India propone normas para regular a los usuarios de redes sociales como editores de noticias

La ampliación del control regulatorio

El Gobierno de India ha propuesto enmiendas a las Normas sobre Tecnología de la Información (Directrices para Intermediarios y Código de Ética de los Medios Digitales), de 2021, que cambiarían de manera fundamental el funcionamiento de las plataformas de redes sociales en la mayor democracia del mundo. Publicadas el 30 de marzo por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY), las enmiendas propuestas buscan extender la supervisión regulatoria más allá de los medios de comunicación tradicionales para incluir a usuarios particulares, personas influyentes y podcasters que comparten contenido sobre noticias y actualidad en plataformas como Facebook, YouTube y X. El marco propuesto sometería a estos creadores al mismo escrutinio regulatorio que actualmente se aplica a los medios de comunicación establecidos, lo que representa un cambio significativo en la manera en que el Estado aborda la expresión digital.

Con los cambios propuestos, el Ministerio de Información y Radiodifusión tendría autoridad para emitir órdenes de retirada de contenido directamente a usuarios particulares, y no solo a medios de noticias registrados. Esto supone una ampliación importante del marco vigente, que desde 2021 regula a los editores de medios digitales y las plataformas de transmisión libre (OTT) mediante un mecanismo de reclamaciones de tres niveles. Las enmiendas incluirían a los «usuarios que no son editores» en el mismo Código de Ética que actualmente se aplica a los medios de comunicación establecidos. Esto desdibujaría de hecho la distinción entre el periodismo profesional y los comentarios ciudadanos, y sometería a los usuarios particulares a obligaciones de cumplimiento concebidas para entidades empresariales.

Defensores de los derechos digitales sostienen que esta ampliación crea lo que el activista Nikhil Pahwa describe como una infraestructura para la censura masiva, en referencia al efecto acumulado de las sucesivas enmiendas regulatorias desde 2021. La Internet Freedom Foundation, cofundada por Pahwa y Apar Gupta, ha advertido que los cambios permitirían a las agencias gubernamentales dirigirse contra sus críticos y reprimir la disidencia mediante un mecanismo con escasa transparencia y pocas garantías procesales. Las normas propuestas también facultarían al Comité Interdepartamental para abordar asuntos por iniciativa propia, en vez de esperar a que se presenten denuncias formales. Esto señala un giro hacia la vigilancia proactiva del contenido, en lugar de la resolución reactiva de reclamaciones. La iniciativa regulatoria se produce en un contexto de creciente escrutinio del contenido en línea en India y de preocupación cada vez mayor por la extralimitación del poder ejecutivo en los espacios digitales.

Un informe reciente del Gobierno de Estados Unidos señaló que, desde 2021, las empresas estadounidenses de redes sociales que operan en India han recibido un número cada vez mayor de solicitudes para retirar contenido y cuentas de usuarios relacionadas con asuntos que parecen tener motivaciones políticas. Solo Meta restringió más de 28.000 contenidos en India durante los primeros seis meses de 2025, a raíz de solicitudes del Gobierno, según informes de transparencia examinados por investigadores. Este volumen de restricciones apunta a un entorno de aplicación de las normas ya activo que, según sus críticos, se intensificará con las nuevas enmiendas.

De 36 horas a tres: un régimen acelerado de retirada

Quizá el aspecto más difícil desde el punto de vista técnico del marco regulatorio en evolución sea la reducción de los plazos para cumplir las órdenes. En febrero de 2026, el MeitY presentó enmiendas que redujeron de 36 horas a solo tres el plazo que tienen las plataformas de redes sociales para cumplir las órdenes gubernamentales de bloqueo, un cambio que entró en vigor el 20 de febrero. Esta drástica reducción del tiempo de respuesta limita gravemente la posibilidad de realizar una revisión jurídica o una evaluación humana significativa del contenido controvertido antes de que deban ejecutarse las decisiones de retirada.

Expertos en derecho cuestionan que sea factible cumplir en un plazo tan breve. Akash Karmakar, socio del bufete indio Panag & Babu especializado en derecho tecnológico, dijo a Reuters que el plazo de tres horas presupone que no habrá una evaluación ni una posibilidad real de resistirse al cumplimiento. La Internet Freedom Foundation ha descrito este plazo reducido como una transformación de las plataformas en censores de acción inmediata, que las obliga a retirar contenido en exceso de manera automatizada, ya que la revisión humana resulta prácticamente imposible en un lapso tan limitado.

