Arrestos verificados en Kabul y Herat
Las autoridades talibanas arrestaron o detuvieron al menos a 52 mujeres y una niña en Kabul y Herat entre julio y septiembre de 2026 por presuntas infracciones que incluían llevar pañuelos de colores o maquillaje, mostrar el cabello o aparecer en público sin un tutor varón, informó el 8 de octubre la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
Contenido
- Arrestos verificados en Kabul y Herat
- ¿Qué provocó las detenciones?
- Una detención breve puede tener consecuencias duraderas
- Los arrestos de junio dieron lugar a una protesta mortal
- Las normas y los límites al uso de la fuerza policial
- Obligaciones en materia de derechos y versiones contradictorias sobre órdenes de detención
- Casi 6,5 millones de personas que han regresado enfrentan dificultades para reconstruir sus vidas
- Siguen siendo escasos el trabajo, la vivienda y los documentos
- Lo que no se ha establecido
- Puntos clave
Las mujeres fueron liberadas al cabo de varias horas, según la misión. Otras mujeres recibieron amenazas de arresto. La UNAMA advirtió que su recuento verificado podría subestimar el alcance de la aplicación de estas normas, ya que las preocupaciones sobre la protección y el estigma social impiden que se denuncien algunos incidentes.
En su comunicado del 8 de octubre, la UNAMA se declaró «profundamente preocupada» por los arrestos, las detenciones y las amenazas contra mujeres y niñas en varias zonas de Afganistán. También informó de insultos, agresiones y amenazas contra mujeres, incluidas comerciantes.
Estos hallazgos se producen después de arrestos en Herat en junio y de una protesta en la que, según las denuncias, las autoridades abrieron fuego. También llegan mientras Afganistán recibe a casi 6,5 millones de personas que han regresado de Irán y Pakistán desde 2023, muchas de ellas sin empleo, con alojamiento insuficiente y sin documentos.
Los talibanes no respondieron de inmediato al último comunicado de la UNAMA. La misión instó a las autoridades a poner fin a la aplicación discriminatoria de las normas y a respetar las obligaciones de Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Qué provocó las detenciones?
La UNAMA identificó varios presuntos motivos de detención: no llevar chador, tener el cabello visible, llevar pañuelos de colores o maquillaje y salir sin un mahram. El chador es una prenda que cubre el cuerpo, mientras que un mahram es un tutor o acompañante varón.
La lista muestra que la aplicación de las normas va más allá de la vestimenta y afecta a la posibilidad de que las mujeres se desplacen solas por espacios públicos. La UNAMA no detalló cuántas mujeres fueron detenidas por cada presunta infracción ni cómo se distribuyeron los 53 casos verificados entre Kabul y Herat.
La misión describió los incidentes como arrestos o detenciones, sin diferenciar ambas categorías en su recuento. El comunicado no detalla cargos formales, procedimientos judiciales ni las circunstancias precisas de cada liberación. Por tanto, la cifra verificada documenta a personas sometidas a la aplicación de estas normas, no un total publicado de procesos judiciales o condenas.
La liberación al cabo de varias horas limita las conclusiones que pueden extraerse sobre la duración de la detención. Sin embargo, no elimina las preocupaciones por los motivos de la detención ni por el trato recibido por las mujeres antes de que se les permitiera marcharse.
Una detención breve puede tener consecuencias duraderas
La UNAMA afirmó que estas prácticas vulneran los derechos de las mujeres y las niñas a la libertad de circulación, la libertad de expresión y la autonomía. Estos derechos abarcan la posibilidad de desplazarse, expresar decisiones personales y tomar decisiones sobre la propia vida sin interferencias injustificadas.
La misión también advirtió que los arrestos y las detenciones exponen a mujeres y niñas a un grave estigma social y a una mayor exclusión. Esta preocupación ayuda a explicar por qué un mínimo verificado no mide necesariamente de forma fiable el alcance total de la aplicación de estas normas: las mujeres que temen las consecuencias de denunciar un incidente quizá nunca queden incluidas en el recuento documentado.
