pública, estarán abiertas a comentarios hasta el 8 de noviembre. Si se aprueban, serían el primer reglamento departamental de China en incluir en la protección del sistema jurídico laboral a trabajadores gestionados por empresas cuyos acuerdos no reúnen plenamente las condiciones para considerarse relaciones laborales.

Esa distinción es fundamental en la propuesta. Un repartidor o conductor puede trabajar siguiendo las instrucciones, las reglas de pago y los objetivos de desempeño de una plataforma sin ser reconocido como empleado convencional. El borrador busca establecer protecciones básicas para estos trabajadores gestionados por plataformas sin tratar como empleados a todas las personas que ganan dinero mediante una aplicación.

La propuesta abarca, además de los repartidores, a conductores que ofrecen servicios de transporte de pasajeros y carga, creadores de transmisiones en directo y otros trabajadores de plataformas. Trata cuestiones como los ingresos mínimos, el descanso, las condiciones meteorológicas peligrosas, la seguridad social, la información personal, los acuerdos por escrito y el acceso a recursos para reclamar.

Se trata de requisitos propuestos, no de normas que ya estén en vigor. El cierre del plazo de consulta es el próximo hito previsto; los informes que describen el borrador no anuncian una fecha para su aprobación ni para su entrada en vigor.

¿A quiénes se aplicaría?

El borrador divide el trabajo en plataformas en tres categorías, cada una con un régimen jurídico distinto. La diferencia depende de cómo se organiza y gestiona el trabajo, no simplemente de si alguien utiliza una aplicación para ganar dinero.

Los trabajadores cuyos acuerdos cumplan los criterios jurídicos para ser considerados una relación laboral seguirían amparados por las leyes y normas laborales. Las empresas tendrían que firmar contratos laborales con ellos. El borrador no establece que un nuevo acuerdo escrito de trabajo pueda sustituir a un contrato laboral cuando exista realmente una relación de empleo.

Una segunda categoría comprende a los trabajadores que no cumplen plenamente esos criterios, pero cuya labor se organiza mediante las reglas y las instrucciones de una plataforma. Recibirían acuerdos escritos de trabajo que establecerían, entre otras cuestiones, el pago, las protecciones laborales y la responsabilidad por incumplir el acuerdo. Cuando una plataforma y una empresa asociada gestionen conjuntamente a un trabajador, las tres partes firmarían un acuerdo que definiría sus responsabilidades.

La tercera categoría incluye a las personas que gestionan negocios de manera independiente o prestan servicios autónomos a través de plataformas de internet en sus propios términos. Las medidas propuestas no se les aplicarían.

Wang Tianyu, investigador del Instituto de Derecho de la Academia China de Ciencias Sociales, describió la extensión de la protección a trabajadores gestionados por plataformas que no mantienen una relación laboral convencional como el mayor avance del borrador. Shen Jianfeng, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Finanzas y Economía, señaló que los acuerdos poco claros y la incertidumbre sobre qué empresa es responsable son causas importantes de conflictos.

Por qué varían las cifras de trabajadores

El número de trabajadores afectados es considerable, aunque los informes ofrecen cifras distintas. Varios sitúan en aproximadamente 84 millones el número de personas que trabajan a través de plataformas digitales o se desempeñan en nuevas formas de empleo. Otro describe la propuesta como un conjunto de protecciones para 80 millones de trabajadores de plataformas. Los informes no explican la diferencia entre esas dos cifras.

Una proyección mucho mayor, atribuida al Centro de Investigación sobre Nuevos Empleos de China, calcula que ese año había 320 millones de personas con empleos flexibles. La categoría incluye a quienes dependen de plataformas de internet, pero es más amplia que el trabajo en plataformas por sí solo. Por lo tanto, la cifra de 320 millones no debe presentarse como el número de personas a las que el borrador cubriría directamente.

Al comparar las cifras de 84 y 320 millones, la menor equivale a cerca del 26% de la mayor. Se trata de una comparación entre los totales publicados, no de una proporción precisa de la fuerza laboral: una cifra es un recuento aproximado de trabajadores de plataformas o de nuevas formas de empleo, mientras que la otra es una proyección de una categoría más amplia.

La cobertura efectiva también dependería de las distinciones jurídicas del borrador. Tanto una persona que gestiona un negocio independiente como un conductor sujeto a la gestión laboral de una plataforma pueden ganar dinero mediante aplicaciones, pero quedar en categorías distintas según la propuesta.

El salario mínimo tendría en cuenta los costos del trabajo

El umbral salarial propuesto estaría vinculado al salario mínimo del lugar donde el trabajador realice su labor. Tendría en cuenta el costo del equipo o las herramientas de producción que los propios trabajadores aporten, en lugar de permitir que esos costos se computen para cumplir el requisito del salario mínimo.

Esta disposición importa porque el pago recibido a través de una aplicación no equivale necesariamente a los ingresos disponibles para el trabajador. Quien aporta el equipo necesario para hacer el trabajo asume costos que pueden quedar ocultos tras la cifra total del pago. El borrador busca impedir que esos costos se consideren parte del salario al comprobar el cumplimiento del mínimo.

