La Fiscalía pide la pena de muerte para el expresidente surcoreano destituido Yoon Suk Yeol

Una petición histórica de pena capital

En una sombría sala del tribunal de Seúl, los fiscales surcoreanos han pedido la pena máxima para el expresidente Yoon Suk Yeol. El equipo especial de la Fiscalía solicitó formalmente al tribunal que imponga la pena de muerte, al sostener que Yoon fue el cabecilla de una insurrección derivada de su declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. Esta petición marca un momento excepcional y dramático en la historia política moderna del país y sitúa al exmandatario en el centro de la crisis jurídica más grave del país en décadas.

En sus alegatos finales ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, los fiscales describieron un panorama sombrío: un jefe de Estado acusado de intentar subvertir la misma democracia que juró proteger. La Fiscalía presentó las acciones de Yoon no como un error político, sino como un intento calculado de tomar el control del poder judicial y del legislativo para mantenerse en el poder. El tribunal escuchó que Yoon no tenía fundamento jurídico para declarar la ley marcial y que sus órdenes de movilizar a las fuerzas armadas constituyeron un ataque directo al orden constitucional.

Yoon permaneció sentado en el banquillo mientras se leía en voz alta la petición de pena, con escasa reacción visible, salvo una leve sonrisa. Algunos de sus simpatizantes en la sala respondieron con gritos de indignación. El expresidente ha negado sistemáticamente los cargos y sostiene que la declaración de la ley marcial se ajustaba a sus atribuciones constitucionales y pretendía ser una advertencia a sus adversarios políticos, no un golpe de Estado. Pese a sus negativas, la Fiscalía argumentó que la gravedad del delito exige la pena más severa que contempla la ley.

Corea del Sur no ejecuta a nadie desde 1997, por lo que, en la práctica, organizaciones internacionales de derechos humanos consideran que el país es abolicionista. Sin embargo, la ley surcoreana contempla solo tres posibles penas para el delito de liderar una insurrección: muerte, cadena perpetua con trabajos forzados o cadena perpetua sin trabajos forzados. Al pedir la pena capital, los fiscales han dejado claro que consideran que las acciones del expresidente merecen la condena más severa posible.

La noche del caos y la confusión

Los acontecimientos que llevaron al país a esta situación comenzaron la noche del 3 de diciembre de 2024. En un discurso televisado que conmocionó al país y a la comunidad internacional, Yoon declaró de forma abrupta la ley marcial de emergencia. Afirmó que la drástica medida era necesaria para proteger al país de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y erradicar elementos «antigubernamentales» que, según él, paralizaban el Gobierno.

La declaración sumió de inmediato a Corea del Sur en una crisis política. Se movilizaron unidades militares y se las envió a puntos estratégicos de Seúl, entre ellos la Asamblea Nacional. Soldados rodearon el edificio del Parlamento e intentaron impedir que los legisladores entraran para votar sobre el decreto. Frente a la Asamblea, ciudadanos se congregaron para protestar, bloquearon físicamente vehículos militares y se enfrentaron a fuerzas de operaciones especiales, en escenas que evocaron dolorosos recuerdos del pasado autoritario del país.

Movilización militar

Los testimonios presentados durante el juicio revelaron el alcance de la operación militar. La Fiscalía presentó pruebas de que Yoon había ordenado la detención de figuras políticas clave, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional y el líder del opositor Partido Democrático. También se enviaron tropas a registrar la Comisión Nacional Electoral, un organismo independiente, con órdenes de reunir pruebas de un presunto fraude electoral. Los fiscales describieron la medida como un intento de socavar la integridad electoral del país.

La crisis duró solo seis horas. En una sesión dramática, 190 legisladores lograron atravesar los cordones militares y entrar en la cámara parlamentaria. Votaron por unanimidad a favor de levantar el decreto de ley marcial, lo que obligó a Yoon a dar marcha atrás. El rápido rechazo del Parlamento, junto con la resistencia masiva de la ciudadanía, puso fin a la crisis inmediata, pero las repercusiones jurídicas y políticas apenas comenzaban.

Tras el fracaso de la declaración, legisladores de la oposición actuaron rápidamente para destituir a Yoon mediante un juicio político. Fue suspendido del cargo y, posteriormente, destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Su caída llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas, que dieron la presidencia a su rival, Lee Jae Myung. Sin embargo, incluso después de dejar el cargo, Yoon siguió teniendo influencia sobre un sector de la población: sus simpatizantes de derecha lo consideran un mártir que se enfrenta a las élites liberales.

El caso de la Fiscalía por insurrección

Durante el juicio, los fiscales intentaron demostrar que la declaración de la ley marcial no fue una reacción espontánea a una crisis, sino un plan premeditado para consolidar el poder. Dijeron al tribunal que las pruebas mostraban que Yoon y sus aliados habían comenzado a planificar la operación ya en octubre de 2023. Según la Fiscalía, el objetivo era «monopolizar el poder mediante un gobierno prolongado», colocando estratégicamente a militares en puestos clave.

