Un enorme yacimiento de cobre se encuentra en una montaña dividida
La mina de Tampakan, cuyo costo propuesto es de 5.900 millones de dólares, podría producir un promedio de 375.000 toneladas de cobre y 360.000 onzas de oro al año durante 17 años. Sin embargo, más de tres décadas después de que se identificaran sus yacimientos, el proyecto en el sur de Mindanao sigue atrapado entre las ambiciones mineras nacionales, una prohibición provincial y disputas por las tierras y el agua de los pueblos indígenas.
Contenido
- Un enorme yacimiento de cobre se encuentra en una montaña dividida
- Por qué el cobre hace valioso a Tampakan
- Cambió la política nacional, pero se mantuvo el obstáculo provincial
- Las autoridades locales quieren un acuerdo distinto
- El consentimiento blaán no implica unanimidad
- El valor real de los beneficios prometidos
- El riesgo para la cuenca va más allá de la mina
- Huellas contradictorias y un historial de violencia
- Una estrategia minera aún necesita compradores y rendición de cuentas
- Puntos clave
Para Filipinas, Tampakan representa una posible vía de acceso a las cadenas de suministro para vehículos eléctricos, redes eléctricas y energías renovables. Para las comunidades blaán afectadas, implica decisiones sobre el territorio ancestral, el reasentamiento y si los pagos y empleos prometidos pueden compensar la pérdida de acceso a la tierra.
El Instituto Filipino de Estudios para el Desarrollo, en su documento de políticas mineras de 2022, describió la prohibición provincial como un obstáculo, incluso después de que los promotores cumplieran los requisitos legales para iniciar las operaciones. Esa evaluación no resolvió la disputa local. Las autoridades de Tampakan siguen pidiendo condiciones más claras, mientras que los opositores cuestionan tanto las salvaguardias ambientales como el proceso empleado para obtener el consentimiento de la comunidad.
También es necesario interpretar con cuidado la escala del proyecto. Aproximadamente 3.000 millones de toneladas de mineral no equivalen a 3.000 millones de toneladas de cobre. El mineral es la roca que contiene los minerales, la mayor parte de la cual se convertiría en desechos tras el procesamiento. Por lo tanto, el valor del metal bajo tierra no es lo mismo que los ingresos, las ganancias o el beneficio público que generaría una mina en funcionamiento.
Estas diferencias importan porque las proyecciones económicas son cuantiosas, pero también lo son los cambios físicos propuestos. Planes anteriores describían una excavación de cientos de metros de profundidad, amplias instalaciones para almacenar desechos y el reasentamiento de miles de personas. Ni el aumento de la demanda de cobre ni la aprobación nacional resuelven quién asumirá esos costos.
Por qué el cobre hace valioso a Tampakan
El cobre conduce la electricidad con eficiencia, por lo que se utiliza en los devanados de motores, las conexiones de baterías, los cables y los equipos de carga. Charles Cooper, director de investigación sobre el cobre de Wood Mackenzie, afirmó que un vehículo eléctrico puede utilizar hasta cuatro veces más cobre que un automóvil convencional. Un autobús o camión eléctrico puede contener hasta cuatro veces más que un automóvil eléctrico.
Cooper prevé que la demanda asociada a la transición energética se duplicará para 2040. Calculó que la proporción del consumo total de cobre atribuible a los vehículos eléctricos fue de alrededor del 6% el año anterior a sus declaraciones y que aumentará al 12% para 2040. Se trata de una duplicación de la proporción, no simplemente de una previsión de que se duplicará el número de vehículos.
El análisis de Wood Mackenzie indica que es necesario añadir aproximadamente 900.000 toneladas de nueva capacidad de producción de cobre cada año solo para frenar el creciente déficit. La producción anual prevista de Tampakan, de 375.000 toneladas, equivaldría a cerca del 42% de esa cifra. Esta comparación ilustra su escala, pero no significa que una sola mina propuesta pueda resolver un déficit mundial de suministro.