El plazo acelerado se aplica a diversas categorías de contenido ilegal, incluidas las imágenes íntimas, la suplantación de identidad y el contenido manipulado. Sin embargo, sus críticos sostienen que la definición amplia de lo que constituye material ilegal en la legislación india genera un efecto inhibidor, pues las plataformas preferirán retirar primero el contenido y hacer preguntas después. Las categorías relacionadas con el orden público, la seguridad nacional y la armonía entre comunidades dejan amplio margen para la intervención gubernamental. Anushka Jain, investigadora asociada del Digital Futures Lab, advirtió a la BBC que la automatización total de la revisión de contenido conlleva un alto riesgo de censurar expresiones legítimas, ya que a las empresas les cuesta mantener la supervisión humana dentro del plazo de tres horas.

El equilibrio de la protección de puerto seguro

En el núcleo jurídico de estas enmiendas se encuentra el concepto de protección de puerto seguro, previsto en la sección 79 de la Ley de Tecnología de la Información de 2000. Esta disposición exime a los intermediarios de responsabilidad civil y penal por el contenido publicado por los usuarios, siempre que cumplan con las diligencias debidas prescritas y retiren el contenido ilegal cuando reciban una notificación válida. Sin esta protección, en teoría se podría demandar a las plataformas cada vez que un usuario publicara material difamatorio o polémico, lo que supondría una carga imposible y probablemente las obligaría a revisar de antemano todas las publicaciones.

El borrador del 30 de marzo propone una modificación fundamental de esta inmunidad condicional. La enmienda a la Regla 3(4) exigiría que todos los intermediarios cumplieran no solo las órdenes formales de bloqueo, sino también las aclaraciones, advertencias, órdenes, instrucciones, procedimientos operativos estándar, códigos de práctica y directrices del Ministerio. El incumplimiento de cualquiera de estas siete categorías de instrumentos ejecutivos dejaría al intermediario sin la protección de puerto seguro y lo expondría a responsabilidad por el contenido de los usuarios.

Esta distinción entre la legislación vinculante y las normas de carácter orientativo preocupa a los expertos constitucionalistas. En la interpretación jurídica habitual, las aclaraciones y advertencias sirven como orientación, pero no tienen fuerza de ley. Pueden emitirse de un día para otro, sin consulta pública, examen parlamentario ni la disciplina procesal exigida para la legislación delegada. La enmienda otorgaría a estos instrumentos informales el peso práctico de normas vinculantes, lo que permitiría al poder ejecutivo imponer obligaciones sin seguir el proceso legislativo.

La Corte Suprema de India ya abordó inquietudes similares en el caso Shreya Singhal contra la Unión de India (2015), en el que dictaminó que los intermediarios solo están obligados a retirar contenido mediante órdenes judiciales o notificaciones gubernamentales que citen fundamentos constitucionales específicos. La Corte sostuvo que la vaguedad y la amplitud excesiva de las normas sobre la expresión son incompatibles con la Constitución. Expertos en derecho señalan que la Regla 3(4) propuesta resulta difícil de conciliar con este precedente y podría generar lo que el profesor de derecho de Yale Jack Balkin denomina censura colateral: la regulación de la expresión dirigida a los intermediarios provoca una retirada excesiva de contenido, porque las plataformas asumen el costo de la responsabilidad, pero no tienen el mismo interés en expresarse que quienes publican.

Creadores bajo presión: voces desde la primera línea digital

El impacto humano de estos cambios regulatorios se manifiesta con mayor claridad en las experiencias de creadores de contenido independientes que ya han sido objeto de medidas gubernamentales. Akash Banerjee, cuyo canal de YouTube The Deshbhakt cuenta con más de seis millones de suscriptores, advierte que las normas propuestas podrían crear un clima de temor y llevar a muchos creadores a autocensurarse.

Resulta llamativo que, pese a las numerosas leyes que regulan el contenido en línea, el discurso de odio y las noticias falsas no hayan disminuido en el país. Mientras tanto, cada vez se bloquean o eliminan más publicaciones críticas del Gobierno, incluso cuando son satíricas.

Kumar Nayan, titular de la cuenta de X @Nehr_who?, que tiene aproximadamente 242.000 seguidores, vivió esta aplicación de las normas en primera persona. El mes pasado, X bloqueó su cuenta junto con la de alrededor de una docena de personas, muchas de ellas conocidas por publicar sátiras sobre el Gobierno. La plataforma actuó en cumplimiento de órdenes emitidas en virtud de la sección 69A de la Ley de Tecnología de la Información de India. Nayan no recibió aviso previo ni explicación del bloqueo. Aunque una orden judicial restableció su cuenta esta semana, diez publicaciones siguen bloqueadas en India mientras un panel designado por el Gobierno las examina. Las publicaciones en cuestión se burlan del primer ministro Narendra Modi o critican a su Gobierno, encabezado por el Partido Bharatiya Janata. Entre ellas hay comentarios humorísticos sobre la entrega al primer ministro de la medalla de la Knéset de Israel, acompañados de imágenes que aluden a la escasez de gas de uso doméstico.

