Un cambio en la conciencia nacional
Más de 3,2 millones de surcoreanos se han registrado formalmente para rechazar los tratamientos destinados a prolongar la vida en caso de padecer una enfermedad incurable. Esta cifra, divulgada por la Agencia Nacional para la Gestión de los Tratamientos de Soporte Vital, pone de relieve un cambio profundo en la forma en que el país afronta el final de la vida. Los datos muestran que las mujeres representan casi dos tercios de las personas registradas: 2,13 millones de mujeres y 1,07 millones de hombres han expresado sus deseos. Las personas de 65 años o más representan más de dos tercios del total, lo que indica que las poblaciones envejecidas están planificando activamente sus últimos años.
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El aumento constante de las inscripciones desde que se puso en marcha el sistema, en febrero de 2018, sugiere que el concepto de «muerte digna» gana aceptación. De unos 86.000 inscritos durante el primer año, la cifra subió a un millón en agosto de 2021 y llegó a dos millones en octubre de 2023. En agosto de 2025, el total había superado los tres millones. Esta rápida adopción refleja cambios en las actitudes sociales ante la muerte, la autonomía y la medicalización del proceso de morir.
Estudios recientes respaldan esta tendencia. Una encuesta del Instituto de Corea para la Salud y los Asuntos Sociales reveló que una abrumadora mayoría de los encuestados da prioridad a reducir al mínimo el dolor físico y aliviar la carga económica de sus familias. La investigación indica que, para muchos coreanos, una «buena muerte» se define menos por los rituales tradicionales centrados en la familia y más por el bienestar personal y la ausencia de sufrimiento innecesario.
«Cada vez más coreanos consideran que una “buena muerte” es menos un momento centrado en la familia y más una muerte sin dolor ni dificultades económicas», señaló el estudio, que destacó un alejamiento significativo de las normas históricas.
Este enfoque pragmático de la atención al final de la vida está transformando la ética médica y las dinámicas familiares en Corea del Sur. A medida que envejece la población y avanza la tecnología médica, la posibilidad de rechazar intervenciones agresivas se ha convertido en un componente fundamental de los derechos de los pacientes.
La evolución del marco legal
La infraestructura legal actual no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de debate ético y de casos judiciales históricos que obligaron a la sociedad surcoreana a afrontar preguntas difíciles sobre el proceso de morir. El camino hacia la Ley de Decisiones sobre Tratamientos de Soporte Vital de 2018 estuvo marcado por dos casos judiciales decisivos: el del Hospital Boramae, en 1998, y el del Hospital Severance, en 2009.
En el caso del Hospital Boramae de 1998, unos cirujanos fueron declarados culpables tras dar de alta a un paciente a petición de su esposa, debido a dificultades económicas. El Tribunal Supremo dictaminó que los médicos habían actuado como cómplices de asesinato y consideró que la petición de la esposa era una decisión por representación no autorizada. El fallo causó conmoción en la comunidad médica y generó un clima de temor en el que los médicos se sintieron obligados a prolongar la vida a toda costa para evitar responsabilidades penales.
El panorama legal cambió una década después con el caso del Hospital Severance. En este caso, la familia de una mujer en estado vegetativo persistente demandó para que se interrumpiera el tratamiento. El Tribunal Supremo dictaminó que, si un paciente ha llegado a una fase irreversible del proceso de morir, tiene el derecho constitucional a la autodeterminación. El tribunal reconoció que retirar los tratamientos de soporte vital podía ser admisible si coincidía con la voluntad presunta del paciente, con fundamento en los derechos constitucionales a la dignidad humana y a la búsqueda de la felicidad.
Estos casos sentaron las bases judiciales de la legislación aprobada en 2016 y promulgada en 2018. La ley estableció una distinción clara entre la «fase terminal» de una enfermedad y el «proceso de morir». La fase terminal se refiere a una afección que, pese al tratamiento, se prevé que cause la muerte en unos meses, mientras que el proceso de morir se refiere a un estado de muerte inminente sin posibilidad de recuperación. De manera crucial, la ley solo permite no iniciar o retirar tratamientos durante el «proceso de morir», un período limitado diseñado para equilibrar la autonomía del paciente con la protección de la vida.
La legislación creó mecanismos específicos para la toma de decisiones, entre ellos las Declaraciones anticipadas sobre tratamientos de soporte vital (ASLST) y las Órdenes médicas sobre tratamientos de soporte vital (POLST). También estableció organismos de supervisión, como la Agencia Nacional para la Gestión de los Tratamientos de Soporte Vital y los comités institucionales de ética.
Los valores confucianos frente a la autonomía moderna
La aplicación de marcos legales de estilo occidental en una sociedad tradicionalmente confuciana plantea desafíos particulares. En Corea del Sur, los valores confucianos hacen hincapié en la piedad filial, según la cual los hijos tienen el deber de cuidar a sus padres y prolongar su vida. Históricamente, las decisiones médicas eran asuntos familiares colectivos, más que decisiones individuales. Hablar de la muerte solía considerarse un tabú, y con frecuencia se ocultaba a los pacientes la verdad sobre su pronóstico para evitarles la desesperanza.
