La propuesta de ley de espionaje de Filipinas genera preocupación por la libertad de expresión

Una definición más amplia del espionaje y un debate más amplio sobre las libertades civiles

La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó un proyecto de ley que extendería los delitos de espionaje a tiempos de paz, aumentaría considerablemente las penas y otorgaría nuevos poderes de investigación a las autoridades. Sus defensores afirman que la medida actualizaría leyes redactadas antes de las operaciones cibernéticas modernas y las tecnologías de vigilancia. Periodistas, legisladores de la oposición y expertos jurídicos advierten que sus definiciones amplias también podrían dejar a la prensa, el escrutinio público o la defensa de causas expuestos a procesos judiciales.

El proyecto de ley 9642 de la Cámara, conocido como la propuesta de Nueva Ley de Espionaje, fue aprobado en tercera y última lectura el 17 de septiembre por 247 votos contra 10, sin abstenciones. Sustituiría o ampliaría las normas basadas en la Ley de la Mancomunidad n.º 616, promulgada en 1941, y en disposiciones del Código Penal Revisado. El marco vigente se considera ampliamente desactualizado: la ley de 1941 se centra en el espionaje en tiempos de guerra, mientras que la definición del código se refiere a la entrada no autorizada en instalaciones militares para obtener información en favor de una potencia extranjera.

La medida aún no es ley. Debe ser aprobada por el Senado y recibir la firma del presidente. El Senado examina su propia propuesta, el proyecto de ley n.º 33 del Senado, presentado por el senador Panfilo Lacson. Las disposiciones definitivas podrían cambiar durante el debate legislativo.

La disputa central consiste en cómo proteger la información y las infraestructuras sensibles sin otorgar al Gobierno poderes tan amplios que inhiban la expresión legítima. La cuestión es importante en un país donde las tensiones regionales intensifican las preocupaciones de seguridad nacional, mientras periodistas y defensores de los derechos han expresado inquietud por el uso de leyes de seguridad contra quienes critican al Gobierno.

¿Qué se consideraría espionaje?

El proyecto 9642 de la Cámara abarcaría la divulgación o el manejo no autorizado de información clasificada tanto en tiempos de paz como de guerra, cuando esa divulgación pudiera perjudicar a Filipinas al dar una ventaja a un actor extranjero o nacional. También abarcaría conductas relacionadas con activos de defensa e infraestructuras críticas, además de ciertas formas de vigilancia e interferencia ilícitas.

El proyecto incluye herramientas y métodos modernos que las leyes anteriores no contemplaban, como drones, cámaras, dispositivos de escucha, equipos de rastreo y representaciones digitales o multimedia de instalaciones. El acceso no autorizado a un boceto, plano, diseño o representación multimedia de infraestructuras críticas o instalaciones de defensa podría constituir un delito, con excepciones para material obtenido de fuentes abiertas o por otros medios lícitos.

En general, las infraestructuras críticas son sistemas e instalaciones cuya interrupción podría afectar los servicios esenciales o la seguridad pública. Las telecomunicaciones, la energía y los sistemas alimentarios figuran entre los sectores mencionados en el debate. La amplitud de esta categoría es una de las razones de la preocupación de los críticos: las investigaciones o informaciones periodísticas sobre sectores fundamentales para la vida cotidiana podrían incluir datos que las autoridades consideren sensibles.

Sus defensores sostienen que la actualización responde a deficiencias reales. El Departamento de Defensa Nacional ha calificado de arcaicas las normas vigentes. Su portavoz, el subsecretario Arsenio Andolong, ha dicho que el espionaje moderno puede incluir vigilancia con drones, intrusiones cibernéticas, extracción masiva de datos e interceptores de señales cerca de bases militares o infraestructuras. Estos métodos pueden recopilar o transmitir información sin recurrir a los allanamientos físicos asociados con las definiciones antiguas de espionaje.

El senador Lacson también ha citado detenciones que, según él, demuestran la necesidad de una ley aplicable en tiempos de paz. En una nota explicativa del proyecto 33 del Senado, se refirió a cinco personas detenidas por espionaje el año anterior, entre ellas personas acusadas de fotografiar instalaciones militares en Palawan con drones. También mencionó la detención en abril de 2025 de un ciudadano chino cerca de la sede de la Comisión Electoral, quien supuestamente llevaba un dispositivo capaz de interceptar el tráfico de teléfonos móviles y rastrear datos de ubicación. Las acusaciones no prueban la culpabilidad, y cada caso se evaluaría conforme a la ley y las pruebas aplicables.