Nayan se refirió a la respuesta desproporcionada a su contenido satírico.

Ninguna persona razonable diría que estas publicaciones amenazan la seguridad del país o perturban la armonía entre comunidades. Son simplemente publicaciones humorísticas, así que ¿por qué quiere el Gobierno que se retiren?

El recurso judicial obligó a Nayan a revelar su identidad, lo que le hizo perder el anonimato que las plataformas de redes sociales ofrecen a quienes denuncian irregularidades y a los críticos.

He perdido el anonimato que ofrecen las redes sociales. Es un arma de doble filo, pero también protege a quienes denuncian irregularidades y a los críticos frente a las amenazas y el acoso.

Tras revelar su identidad, Nayan se mudó de casa por motivos de seguridad.

Sandeep Singh, cuya cuenta de X @ActivistSandeep tiene más de 100.000 seguidores, sigue bloqueado en India al momento de la publicación de este artículo. Singh empezó a publicar opiniones críticas después de considerar que los medios tradicionales favorecían al gobernante Partido Bharatiya Janata.

Defiendo la verdad y que bloqueen mis cuentas o publicaciones no impedirá que siga diciendo la verdad al poder.

Su caso ilustra la carga desigual que estas normas imponen a quienes publican contenido: deben afrontar complejos procesos legales para recuperarlo, mientras las plataformas se exponen de inmediato a responsabilidades si no cumplen.

Desafíos constitucionales y jurídicos

La estructura jurídica de las enmiendas propuestas está siendo examinada desde varios frentes constitucionales. En una resolución fechada el 11 de abril, el Press Club of India exigió la retirada total del borrador de las Normas de Enmienda Segunda sobre Tecnología de la Información de 2026. Advirtió que estas normas podrían generar un efecto inhibidor y llevar a creadores independientes a autocensurarse para evitar que los algoritmos los identifiquen erróneamente. La organización señaló que el marco de cumplimiento tendría consecuencias financieras insostenibles para podcasters independientes, autores de boletines informativos y creadores de YouTube, que no cuentan con los recursos jurídicos de los grandes medios establecidos.

El desafío constitucional se centra en la delegación de poderes y el debilitamiento de las garantías procesales. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Bombay abordó cuestiones similares en el caso Kunal Kamra contra la Unión de India y anuló una enmienda de 2023 que facultaba a una unidad gubernamental de verificación de datos para señalar como falsos, engañosos o inexactos los contenidos sobre el Gobierno central. La mayoría, por dos votos contra uno, dictaminó que la enmienda excedía las facultades legales y vulneraba los artículos 14, 19(1)(a) y 19(1)(g) de la Constitución, que garantizan la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el derecho a ejercer cualquier profesión. La apelación de la Unión sigue pendiente ante la Corte Suprema, que emitió una notificación en marzo de 2026.

Analistas jurídicos observan que la Regla 3(4) propuesta reproduce la lógica práctica de la norma anulada y amplía el ámbito de aplicación: pasa de una sola unidad de verificación de datos a una categoría indefinida de comunicaciones ejecutivas. El Código de Ética de la Parte III se concibió para editores que ejercen control editorial y emplean periodistas, pero las enmiendas extenderían estas obligaciones a usuarios comunes que hablan sobre política monetaria, casos constitucionales o temas electorales. Ninguno de ellos cuenta con los recursos necesarios para defenderse de las reclamaciones relacionadas con el Código de Ética ante un Comité Interdepartamental en Delhi. Esto crea una desigualdad en las obligaciones de cumplimiento que favorece el silencio frente a la expresión.

Defensa del Gobierno y respuesta oficial

El secretario del MeitY, S. Krishnan, ha defendido enérgicamente el marco propuesto y ha descrito las enmiendas como aclaratorias, no como una ampliación de las normas. En comparecencias ante la prensa y declaraciones públicas, Krishnan ha recalcado que las directrices emitidas por su ministerio son compatibles con la Constitución y la legislación vigente. Sostiene que era necesario contar con una política o un marco común para regular las noticias y la actualidad, ya que ese tipo de contenido ya no lo comparten únicamente los medios de noticias, sino también ciudadanos comunes.