La demanda también abarca las redes eléctricas, la generación renovable, los centros de datos y la infraestructura digital, además del transporte. El cobre de Tampakan no se destinaría necesariamente a vehículos eléctricos filipinos ni exclusivamente a productos relacionados con la reducción de emisiones. No se han dado a conocer públicamente sus clientes finales ni los lugares donde se procesaría.
Cambió la política nacional, pero se mantuvo el obstáculo provincial
El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales impuso el 27 de abril de 2017 una prohibición nacional a los proyectos de minería a cielo abierto de cobre, oro, plata y minerales complejos que se encontraban en fase de planificación. La levantó mediante la Orden Administrativa 2021-40, el 23 de diciembre de 2021. El período fue de aproximadamente cuatro años y ocho meses, no de nueve años.
El documento del Instituto Filipino de Estudios para el Desarrollo explica que la orden original señalaba la acidez del agua, los metales pesados, la erosión causada por los depósitos de desechos mineros y la vulnerabilidad de las presas de relaves ante riesgos geológicos. La decisión de levantarla citó la recuperación económica tras la pandemia y estableció como condiciones para aplicar ese método prácticas técnicas, sociales y ambientales más estrictas.
La prohibición separada de South Cotabato siguió siendo un factor central. Algunos informes la sitúan en 2010, mientras que una evaluación ambiental anterior describe el código provincial como promulgado en julio de 2011. Aunque estos relatos difieren en la fecha, coinciden en que la restricción local precedió a la prohibición nacional y siguió obstaculizando Tampakan después de que Manila cambiara su política.
La disputa ha pasado por varias decisiones distintas:
- 1994: Se confirmaron las reservas minerales y, posteriormente, en 1995, se otorgaron los derechos mineros.
- 9 de enero de 2012: El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó una solicitud de autorización ambiental a la espera de que se resolviera la disputa provincial.
- 6 de mayo de 2019: Entró en vigor una decisión que restablecía la autorización ambiental del proyecto, según información divulgada en 2020.
- 10 de agosto de 2020: El consejo de Tampakan resolvió cancelar su acuerdo municipal con SMI.
- Octubre de 2020: La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas emitió una certificación previa para el proyecto.
- 23 de diciembre de 2021: El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales levantó la prohibición nacional de la minería a cielo abierto.
- 16 de mayo y 3 de junio de 2022: La asamblea provincial de South Cotabato votó a favor de levantar la prohibición, pero luego el gobernador vetó el cambio.
Un informe de agosto de 2020 describió como no resuelto un recurso judicial contra la prohibición provincial. Otro relato afirma que un tribunal de Koronadal ratificó la prohibición más adelante, en 2020. Por lo tanto, la descripción anterior no debe interpretarse como una declaración sobre la situación jurídica actual.
Las autoridades locales quieren un acuerdo distinto
Las autorizaciones nacionales y la aceptación municipal son asuntos separados. El consejo de Tampakan canceló su acuerdo principal municipal con Sagittarius Mines, Inc. (SMI) mediante una resolución que se hizo pública el 14 de agosto de 2020, pero dejó abierta la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo.
Los miembros del consejo dijeron que el acuerdo de 2009 no había recibido la revisión obligatoria cada cuatro años y que los representantes municipales habían sido excluidos de las conversaciones para revisarlo. Consideraron que algunas cláusulas eran poco claras y perjudiciales para los residentes. Una auditoría estatal de 2013 registró pagos de al menos 40 millones de pesos al municipio desde 1997.
El alcalde Leonard Escobillo ha dicho que antes apoyaba el proyecto, pero que ahora quiere que se expliquen los beneficios, los detalles operativos y los planes de contingencia antes de otorgar los permisos locales. También dijo que no había podido conversar con SMI.
Escobillo describió su postura como la responsabilidad de equilibrar los intereses de un municipio pequeño, y no como un rechazo a la minería en sí:
«Tenemos que protegernos, incluso de nosotros mismos».
Según información divulgada en 2020, se prorrogó un acuerdo de asistencia financiera o técnica para permitir operaciones hasta 2032, con una posible renovación hasta 2057. Esas fechas se refieren a la duración del contrato. No son fechas confirmadas para el inicio de la construcción o la producción.
