Malasia sopesa un nuevo sistema controvertido para trabajadores migrantes en medio de acusaciones de corrupción

Una solución digital controvertida para la crisis laboral de Malasia

Malasia estudia adoptar una nueva plataforma de contratación de trabajadores extranjeros desarrollada por Bestinet Sdn Bhd, empresa fundada por Aminul Islam Abdul Nor, ciudadano malasio naturalizado originario de Bangladesh que ha amasado una fortuna gestionando el flujo de trabajadores migrantes del país. El sistema propuesto, llamado The Universal Recruitment Advanced Platform (Turap), se presenta como una solución de contratación directa que permitiría a las empresas contratar trabajadores sin intermediarios, que suelen cobrar tarifas excesivas. Sin embargo, el plan enfrenta una fuerte oposición de activistas laborales, antiguos funcionarios gubernamentales y organismos internacionales, que acusan a Bestinet de facilitar una red que ha explotado a cientos de miles de trabajadores bangladesíes.

La propuesta llega en un momento delicado. Las autoridades bangladesíes han solicitado la extradición de Aminul Islam, conocido como Amin, alegando que desempeñó un papel central en un sistema de contratación que «extorsionó de manera fraudulenta» a los trabajadores. Mientras tanto, el ministro de Recursos Humanos de Malasia, R. Ramanan, ha emitido declaraciones contradictorias: primero desmintió las informaciones sobre el nuevo sistema por ser «no verificadas e inexactas» y luego reconoció que su ministerio no ve ningún problema en que Bestinet desarrolle la plataforma. Esta confusión pone de relieve la complejidad de reformar una industria que generó más de 100 millones de dólares en beneficios para las empresas de Amin durante la última década, mientras dejaba a los trabajadores atrapados en la servidumbre por deudas.

Según la propuesta, Bestinet recibiría un contrato de 12 años que le permitiría cobrar a las empresas 1.000 dólares por cada solicitud de contratación de trabajadores extranjeros, además de una tarifa por trabajador equivalente a un mes de salario. En agosto, Malasia contaba con 2,1 millones de trabajadores extranjeros registrados en empleos de baja cualificación, por lo que el contrato representa una oportunidad muy lucrativa. Sin embargo, los críticos sostienen que otorgar más control a Amin contradice la agenda anticorrupción del primer ministro Anwar Ibrahim y corre el riesgo de afianzar aún más un sistema que Naciones Unidas ha descrito como facilitador de la explotación laboral generalizada.

La empresa detrás del sistema

Bestinet gestiona desde 2011 el Sistema Centralizado de Gestión de Trabajadores Extranjeros (FWCMS) de Malasia, una plataforma digital que tramita solicitudes de visado de trabajadores procedentes de 15 países. El sistema incluye módulos para revisiones médicas, verificación de seguros y recopilación de datos biométricos. Según la información de la empresa, el FWCMS se diseñó para eliminar los trámites manuales y reducir las oportunidades de corrupción al limitar el contacto presencial entre los solicitantes y los funcionarios.

Aminul Islam fundó Bestinet en 2008, tras llegar a Malasia desde Bangladesh en 1988, a los 21 años. En tres décadas, pasó de ofrecer alojamiento y transporte a trabajadores migrantes a convertirse en uno de los contratistas laborales más influyentes del país. Según documentos empresariales, sus compañías han generado más de 100 millones de dólares en beneficios durante los últimos diez años. En su primera entrevista con medios internacionales, en julio, Aminul comparó su sistema con una autopista y afirmó que no puede controlar cómo conduce la gente ni ser considerado responsable cuando los funcionarios aprueban solicitudes fraudulentas o los agentes cobran de más a los trabajadores.

Sin embargo, en 2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examinó el sistema de Bestinet y concluyó que no era «infalible a la hora de proteger a los migrantes de las tarifas excesivas». Pese a estas reservas, Malasia adoptó la plataforma en 2015, durante el mandato del ministro del Interior, Ahmad Zahid Hamidi, quien actualmente ocupa el cargo de viceprimer ministro. Ese año, Malasia anunció que contrataría hasta 1,5 millones de trabajadores bangladesíes, pero exigió que todos los pedidos se canalizaran a través de solo 10 de las más de 1.000 agencias de contratación de Bangladesh, lo que en la práctica puso fin a la libre competencia.

Un historial de explotación

El actual sistema de contratación ha creado lo que los defensores de los derechos laborales describen como un entorno depredador en el que todos se benefician, salvo los trabajadores. Según agentes de contratación y un memorando de 2024 preparado para el primer ministro Anwar por el Madani Research Centre, los migrantes bangladesíes han pagado tarifas de contratación de hasta 6.600 dólares por persona, más del doble de lo que pagan los trabajadores indonesios y nepalíes. Estas tarifas suelen equivaler a 15 meses del salario mínimo de Malasia y obligan a los trabajadores a contraer deudas que les impiden abandonar a empleadores abusivos.

