La magnitud de la exclusión
Muhammad Daud Ali sirvió durante años a India como técnico del Ejército y sufrió heridas de combate durante la guerra de Kargil. A los 65 años, tenía pasaporte, registros de pensión y documentos de servicio militar que deberían haber garantizado su condición de ciudadano. Sin embargo, cuando a principios de este año concluyó la Revisión Intensiva Especial (SIR, por sus siglas en inglés) de las listas electorales de Bengala Occidental, Ali descubrió que él y sus tres hijos habían sido borrados del padrón electoral. Solo su esposa seguía en la lista. «Me he quedado atónito. Me siento profundamente herido e insultado. ¿Cómo pueden celebrar las elecciones sin resolver nuestros casos? No tengo idea de a quién acudir para obtener justicia», dijo Ali a los periodistas.
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Ali no es el único. Es uno de los aproximadamente nueve millones de votantes, cerca del 12% de los 76 millones de electores de Bengala Occidental, que han sido eliminados de las listas electorales de 2026. Las bajas se produjeron durante un amplio proceso de revisión del padrón llevado a cabo por la Comisión Electoral de India antes de las elecciones a la asamblea estatal, previstas para el 23 y el 29 de abril. Más de seis millones de nombres fueron eliminados por tratarse de votantes ausentes o fallecidos; la situación de otros 2,7 millones, entre ellos la familia de Ali, sigue en un limbo legal. Sus casos aún no se han resuelto y permanecen atrapados en un laberinto burocrático de tribunales y registros electorales congelados.
Trece estados y territorios administrados por el Gobierno federal han pasado por el proceso SIR, pero Bengala Occidental es el único caso en que el ejercicio fue seguido por una instancia adicional de revisión especial. La Comisión Electoral sostiene que el objetivo de la revisión es eliminar registros duplicados o desactualizados e incorporar a votantes legítimos. Sin embargo, la magnitud de las bajas ha desencadenado una crisis política sin precedentes, impugnaciones judiciales y cuestionamientos sobre la integridad de la mayor democracia del mundo.
Cómo desaparecieron millones del padrón
La Revisión Intensiva Especial es la depuración más amplia del padrón electoral de Bengala Occidental desde 2002. A diferencia de las revisiones habituales, la SIR incluye verificaciones casa por casa, controles más estrictos de documentos y el uso de inteligencia artificial para señalar lo que las autoridades denominan «discrepancias lógicas». El proceso comenzó en noviembre de 2025 con 7,66 crore de votantes registrados. En febrero de 2026, el borrador del padrón mostraba una reducción drástica, hasta aproximadamente 7,04 crore de registros.
Las bajas corresponden a tres categorías. La primera comprende eliminaciones administrativas habituales de registros duplicados, votantes fallecidos y personas que cambiaron de residencia sin actualizar sus datos. La segunda incluye a votantes ausentes que no pudieron ser localizados durante las verificaciones de los funcionarios electorales de nivel local. La tercera, y más polémica, abarca a 2,7 millones de votantes señalados por «discrepancias lógicas» mediante un algoritmo basado en inteligencia artificial, que buscó anomalías entre el padrón de 2002, considerado ampliamente como la última referencia fiable, y los datos actuales.
El sistema de inteligencia artificial identificó señales de alerta, entre ellas diferencias ortográficas en los nombres a lo largo de las décadas, más de seis votantes vinculados a un mismo antepasado, diferencias de edad inverosímiles entre padres e hijos, fuera del intervalo de 15 a 45 años, diferencias de menos de 40 años entre la edad de los abuelos y la de los votantes, e incongruencias entre el género y el nombre. Votantes como Ali, pese a haber presentado formularios de inscripción que los vinculaban con los registros de 2002 y aportar abundante documentación, fueron clasificados como casos dudosos. Tras las audiencias de reverificación, muchos quedaron excluidos de todos modos.
Los datos por circunscripción recopilados por los partidos políticos indican que cerca del 65% de los 2,7 millones de votantes en el limbo son musulmanes. En total, los musulmanes representan 3,11 millones, alrededor del 34%, de los nueve millones de personas eliminadas, una proporción muy superior al 27% que constituyen de la población de Bengala Occidental, según el censo de 2011. Sin embargo, la depuración ha afectado a distintas comunidades, entre ellas los dalits hindúes de la comunidad de refugiados matua, los migrantes de habla hindi de los centros urbanos e incluso altos funcionarios del Gobierno.
Historias de privación del derecho al voto
Detrás de las estadísticas hay historias personales de humillación y desconcierto. Suprabuddha Sen, un ingeniero de 88 años que trabajó durante 32 años en la Corporación del Valle de Damodar y es nieto materno del legendario artista Nandalal Bose, descubrió que habían eliminado su nombre pese a haber presentado certificados de educación secundaria, pasaportes, registros laborales y documentos de pensión. «Ya no me importa que me priven del derecho al voto», afirmó Sen. «Quienes borraron mi nombre deberían poder explicar por qué no aparezco en la lista».