Las empresas tendrían que pagar la remuneración íntegra y puntualmente. Los períodos de liquidación y pago no podrían superar un mes, y los trabajadores podrían retirar sus ingresos según el calendario acordado, sin comisiones.

El borrador también limitaría las multas y deducciones abusivas, promovería incentivos positivos y exigiría una remuneración razonable, superior a la tarifa habitual, por el trabajo en días festivos oficiales. En las descripciones de sus disposiciones no se establece un monto salarial único para todo el país; el mínimo correspondería a la norma local aplicable.

Otras protecciones básicas incluyen la igualdad de acceso al trabajo y la libertad de elegir empleo. Las empresas no podrían imponer condiciones de contratación basadas en el origen étnico, el género o la religión, retener los documentos de identidad de los trabajadores ni cobrar tarifas que excedan los depósitos razonables por equipos o los pagos de alquiler.

Descanso y protección ante condiciones meteorológicas peligrosas

Las plataformas tendrían que fijar límites diarios y semanales razonables a las horas de trabajo y hacer públicos los máximos. También tendrían que ofrecer períodos de descanso adecuados después de cuatro horas consecutivas de trabajo. Las descripciones del borrador no especifican una duración universal para ese descanso.

La propuesta vincula las horas de trabajo con la manera en que las plataformas gestionan el desempeño. Las empresas tendrían que evitar objetivos e incentivos que fomenten el trabajo excesivo, en lugar de limitarse a establecer formalmente un máximo de horas y, al mismo tiempo, premiar a quienes lo superen.

Para quienes trabajan al aire libre, el borrador exigiría protección ante condiciones meteorológicas extremas y prohibiría obligarlos a realizar labores al aire libre en condiciones inseguras. También contempla subsidios para el trabajo con altas temperaturas y obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

Las empresas tendrían que participar en programas de protección frente a accidentes laborales, y el borrador aclararía las responsabilidades en materia de seguridad social. Estas disposiciones se suman a la ampliación, en julio, del seguro contra accidentes laborales para trabajadores de plataformas; no son el primer intento de abordar la cobertura.

El marco propuesto también incluye formación profesional, protección de la información personal y consultas colectivas. En conjunto, estas disposiciones amplían el enfoque más allá del pago de un pedido individual y abarcan las condiciones en que se realiza el trabajo en plataformas.

Límites a la gestión algorítmica

Los algoritmos son las reglas y los cálculos automatizados que utilizan las plataformas para asignar tareas, evaluar el desempeño y determinar los pagos. Para los trabajadores, estos sistemas pueden funcionar de manera muy similar a un gerente: influyen en qué trabajos aparecen, cuánto se paga por ellos y si se mantiene el acceso al trabajo.

El borrador exigiría a las empresas explicar los principios básicos y los principales mecanismos de funcionamiento de los algoritmos que afectan a los derechos de los trabajadores. Las plataformas también tendrían que explicar a las autoridades las reglas pertinentes, prevenir la discriminación en la asignación de pedidos y pagos, y consultar a los trabajadores al elaborar las normas laborales.

Una restricción concreta prohibiría utilizar datos claramente anómalos como referencia general para evaluar el desempeño. La diferencia práctica está entre un resultado excepcional y un estándar razonable para todos: un desempeño inusual no debería convertirse automáticamente en el objetivo con el que se evalúa a todos los trabajadores.

Las decisiones que afecten a intereses importantes, como dejar de asignar pedidos, bloquear cuentas o exigir compensaciones elevadas, requerirían intervención humana y no podrían depender exclusivamente de decisiones automatizadas. Un informe describe una excepción de emergencia que permitiría actuar primero al algoritmo, seguida rápidamente de una revisión humana.

Huang Kun, investigador de la Academia China de Ciencias del Trabajo y la Seguridad Social, explicó que la supervisión de algoritmos propuesta se limita a las normas laborales y a las cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores. No se describe como una revisión general de todos los sistemas tecnológicos que opera una plataforma. El borrador asignaría a los sindicatos una función de supervisión y a los departamentos gubernamentales pertinentes la facultad de examinar si los algoritmos son razonables dentro de ese ámbito.

La subcontratación no eliminaría la responsabilidad

El borrador busca impedir que las plataformas eludan sus obligaciones laborales mediante varios niveles de subcontratación, acuerdos con contratistas o presiones para que los trabajadores se registren como empresas individuales. Por eso es especialmente importante distinguir entre el trabajo verdaderamente independiente y el trabajo gestionado por una plataforma: la inscripción formal como empresa no sería un mecanismo permitido para evitar responsabilidades.

Las plataformas tendrían la responsabilidad principal de seleccionar y supervisar a las empresas asociadas que participen en la contratación o gestión de trabajadores. Si una empresa asociada carece de las habilitaciones legales necesarias para operar, la plataforma podría asumir la responsabilidad como entidad empleadora.

