Prabowo, entre la indignación interna y las relaciones con EE. UU. por la participación de Indonesia en la Junta de Paz

Cuando el mantenimiento de la paz acaba en tragedia

La muerte de tres soldados indonesios en el sur del Líbano ha convertido la apuesta de política exterior del presidente Prabowo Subianto en una crisis nacional. El mayor de Infantería (a título póstumo) Zulmi Aditya Iskandar, el sargento mayor (a título póstumo) M. Nur Ichwan y el cabo (a título póstumo) Farizal Rhomadhon perdieron la vida mientras servían en la fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas a finales de marzo de 2026, víctimas de un conflicto que ha puesto de manifiesto los riesgos de la controvertida alineación diplomática de Indonesia.

El cabo Farizal murió el 29 de marzo tras ser alcanzado por proyectiles de artillería en Adchit al-Qusayr, mientras que el mayor Zulmi y el sargento Nur Ichwan fallecieron al día siguiente, cuando su convoy logístico fue atacado cerca de Bani Hayyan. Una investigación de Naciones Unidas determinó que un proyectil disparado desde un tanque israelí mató al primer casco azul, mientras que un artefacto explosivo improvisado, probablemente colocado por Hezbolá, causó la muerte de los otros dos.

Estas bajas son las primeras entre los cascos azules de la ONU desde que el 2 de marzo estalló la nueva guerra entre Israel y Hezbolá. Las muertes han intensificado la indignación pública por la participación de Indonesia en la Junta de Paz (BoP, por sus siglas en inglés), una iniciativa del Gobierno de Trump concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras el conflicto. El presidente Prabowo expresó sus condolencias en su cuenta oficial de Instagram el 5 de abril, con cinco fotografías del cortejo fúnebre y el homenaje final. La publicación recibió más de 134.000 «me gusta» y 5.700 comentarios, muchos de ellos con demandas de revisar los compromisos internacionales de Indonesia.

Nosotros, compatriotas y conciudadanos, condenamos enérgicamente todo acto atroz que perturbe la paz y provoque la muerte de los mejores soldados de la nación.

La Junta de Paz: una iniciativa cuestionada

La Junta de Paz surgió de una ceremonia de firma celebrada el 22 de enero de 2026 en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en la que el presidente Prabowo se sumó a dirigentes de otros 21 países como miembro fundador. Concebido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el organismo se creó supuestamente para garantizar una reconstrucción eficaz de Gaza tras la guerra. Sin embargo, su estructura ha recibido duras críticas tanto de expertos en derecho internacional como de autoridades religiosas.

A diferencia de los organismos multilaterales tradicionales, la BoP concede a Trump la presidencia vitalicia y el poder unilateral de veto sobre todas las decisiones. La membresía funciona por niveles: los países reciben inicialmente mandatos de tres años y solo pueden obtener un puesto permanente si aportan 1.000 millones de dólares en efectivo. Indonesia ha declarado públicamente que no pagará esa suma, por lo que limita su participación al apoyo a las operaciones de paz dentro de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), donde Yakarta fue nombrada vicecomandante.

Sudarnoto Abdul Hakim, presidente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Consejo de Ulemas de Indonesia (MUI), ha sido especialmente crítico con la estructura jurídica de la BoP. En una entrevista con VOI.id, calificó al organismo de fundamentalmente defectuoso.

La BoP es una institución extraña y poco clara. Los expertos en derecho internacional consideran que su creación es anómala en el contexto de la formación de instituciones mundiales. Entre otras cosas, no se basa en los principios del multilateralismo. Por eso no creo en la afirmación de que «no hay otra opción» que sumarse a la BoP. La BoP plantea un dilema; Trump se convertirá en un presidente autoritario.

Crece el escepticismo público

Los datos de las encuestas revelan que la población se siente cada vez más incómoda con la alineación de su Gobierno con la iniciativa encabezada por Trump. Un estudio realizado entre el 12 y el 31 de marzo por Indikator Politik Indonesia, el Instituto Indonesio de Encuestas (LSI) y Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) concluyó que el 50,9 por ciento de más de 1.000 encuestados estaba en contra de la participación de Indonesia en la BoP. Solo el 33,8 por ciento la apoyaba. Esto supone un ligero descenso respecto de febrero, cuando Media Survey Nasional (Median) registró un 50,4 por ciento de oposición entre 1.200 encuestados.

