Una de cada tres solicitudes policiales de órdenes de arresto se frena antes de llegar a los tribunales
Las fiscalías rechazaron 9.186 de las 26.961 solicitudes de órdenes de arresto presentadas por la policía surcoreana entre enero y agosto de 2026, una tasa de rechazo del 34,1%, según datos del Servicio de la Fiscalía Pública. La cifra superó el 30% por primera vez, justo cuando el país se preparaba para desmantelar un sistema de fiscalía que había combinado las facultades de investigación y acusación durante 78 años.
Contenido
- Una de cada tres solicitudes policiales de órdenes de arresto se frena antes de llegar a los tribunales
- Una tendencia al alza, con explicaciones contrapuestas
- Qué cambió el 2 de octubre
- Las fechas que marcan la transición
- La acumulación de casos crece antes de los traslados
- Faltan sistemas y responsables de investigación
- Casos reales ponen de manifiesto competencias en disputa
- Las víctimas afrontan traslados reiterados de las investigaciones
- La supervisión policial sigue sin definirse
- Puntos clave
El aumento es considerable: la tasa de rechazo fue del 26,8% en 2025, por lo que la cifra más reciente es 7,3 puntos porcentuales superior. Las solicitudes de órdenes de registro e incautación siguieron la misma tendencia. Las fiscalías rechazaron el 19,1% durante los primeros ocho meses de 2026, frente a tasas anuales de entre el 10,7% y el 13,7% entre 2021 y 2025.
Se trata de rechazos de las fiscalías, no de los tribunales. La policía pide a las fiscalías que soliciten una orden judicial, y estas deciden si presentan la solicitud ante un tribunal. Por tanto, una solicitud rechazada se detiene antes de que un juez evalúe si la detención o el registro están justificados.
Las cifras corresponden a los meses anteriores al cambio institucional del 2 de octubre. No permiten establecer cómo se han desempeñado los organismos que las sustituyeron desde su apertura. Sin embargo, sí identifican un punto de tensión que persiste tras la reforma: la policía tiene mayores responsabilidades de investigación, mientras que las fiscalías conservan la facultad de solicitar órdenes judiciales y evaluar si las pruebas pueden sustentar una acusación.
Esta relación se está poniendo a prueba al mismo tiempo que se acumulan 186.307 casos pendientes de resolución en las fiscalías, hay puestos directivos vacantes y los sistemas electrónicos siguen incompletos. El desafío inmediato va más allá de la rivalidad institucional. Se trata de determinar si los organismos con responsabilidades recién divididas pueden hacer avanzar los casos sin perder pruebas, duplicar trabajo ni dejar a las víctimas sin saber quién es responsable.
Una tendencia al alza, con explicaciones contrapuestas
La tasa de rechazo de las solicitudes de órdenes de arresto fue de alrededor del 18% entre 2018 y 2020. Tras la redistribución de las facultades de investigación en 2021, superó el 20%. La mayoría de las fuentes sitúa la cifra de 2021 en el 22,8%, aunque una la cifra en el 22,9%. Los datos posteriores coinciden: 23,2% en 2022, 25,0% en 2023, 24,7% en 2024 y 26,8% en 2025.
Por tanto, la tendencia fue al alza, pero no de manera ininterrumpida. El ligero descenso de 2024 contrasta con el aumento mucho mayor de 2026. La tasa más reciente, del 34,1%, es aproximadamente un 27% superior a la de 2025 en términos relativos. En el caso de las órdenes de registro e incautación, el 19,1% supera en 5,4 puntos porcentuales incluso la tasa anual más alta registrada entre 2021 y 2025.
Los investigadores policiales afirman que las fiscalías han devuelto cada vez más solicitudes para que se realicen nuevas diligencias, incluso para añadir precedentes judiciales que las respalden. Algunos describen devoluciones reiteradas incluso en casos sencillos. Un agente de policía con rango de superintendente atribuyó en parte la reticencia a solicitar órdenes de detención a la carga de trabajo de las fiscalías: cuando la policía les entrega a un sospechoso detenido, las fiscalías deben presentar cargos en un plazo de 10 días.