La Alianza Internacional de Migrantes de Asia-Pacífico ha señalado que Bestinet está «profundamente implicada» en esta red de explotación. En un comunicado publicado a principios de este año, la organización acusó a los gobiernos de Malasia y Bangladesh de permitir «redes de trata, agencias corruptas y organizaciones delictivas respaldadas por el Estado que se lucran con el trabajo y el sufrimiento de las personas pobres». El grupo exigió que se ponga fin de inmediato a la explotación y que se cree un grupo de trabajo conjunto para indemnizar a más de 500.000 trabajadores bangladesíes varados y explotados.

Las acusaciones de corrupción se extienden por todo el sistema. Según una investigación de Bloomberg publicada en enero, más de una docena de funcionarios actuales y antiguos indicaron que miembros de la élite gobernante de Malasia conocen las irregularidades en la contratación, pero no las abordan porque las tarifas benefician a distintas partes. En 2024, la policía de Bangladesh arrestó a decenas de agentes de contratación seleccionados en el marco de una investigación por blanqueo de dinero y extorsión. Los investigadores alegaron que Ruhul Amin, propietario de la agencia Catharsis International, cobraba «tarifas del sindicato» de unos 1.350 dólares por trabajador y acumuló más de 1.000 millones de dólares en una década. Interpol Bangladesh escribió a las autoridades malasias para solicitar la extradición de Aminul Islam y acusarlo de desempeñar un papel clave en un sistema que sometió a los trabajadores a «tortura física y psicológica».

Latheefa Koya, exdirectora de la Comisión Anticorrupción de Malasia, describió la situación como corrupción institucional en la que «todos se llevan una parte y los trabajadores pagan». Calificó los casos más extremos de trata de personas y señaló que los trabajadores que llegan y descubren que los empleos no existen se enfrentan a una elección imposible entre la deportación y la incorporación a la economía sumergida de Malasia.

The Universal Recruitment Advanced Platform

El sistema Turap propuesto representa el intento de Bestinet de orientarse hacia la contratación directa y eliminar por completo a los agentes autorizados. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la plataforma tendría un portal digital en el que los empleadores podrían registrarse directamente para buscar trabajadores de Bangladesh y otros países de origen. Aminul Islam ha presentado esta iniciativa como una solución que prescindiría de los agentes y reduciría los costos de contratación, y que potencialmente convertiría al primer ministro Anwar Ibrahim en candidato al Premio Nobel de la Paz de 2027.

Nuestro objetivo, de aquí a 36 meses, es el Premio Nobel. Ese es nuestro objetivo. Y lo conseguiremos.

Aminul hizo esta declaración durante una entrevista en julio, mientras mostraba una presentación del nuevo sistema. Se negó a confirmar si Anwar había visto los materiales y se limitó a decir: «esta es la propuesta que hemos elaborado».

Sin embargo, tres funcionarios informados sobre el asunto expresaron su preocupación por las dificultades que podría plantear la contratación directa a las grandes empresas que buscan incorporar a miles de trabajadores al mismo tiempo. También temían que eliminar a los agentes autorizados llevara la actividad de contratación a la clandestinidad, lo que dificultaría la supervisión en lugar de facilitarla. Además, los intermediarios podrían seguir operando en los países de origen, donde Malasia tiene una capacidad limitada para hacer cumplir la ley.

La estructura propuesta para el contrato de 12 años ha generado especial preocupación entre los funcionarios. Bestinet cobraría a las empresas 1.000 dólares por solicitud, además de un mes de salario por trabajador, lo que crearía una fuente de ingresos de cientos de millones de dólares, dada la dependencia de Malasia de la mano de obra extranjera. Tres personas familiarizadas con las conversaciones dijeron que varios funcionarios gubernamentales actuales y antiguos han expresado reservas sobre la posibilidad de otorgar a Aminul un contrato tan lucrativo y de larga duración, así como la influencia adicional que le daría.

Mensajes contradictorios desde Putrajaya

El ministro de Recursos Humanos, Ramanan Ramakrishnan, ha enviado señales contradictorias sobre el sistema Turap. A principios de febrero, mencionó en una entrevista con el periódico The Star un nuevo sistema de contratación basado en tecnología y dijo que Malasia esperaba adoptarlo para mediados de 2026, pero no reveló la participación de Bestinet. Cuando Bloomberg informó en abril de que Malasia planeaba adoptar específicamente el sistema de Bestinet, Ramanan negó las afirmaciones con vehemencia.