Los expertos señalan que la oposición probablemente sería aún mayor si se midiera después de la muerte de los cascos azules el 29 de marzo. El periodo de la encuesta abarcó respuestas tanto anteriores como posteriores a las muertes. Agung Nurwijoyo, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Indonesia, observó que los beneficios diplomáticos de la participación de Indonesia en la BoP siguen sin estar claros.

Teuku Rezasyah, profesor de relaciones internacionales en la Universidad President de Indonesia, resumió con contundencia el cambio en la opinión pública.

La Junta de Paz se ha convertido en la Junta de los Problemas.

Presión política de la coalición y la oposición

Las repercusiones han llegado a las más altas esferas del poder. Políticos de la propia coalición de Prabowo se han unido a voces opositoras para cuestionar la continuidad de Indonesia en la iniciativa. Golkar, el mayor partido de la coalición gobernante, ha pedido formalmente que se reconsidere la participación. Ahmad Doli Kurnia, vicepresidente del partido, emitió un comunicado oficial el 1 de abril en el que vinculó directamente la muerte del casco azul con el fracaso de la BoP.

El ataque de Israel contra un soldado indonesio demuestra un claro desprecio por la propia idea de «paz», que se supone que es un valor fundamental de la BoP. Instamos al Gobierno a reconsiderar la presencia de Indonesia en la BoP.

El Partido de la Justicia Próspera (PKS), de orientación islámica y también integrante de la coalición, hizo un llamamiento similar el 30 de marzo y pidió una evaluación seria de la posición de Indonesia en los foros internacionales de paz. El Partido Democrático Indonesio de Lucha (PDI-P), encabezado por la expresidenta Megawati Soekarnoputri, ha exigido una retirada total. Tubagus Hasanuddin, político del PDI-P y miembro de la comisión parlamentaria que supervisa defensa y asuntos exteriores, insistió en que el Gobierno debe actuar para mantener la coherencia constitucional.

El Gobierno debe tomar medidas de inmediato para retirarse. Esto es importante para mantener la coherencia con el principio de política exterior «libre y activa» que establece nuestra Constitución.

El Consejo de Ulemas de Indonesia (MUI) ha transmitido al presidente, a través del ministro de Asuntos Religiosos, seis recomendaciones concretas. Entre ellas, pide que la BoP presione a Israel para que reconozca la soberanía palestina, garantice que no haya más ocupación de territorio palestino, aplique de forma coherente la solución de dos Estados y promueva la participación palestina en la membresía de la BoP. El organismo religioso advirtió que el despliegue de tropas no debe perjudicar a los palestinos ni beneficiar a Israel mediante acuerdos entre bastidores en la BoP.

El cálculo económico: vínculos comerciales y amenazas arancelarias

Más allá de los argumentos morales y estratégicos, las necesidades económicas pesan mucho en la decisión de Prabowo. La relación de Indonesia con Washington se ha vuelto cada vez más transaccional, y la membresía en la BoP parece ser una condición previa para obtener un trato comercial favorable. El 19 de febrero de 2026, Yakarta firmó en Washington el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés), presentado como el inicio de una era dorada pero considerado por sus críticos una limitación de la autonomía en política exterior.

El Gobierno de Trump había amenazado inicialmente con imponer aranceles generalizados de hasta el 32 por ciento a las exportaciones indonesias para corregir un déficit comercial de 23.700 millones de dólares. El acuerdo ART eliminó los aranceles a más del 99 por ciento de los productos estadounidenses que entran en Indonesia, pero incluyó una cláusula vinculante que obliga a Yakarta a importar cada año energía estadounidense por valor de 15.000 millones de dólares. Esto supone multiplicar por doce los niveles anteriores y, en la práctica, desplazar la dependencia energética de Indonesia de Oriente Medio al golfo de México justo cuando el estrecho de Ormuz afronta un posible cierre.

Made Supriatma, investigador visitante del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur, señala que Prabowo debe mantener un delicado equilibrio ante la posibilidad de represalias de Washington.