Pese a estas corrientes culturales, los datos muestran una clara tendencia hacia la autonomía individual. El hecho de que las mujeres se registren al doble de la tasa de los hombres podría indicar cambios en los roles de género en la gestión de la salud o una mayor disposición de las mujeres a afrontar la mortalidad. Además, casi una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años ha presentado una directiva anticipada.
Este cambio no elimina el papel de la familia. La ley sigue permitiendo que los familiares actúen como representantes en la toma de decisiones si el paciente está incapacitado y no es posible confirmar una voluntad previa. Sin embargo, esto puede generar conflictos. Si la familia no está de acuerdo con los deseos expresados anteriormente por el paciente o está distanciada de él, su autonomía puede verse comprometida.
El Korea JoongAng Daily informó sobre el crecimiento de este movimiento y señaló que el apoyo a la muerte digna va más allá de la posibilidad legal de rechazar el tratamiento. Las encuestas indican que el 91,9 por ciento de los surcoreanos interrumpiría los tratamientos para prolongar la vida si padeciera una enfermedad terminal. Este elevado nivel de apoyo público sugiere que, aunque las tradiciones culturales persisten, se están adaptando a las realidades modernas de las enfermedades crónicas y las intervenciones médicas de alta tecnología.
Brechas entre la ley y la realidad clínica
Aunque existe un marco legal, las investigaciones señalan brechas importantes entre el propósito de la ley y la práctica clínica. Un estudio publicado en BMC Medical Ethics analizó historias clínicas electrónicas y encuestó a profesionales de la salud; reveló que las decisiones de rechazar tratamientos suelen tomarse muy tarde en el curso de la enfermedad.
El estudio constató que, con frecuencia, las decisiones de no iniciar tratamientos de soporte vital se tomaban apenas uno o dos días antes de la muerte. Este momento de última hora socava el concepto de planificación anticipada, ya que a menudo los pacientes están demasiado enfermos para participar de manera significativa cuando se inicia el proceso legal. Además, el estudio destacó una discrepancia en cuanto a quién toma estas decisiones. Mientras los pacientes y sus familias creen que debe decidir el paciente, los datos clínicos muestran que los familiares toman la decisión en el 81,5 por ciento de los casos.
Los médicos afrontan sus propias dificultades. A los profesionales de la salud suele resultarles difícil determinar el «momento adecuado» para hablar de los tratamientos de soporte vital debido a la incertidumbre de los pronósticos. La ley exige que el paciente se encuentre en el «proceso de morir» antes de que se pueda retirar el tratamiento, pero desde el punto de vista clínico es difícil determinar cuándo se llega a ese momento.
«La mayoría de los médicos y enfermeros sugirieron que el momento adecuado para hablar de interrumpir los tratamientos de soporte vital sería cuando los pacientes estén en estado crítico, pero conscientes», señalaron los autores del estudio.
Sin embargo, en la práctica, el temor a las responsabilidades legales y la falta de claridad de los criterios médicos suelen retrasar estas conversaciones hasta que el paciente ya no está consciente. Por consiguiente, la opción predeterminada suele seguir siendo el tratamiento agresivo hasta que la muerte es inminente, en contra de los deseos de muchos pacientes que quizá habrían preferido recibir cuidados paliativos antes.
Acceso desigual a los cuidados paliativos
Otro asunto fundamental es la desigualdad en el acceso a los cuidados de hospicio y paliativos. La Ley de 2018 fue diseñada para promover los cuidados de hospicio junto con las decisiones de rechazar tratamientos de soporte vital. Sin embargo, la normativa vigente limita el acceso a los servicios de hospicio establecidos por el gobierno a pacientes con solo cinco afecciones específicas: cáncer, VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia hepática crónica e insuficiencia respiratoria crónica.
Esta exclusión deja a un gran número de pacientes con enfermedades graves, como las cardiovasculares o la demencia, sin acceso legal a cuidados paliativos especializados. Un análisis de 2024 publicado en una revista médica señaló que en 2022 solo alrededor del 10 por ciento de los pacientes con enfermedades terminales recibió cuidados paliativos. Su utilización sigue estando muy concentrada en pacientes con cáncer, pese a que las enfermedades cardíacas y la demencia son causas principales de muerte en Corea del Sur.
Sin acceso a cuidados paliativos, los pacientes pueden sentirse obligados a continuar con tratamientos agresivos de soporte vital simplemente para asegurarse de recibir algún tipo de atención médica. La Organización Mundial de la Salud recomienda los cuidados paliativos para todas las personas con sufrimiento grave relacionado con la salud, pero la legislación surcoreana aún no se ajusta plenamente a esta norma mundial. Los esfuerzos por ampliar la lista de enfermedades cubiertas han sido lentos, y muchas familias deben afrontar el final de la vida sin los sistemas de apoyo necesarios.