El consentimiento blaán no implica unanimidad
La mina afectaría territorio ancestral vinculado a cinco consejos tribales. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 exige el consentimiento libre, previo e informado para los proyectos que afectan territorio indígena. En la práctica, el consentimiento debe obtenerse antes de que avance el proyecto, sin coacción y con información suficiente para comprender sus consecuencias.
La certificación previa emitida en octubre de 2020 por la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas es un paso formal importante, pero los opositores cuestionaron si la consulta había sido adecuada. Una certificación formal y el acuerdo de todas las familias afectadas no son lo mismo.
Los relatos sobre la líder blaán Nora Puli Sukal también son contradictorios. Uno cuenta que se negó a arrendar sus tierras y que se opuso a la mina. Otro, que describe una visita en febrero en el contexto de los acontecimientos de 2022, señala que apoyó públicamente a SMI después de ver que sus familiares recibían asistencia de la empresa y pagos por arrendamiento.
En el relato que registra su apoyo, Sukal explicó que sus familiares se habían beneficiado de ayuda financiera y becas:
«Ahora declaro que estoy a favor de la minería. Apoyaré las operaciones de SMI».
También expresó preocupación por que mantener su oposición pudiera afectar los pagos que aún debían recibir sus familiares. Esa fue su preocupación declarada, no una prueba de que SMI hubiera amenazado con retener el dinero. Los relatos contrastantes no permiten determinar cuándo cambió su postura, ni si volvió a cambiar después.
Sukal calculó que se había arrendado cerca del 90% de las tierras ancestrales de su comunidad. En cambio, el líder blaán Daguil Capion situó en el 10% la proporción arrendada en Bong Mal, con al menos 200 hectáreas en proceso de negociación. Estas cifras corresponden a comunidades diferentes y no pueden combinarse para obtener una estimación única de todo el proyecto.
El valor real de los beneficios prometidos
La tarifa de arrendamiento informada, de 160.000 pesos por hectárea durante 25 años, equivale a 6.400 pesos anuales, o unos 533 pesos mensuales. Un pago inicial elevado puede resultar atractivo en una comunidad empobrecida, pero el cálculo muestra lo limitado que se vuelve al distribuirlo a lo largo de un cuarto de siglo.
El apoyo de la empresa también ha incluido becas, servicios de salud y programas de medios de vida. Según se informó, SMI proporcionó 3 millones de pesos anuales a cada uno de cinco consejos tribales para iniciativas comunitarias. Quienes apoyan el proyecto, entre ellos Domingo Collado, representante indígena obligatorio local, lo consideran una fuente de oportunidades y quieren que comiencen las operaciones.
El representante de SMI Roy Antonio dijo en diciembre de 2021 que la empresa había invertido 32.000 millones de pesos y pagado 2.600 millones de pesos en impuestos. Calculó que las regalías para los pueblos indígenas ascenderían a 6.600 millones de pesos durante la primera década de operaciones. Estas eran declaraciones y proyecciones de la empresa, no ingresos futuros comprobados de manera independiente.
El documento del Instituto Filipino de Estudios para el Desarrollo ofrece otra proyección de regalías: 4.800 millones de pesos en diez años, además de 68.000 millones de pesos en impuestos nacionales, 4.000 millones de pesos en impuestos locales y 2.600 millones de pesos para un Programa de Desarrollo y Gestión Social. Las dos estimaciones de regalías difieren en 1.800 millones de pesos. No hay una explicación que determine si se basan en supuestos o versiones distintas del proyecto.
El instituto también señala deficiencias en el seguimiento de cómo llegan las regalías para los pueblos indígenas a sus beneficiarios. Los pagos totales no muestran si los beneficios se distribuyen equitativamente entre los hogares. En Tampakan, la diferencia entre los ingresos comunitarios prometidos y el beneficio individual verificable es fundamental para evaluar el acuerdo propuesto.