Prabowo entiende que este organismo creado por Trump se ha vuelto políticamente tóxico en el ámbito nacional. Ningún otro país miembro ha abandonado la BoP. Prabowo no quiere ser el primero en enfrentarse a Trump, porque sabe que este tomará represalias ante cualquier acto que considere una deslealtad.

Rezasyah añadió que preocupa el panorama político estadounidense a largo plazo. Trump estará en el poder hasta 2028 y, después, no se puede descartar la posibilidad de que lo suceda un republicano leal a Trump.

Seguridad energética y crisis del estrecho de Ormuz

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis regional con consecuencias económicas directas para Indonesia. La respuesta de Teherán a los ataques incluyó el cierre del estrecho de Ormuz, una estrecha ruta marítima por la que pasa gran parte del suministro mundial de petróleo y gas. La consiguiente interrupción del suministro ha elevado el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril, y los analistas advierten de posibles alzas superiores a los 150 dólares si el conflicto continúa.

Indonesia afronta una crisis interna si estos precios elevados obligan a recortar los subsidios al combustible, de los que dependen millones de consumidores y que son esenciales para el transporte público y la distribución de mercancías. La última vez que el Gobierno subió los precios del combustible subsidiado fue en 2022: el diésel pasó de 5.150 a 6.800 rupias por litro y la gasolina, de 7.650 a 10.000 rupias por litro. La medida desencadenó protestas generalizadas, huelgas y disturbios en todo el archipiélago. El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, aseguró al Parlamento el 6 de abril que los precios se mantendrían estables al menos hasta finales de año, y afirmó que los subsidios están garantizados y que no hay motivo para preocuparse. Sin embargo, varios economistas dudan de que haya capacidad fiscal para sostenerlos si los mercados energéticos mundiales siguen siendo volátiles.

En una señal de que Yakarta busca alternativas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el 7 de abril que el presidente Prabowo podría visitar pronto Rusia para conversar con el presidente Vladimir Putin sobre la compra de energía. Peskov dijo que se estaban preparando contactos entre ambos dirigentes y señaló que numerosos países que buscan alternativas al suministro dependiente de Ormuz han solicitado adquirir nuestros recursos energéticos. Esa visita sería la tercera de Prabowo a Rusia desde que asumió el cargo en octubre de 2024 y reflejaría su política de no alineamiento activo para reducir la dependencia de una sola potencia.

Cuestiones constitucionales y tradición diplomática

La controversia ha reavivado el debate sobre el respeto de Indonesia a su doctrina fundacional de política exterior, conocida como bebas aktif (independiente y activa), formulada en 1948 por Mohammad Hatta, uno de los padres fundadores del país. Este principio establece que Indonesia debe mantenerse al margen de los bloques de las grandes potencias y, al mismo tiempo, participar activamente en la construcción de un orden mundial basado en la independencia, la paz y la justicia social. Los críticos sostienen que sumarse a un organismo creado para una ocasión concreta y dominado por un solo dirigente extranjero contradice esa tradición.

Según la Constitución de 1945, todo acuerdo internacional requiere la ratificación de la Cámara de Representantes (DPR). La carta de la BoP firmada en Davos aún no ha pasado por ese proceso, lo que crea una zona gris constitucional que sus detractores han aprovechado. Dave Laksono, vicepresidente de la comisión parlamentaria de defensa y seguridad de Golkar, señaló que los legisladores examinarán el acuerdo con detenimiento. «El proceso de ratificación sigue en la fase de debate entre el Gobierno y la DPR, con el objetivo de examinar el contenido y realizar un análisis exhaustivo de las consecuencias políticas, jurídicas y para la seguridad nacional», declaró el 6 de abril.

Dominique Nicky Fahrizal, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Indonesia, advirtió que la participación de Indonesia en la BoP genera un dilema de seguridad: acciones emprendidas para garantizar la seguridad pueden, en realidad, provocar inseguridad en otros.

Estamos atrapados en el juego geopolítico de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio. Este ataque contra la fuerza de mantenimiento de la paz podría servir de advertencia sobre la salida de Indonesia de la BoP.