El comandante de ala Md Shamim Akhtar, un condecorado oficial de la Fuerza Aérea india que tuvo pasaporte diplomático y sirvió al país durante 17 años, vio cómo su nombre pasaba de la lista definitiva a la categoría «en revisión» y, después, era eliminado por completo. Sus intentos de obtener explicaciones de los funcionarios electorales de nivel local fueron en vano. «Me puse en contacto con mi funcionario electoral local, Mondal, pero no me explicó qué procedimiento debía seguir y me aseguró que me reincorporarían automáticamente. Luego, el 28 de marzo, cuando eliminaron mi nombre de la segunda lista, el funcionario me dijo que contratara a un abogado y acudiera al tribunal», explicó Akhtar.
El carácter arbitrario del proceso queda de manifiesto en contradicciones absurdas. En algunas familias, los miembros fallecidos siguen en el padrón mientras que se elimina a sus familiares vivos. El ministro estatal Ghulam Rabbani, que ha competido en cuatro elecciones y ha votado con regularidad durante décadas, descubrió que su caso estaba en revisión. La ministra del gabinete Shashi Panja también fue señalada, aunque sus familiares seguían habilitados para votar. Incluso la secretaria principal de Bengala Occidental, Nandini Chakraborty, y Richa Ghosh, integrante de 22 años de la selección india que ganó la Copa Mundial de Críquet Femenino de 2025, fueron objeto de revisión mientras competían en el extranjero.
En Harishchandrapur, una circunscripción del distrito de Malda, junto a la frontera con Bangladesh, Hasnara Khatun, de 35 años, representa el trauma generacional que ha causado la depuración. «Estoy muy enojada», dice. Su padre, su abuelo y su bisabuelo han sido votantes. Ahora, cinco de los siete integrantes de su familia tienen suspendido el derecho al voto. «En la práctica, nos han convertido en personas sin ciudadanía. ¿Quién sabe qué vendrá después?», se pregunta. «Ya no se puede confiar en el sistema».
Si no votamos, a nadie le importará siquiera que existan personas pobres.
Este sentimiento, expresado a la antropóloga Mukulika Banerjee, de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, por un votante de los Sundarbans, en Bengala Occidental, refleja la dimensión existencial de la privación del derecho al voto. Banerjee señala que votar no es solo un derecho procedimental, sino también un acto profundamente significativo para las comunidades marginadas. «Al negarles el derecho al voto, se les quita uno de sus derechos fundamentales, que tiene un enorme significado para ellos y les permite hacer oír su voz», observó.
Los frentes de la batalla política
La crisis por la eliminación de votantes ha convertido el panorama político de Bengala Occidental en un campo de batalla entre relatos contrapuestos. La ministra principal, Mamata Banerjee, y su partido, el Congreso Trinamool (TMC), acusan a la Comisión Electoral de actuar en coordinación con el Partido Popular Indio (BJP), del primer ministro Narendra Modi, para privar del derecho al voto a electores de la oposición, en particular a los musulmanes. Banerjee anunció que organizará protestas y volverá a acudir al Tribunal Supremo. «¿Cómo pueden comenzar las elecciones sin resolver los casos de 2,7 millones de votantes?», preguntó.
El BJP defiende el ejercicio como una necesaria depuración administrativa del país. El ministro federal Sukanta Majumdar sostiene que la Constitución permite únicamente a los ciudadanos indios elegir a sus dirigentes. «Por eso era importante eliminar a quienes no son ciudadanos», afirmó, y culpó al Gobierno estatal de ralentizar el proceso al llevar el asunto al Tribunal Supremo. En sus discursos de campaña, el primer ministro Modi ha sugerido que la depuración apunta a infiltrados ilegales de Bangladesh, una expresión que, según el TMC, se utiliza como código para referirse a los musulmanes.
Sin embargo, los datos complican las explicaciones basadas únicamente en la religión. Aunque los musulmanes soportan una carga desproporcionada en distritos como Murshidabad y Malda, otras zonas han registrado un fuerte impacto en comunidades hindúes. En North 24-Parganas y Nadia, los dalits hindúes de la comunidad matua, integrada por migrantes de Bangladesh que históricamente apoyaron al BJP, sufrieron numerosas bajas. En Calcuta, se eliminó a casi el 29,6% de los votantes del norte y al 27,5% de los del sur; el 80% de las personas eliminadas eran hindúes, muchas de comunidades de habla hindi con raíces en el norte de India.