El riesgo para la cuenca va más allá de la mina
Environmental Science for Social Change, en su evaluación de 2012 Abrir la caja de Tampakan, situó el yacimiento en una cresta entre el río Pula Bato y los ríos Tukay Mal y Bong Mal. La organización señaló la alta vulnerabilidad de las aguas subterráneas y el riesgo sísmico, por lo que la ubicación misma forma parte de los argumentos contra el proyecto.
La evaluación describió una mina a cielo abierto propuesta que cubriría 500 hectáreas y alcanzaría 800 metros de profundidad, una instalación para almacenar 1.350 millones de toneladas de roca estéril y una presa con 1.100 millones de toneladas de relaves. Los relaves son el material que queda después de separar del mineral los minerales valiosos. Estas cifras describen planes históricos, no un diseño de construcción actual verificado.
Una de las preocupaciones es el drenaje ácido de mina. Cuando ciertas rocas que contienen sulfuros quedan expuestas al aire y al agua, pueden generar agua ácida que transporta metales hasta los arroyos o las aguas subterráneas. Puede ser necesario tratarla mucho después de que termine la extracción.
Cirilo Casicas, obispo de la diócesis de Marbel, sostiene que las instalaciones de desechos propuestas podrían dejar cargas duraderas:
«Dejarán un problema de drenaje ácido de mina en la mina a cielo abierto, en las instalaciones de roca estéril y en las presas de relaves. La huella será permanente. Será una huella perpetua».
Environmental Science for Social Change advirtió que la extracción y la contaminación del agua podrían afectar los medios de vida de más de 100.000 agricultores. También describió un escenario extremo en el que se liberarían 2.500 millones de toneladas o más de material si fallaran las principales instalaciones de almacenamiento. Se trata de evaluaciones de daños posibles, no de hechos ocurridos en una mina de Tampakan en funcionamiento.
SMI ha dicho anteriormente que la ingeniería moderna y las salvaguardias pueden controlar los riesgos ambientales. Tras el rechazo de la autorización en 2012, el entonces presidente de SMI, Peter Forrestal, argumentó que la decisión no se había tomado sobre la base de los méritos de la declaración de impacto ambiental del proyecto. SMI rechazó una entrevista para el informe más reciente sobre la disputa.
Huellas contradictorias y un historial de violencia
Las distintas descripciones del proyecto ofrecen cifras diferentes sobre la superficie y el desplazamiento de personas. Environmental Science for Social Change describió una concesión de aproximadamente 23.600 hectáreas en South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat y Davao del Sur. Informes posteriores describen una superficie minera final propuesta de alrededor de 10.000 hectáreas. El límite de una concesión y la superficie minera final miden cosas distintas, por lo que ninguna de las dos cifras debe presentarse automáticamente como la superficie que se excavaría.
Las cifras sobre los bosques son más difíciles de conciliar. Environmental Science for Social Change citó planes para talar 3.935 hectáreas de bosque y desplazar a 4.000 blaán. Otro informe describió la afectación de unas 4.000 hectáreas, incluidas aproximadamente 1.300 hectáreas de bosque, y el reasentamiento de alrededor de 5.000 personas. Sin un plan actualizado que utilice definiciones comunes, estas siguen siendo estimaciones distintas publicadas por diferentes fuentes.
Environmental Science for Social Change también citó 2.400 millones de toneladas de mineral que contenían 13,5 millones de toneladas de cobre y 15,8 millones de onzas de oro, frente a los aproximadamente 3.000 millones de toneladas de mineral señalados en descripciones posteriores. Sin una evaluación técnica fechada, la diferencia no debe considerarse un aumento confirmado de los recursos.
El conflicto ya ha tenido un costo humano. Informes históricos registran al menos dos docenas de muertes dentro de la concesión minera, entre ellas las de personal de seguridad y residentes indígenas. El líder tribal Gurilmin Malid y un joven que lo acompañaba fueron asesinados en julio de 2002. La esposa y dos hijos de Daguil Capion murieron durante una operación militar en 2012.
Los despliegues militares, la resistencia armada indígena, la seguridad de la empresa y las insurgencias comunistas han formado parte de esta historia. Las muertes ocurrieron en un contexto de conflicto complejo; no pueden atribuirse todas a un solo actor o a una sola causa.