En busca de una vía intermedia

Entre una retirada total y un compromiso pleno, los analistas proponen varias opciones intermedias. El ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, anunció el 3 de marzo que todas las conversaciones sobre la BoP están suspendidas a la espera de que se aclare la situación en Irán. El presidente Prabowo se ha ofrecido a mediar entre Washington y Teherán, aunque los expertos consideran escasas las posibilidades de éxito. La embajada iraní en Yakarta recibió favorablemente la propuesta y su embajador señaló que ambos países son potencias medianas influyentes con capacidad para promover la paz.

Rezasyah sugirió que Prabowo podría consultar a los siete países, muchos de ellos de mayoría musulmana, con cuyos dirigentes se reunió al sumarse a la BoP. Esas consultas harían que una eventual retirada pareciera menos unilateral ante Washington o, en sentido contrario, que la decisión de permanecer resultara más meditada para el público nacional. Otras opciones incluyen aplazar el despliegue de 8.000 soldados en Gaza hasta que disminuyan las tensiones o pasar de la membresía plena a la condición de observador.

Agung Nurwijoyo subrayó que el rechazo público a la BoP refleja sentimientos más profundos sobre la justicia. «El rechazo público a la BoP no es solo una cuestión técnica de política, sino un reflejo de la sensibilidad de los indonesios ante la justicia mundial», señaló. El desafío para el Gobierno es garantizar que el pragmatismo en política exterior no se perciba como una renuncia a los principios.

La sombra de la diplomacia paralela

Mientras el Gobierno mantiene oficialmente una postura prudente, la expresidenta Megawati Soekarnoputri ha llevado a cabo lo que los analistas describen como una diplomacia paralela. Tras la muerte, según informaciones, del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, durante los ataques de la operación Furia Épica del 28 de febrero, Megawati expresó sus condolencias y posteriormente felicitó a su sucesor, Mojtaba Jamenei, por su elección el 10 de marzo por parte de la Asamblea de Expertos. Estos gestos, que apelan al espíritu de la Conferencia de Bandung de 1955, actúan como válvula de escape para los sectores musulmanes del país mientras el Gobierno mantiene sus vínculos económicos con Washington.

Este enfoque de doble vía permite a Indonesia conservar el acceso económico a Estados Unidos y, al mismo tiempo, mantener simbólicamente su posición en el mundo islámico. Sin embargo, el sector bancario afronta una exposición cada vez mayor a posibles sanciones secundarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus operaciones con entidades iraníes. El desplome del rial iraní y el restablecimiento de las sanciones multilaterales de la ONU han cortado de hecho las redes bancarias paralelas de Teherán, por lo que la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia y el Banco de Indonesia deben garantizar que las instituciones nacionales no se relacionen con entidades incluidas en listas negras.

Puntos clave

• Tres cascos azules indonesios de la ONU murieron en el Líbano entre el 29 y el 30 de marzo de 2026, lo que intensificó las críticas a la Junta de Paz
• Las encuestas indican que más del 50 por ciento de los indonesios se opone a participar en la BoP, iniciativa impulsada por Trump
• La BoP concede a Donald Trump la presidencia vitalicia y poder unilateral de veto, y exige 1.000 millones de dólares para obtener la membresía permanente
• Partidos de distintas tendencias, incluidos los socios de coalición Golkar y PKS, piden revisar el papel de Indonesia
• Indonesia se expone a posibles represalias comerciales de Estados Unidos si se retira, tras el acuerdo ART de febrero de 2026
• La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz y amenaza la seguridad energética y los subsidios al combustible en Indonesia
• El presidente Prabowo se ha ofrecido a mediar en el conflicto y podría visitar Rusia para asegurar suministros alternativos de petróleo
• La Constitución de Indonesia exige la ratificación parlamentaria del acuerdo de la BoP, lo que ha abierto un debate sobre el mandato constitucional
• Entre las opciones están pasar a la condición de observador, aplazar el despliegue de tropas o consultar a otros miembros islámicos antes de decidir
• La expresidenta Megawati Soekarnoputri ha mantenido una diplomacia paralela con Irán mientras el Gobierno conserva sus vínculos con Estados Unidos