Francia investiga contratos de Thales en Azerbaiyán mientras un exdirectivo en Bakú sigue encarcelado

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France investigates Thales contracts in Azerbaijan as former Baku executive remains imprisoned

Investigación francesa examina contratos en Azerbaiyán

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia investiga desde junio de 2023 presuntos casos de corrupción en contratos en el extranjero relacionados con Thales, incluidas las operaciones del grupo de defensa y tecnología en Azerbaiyán. En junio de 2024, los investigadores registraron instalaciones de la empresa como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la venta de equipos militares y civiles en el extranjero.

Contenido
  1. Investigación francesa examina contratos en Azerbaiyán
  2. Qué investigan los fiscales franceses
  3. De las responsabilidades regionales a la prisión
  4. Los socios locales detrás de las acusaciones de Sahan
  5. Dos versiones radicalmente distintas del caso penal
  6. Preocupación por su salud y pedidos a Francia
  7. Un precedente diplomático, pero sin una solución anunciada
  8. Puntos clave

La investigación ha vuelto a centrar la atención en Mehmet Sahan, un ciudadano francés y turco de 48 años que dirigió la oficina de representación de la empresa en Bakú entre mayo de 2014 y abril de 2021. Detenido en Azerbaiyán el 17 de febrero de 2022 tras una denuncia de su antiguo empleador, niega las acusaciones de haber malversado aproximadamente 5 millones de euros de los fondos operativos de la empresa.

En abril de 2026, un tribunal de Azerbaiyán confirmó su condena a 10 años de prisión por malversación y falsificación de documentos. Sahan afirma que su procesamiento fue una represalia por investigar presuntos casos de corrupción en torno a las relaciones comerciales locales de Thales. Thales rechaza las acusaciones que la vinculan con la corrupción y sostiene que las sentencias azerbaiyanas establecen que fue víctima de la conducta indebida de Sahan.

Se trata de procesos judiciales distintos: un caso en Azerbaiyán contra un ex empleado y una investigación francesa sobre operaciones comerciales internacionales. La investigación francesa no demuestra por sí sola las acusaciones de Sahan, mientras que su condena no resuelve lo que examinan los fiscales franceses.

Qué investigan los fiscales franceses

La investigación francesa se refiere a presuntas irregularidades en la venta de equipos militares y civiles fuera de Francia. Azerbaiyán es uno de los países cuyos contratos con Thales están bajo escrutinio, pero el alcance de la investigación es más amplio que la disputa con Sahan.

Los registros se realizaron en junio de 2024, un año después del inicio de la investigación. Según los informes, se llevaron a cabo en instalaciones de la empresa en varios países. En las informaciones sobre el caso no se han identificado los contratos, clientes, acuerdos de pago ni pruebas concretas obtenidas durante esos registros.

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Un registro permite a los investigadores recopilar material que puede ayudar a determinar si se cometió un delito. No constituye una declaración de culpabilidad. No se ha informado de ningún resultado de la investigación francesa ni de una fecha prevista para su conclusión.

Thales declinó hacer comentarios sobre la investigación en curso. Por separado, rechazó por infundadas y engañosas las acusaciones que vinculan a la empresa con la corrupción y reafirmó su política de tolerancia cero frente a las conductas ilegales. Esta distinción es importante: negarse a hablar de una investigación fiscal no equivale a una admisión, y una negativa de la empresa no resuelve las acusaciones examinadas.

De las responsabilidades regionales a la prisión

Sahan pasó casi siete años al frente de la oficina de representación de Thales en Bakú. En enero de 2020, sus responsabilidades se ampliaron para incluir Ucrania y Georgia, por lo que su cargo abarcó otros países además de Azerbaiyán antes de que su relación laboral terminara en abril de 2021.

Padre de cuatro hijos, fue detenido menos de un año después. Ahora cuestiona tanto las acusaciones financieras en su contra como la imparcialidad del proceso que condujo a su condena a prisión.