Una estrategia minera aún necesita compradores y rendición de cuentas
El Gobierno filipino quiere que la minería contribuya a la transición hacia energías más limpias y atraer inversiones en el procesamiento nacional. Indonesia ofrece una comparación regional: representó cerca del 4,5% de la producción minera mundial de cobre en 2024 y ha atraído importantes inversiones en fundición. Filipinas sigue dedicándose principalmente a extraer y exportar minerales, en lugar de fabricar productos terminados.
Duo Fu, vicepresidente de investigación sobre el mercado de baterías de Rystad Energy, dijo que el 92% de las reservas de cobre de Filipinas carece de permisos de explotación minera. Señaló que el desarrollo de una mina puede tardar entre ocho y 15 años, período durante el cual el financiamiento, la inflación, los cambios de política y los precios de las materias primas pueden poner en peligro los proyectos.
La historia de la propiedad de Tampakan plantea otra cuestión sin resolver. Glencore se retiró en 2015. Según algunos relatos, el control pasó después a intereses filipinos, entre ellos Alsons e Indophil Resources Philippines, vinculadas a la familia Sy; para diciembre de 2017, la Oficina de Minas y Geociencias describía a SMI como una empresa de propiedad totalmente filipina. Informes de 2024 señalaron que la empresa china Chinalco evaluaba invertir en una estructura de participación valorada, según se informó, en unos 2.000 millones de dólares. No se ha confirmado públicamente ningún acuerdo.
China ya es un importante destino de los minerales filipinos. Los datos comerciales de las Naciones Unidas correspondientes al período comprendido entre 2020 y finales de 2024 muestran que cerca del 90% de las exportaciones filipinas de mineral de níquel se enviaron a puertos chinos. Eso no determina adónde se destinaría el cobre de Tampakan, aunque las fundiciones de la región, incluidas las de China, son posibles compradores.
Ellen Moore, directora del programa minero de Earthworks, sostiene que el reciclaje, la reutilización y una mayor eficiencia en el uso de materiales pueden reducir la demanda de nuevas extracciones. La evaluación de los fabricantes de automóviles realizada por la coalición Lead the Charge también encontró avances desiguales en protección ambiental, derechos laborales y derechos indígenas, y señaló que la aplicación de las medidas va por detrás de algunos compromisos empresariales.
Emily Iona Stewart, directora de políticas y promoción de Global Witness, advirtió que la demanda de minerales está destinada cada vez más a la inteligencia artificial y la defensa, además de a las energías más limpias. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de Europa añade presión sobre las emisiones de la producción, aunque sus sectores iniciales incluyen el acero, el aluminio y el cemento, pero no el cobre. No resuelve las disputas por la tierra o el agua en Tampakan.
No se ha establecido una fecha firme para el inicio de la producción, una nueva fecha para una audiencia ni un plazo para reemplazar el acuerdo municipal. Las decisiones pendientes se refieren a condiciones locales exigibles, la prohibición provincial, el consentimiento, los planes de ingeniería actuales y la responsabilidad por la gestión de los desechos tras el cierre.
Puntos clave
- La producción anual prevista de Tampakan es de 375.000 toneladas de cobre y 360.000 onzas de oro durante 17 años.
- La prohibición nacional de la minería a cielo abierto terminó en diciembre de 2021, pero la restricción separada de South Cotabato siguió siendo un obstáculo.
- Tampakan canceló su acuerdo municipal con SMI en agosto de 2020, pero dejó abierta la posibilidad de un nuevo acuerdo.
- Las comunidades blaán están divididas y los relatos difieren sobre la postura de Nora Sukal ante la mina.
- Las estimaciones publicadas sobre la tala de bosques, el reasentamiento y las regalías difieren y requieren conciliación.
- La protección del agua, el almacenamiento de desechos y la rendición de cuentas tras el cierre siguen siendo cuestiones centrales sin resolver.
- No se ha confirmado públicamente ninguna inversión de Chinalco ni una fecha firme para el inicio de la producción.