La controversia llegó a un punto crítico cuando una delegación del TMC se reunió en Delhi con el comisionado electoral jefe, Gyanesh Kumar. Tras una reunión de siete minutos, el integrante de la delegación Derek O'Brien afirmó que Kumar se negó a responder preguntas e insultó al grupo al decirle que «se largara». La Comisión Electoral rechazó enérgicamente esas acusaciones y sostuvo, por el contrario, que los dirigentes del TMC alzaron la voz y crearon un ambiente de confrontación. El intercambio pone de manifiesto la ruptura de la confianza entre los organismos constitucionales.
Patrones geográficos de las bajas
Las bajas no se han distribuido de manera uniforme en Bengala Occidental, sino que se han concentrado en zonas específicas de gran peso electoral. Los distritos fronterizos con Bangladesh, entre ellos North 24-Parganas, Nadia, Murshidabad, Malda, Uttar Dinajpur y Cooch Behar, registraron fuertes pérdidas. North 24-Parganas perdió por sí solo 1,26 millones de votantes, el 15% de su electorado. En Murshidabad, el distrito de India con mayor población musulmana, se eliminaron 749.000 nombres, alrededor del 13% de sus votantes.
El distrito de Paschim Bardhaman registró la segunda mayor caída del estado, con una reducción del electorado del 16,9%. Estos patrones son relevantes porque las disputas electorales de Bengala Occidental suelen decidirse por márgenes estrechos en determinadas circunscripciones. En Nandigram, donde Mamata Banerjee perdió frente a Suvendu Adhikari, del BJP, por solo 1.956 votos en 2021, se informa que hasta el 95,5% de los votantes eliminados son musulmanes, pese a que esta comunidad representa solo el 25% del electorado local.
En la propia circunscripción de Banerjee, Bhabanipur, el 51,8% de los votantes musulmanes quedó en revisión, aunque los musulmanes representan solo el 21,9% de la población. En la circunscripción se eliminó a decenas de miles de votantes. Estas medidas en escaños decisivos desde el punto de vista político sugieren que la revisión podría alterar los resultados no mediante la persuasión, sino mediante la eliminación de votantes.
La comunidad matua, un grupo de castas registradas con una importante influencia política en los distritos fronterizos, ilustra la complejidad de la política identitaria de la región. Se eliminó a numerosos votantes hindúes matua en circunscripciones como Bagda y Bongaon Uttar, lo que debilita la idea de que la depuración se dirigió exclusivamente contra los musulmanes. Los matua, que migraron desde lo que hoy es Bangladesh y tienen influencia en varias decenas de escaños de la asamblea, habían apoyado mayoritariamente al BJP en 2021 y contribuyeron a que pasara de 3 a 77 escaños. La privación de su derecho al voto amenaza ahora con fracturar la misma coalición que el BJP había construido.
Limbo legal y respuesta judicial
El Tribunal Supremo de India se ha visto obligado a navegar aguas turbulentas entre la integridad electoral y la inclusión democrática. Tras reiteradas impugnaciones judiciales, el máximo tribunal permitió que la Comisión Electoral siguiera adelante con las elecciones de abril sin resolver todas las disputas sobre las bajas. En la práctica, esto dejó congelado el padrón electoral mientras siguen pendientes 2,7 millones de casos. Un tribunal integrado por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, y el juez Joymalya Bagchi describió la situación como un «déficit de confianza» entre el organismo constitucional y el Gobierno elegido.
El tribunal ordenó una intervención extraordinaria: desplegar a unos 700 funcionarios judiciales de Bengala Occidental, Odisha y Jharkhand para asumir funciones cuasijudiciales de los funcionarios encargados del registro electoral. Se crearon 19 tribunales especiales, presididos por ex presidentes y jueces de tribunales superiores, para resolver la avalancha de apelaciones. Sin embargo, el enorme volumen de casos ha desbordado el sistema. El abogado sénior D.S. Naidu, en representación del organismo electoral, informó al tribunal que hay entre 30 y 34 lakh de apelaciones pendientes y que cada tribunal atiende más de un lakh de casos.
El juez Bagchi expresó con inusual emoción lo que está en juego. «El derecho a votar en el país donde uno nació no es solo constitucional, sino también sentimental. Se trata de formar parte de una democracia y ayudar a elegir un Gobierno», observó. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la intervención judicial tiene por objeto facilitar las elecciones, no impedirlas. La sala señaló que el proceso no puede detenerse a menos que se excluya a un número enorme de votantes, hasta el punto de afectar de manera sustancial los resultados electorales.
Los resultados concretos han sido devastadores para quienes buscan que se restablezca su derecho al voto. De los 2,7 millones de nombres eliminados tras la revisión de sus casos, hasta ahora solo se han restablecido dos, ambos tras una intervención específica del Tribunal Supremo. Mahatab Shaikh, candidato del Congreso por Farakka, y el exdiputado Mottakin Alam, ahora candidato del Congreso por Manikchak, recuperaron el derecho al voto. Para los millones restantes, los tribunales siguen prácticamente sin funcionar, pese a los preparativos en instalaciones como el Instituto Nacional de Agua y Saneamiento Syama Prasad Mookerjee.