La cronología sitúa su trayectoria profesional, su detención y la investigación francesa en secuencias distintas, aunque coincidentes:

  • Mayo de 2014: Sahan comenzó a dirigir la oficina de representación de Thales en Bakú.
  • Enero de 2020: Sus responsabilidades se ampliaron para incluir Ucrania y Georgia.
  • Abril de 2021: Terminó su periodo al frente de la oficina de Bakú.
  • 17 de febrero de 2022: Las autoridades de Azerbaiyán lo detuvieron.
  • Junio de 2023: La Fiscalía Nacional Financiera de Francia inició su investigación sobre contratos de Thales en el extranjero.
  • Junio de 2024: Los investigadores registraron instalaciones de Thales.
  • Abril de 2026: Un tribunal de Azerbaiyán confirmó su condena a 10 años.

La cronología fechada muestra que transcurrieron más de cuatro años entre su detención y la decisión de abril de 2026. Las descripciones de su encarcelamiento como cercano a los cinco años dependen de cuándo se escribieron; la fecha de inicio es el 17 de febrero de 2022.

Los socios locales detrás de las acusaciones de Sahan

La explicación de Sahan sobre su procesamiento se centra en los intermediarios y socios con los que Thales hacía negocios en Azerbaiyán. Según él, la empresa recurría a VES Consultancy, una firma de asesoría con sede en Bakú, y a Concept.com, un socio industrial con sede en Luxemburgo.

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Ambas entidades estaban vinculadas a Khagani Bashirov, ciudadano azerbaiyano nacido en 1961 que obtuvo la nacionalidad francesa en 2008. Estuvo relacionado con las empresas como accionista o director. Ese vínculo común forma parte concreta del relato de Sahan, aunque por sí solo no demuestra que ninguna de las dos empresas incurriera en conductas indebidas.

En una entrevista de 2020, Bashirov describió así su propia relación con el grupo de defensa:

«consultor de Thales en Azerbaiyán entre 2002 y 2017».

El periodo que indicó coincide con los primeros tres años de Sahan al frente de la oficina de Bakú. También sitúa su relación declarada como consultor mucho antes del nombramiento de Sahan. En las informaciones sobre el caso no se han establecido las tareas concretas realizadas, los pagos recibidos ni las responsabilidades contractuales de las dos empresas.

Thales explicó que recurría a socios locales en países extranjeros donde no contaba con suficiente experiencia propia. La empresa describió la colaboración con esos socios como una práctica habitual del sector, aunque reconoció que están expuestos a riesgos de incumplimiento:

«considerados entre los terceros más expuestos al riesgo de corrupción o tráfico de influencias».

La corrupción puede consistir en ofrecer un beneficio para influir indebidamente en una decisión. El tráfico de influencias implica aprovechar el acceso o la influencia sobre quienes toman decisiones. La exposición de un intermediario a estos riesgos no demuestra que haya cometido un delito, pero explica por qué los servicios prestados y los motivos de los pagos pueden ser relevantes en una investigación sobre contratos en el extranjero.

Dos versiones radicalmente distintas del caso penal

Los tribunales de Azerbaiyán condenaron a Sahan por malversación y falsificación de documentos. La acusación financiera se refiere a aproximadamente 5 millones de euros de fondos operativos, que él niega haber sustraído. Thales sostiene que las sentencias demostraron de forma concluyente que falsificó documentos y desvió dinero de la empresa.

Sahan ofrece una versión distinta. Cree que sus esfuerzos por investigar posibles redes de corrupción relacionadas con las actividades de Thales en Azerbaiyán provocaron su caída. Describe el proceso en su contra como una «parodia judicial». Se trata de una acusación suya, no de una conclusión de los fiscales franceses que investigan los contratos de la empresa.

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Los informes también difieren en la forma de describir la obligación financiera de 4 millones de euros impuesta junto con la condena. Una información la califica de multa; otra afirma que el tribunal ordenó pagar 4 millones de euros en concepto de indemnización. Una multa es una sanción económica punitiva, mientras que una indemnización suele compensar una pérdida. Sin conocer la redacción exacta de la sentencia, estos términos no deben considerarse intercambiables.