Penas y facultades de investigación

Según la propuesta de la Cámara, el espionaje y la conspiración para cometer espionaje se castigarían con cadena perpetua sin libertad condicional y multas de entre 10 millones y 20 millones de pesos. Ayudar o encubrir a un espía podría acarrear hasta 12 años de prisión y una multa de hasta 20 millones de pesos, que ascendería a 25 millones si el infractor fuera un funcionario público.

Los funcionarios públicos condenados en virtud del proyecto quedarían inhabilitados de forma permanente para ocupar cargos públicos. El personal militar también podría ser sometido a consejos de guerra. Los extranjeros condenados por los delitos contemplados serían deportados tras cumplir sus penas y se les prohibiría regresar a Filipinas.

El proyecto permitiría que personal militar, policial o de inteligencia autorizado solicite al Tribunal de Apelaciones permiso para intervenir las comunicaciones de presuntos espías o interceptarlas. El tribunal también podría autorizar al Consejo contra el Blanqueo de Dinero a examinar cuentas bancarias y bienes relacionados con delitos de espionaje. Estas facultades están sujetas a condiciones legales y autorización judicial, pero los críticos sostienen que su alcance y las garantías previstas requieren un examen minucioso.

La propuesta también contempla el procesamiento en determinados casos de conductas cometidas en el extranjero. Estos incluyen delitos cometidos por filipinos, a bordo de barcos o aeronaves filipinos, en instalaciones diplomáticas de Filipinas, contra funcionarios filipinos o directamente contra el Gobierno filipino. La jurisdicción extraterritorial significa que un país puede aplicar su legislación penal a ciertas conductas fuera de sus fronteras cuando existe un vínculo definido con ese país.

Si se promulga, el Departamento de Defensa Nacional, el Departamento de Justicia y el Consejo de Seguridad Nacional dispondrían de 120 días desde la entrada en vigor de la ley para emitir las normas de aplicación. La medida propuesta entraría en vigor 15 días después de su publicación.

Por qué periodistas y legisladores ven un riesgo

Los opositores sostienen que conceptos como información clasificada e infraestructura crítica necesitan límites precisos. Si las definiciones son amplias o no está claro el umbral para iniciar un proceso penal, argumentan, los periodistas podrían verse presionados al investigar políticas de defensa, proyectos de infraestructura o actuaciones del Gobierno. El mismo riesgo podría afectar a activistas y ciudadanos que documenten las condiciones de las instalaciones o publiquen material que consideran de dominio público.

El representante de ACT Teachers, Antonio Tinio, afirmó que las definiciones y el alcance de la medida podrían amenazar las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. Advirtió que las disposiciones sobre infraestructuras críticas podrían utilizarse contra quienes critican al Gobierno y quienes defienden sus derechos. Sarah Elago, representante del Partido de las Mujeres Gabriela, sostuvo que incluir sectores como las telecomunicaciones, la energía y la seguridad alimentaria podría restringir el escrutinio público de sectores que afectan la vida cotidiana.

Estas preocupaciones se centran en la diferencia entre el espionaje deliberado en favor de una potencia extranjera y actividades como el periodismo, la investigación o la protesta. Una ley puede buscar castigar la transferencia de información verdaderamente sensible y, al mismo tiempo, generar incertidumbre si no distingue con claridad entre la divulgación perjudicial y el trabajo legítimo de interés público. Las excepciones para la información obtenida de fuentes abiertas o por medios lícitos podrían ayudar, pero su utilidad práctica dependerá de cómo se definan y apliquen los términos.

Legisladores de la oposición han comparado la propuesta con otras leyes de seguridad nacional que, según grupos de defensa de los derechos, se han utilizado contra disidentes. La representante de Kabataan, Renee Co, aludió a la Ley Antiterrorista de 2020 y a la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo de 2012 para advertir del posible uso indebido. Los defensores de los derechos también han expresado preocupación por la práctica de etiquetar a personas u organizaciones como simpatizantes del comunismo o del terrorismo, algo que, según ellos, puede preceder al acoso o las amenazas.

Estas comparaciones son advertencias sobre la aplicación de la ley, no conclusiones de que la propuesta de ley de espionaje ya se haya utilizado para perseguir a críticos. El proyecto sigue en examen, y las protecciones de su texto definitivo, los criterios que apliquen los tribunales y la actuación de los investigadores determinarán cómo funcionará.