Las amenazas de arresto importan por separado de las detenciones efectivas. Una mujer puede evitar una tienda, un lugar de trabajo o un viaje por temor a que la detengan, aunque las autoridades nunca la pongan bajo custodia. La UNAMA registró amenazas, pero no publicó una cifra total de las mujeres afectadas.
La inclusión de comerciantes vincula los abusos denunciados con la capacidad de las mujeres para ganarse la vida. La misión no cuantificó cuántas comerciantes fueron amenazadas o agredidas ni calculó las pérdidas comerciales. Sin embargo, su comunicado señala que entre las personas intimidadas hay mujeres que realizan actividades comerciales cotidianas.
Los arrestos de junio dieron lugar a una protesta mortal
Los últimos hallazgos se producen después de un enfrentamiento previo en Herat. Expertos independientes de derechos humanos de la ONU señalaron que decenas de mujeres fueron detenidas el 6 y el 7 de junio de 2026 por presuntas infracciones de una orden sobre la vestimenta de las mujeres. Entre los requisitos denunciados figuraban llevar burka o chador con mascarilla, así como la prohibición de usar perfume.
El 9 de junio, hombres, mujeres y niños se reunieron para protestar contra las restricciones y las detenciones. En su comunicado sobre Herat, los expertos afirmaron que, según las denuncias, las autoridades abrieron fuego y golpearon a los manifestantes.
Las cifras de víctimas varían según las fuentes. Un informe anterior de la UNAMA señaló que al menos un niño murió por disparos en la zona de Jibreil, en Herat, y que varias personas resultaron heridas. Los expertos independientes informaron de al menos dos muertos, incluido un niño, y más de 20 heridos. Los distintos recuentos mínimos no pueden considerarse idénticos y no se ha anunciado ninguna conciliación entre ellos.
La información sobre los hallazgos de junio de la UNAMA también situó en al menos 30 el número de mujeres arrestadas en Herat, mientras que decenas más recibieron advertencias verbales. Esa cifra corresponde a un período distinto del de las 52 mujeres y la niña documentadas entre julio y septiembre. No debe utilizarse para calcular una tendencia sin información comparable sobre las denuncias y la verificación.
La secuencia de los hechos documentados es la siguiente:
- 6 y 7 de junio de 2026: Según los informes, decenas de mujeres fueron detenidas en Herat por presuntas infracciones de las normas sobre vestimenta.
- 9 de junio: Los manifestantes protestaron contra las restricciones y las detenciones; según las denuncias, las autoridades recurrieron a disparos y agresiones.
- De julio a septiembre: La UNAMA verificó el arresto o la detención de al menos 52 mujeres y una niña en Kabul y Herat.
- 8 de octubre: La UNAMA publicó sus últimos hallazgos e instó a poner fin a la aplicación discriminatoria de las normas.
Las normas y los límites al uso de la fuerza policial
El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio aplica las normas talibanas sobre vestimenta y conducta en público. El marco que las rige es la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que otorga amplias facultades de aplicación a los funcionarios encargados de la moralidad.
Desde que regresaron al poder en 2021, mientras se retiraban las fuerzas lideradas por Estados Unidos, los talibanes han impuesto amplias restricciones a la educación, el empleo y la movilidad de las mujeres. Las niñas y las mujeres tienen prohibido estudiar más allá de la escuela primaria. Las normas sobre vestimenta en público exigen el uso de un pañuelo en la cabeza, una prenda larga que cubra el cuerpo y un velo facial.
Los talibanes sostienen que sus normas reflejan su interpretación de la ley islámica y la cultura afgana. Las objeciones de la ONU se refieren tanto a las propias restricciones como al uso de poderes coercitivos para hacerlas cumplir.
Entre los expertos independientes que se pronunciaron sobre la violencia de junio estaban Richard Bennett, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Ambos explicaron los límites legales de la actuación de las fuerzas del orden:
«El uso de la fuerza en la aplicación de la ley está estrictamente limitado por el derecho internacional», afirmaron los expertos. «Solo está permitido cuando es legal, necesario y proporcional a la amenaza que enfrentan los agentes u otras personas, y cuando respeta los principios de precaución, no discriminación y rendición de cuentas».