Wang Tianyu, investigador de derecho de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo que el borrador combina una mayor protección de los trabajadores con medidas para impedir que se eludan las obligaciones laborales:

"Al mismo tiempo, establece mecanismos para exigir responsabilidades a las empresas e impedir que evadan sus obligaciones laborales, por ejemplo, mediante la subcontratación o induciendo a los trabajadores a registrarse como empresas individuales", afirmó.

Los acuerdos propuestos y las normas de rendición de cuentas abordan distintas partes de un mismo problema. Los acuerdos escritos identificarían las responsabilidades al inicio del trabajo, mientras que las reglas sobre selección de empresas asociadas, supervisión y subcontratación dificultarían que esas responsabilidades se transfirieran después.

En los litigios laborales, los trabajadores podrían señalar tanto a la plataforma como a la empresa asociada como partes. Esto no significa que ambas fueran automáticamente responsables en todos los casos, pero permitiría que el proceso examinara las funciones respectivas de cada una.

Quejas, registros y recursos

Dentro de las empresas, el borrador exigiría canales regulares de comunicación y mecanismos de apelación. Cuando los trabajadores cuestionen su remuneración, las horas de trabajo, las evaluaciones o la suspensión de sus cuentas, las empresas tendrían que investigar y atender la queja, y responder personalmente en un plazo de 48 horas. Este plazo de respuesta no debe confundirse con una garantía de que todos los conflictos se resolverán definitivamente en dos días.

Fuera de la empresa, los trabajadores podrían presentar quejas ante las autoridades responsables del lugar donde trabajan, buscar mediación, solicitar un arbitraje o iniciar un proceso judicial, según lo permita la ley. La propuesta también contempla la supervisión sindical y la asistencia jurídica.

Las plataformas tendrían que conservar los registros laborales, que los trabajadores podrían consultar y descargar, durante al menos dos años después de dejar el empleo. El acceso a esos registros podría ayudar a documentar la actividad relacionada con un pago, una evaluación o una restricción del trabajo que se cuestione.

Las infracciones conllevarían responsabilidades y sanciones conforme a la legislación vigente. Según las circunstancias, los empleadores podrían tener que pagar los salarios pendientes, las horas extra o una compensación económica. Si los ingresos fueran inferiores al salario mínimo aplicable, tendrían que cubrir la diferencia.

Algunas plataformas afirman que ya cuentan con estructuras de consulta. Taobao Flash Shopping dice que opera un sistema nacional de representantes de repartidores y celebra reuniones regionales y de consulta en su red. Didi afirma que creó un Comité de Desarrollo del Ecosistema de Conductores para escuchar las inquietudes de estos. Esas declaraciones de las empresas describen mecanismos existentes, pero no demuestran que ya se hayan cumplido los requisitos propuestos.

De las orientaciones anteriores a las normas propuestas

La propuesta es el resultado de varias etapas de elaboración de políticas. Su paso distintivo sería utilizar normas departamentales para proteger a los trabajadores gestionados por plataformas cuyos acuerdos no reúnen plenamente las condiciones de una relación laboral convencional.

• 2021: China introdujo directrices para aclarar las responsabilidades de las plataformas en materia de contratación, remuneración, seguridad social y seguridad laboral.
• 2024: Las autoridades publicaron casos orientativos relacionados con trabajadores en nuevas formas de empleo.
• Julio: Se amplió el seguro contra accidentes laborales para trabajadores de plataformas.
• 8 de octubre: El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social publicó el borrador de las medidas para consulta pública.
• 8 de noviembre: Está previsto que concluya el período de consulta pública.

El público puede enviar comentarios a través del sitio web del ministerio, por correo postal o por correo electrónico. La consulta deja abierta la posibilidad de introducir cambios antes de aprobar las normas definitivas.

Las descripciones de la propuesta no aclaran varios detalles prácticos, entre ellos el calendario definitivo de aplicación y cómo se clasificarán determinados acuerdos laborales cuando haya disputas. Sin embargo, el cambio principal propuesto es concreto: las empresas que ejerzan la gestión laboral asumirían obligaciones definidas incluso cuando los trabajadores no pertenezcan a la categoría convencional de empleados.

Puntos clave

• El borrador, de 54 artículos y preparado por siete departamentos del Gobierno central, estará abierto a comentarios públicos hasta el 8 de noviembre.
• Extendería las protecciones laborales básicas a trabajadores de plataformas bajo gestión que no reúnen plenamente las condiciones para ser considerados empleados convencionales.
• El salario mínimo tendría en cuenta los costos del equipo aportado por los trabajadores, y los períodos de pago no podrían superar un mes.
• Los trabajadores recibirían un descanso adecuado después de cuatro horas consecutivas y protección frente a condiciones de trabajo inseguras durante episodios meteorológicos extremos.
• Las decisiones importantes que afecten a los trabajadores requerirían intervención humana, y se respondería personalmente en un plazo de 48 horas a determinadas quejas.
• Las plataformas no podrían eludir sus responsabilidades mediante niveles de subcontratación o induciendo a los trabajadores a registrar empresas.
• Las medidas siguen siendo una propuesta; no se ha anunciado una fecha de aprobación ni de entrada en vigor.