Las fiscalías ofrecen una explicación distinta. Señalan la falta de pruebas suficientes de los delitos sospechados, la justificación insuficiente de las investigaciones coercitivas, las dudas sobre pruebas obtenidas ilegalmente y un control judicial más estricto. También sostienen que, al no poder ya subsanar por sí mismas las lagunas de las investigaciones, deben evaluar con más cuidado el trabajo policial antes de solicitar una detención.
Los totales de rechazos no demuestran ninguna de estas explicaciones. No se ofrece un desglose de los motivos de rechazo, los tipos de delitos, las solicitudes reiteradas ni los cambios en la calidad de las solicitudes. Además, la comparación contrapone ocho meses de 2026 con años anteriores completos. Muestra un fuerte aumento, pero no permite determinar su causa.
Qué cambió el 2 de octubre
La reforma separa la investigación de la acusación. La antigua fiscalía fue sustituida por un organismo encargado de presentar acusaciones y llevar los casos ante los tribunales, y por otra entidad independiente encargada de investigar determinados delitos graves. La policía asumió una mayor responsabilidad en las investigaciones penales ordinarias.
El marco legal se estableció mediante enmiendas a la Ley de Organización del Gobierno aprobadas por la Asamblea Nacional en septiembre de 2025. Los cambios en las normas de procedimiento penal y de investigación regulan la cooperación actual entre las instituciones. El gobernante Partido Democrático presenta la separación como respuesta a las críticas de larga data de que las fiscalías tenían un poder excesivo al investigar casos y decidir si los llevaban a juicio.
El líder de la bancada del Partido Democrático, Han Byung-do, describió el beneficio público que se buscaba el 1 de octubre, un día antes de la apertura de las nuevas instituciones:
«Por encima de todo, lo importante es fortalecer las capacidades de investigación y proteger el interés público».
El opositor Partido del Poder Popular ha cuestionado si existían controles adecuados para las investigaciones policiales y si la preparación operativa era suficiente. Estas inquietudes son distintas de oponerse a la separación de facultades: una institución puede tener un mandato legal más limitado y, aun así, carecer del personal o los sistemas necesarios para cumplirlo.
Las fuentes en inglés emplean distintos nombres para los nuevos organismos, entre ellos Agencia de Investigación de Delitos Graves y Agencia de Investigación de Delitos Mayores para la entidad investigadora. Los informes también difieren sobre sus siete categorías de delitos. Una fuente enumera corrupción, finanzas, economía, defensa, seguridad nacional, ciberdelincuencia y distorsión de la ley. Otra menciona corrupción, delitos económicos, adquisiciones de defensa, drogas, insurrección y agresión extranjera, ciberdelincuencia y distorsión de la ley. Estas descripciones no deben considerarse listas de competencias idénticas, sobre todo mientras se disputa quién debe hacerse cargo de los casos concretos.
Las fechas que marcan la transición
Las primeras semanas de la reforma estuvieron marcadas por varios plazos y decisiones simultáneos. Las estadísticas sobre órdenes judiciales se hicieron públicas después de la puesta en marcha del nuevo sistema, pero solo abarcan hasta agosto. Los acontecimientos posteriores revelan otro problema: las instituciones empezaron a funcionar legalmente antes de que estuvieran listos todos los mecanismos prácticos.
- 29 de septiembre de 2026: Se promulgaron normas revisadas de investigación que permiten a la policía y a las fiscalías solicitar consultas cuando surjan desacuerdos o necesidades de cooperación; se espera que ambas partes participen salvo en circunstancias especiales.
- 1 de octubre: El jefe interino de la policía, Kim Jong-cheol, convocó a unos 650 responsables de investigación y declaró una situación de respuesta de emergencia.
- 2 de octubre: Abrieron los organismos que sustituyeron a la fiscalía y la nueva agencia de investigación de delitos graves.
- 4 de octubre: Se hicieron públicas las cifras que mostraban una tasa de rechazo del 34,1% para las solicitudes de órdenes de arresto.
- 6 de octubre: La policía abrió una investigación sobre el pirateo de una institución financiera y un comité de reforma policial anunció 12 recomendaciones.
- 14 de octubre: Se programó una audiencia de confirmación para Kim Ji-yong, candidato a dirigir la agencia investigadora.