Me sorprende que parezcan saber más que yo sobre el sistema propuesto. No he presentado nada al Consejo de Ministros y, sin embargo, pueden explicarlo en detalle.

Ramanan calificó de «irresponsable y poco ética» la información de Bloomberg durante un diálogo del Concorde Club en Wisma Bernama. Insistió en que no había presentado ninguna propuesta al Consejo de Ministros y calificó de «totalmente falsa» la tarifa de 1.000 dólares por trabajador que se había mencionado, al tiempo que recalcó su compromiso con un «costo migratorio cero» para los trabajadores.

Sin embargo, días después Ramanan reconoció que su ministerio no veía ningún problema en encargar a Bestinet el desarrollo del sistema, basándose en sus 15 años de trayectoria. «Seguimos en conversaciones. Después, presentaré un documento al Consejo de Ministros. Por ahora, no veo ningún problema en designar a Bestinet como desarrolladora del sistema», declaró al New Straits Times. Defendió el desempeño de la empresa y señaló que el FWCMS había resistido ciberataques durante la pandemia de COVID-19 y había recibido un premio de Naciones Unidas.

Esta contradicción refleja divisiones más profundas dentro del Gobierno. Ramanan, que asumió el cargo de ministro de Recursos Humanos en una remodelación del gabinete en diciembre, sustituyó a Steven Sim, quien había cuestionado la propuesta de Bestinet por la preocupación de que concentrara más poder en manos de Aminul. El proceso requiere el acuerdo del Ministerio del Interior y la aprobación del Consejo de Ministros, lo que indica que el debate sigue abierto en los niveles más altos.

Tensiones diplomáticas con Bangladesh

El sistema propuesto ha complicado las relaciones diplomáticas de Malasia con Bangladesh, su principal fuente de trabajadores extranjeros para empleos de baja cualificación. En abril de 2025, el Ministerio de Recursos Humanos de Malasia envió una carta al Ministerio de Bienestar de los Expatriados de Bangladesh en la que pedía a Daca que revisara y retirara las «acusaciones sin fundamento» de irregularidades para mejorar la calificación de Malasia en el Informe sobre la trata de personas (TIP) de Estados Unidos.

Azman Mohd Yusof, secretario general del ministerio malasio, escribió que las acusaciones de trata de personas y blanqueo de dinero habían «perjudicado la reputación de Malasia» y pidió a Bangladesh que impidiera «la reapertura de casos archivados mediante un mecanismo formal». La solicitud llegó semanas antes de las reuniones de alto nivel entre Saifuddin Nasution Ismail, ministro del Interior de Malasia, y sus homólogos bangladesíes sobre la reanudación de la contratación de trabajadores, que Malasia había suspendido en mayo de 2024 tras las informaciones sobre un exceso de oferta de mano de obra y corrupción.

Pese a estas maniobras diplomáticas, las autoridades bangladesíes no han retirado la solicitud de extradición de Aminul Islam. Saifuddin declaró en octubre que la policía malasia sigue en contacto con sus homólogos bangladesíes, pero no se han presentado cargos contra Aminul en ninguno de los dos países. La situación jurídica sin resolver del fundador de Bestinet ensombrece cualquier negociación sobre un nuevo contrato.

Activistas laborales señalan que Malasia se encuentra actualmente en el Nivel 2 del informe TIP de Estados Unidos, una clasificación con importantes consecuencias comerciales. Andy Hall, activista laboral radicado en Nepal que ha documentado ampliamente la situación de los trabajadores migrantes en Malasia, ha sostenido que la «incapacidad sistémica de Malasia para combatir de manera efectiva la trata laboral» justifica su descenso inmediato al Nivel 3, lo que podría dar lugar a sanciones.

Advertencias de los defensores de los derechos laborales

Organizaciones de la sociedad civil y expertos en políticas públicas han expresado fuertes objeciones al contrato propuesto con Bestinet. Charles Santiago, exdiputado por Klang, y V. Aishwarya, analista de políticas públicas, emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron si un sistema basado en inteligencia artificial puede resolver deficiencias de gobernanza que persisten desde hace décadas.

La etiqueta de inteligencia artificial no corrige automáticamente las deficiencias de gobernanza. ¿Qué salvaguardias impedirán que esta nueva plataforma corra la misma suerte?