Los expertos reconocieron que había informes según los cuales algunos manifestantes lanzaron piedras. Afirmaron que esos actos, por sí solos, no alcanzarían el estricto umbral que permite el uso de fuerza letal. Instaron a realizar una investigación independiente, imparcial y transparente que determine si el uso de fuerza letal era necesario para proteger la vida e identifique a los responsables a lo largo de la cadena de mando.
Obligaciones en materia de derechos y versiones contradictorias sobre órdenes de detención
Los expertos que se pronunciaron en junio afirmaron que las detenciones por infracciones de las normas sobre vestimenta podrían ser arbitrarias e ilegales, pues parecen castigar a las mujeres por ejercer su libertad de expresión y su derecho a no sufrir discriminación por motivos de género. Una detención arbitraria es aquella que carece de justificación legal suficiente o vulnera derechos fundamentales, incluso cuando las autoridades invocan una norma nacional.
Citaron las obligaciones de Afganistán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sostuvieron que los talibanes, como autoridades que ejercen el control, deben cumplir los tratados de los que Afganistán es parte.
Informes separados describen medidas de la Corte Penal Internacional contra altos cargos talibanes, pero difieren sobre el momento y el número de órdenes de detención. Una versión afirma que se emitieron cuatro órdenes a comienzos de la semana del 8 de octubre. Otra señala que esa semana se hicieron públicas dos órdenes adicionales, que se sumaron a las ya existentes contra el líder talibán Hibatullah Akhundzada y el presidente del Tribunal Supremo, Abdulhakim Haqani.
Estas descripciones no deben reducirse a la afirmación de que esa semana se emitieron cuatro órdenes nuevas. Ambas relacionan las medidas del tribunal con presuntos crímenes de lesa humanidad que implican la privación de los derechos de mujeres y niñas. En esos informes no se identifica a los dos funcionarios afectados por las órdenes adicionales.
Una orden de detención no equivale a una condena. Los talibanes rechazaron la medida de la Corte y afirmaron que tenía motivaciones políticas y violaba la soberanía de Afganistán. Esa respuesta a la Corte Penal Internacional es independiente de la falta de una respuesta inmediata al comunicado de la UNAMA del 8 de octubre.
Casi 6,5 millones de personas que han regresado enfrentan dificultades para reconstruir sus vidas
Junto con los hallazgos sobre los arrestos, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó información sobre los afganos que regresan de Irán y Pakistán. Casi 6,5 millones han regresado desde 2023, según el informe de la ONU de octubre, que presentó el panorama de resiliencia de las personas retornadas elaborado por la agencia.
El informe analiza hogares de personas retornadas sin documentación y personas que llevaban al menos ocho meses en Afganistán después de su llegada. Por ello, los hallazgos permiten evaluar si las personas pueden reconstruir sus vidas una vez superadas las necesidades inmediatas en la frontera.
Mihyung Park, jefa de misión de la OIM en Afganistán, describió la magnitud del desafío:
«Afganistán recibe a personas retornadas a una escala y un ritmo que requieren apoyo sostenido más allá del momento de su llegada», afirmó Mihyung Park.
En la población evaluada, el 82 % regresó como parte de un hogar, con un promedio de 6,1 personas por hogar. Los menores de 18 años representaban el 58 %. Estos hallazgos apuntan a importantes necesidades de alojamiento familiar, educación y servicios esenciales.
Las estadísticas sobre las personas retornadas son independientes del recuento de detenciones de la UNAMA. No permiten determinar cuántas fueron interceptadas por las normas sobre vestimenta ni si alguna de las mujeres detenidas había regresado recientemente de Irán o Pakistán.
Siguen siendo escasos el trabajo, la vivienda y los documentos
Entre las personas retornadas evaluadas de 14 años o más, el 53 % no había completado ningún nivel educativo, la mitad carecía de experiencia especializada y el 69 % no había tenido empleo durante los 30 días anteriores a la entrevista. La cifra de empleo mide la actividad laboral reciente, no la exclusión permanente del empleo, pero muestra cuántas personas estaban reconstruyendo sus vidas sin ingresos recientes.