- 30 de diciembre: Expira el permiso transitorio que permite a las fiscalías investigar directamente los casos existentes.
- Febrero de 2027: Se espera que comience a funcionar el consejo de coordinación de competencias de investigación.
La secuencia deja un vacío entre el plazo de diciembre para las investigaciones heredadas y la apertura prevista para febrero del organismo encargado de resolver las disputas de competencias. Hasta que ese consejo entre en funcionamiento, la policía y la nueva agencia investigadora tendrán que negociar quién se hace cargo de cada caso.
La acumulación de casos crece antes de los traslados
Al cierre de septiembre había 186.307 casos pendientes en las fiscalías, frente a 140.513 al cierre de junio, según datos de la fiscalía. Esto supone un aumento de 45.794 casos, aproximadamente un 32,6%, en tres meses.
Se habían preparado criterios de clasificación y una lista de casos para transferir, pero, según informes del 9 de octubre, el traslado efectivo aún no había comenzado. Los casos deben asignarse en función de las competencias y de si las fiscalías pueden concluirlos antes de que finalice el periodo de gracia del 30 de diciembre. Los observadores prevén que al menos 100.000 casos pasarán a la policía o a la nueva agencia, aunque se trata de una estimación y no de una cifra confirmada de traslados.
La dificultad es tanto administrativa como investigativa. La agencia receptora aún no dispone de un sistema electrónico de transferencia terminado. Planea utilizar funciones limitadas del Sistema de Información de Justicia Penal de Corea, conocido como KICS, junto con expedientes en papel. Puede que haya que volver a imprimir documentos ya digitalizados si no se logra organizar la transferencia electrónica.
Los retrasos en los traslados no significan automáticamente que se hayan perdido casos. Sí hacen necesario llevar un seguimiento conjunto del expediente, el investigador responsable, la situación de la orden judicial y cualquier aviso de búsqueda. Kim Beom-jun, director del Instituto de Investigación de Políticas Públicas, ha propuesto un sistema de seguimiento específico para los traslados sensibles y controles que verifiquen que cada transferencia esté completa.
También propuso publicar informes a los tres y seis meses sobre los tiempos de tramitación, los retrasos en los traslados, el personal, la gestión de órdenes judiciales y la protección de las víctimas. Son recomendaciones, no compromisos de publicación ya anunciados. Su utilidad consistiría en mostrar si la transición funciona más allá del cambio de los letreros y los nombres institucionales.
Faltan sistemas y responsables de investigación
La nueva agencia investigadora abrió sin disponer de un sistema electrónico propio para gestionar casos. Quienes presentaron denuncias el 2 de octubre recibieron copias selladas en lugar de recibos electrónicos. Informes de la semana siguiente indicaron que la tramitación en papel de expedientes y órdenes judiciales podría prolongarse durante varios meses o más.
La preparación de las instalaciones también estaba incompleta. Se esperaba que las obras en la sede de Seúl continuaran hasta finales de 2026, y algunas oficinas regionales aún no habían entregado computadoras al personal. Las autoridades indicaron que las investigaciones a gran escala podrían tardar otro mes en comenzar, en lugar de iniciarse inmediatamente después de la apertura de la agencia.
Las vacantes directivas suponen otra limitación. En la oficina de Seúl había 11 puestos vacantes de jefe de división de un total de 25, es decir, el 44%. La unidad de investigación antimonopolio, con una plantilla autorizada de 122 personas, tampoco tenía director. La vacante en la dirección de ciberdelincuencia era especialmente relevante para el caso de pirateo en disputa.
Kim Beom-jun calculó que las nuevas agencias contaban con el 68% del personal autorizado. Esa cifra es su estimación y no ofrece un desglose detallado por institución o especialidad de investigación. Otra fuente señaló que, durante su primera semana, la agencia investigadora no tenía agentes de policía y aún no había empezado a contratar a agentes con experiencia.
El candidato a director, Kim Ji-yong, recibió críticas de defensores de la reforma de la fiscalía del partido gobernante y de Lim Eun-jung, responsable de la oficina de Gwangju, sobre su idoneidad para el cargo. Prometió organizar un equipo encargado del personal, las instalaciones y los sistemas, así como contratar a antiguos fiscales y agentes de policía, abogados, contadores y otros especialistas. Su audiencia de confirmación estaba prevista para el 14 de octubre; los informes no indican cuál fue el resultado.