Riesgos sistémicos y dependencia tecnológica
La dependencia de un sistema digital centralizado para gestionar las directivas anticipadas, aunque eficiente, conlleva riesgos sistémicos. Un incidente ocurrido en septiembre de 2025 dejó al descubierto estas vulnerabilidades, cuando un incendio en un centro de datos interrumpió el funcionamiento del Servicio Nacional de Recursos de Información. El Sistema de Procesamiento de Información sobre Tratamientos de Soporte Vital del gobierno dejó de funcionar, lo que impidió a los hospitales comprobar si los pacientes habían firmado directivas anticipadas.
La interrupción provocó un caos inmediato en centros médicos de todo el país. Los médicos no pudieron confirmar si los pacientes inconscientes habían rechazado los cuidados para prolongar la vida. Al no haber documentos que pudieran verificarse, la autoridad para tomar decisiones volvió a los familiares. Para los pacientes que habían roto los vínculos con sus familiares o vivían solos, esto suponía un grave riesgo de que se ignoraran sus deseos.
Un caso involucró a un hombre de unos 60 años con cáncer de estómago terminal. Había firmado meses antes su rechazo a los tratamientos de soporte vital, pero cuando fue trasladado para una operación de emergencia, el hospital no pudo verificar el documento debido a la interrupción del sistema. El personal médico tuvo que persuadir al paciente y a su familia para que redactaran un documento nuevo en un momento de crisis. El incidente puso de relieve la fragilidad del sistema y la angustia que sufren los pacientes cuando los fallos técnicos frustran planes que habían preparado cuidadosamente.
Desde entonces, la Agencia Nacional ha recomendado a los pacientes conscientes que lleven tarjetas físicas de registro y firmen los documentos directamente en los hospitales como alternativa. Sin embargo, el incidente puso de relieve la necesidad de contar con sistemas de respaldo que protejan la autonomía de quienes no pueden expresarse por sí mismos.
Propuestas para ampliar la legislación
Ante estas limitaciones, legisladores y funcionarios de salud impulsan reformas para ampliar el alcance de la ley. En 2025, Nam In-soon, representante del gobernante Partido Democrático de Corea, propuso una revisión que ampliaría los criterios de elegibilidad para incluir a pacientes «que probablemente se acercan a la muerte», y no solo a quienes están en el «proceso de morir» inmediato.
Según la ley vigente, los pacientes deben estar a punto de morir para que se pueda interrumpir el tratamiento. Esta definición limitada restringe el período para tomar decisiones y puede obligar a los pacientes a soportar intervenciones que ofrecen pocos beneficios. La enmienda propuesta busca permitir que los pacientes rechacen los tratamientos de soporte vital antes en el curso de una enfermedad irreversible. Esto acercaría el marco legal al concepto de «fase terminal», cuando se prevé que la muerte ocurra en unos meses, pero aún no es inminente.
Jeong Eun-kyeong, ministra de Bienestar, también ha expresado su apoyo a ampliar el alcance. Reconoció que limitar las decisiones a la fase terminal restringe el derecho de los pacientes a la autodeterminación. El Segundo Plan Integral del Gobierno sobre Cuidados de Hospicio y Tratamientos de Soporte Vital (2024-2028) incluye propuestas para adelantar el momento en que se retira el tratamiento, lo que refleja un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de que la ley evolucione para servir mejor a la población que busca proteger.
Estos cambios propuestos plantean desafíos, especialmente en lo que respecta a los límites éticos y a la definición de futilidad. Sin embargo, el elevado número de surcoreanos que optan por rechazar el tratamiento sugiere que la población está preparada para un enfoque más flexible y humano de la atención al final de la vida.
Lo esencial
- Más de 3,2 millones de surcoreanos han optado formalmente por rechazar los tratamientos de soporte vital; las mujeres representan aproximadamente dos tercios de las personas inscritas.
- La Ley de Decisiones sobre Tratamientos de Soporte Vital se promulgó en 2018, tras casos judiciales históricos que establecieron el derecho a rechazar tratamientos sin beneficio.
- Las investigaciones indican un cambio desde la toma de decisiones tradicional centrada en la familia hacia la autonomía individual, impulsado por el deseo de reducir el dolor y la carga económica.
- Un incendio en un centro de datos en 2025 puso al descubierto riesgos sistémicos y provocó caos cuando los hospitales no pudieron verificar las directivas anticipadas de pacientes inconscientes.
El acceso a los cuidados paliativos sigue siendo limitado: la ley solo cubre cinco enfermedades específicas, lo que excluye a muchos pacientes con afecciones cardiovasculares o demencia.
Los legisladores han propuesto revisiones para ampliar los criterios que permiten interrumpir el tratamiento a la «fase final» de la enfermedad, de modo que las decisiones puedan tomarse antes en su curso.