Los argumentos de seguridad que respaldan el proyecto

Las autoridades de seguridad señalan que el entorno de amenazas está cambiando. Desde 2023, Filipinas examina casos relacionados con ciudadanos filipinos sospechosos de entregar documentos confidenciales o secretos a extranjeros. Fuentes de seguridad han dicho a periodistas que ciudadanos chinos participaron como reclutadores o agentes en al menos tres casos. Las acusaciones en casos concretos siguen sujetas a investigación y al debido proceso.

La detención en 2024 de una exalcaldesa acusada de espiar para China dio más impulso a los llamamientos a reformar la ley. En distintas audiencias del Congreso, Alice Guo respondió a preguntas sobre su identidad y sus presuntos vínculos con intereses chinos, que negó. Un documental en video presentado durante una investigación de la Cámara incluyó afirmaciones del empresario chino She Zhijiang, quien dijo haber transferido dinero a Guo Hua Ping, identidad que los críticos creen que corresponde a Guo. Esas afirmaciones, por sí solas, no han demostrado que Guo fuera espía.

Funcionarios de Defensa sostienen que una ley moderna podría respaldar el Concepto Integral de Defensa Archipelágica de Filipinas, una estrategia para proteger el territorio y los intereses marítimos del país en sus numerosas islas. La propuesta también se presenta en un contexto de persistentes tensiones marítimas y de transformación del entorno de seguridad regional. En este contexto, el Gobierno sostiene que los planes militares, las comunicaciones y los datos de infraestructura sensibles pueden ser objeto de ataques mediante métodos digitales y redes tradicionales de inteligencia humana.

Algunos especialistas en seguridad afirman que la legislación, por sí sola, no basta. Una fuente de seguridad ha pedido programas de sensibilización más sólidos y auditorías periódicas de integridad y seguridad del personal y los sistemas. Estas medidas abordan vulnerabilidades internas que las sanciones legales no pueden prevenir por sí solas, como controles de acceso débiles, una gestión deficiente de los datos o intentos de reclutar a funcionarios.

Propuestas relacionadas y papel del Senado

El proyecto de la Cámara surgió junto con otros esfuerzos para actualizar la legislación sobre espionaje. El representante Rufus Rodriguez presentó los proyectos de ley 10983 y 10988 de la Cámara para modificar el Código Penal Revisado y la Ley de la Mancomunidad n.º 616, extender su alcance a tiempos de paz y revisar las penas. Estas propuestas reflejan una iniciativa más amplia para sustituir normas redactadas para otra época, aunque el proyecto 9642 es el que la Cámara aprobó en la votación de septiembre.

Se espera que el proyecto 33 del Senado, redactado por Lacson, sirva de base para la versión del Senado. Lacson ha defendido la necesidad de abordar el espionaje moderno en tiempos de paz y ha señalado la vigilancia electrónica y otros métodos que las leyes vigentes no contemplan expresamente. El examen del Senado dará a los legisladores la oportunidad de considerar las definiciones, las penas, la supervisión judicial y las protecciones para el periodismo y las actividades de interés público.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. aún no ha examinado la medida de la Cámara, según la portavoz presidencial Claire Castro. Ella dijo que el Gobierno está abierto a introducir enmiendas y evaluará el contenido del proyecto. Castro reconoció que las restricciones que afectan a las libertades suscitan objeciones de manera natural, y afirmó que el Gobierno no quiere que los filipinos traicionen al país.

Para que el proyecto se convierta en ley, ambas cámaras deben aprobar el mismo texto antes de enviarlo al presidente. Cualquier diferencia entre las versiones de la Cámara y el Senado tendría que resolverse. Por tanto, el proceso legislativo es fundamental para determinar si el objetivo de seguridad nacional de la medida va acompañado de límites claros y garantías efectivas.

Lo que hay que saber

• La Cámara aprobó el proyecto 9642 el 17 de septiembre por 247 votos contra 10; aún necesita la aprobación del Senado y la firma del presidente.
• La propuesta extendería los delitos de espionaje a tiempos de paz y abarcaría la vigilancia moderna, los métodos cibernéticos, la información clasificada y las infraestructuras críticas.
• El espionaje y la conspiración podrían castigarse con cadena perpetua sin libertad condicional y multas de entre 10 millones y 20 millones de pesos.
• Los investigadores autorizados podrían solicitar al Tribunal de Apelaciones permiso para interceptar comunicaciones, y el Consejo contra el Blanqueo de Dinero podría examinar activos relacionados con los delitos contemplados.
• Los críticos advierten que las definiciones amplias podrían inhibir el periodismo, el activismo y el escrutinio público; sus defensores afirman que las leyes vigentes no contemplan los métodos modernos de espionaje.