Casos reales ponen de manifiesto competencias en disputa
La investigación sobre un pirateo informático abierta por la Oficina Nacional de Investigación de la policía el 6 de octubre se convirtió en una de las primeras pruebas de las nuevas normas de competencia. El caso involucraba a instituciones financieras, pero la responsabilidad dependía de cómo se clasificaran legalmente los sistemas afectados.
Las fuentes describen de manera distinta la cuestión pertinente: si los sistemas constituyen infraestructura financiera electrónica o si forman parte de la infraestructura crítica nacional cubierta por el mandato de la nueva agencia. La policía concluyó provisionalmente que podía conservar el caso y solicitó una interpretación jurídica a la Comisión de Servicios Financieros. Los informes no indicaban que esa revisión hubiera llegado a una conclusión.
Aunque se exigiera transferir el caso, la vacante en la dirección de ciberdelincuencia de la nueva agencia planteaba una cuestión práctica sobre quién dirigiría la investigación. La disputa muestra cómo las responsabilidades legales y la capacidad operativa pueden ir en direcciones distintas.
Un segundo solapamiento se refiere al Hospital Won, en el distrito de Michuhol de Incheon, donde cuatro pacientes murieron durante el primer semestre de 2026. El 6 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea presentó una denuncia penal ante la nueva agencia contra el director del hospital, por presuntos delitos que incluyen homicidio por negligencia en el ejercicio de funciones profesionales, confinamiento ilegal y ordenar procedimientos médicos sin licencia.
La policía de Incheon ya investigaba el caso tras una denuncia de familiares de las víctimas y registró el hospital ese mismo día. Se trata de acusaciones bajo investigación, no de declaraciones de culpabilidad. Al haber denuncias ante dos instituciones, las autoridades deben decidir cómo coordinar el trabajo y evitar interrogatorios duplicados innecesarios.
Las víctimas afrontan traslados reiterados de las investigaciones
Las consecuencias de la reforma van más allá de las órdenes judiciales. Cuando la policía decide no remitir un caso para que se presente una acusación, las fiscalías pueden revisar los documentos y solicitar una nueva investigación. La policía puede investigar de nuevo y mantener su decisión inicial, lo que puede dar lugar a otra solicitud o a un traslado a otro organismo investigador.
En ocasiones, esa revisión ha cambiado el resultado. Datos de la Agencia Nacional de Policía presentados al diputado del Partido del Poder Popular Kang Myoung-gu muestran que la policía revocó decisiones iniciales en 8.808 de los 40.001 casos en los que se solicitaron nuevas investigaciones entre 2023 y 2025, es decir, en el 22%. La cifra demuestra que la revisión corrigió algunas decisiones anteriores, no que todas las demás fueran erróneas.
En 2025 también se solicitaron nuevas investigaciones en 110.623 de los 752.560 casos remitidos por la policía, es decir, en el 14,7%, frente a una tasa del 11,9% en 2021, según los datos publicados. Estas solicitudes corresponden a casos remitidos y no deben combinarse con las cifras independientes sobre la revisión de decisiones de no remisión.
Con las nuevas normas, las fiscalías pueden solicitar nuevas investigaciones y verificar hechos, pero por lo general no pueden realizar sus propias investigaciones complementarias. Las declaraciones y los materiales obtenidos mediante esa verificación no pueden admitirse como prueba en un juicio. El permiso transitorio limitado para los casos existentes solo estará vigente hasta el 30 de diciembre.
Koo Bon-jin, abogado y antiguo fiscal de una división penal, explicó el cambio en las pruebas:
«A veces las víctimas cambian su declaración después de llegar a un acuerdo».
«Antes, las declaraciones hechas ante un fiscal podían utilizarse como prueba si quien las había presentado confirmaba que eran exactas. Con el nuevo sistema, no pueden utilizarse como prueba aunque esa persona las confirme».
Si todavía se necesitan pruebas admisibles, un organismo investigador debe obtenerlas. Por ello, la calidad de la comunicación entre las instituciones es fundamental tanto para la rapidez como para la solidez de un caso.