Con el padrón congelado y las fechas de votación cada vez más próximas, el Tribunal Supremo fijó para el 13 de abril una audiencia crucial, en la que decidirá si quienes sean habilitados por los tribunales después de la congelación todavía podrán votar. La cuestión central es si la validación posterior al plazo puede restablecer el derecho al voto en este ciclo electoral o si los ciudadanos habilitados tendrán que esperar años hasta la siguiente oportunidad de participar.
La aritmética electoral y lo que está en juego para la democracia
La eliminación de nueve millones de votantes representa más que un ajuste burocrático: supone un cambio estructural en la aritmética electoral de Bengala Occidental. En numerosos distritos, el número de bajas supera los márgenes de victoria de las elecciones a la asamblea de 2021. En Hooghly, donde el TMC ganó por 2,79 lakh de votos en 2021, se han eliminado 8,68 lakh de votantes. En Purba Bardhaman, a un margen de 2,75 lakh se contraponen ahora 8,35 lakh de bajas. En Paschim Bardhaman, las 3,14 lakh de personas eliminadas eclipsan una estrecha diferencia de 43.893 votos.
Esta aritmética cambia las dinámicas fundamentales de la competencia. Las elecciones en Bengala Occidental suelen decidirse por márgenes estrechos a nivel de circunscripción. La reducción de incluso unos pocos miles de votantes en determinados centros electorales puede cambiar los resultados, sobre todo en circunscripciones urbanas y semiurbanas. Con una base electoral más reducida, los partidos deben reajustar por completo sus estrategias y dejar de centrarse en persuadir a los votantes para movilizar a quienes siguen registrados.
El politólogo Sibaji Pratim Basu señala que no existe un precedente en India de elecciones celebradas mientras los derechos de los votantes permanecen suspendidos. «No hay ningún ejemplo de elecciones celebradas en India con los derechos de los votantes suspendidos», afirmó. «Es una vergüenza para la democracia». La controversia plantea preguntas profundas sobre la relación entre la integridad electoral y la participación inclusiva. Aunque depurar los padrones es esencial para garantizar elecciones creíbles, la magnitud, la metodología y el momento de este ejercicio han generado temor en lugar de confianza.
El costo humano va más allá de la privación individual del derecho al voto y alcanza la erosión de la confianza en la democracia. Cuando veteranos de guerra, ministros del gabinete, deportistas condecorados y ciudadanos que han votado toda la vida descubren que sus nombres han sido borrados del padrón pese a contar con documentación válida, el mensaje resuena en comunidades que ya desconfían del poder del Estado. Mientras la familia de Hasnara Khatun afronta la pérdida de un derecho al voto que se ha ejercido durante generaciones, el sistema corre el riesgo de convertir un error administrativo en alienación política.
Como Bengala Occidental es un premio clave en la política nacional y tiene el cuarto mayor número de escaños parlamentarios, la resolución de esta crisis tendrá consecuencias más allá de las fronteras del estado. La capacidad de los tribunales para impartir justicia a tiempo, la posibilidad de que el Tribunal Supremo concilie los padrones congelados con los derechos de los votantes y la capacidad de la Comisión Electoral para recuperar la confianza pública determinarán no solo el resultado de las elecciones de abril, sino también la credibilidad de las propias instituciones democráticas de India.
Puntos clave
- Nueve millones de votantes fueron eliminados del padrón electoral de Bengala Occidental, el 12% de los 76 millones de electores del estado
- 2,7 millones de votantes siguen en un limbo legal, con sus casos «en revisión», mientras las elecciones están previstas para el 23 y el 29 de abril
- Solo se han restablecido dos nombres de los 2,7 millones de casos impugnados, pese a la creación de tribunales
- El Tribunal Supremo permitió que las elecciones siguieran adelante con el padrón congelado y las disputas aún sin resolver
- Un proceso basado en inteligencia artificial señaló «discrepancias lógicas» al comparar los registros actuales con los datos de referencia de 2002
- Los musulmanes representan el 34% del total de personas eliminadas, pese a constituir el 27% de la población; la comunidad hindú matua también se vio gravemente afectada
- Los distritos fronterizos, entre ellos Murshidabad, Malda y North 24-Parganas, registraron las tasas más altas de bajas
- Entre las figuras afectadas hay veteranos de la guerra de Kargil, ministros estatales, la secretaria principal del estado y Richa Ghosh, ganadora de la Copa Mundial de Críquet
- El TMC acusa a la Comisión Electoral de colaborar con el BJP para privar del derecho al voto a electores de la oposición
- El BJP defiende el ejercicio como una medida necesaria para eliminar a infiltrados ilegales y votantes fallecidos