Las condiciones de vivienda también eran difíciles. El 77 % de las personas evaluadas vivía en alojamientos temporales, mientras que el 51 % no disponía de espacio suficiente. Se trata de indicadores distintos: el tipo de alojamiento no demuestra por sí solo si un hogar cuenta con espacio suficiente.
Solo el 21 % de las personas encuestadas que encabezaban un hogar afirmó que todos sus integrantes tenían documentación. Por separado, el 43 % carecía de los documentos necesarios para acceder a los servicios pertinentes. Estos porcentajes no deben considerarse opuestos, ya que tener documentación para todos los integrantes del hogar y disponer de los documentos necesarios para acceder a un servicio concreto son criterios distintos.
Park explicó qué considera necesario la OIM para una recuperación duradera:
«Los hallazgos muestran que muchas personas retornadas tienen la intención de quedarse y reconstruir sus vidas, pero su capacidad para hacerlo depende del acceso a medios de vida, alojamiento seguro, documentación y servicios esenciales, además del apoyo a las comunidades que las reciben».
La OIM pidió asistencia sostenida para las personas retornadas y las comunidades que las reciben, con oportunidades de trabajo, alojamiento, apoyo para obtener documentación y servicios básicos. Su enfoque se centra en los lugares donde se establecen las personas, en vez de limitar la asistencia al momento de su llegada.
Lo que no se ha establecido
Los dos informes de la ONU ponen de manifiesto una tensión práctica. Las personas retornadas necesitan acceder al trabajo y a los servicios, mientras que las restricciones a la movilidad y la presencia de las mujeres en público limitan su capacidad para atender esas mismas necesidades. Los datos no miden el efecto directo de la aplicación de las normas sobre vestimenta en los hogares de personas retornadas, por lo que esa relación no puede expresarse como una pérdida económica ni como una cifra de servicios a los que no pudieron acceder.
La UNAMA no ha publicado un recuento completo de las amenazas, un desglose de las últimas detenciones por ciudad ni historias individuales de los casos. Las cifras de víctimas de junio también varían entre los distintos informes. No se han comunicado hallazgos de la investigación independiente solicitada por los expertos en derechos humanos.
Los expertos pidieron que se liberara a las personas detenidas, que se las protegiera contra los malos tratos, que las personas heridas recibieran atención médica y que se pusiera fin a los registros de viviendas. El comunicado de octubre de la UNAMA pide que cese la aplicación discriminatoria de las normas. Ninguno de los dos comunicados establece un plazo para cumplir estas exigencias ni anuncia una fecha de audiencia.
La distinción inmediata es entre la liberación y un cambio en la aplicación de las normas. La UNAMA afirma que las mujeres fueron liberadas al cabo de varias horas, pero también documenta amenazas y abusos. Por tanto, su petición va más allá de poner fin a períodos individuales de detención: busca que cesen las prácticas que castigan a mujeres y niñas por sus decisiones sobre la vestimenta y sus desplazamientos en público.
Puntos clave
- La UNAMA verificó el arresto o la detención de al menos 52 mujeres y una niña en Kabul y Herat entre julio y septiembre de 2026.
- Entre las presuntas infracciones figuraban tener el cabello visible, llevar pañuelos de colores o maquillaje, no llevar chador y aparecer en público sin un tutor varón.
- Las mujeres fueron liberadas al cabo de varias horas; la UNAMA advirtió que el temor y el estigma podrían ocultar otros casos.
- En Herat hubo protestas en junio tras detenciones previas. Las versiones difieren entre al menos una muerte y al menos dos.
- Funcionarios de la ONU y expertos independientes pidieron que cesara la aplicación discriminatoria de las normas y que se exigieran responsabilidades por los presuntos abusos.
- Los informes difieren sobre si se emitieron cuatro órdenes nuevas de la Corte Penal Internacional o si se hicieron públicas dos junto con otras dos ya existentes.
- Casi 6,5 millones de afganos han regresado de Irán y Pakistán desde 2023. La OIM documentó importantes carencias de empleo, alojamiento y documentos necesarios para acceder a servicios.