Santiago y Aishwarya señalaron que el contrato original del FWCMS de Bestinet se adjudicó sin un proceso adecuado de licitación pública y que el sistema funcionó durante seis años sin contrato. Exigieron saber si la nueva plataforma de inteligencia artificial se sometería a un proceso de contratación pública transparente o sería fruto de una negociación directa. También preguntaron cómo rastrearía el sistema a los intermediarios informales que operan en aldeas rurales de Bangladesh y cobran tarifas fuera de los canales oficiales.

La Alianza Internacional de Migrantes ha pedido a ambos gobiernos que eliminen lo que describe como «tarifas de contratación innecesarias» y acaben con el monopolio de la Asociación de Agencias de Contratación Internacional de Bangladesh (BAIRA). Sostiene que, mientras continúen las alianzas con agencias privadas y sindicatos, los abusos se multiplicarán independientemente de las mejoras tecnológicas.

El ex primer ministro Mahathir Mohamad, quien anteriormente intentó reformar el sistema de trabajadores migrantes, reconoció que el cambio es difícil porque muchas partes se benefician económicamente. «Hay muchísimas personas implicadas», afirmó. «Incluso ministros».

El costo humano de las fallas en la contratación

Detrás de los debates políticos y las negociaciones contractuales hay historias personales devastadoras. Shofiqul Islam, un trabajador agrícola bangladesí de 34 años, pidió prestados 4.400 dólares para conseguir un empleo en la construcción en Malasia, una cantidad equivalente a lo que podría pagar un estadounidense por un empleo de 140.000 dólares, en relación con los salarios locales. Un representante de su empleador, Petrazehra Bhd., lo recogió en el aeropuerto y lo llevó a un edificio en ruinas a las afueras de Kuala Lumpur, con colchones desgastados, instalaciones sanitarias mínimas y sin trabajo.

No te preocupes. El trabajo llegará muy pronto.

Shofiqul dijo estas palabras a su esposa durante una videollamada el 4 de febrero de 2024, ocultando su desesperación tras 147 días de espera. Su visado venció mientras su empleador guardaba silencio. A la mañana siguiente, le faltó el aire y sufrió convulsiones. Murió rodeado de compañeros de habitación que también habían pagado por empleos inexistentes. Una ambulancia retiró su cuerpo mientras su viuda y sus hijos aún desconocían las circunstancias.

El caso de Shofiqul ejemplifica lo que Naciones Unidas ha descrito como explotación sistemática. Su empleador había recibido autorización para contratar a 1.500 bangladesíes pese a no haber registrado ingresos durante dos años. Las autoridades bangladesíes calculan que al menos 8.000 trabajadores no recibieron los empleos prometidos en los últimos años, aunque funcionarios malasios sostienen que la cifra real asciende a decenas de miles. Quienes llegan y descubren que los empleos son falsos no pueden pedir ayuda sin arriesgarse a la deportación, lo que lleva a muchos a incorporarse a la economía informal de Malasia, donde la explotación se intensifica.

Desde 2019, las autoridades estadounidenses han sancionado a ocho empresas malasias por presunto trabajo forzoso y por aprovecharse de los trabajadores mediante la servidumbre por deudas y la intimidación. Proveedores malasios de grandes empresas internacionales también han sido objeto de escrutinio. En estos casos, un elemento recurrente son los trabajadores bangladesíes agobiados por deudas de contratación de las que no pueden escapar.

Puntos clave

• Malasia estudia un contrato de 12 años con Bestinet Sdn Bhd para gestionar The Universal Recruitment Advanced Platform (Turap), un sistema de contratación directa de trabajadores extranjeros.
• Las autoridades policiales de Bangladesh han solicitado la extradición del fundador de Bestinet, Aminul Islam, a quien acusan de facilitar un sistema que «extorsionó de manera fraudulenta» a trabajadores migrantes.
• El ministro de Recursos Humanos, Ramanan Ramakrishnan, emitió declaraciones contradictorias: primero negó las informaciones sobre la propuesta de Bestinet y luego afirmó que su ministerio no ve ningún problema en que la empresa desarrolle el sistema.
• El contrato propuesto cobraría a las empresas 1.000 dólares por solicitud, además de un mes de salario por trabajador, lo que generaría ingresos considerables dada la cifra de 2,1 millones de trabajadores extranjeros registrados en Malasia.
• Los trabajadores bangladesíes pagan actualmente hasta 6.600 dólares en tarifas de contratación, más del doble que los trabajadores de otros países, a menudo por empleos que no existen.
• Malasia pidió a Bangladesh que retirara las «acusaciones sin fundamento» de trata de personas para proteger su calificación en el Informe sobre la trata de personas de Estados Unidos.
• Activistas laborales y antiguos funcionarios advierten que las soluciones tecnológicas no pueden resolver las deficiencias de gobernanza ni la corrupción arraigada en el sistema de contratación.