Por lo general, los investigadores disponen de tres meses para completar una nueva investigación solicitada, mientras que las víctimas tienen tres meses desde la notificación para oponerse a una decisión policial de no remitir un caso. Una fuente calcula que el proceso puede prolongarse 11 meses al pasar por etapas sucesivas de revisión e investigación. Se trata de una posible secuencia, no de un mínimo universal ni de un promedio medido. El promedio de 6,9 meses citado para 2025 abarca desde la investigación hasta una primera resolución judicial, por lo que ambas mediciones no son directamente comparables.
La supervisión policial sigue sin definirse
El jefe interino de la policía, Kim Jong-cheol, respondió a la transición reuniendo a unos 650 responsables en la sede policial de Seúl el 1 de octubre. Dijo que la opinión pública observaba si la policía tenía capacidad suficiente y ejercía sus facultades con imparcialidad y moderación, y anunció:
«Declaro una situación de respuesta de emergencia hasta que el nuevo sistema se haya arraigado plenamente en la práctica».
La policía indicó que los jefes de las comisarías revisarían a diario los casos importantes y aquellos señalados por las fiscalías, con revisiones adicionales de las agencias provinciales y metropolitanas y de la Oficina Nacional de Investigación. Las faltas graves, como manipular casos o aceptar sobornos, normalmente darían lugar al despido o la separación del cargo. Unidades creadas en septiembre harían un seguimiento de las solicitudes de nuevas investigaciones de las fiscalías.
El Comité de Reforma de la Investigación Policial para Restablecer la Confianza Pública añadió 12 recomendaciones el 6 de octubre. Propuso contratar cada año durante cinco años a al menos 100 agentes con formación jurídica y asignar entre dos y cuatro especialistas jurídicos adicionales a cada comisaría. También propuso que se informara obligatoriamente de las indagaciones no autorizadas sobre casos, que se aplicaran sanciones disciplinarias por no informar de ellas y que se documentaran electrónicamente las instrucciones de investigación de los superiores.
Otras recomendaciones incluyeron transferir a otro organismo los casos relacionados con familiares de agentes, permitir consultar en línea el estado de los casos y crear por ley un panel de revisión de investigaciones integrado exclusivamente por miembros externos. La Agencia Nacional de Policía dijo que aceptaría activamente las recomendaciones y presentaría planes y plazos de aplicación. Esa respuesta no demuestra que las medidas ya estén en vigor.
La supervisión externa tampoco está resuelta. Las modificaciones propuestas a la Comisión Nacional de Policía le permitirían exigir informes, solicitar medidas disciplinarias y contar con una secretaría administrativa propia. Los planes de rotación de personal han encontrado resistencia por la posible pérdida de experiencia y conocimiento local, y las conversaciones con el consejo laboral policial se han interrumpido.
La fuerza intenta llevar a cabo estos cambios bajo su tercer jefe interino desde que el antiguo comisionado general Cho Ji-ho fuera apartado de sus funciones en diciembre de 2024 por su papel en la declaración de la ley marcial del 3 de diciembre. La prueba conjunta es concreta: una supervisión más estricta debe detectar investigaciones deficientes sin generar retrasos evitables, mientras que unas facultades policiales más amplias requieren controles que funcionen en la práctica.
Puntos clave
- Las fiscalías rechazaron el 34,1% de las solicitudes policiales de órdenes de arresto entre enero y agosto de 2026, frente al 26,8% de 2025.
- Las cifras corresponden a solicitudes detenidas por las fiscalías antes de la revisión judicial y son anteriores a la reforma institucional del 2 de octubre.
- Los casos pendientes en las fiscalías llegaron a 186.307 al cierre de septiembre, aproximadamente un 32,6% más que en junio.
- La nueva agencia investigadora abrió con sistemas incompletos, falta de personal y puestos directivos vacantes.
- Las facultades de investigación heredadas expiran el 30 de diciembre, mientras que se espera que el consejo de coordinación de competencias empiece a funcionar en febrero de 2027.
- Las reformas de supervisión policial y las recomendaciones sobre personal jurídico se encuentran en distintas etapas de planificación y aplicación.