Al abordar la preocupación por tratar a los usuarios como editores, Krishnan indicó que esa interpretación no era intencional y que el Gobierno está dispuesto a revisar o incluso derogar cláusulas específicas si los comentarios de las partes interesadas lo justifican. Tras una mesa redonda con representantes del sector, defensores de la sociedad civil y organizaciones de medios en Electronics Niketan, Krishnan reconoció que los participantes habían pedido aclaraciones para distinguir entre intermediarios, medios de noticias registrados y usuarios particulares. El Gobierno amplió el plazo de consulta del 14 al 29 de abril para atender estas inquietudes.

Sin embargo, los representantes de la sociedad civil siguen mostrándose escépticos. Apar Gupta, director fundador de la Internet Freedom Foundation, afirmó que las modificaciones anunciadas en la reunión no cambian de manera fundamental el carácter ilegal ni el efecto censurador de los cambios propuestos.

Fundamentamos esta posición en el marco de la Ley de Tecnología de la Información de 2000 y en los patrones existentes de censura opaca en virtud de las Normas, que se aplican sin respetar de manera significativa los principios de justicia natural.

Krishnan rechazó esta interpretación y sostuvo que la enmienda no contravenía los principios de justicia natural.

Un patrón de control: contexto regional y mundial

La trayectoria regulatoria de India no existe de manera aislada. El país se suma a una tendencia más amplia en Asia Meridional hacia lo que los expertos en derecho describen como microinternet: espacios en los que los Gobiernos nacionales ejercen cada vez más control sobre la infraestructura digital y crean ciberespacios fragmentados que dificultan la comunicación regional. La Ley de Seguridad Digital de Bangladesh de 2018, las Normas de Pakistán para el bloqueo de contenido en línea, en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, y las Directrices de Nepal para los medios en línea comparten características similares: prohibiciones imprecisas sobre la información falsa, excesiva discrecionalidad del poder ejecutivo y una supervisión judicial limitada.

Estas normas suelen recurrir a la censura por delegación, al presionar a las plataformas privadas para que moderen contenido que los Gobiernos encontrarían políticamente o técnicamente difícil censurar de forma directa. El portal Sahyog funciona como una plataforma centralizada que permite a varias agencias emitir órdenes de retirada de contenido con escasa transparencia. Este mecanismo opera en paralelo a las facultades formales de bloqueo previstas en la sección 69A, lo que crea jurisdicciones superpuestas que generan confusión sobre las obligaciones de cumplimiento y, al mismo tiempo, maximizan la capacidad de presión del Gobierno.

Los efectos internacionales van más allá de los países vecinos. El Gobierno de Estados Unidos ha señalado la creciente politización de las solicitudes de retirada de contenido, mientras que organizaciones de derechos digitales advierten que el modelo regulatorio de India podría extenderse a otras democracias en desarrollo, entre ellas Mauricio, que ya ha citado las normas indias de 2021 en sus intentos de regular las redes sociales. Mientras plataformas como Meta, Google y X gestionan el cumplimiento de las normas en un mercado con más de mil millones de usuarios de internet, su adaptación a los requisitos locales corre el riesgo de normalizar estándares que serían inaceptables en las democracias occidentales y de provocar un deterioro global de los derechos digitales.

Puntos clave

• El Gobierno de India propone ampliar el alcance de las Normas sobre Tecnología de la Información para incluir a usuarios particulares que comparten noticias y contenido de actualidad, y no solo a medios registrados.
• Para mantener la inmunidad jurídica de puerto seguro prevista en la sección 79, las plataformas de redes sociales ahora deben cumplir las advertencias y aclaraciones informales.
• Las nuevas enmiendas exigen que las plataformas retiren el contenido señalado en un plazo de tres horas, frente al límite anterior de 36 horas.
• Activistas por los derechos digitales advierten que las normas crean una infraestructura para la censura masiva y la censura colateral, mediante la retirada excesiva de contenido por parte de las plataformas.
• Creadores como Akash Banerjee, Kumar Nayan y Sandeep Singh denuncian un aumento del bloqueo de contenido satírico y crítico.
• En 2024, el Tribunal Superior de Bombay anuló disposiciones similares sobre verificación de datos al considerar que vulneraban la Constitución y la libertad de expresión.
• El secretario del MeitY, S. Krishnan, defiende las normas como aclaratorias y afirma que podrían revisarse tras el proceso ampliado de consulta pública, que se prolongará hasta el 29 de abril.
• El Press Club of India ha exigido la retirada total de las enmiendas propuestas por las cargas financieras y jurídicas que imponen a los creadores independientes.