Los aproximadamente 5 millones de euros que supuestamente malversó y los 4 millones de euros que ordenó pagar el tribunal son cifras distintas. Las informaciones no explican cómo calculó el tribunal la segunda cantidad ni por qué difiere de la pérdida alegada.

Thales también condenó lo que describió como una manipulación deliberada de los hechos que podría dañar su reputación. Su postura contradice directamente la acusación de represalia de Sahan. Ninguna conclusión publicada de la investigación francesa establece un vínculo causal entre el examen de los socios locales por parte de Sahan y su procesamiento en Azerbaiyán.

Preocupación por su salud y pedidos a Francia

La disputa legal de Sahan está acompañada por la preocupación por el deterioro de su salud en prisión. Sus abogados han pedido su repatriación, y él ha apelado al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y al Estado francés.

En mensajes escritos en los que describió su situación, Sahan expresó temor a no sobrevivir a su detención:

«Me estoy jugando la vida».

No se ha informado de un diagnóstico concreto, una evaluación médica independiente ni un historial detallado de tratamiento. Sus declaraciones muestran la urgencia de su pedido, pero no permiten evaluar de forma independiente su estado ni la atención médica que recibe.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dijo que seguía de cerca su situación. Se negó a hablar sobre el fondo del caso o a responder a las preocupaciones por su salud. Su respuesta deja sin aclarar qué asistencia consular o médica se ha proporcionado y si se está tramitando una solicitud de repatriación.

El Estado francés posee el 27 % de Thales, lo que añade una dimensión pública a una disputa que involucra a una importante empresa de defensa y a un ciudadano francés encarcelado en el extranjero. Esa participación no demuestra que el Gobierno sea responsable de las conductas denunciadas ni determina el resultado de ninguno de los dos procesos judiciales.

Un precedente diplomático, pero sin una solución anunciada

Martin Ryan, otro ciudadano francés detenido en Azerbaiyán, recibió un indulto el 23 de septiembre. Francia consiguió su liberación en un intercambio que incluyó el levantamiento de las sanciones impuestas a dos oligarcas rusos, un acuerdo que molestó a sus socios europeos. En las informaciones que describen el precedente no se especifica el año de ese acuerdo del 23 de septiembre.

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La liberación de Ryan demuestra que en otro caso de un ciudadano francés detenido en Azerbaiyán se llegó a una solución negociada. No demuestra que se esté considerando un acuerdo similar para Sahan, cuyas circunstancias y condenas son distintas.

No se ha anunciado ningún indulto, acuerdo de liberación ni fecha de repatriación para Sahan. Tampoco se ha identificado una audiencia posterior ni un plazo para tomar una decisión tras la resolución de abril de 2026 que confirmó su condena.

Las principales cuestiones pendientes siguen siendo distintas: qué determinarán los investigadores franceses sobre las operaciones de Thales en el extranjero, si Sahan podrá obtener más recursos legales y cómo se atenderán sus problemas de salud. Para ofrecer un relato completo, es necesario mantener separadas estas cuestiones y, al mismo tiempo, reconocer que convergen en el mismo exdirectivo y en las operaciones de la empresa en Azerbaiyán.

Puntos clave

  • Los fiscales financieros franceses comenzaron en junio de 2023 a investigar contratos de Thales en el extranjero, incluidas sus actividades en Azerbaiyán.
  • Los investigadores registraron instalaciones de la empresa en junio de 2024; no se ha informado del resultado de la investigación francesa.
  • Mehmet Sahan está detenido desde el 17 de febrero de 2022. En abril de 2026, un tribunal de Azerbaiyán confirmó su condena a 10 años.
  • Sahan niega haber malversado aproximadamente 5 millones de euros y afirma que fue objeto de represalias por investigar presuntos casos de corrupción. Thales rechaza su versión.
  • Los informes describen de maneras distintas la obligación de pagar 4 millones de euros impuesta junto con la condena: como multa o como indemnización.
  • Los abogados de Sahan piden su repatriación ante la preocupación por su salud. Francia afirma que sigue de cerca su situación, pero no se ha anunciado una fecha de liberación.
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