La Fiscalía destacó la violencia implícita en el plan, aunque nadie murió durante su ejecución. Sostuvo que la intención de Yoon no era menos violenta que la de golpes militares anteriores, pues autorizó el uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos. Un comandante militar declaró que Yoon había ordenado explícitamente la detención de legisladores, en contradicción directa con la afirmación de Yoon de que el despliegue solo tenía por objeto mantener el orden.

Pruebas de un plan

Quizá la prueba más contundente presentada fue un memorando atribuido a uno de los responsables de planificar la ley marcial. El documento incluía sugerencias para «eliminar» a cientos de personas, entre ellas periodistas, activistas sindicales y legisladores. La Fiscalía también mencionó planes para cortar el suministro eléctrico y de agua a importantes medios de comunicación y torturar a funcionarios electorales hasta que confesaran un fraude electoral inventado. Estas pruebas fueron fundamentales para sostener que la declaración constituía un intento real de desmantelar el sistema democrático.

El fiscal adjunto especial Park Eok-su se dirigió al tribunal y subrayó la gravedad de la traición. «El expresidente Yoon declaró la ley marcial con el propósito de mantenerse mucho tiempo en el poder, tomando el control del poder judicial y del legislativo», afirmó Park. «La naturaleza del delito es grave, pues movilizó recursos físicos que solo debían utilizarse en beneficio del conjunto de la nación».

Los fiscales también señalaron el comportamiento de Yoon desde su detención como un factor agravante. Argumentaron que no ha mostrado un arrepentimiento genuino ni ha pedido disculpas a la ciudadanía por la crisis que provocó. En cambio, indicaron, ha seguido culpando a la oposición e incitando a sus simpatizantes, algunos de los cuales protagonizaron protestas violentas frente al tribunal después de su detención.

La defensa de Yoon y sus afirmaciones de inocencia

Durante todo el proceso, Yoon Suk Yeol ha mantenido una postura desafiante. Se ha declarado inocente del cargo de insurrección y sostiene que la declaración de la ley marcial por parte de un presidente no puede constituir legalmente una rebelión. Su equipo de defensa ha calificado el juicio de «purga» con motivaciones políticas y de abuso del poder de la Fiscalía.

En su declaración final ante el tribunal, que duró 90 minutos, Yoon reiteró su argumento principal. Presentó sus acciones no como un intento de acaparar el poder, sino como un esfuerzo por «salvaguardar la libertad y la soberanía» y restaurar el orden constitucional. Describió el Parlamento controlado por la oposición como una «guarida de criminales» y un conjunto de «fuerzas antigubernamentales» que obstaculizaban la capacidad de su Gobierno para gobernar.

Yoon afirmó que la declaración de la ley marcial pretendía ser un gesto pacífico y simbólico, al que llamó «ley marcial como mensaje». Sostuvo que sabía que el decreto se levantaría en menos de medio día y que nunca tuvo la intención de paralizar el país ni detener a dirigentes políticos. En cambio, dijo que buscaba alertar a la ciudadanía sobre lo que consideraba acciones peligrosas del Partido Democrático.

Al responder a la acusación concreta de que ordenó a las tropas sacar por la fuerza a los legisladores de la Asamblea, Yoon atribuyó la responsabilidad a sus subordinados militares. Sugirió que los soldados sobre el terreno excedieron sus órdenes porque estaban acostumbrados a entrenarse para aplicar la ley marcial con directrices anticuadas y agresivas. Los fiscales y observadores jurídicos recibieron esta explicación con escepticismo y señalaron que, en última instancia, la cadena de mando depende del presidente.

«No se trató de una dictadura militar que reprime a la ciudadanía, sino de un esfuerzo por salvaguardar la libertad y la soberanía», dijo Yoon al tribunal. «Lo hice para hacer frente a la maldad que destruiría la nación».

Los coacusados y la red más amplia

Yoon no afronta solo este juicio. El caso de insurrección se ha unido a los procesos de varias figuras de alto rango de su Gobierno, acusadas de ejecutar sus órdenes ilegales. Los fiscales han pedido penas de prisión importantes para estos coacusados y los han presentado como cómplices del plan.

El exministro de Defensa Kim Yong-hyun, a quien los fiscales describieron como alguien que «actuó como una sola persona» con Yoon durante la conspiración, se enfrenta a una petición de cadena perpetua. La Fiscalía sostuvo que Kim desempeñó un papel fundamental en la ejecución y coordinación de la operación de ley marcial. Para el exjefe de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji-ho, quien presuntamente ayudó a desplegar fuerzas policiales para bloquear la Asamblea, pidió una pena de 20 años.

Entre las demás penas solicitadas figuran 30 años para el general de división retirado del Ejército Noh Sang-won, excomandante del Mando de Inteligencia de Defensa, y 15 años para el exjefe de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl Kim Bong-sik. El juicio conjunto pone de relieve el carácter sistémico de la presunta insurrección y sugiere que, para llevarse a cabo, requería la cooperación de los mandos militares y policiales.

Además de los cargos de insurrección, Yoon afronta numerosos problemas legales. Actualmente está siendo juzgado en ocho procesos penales distintos, por cargos que van desde abuso de poder y obstrucción a la justicia hasta infracciones de la ley electoral. En un caso particularmente sorprendente, los fiscales sostienen que Yoon ordenó enviar drones militares sobre Corea del Norte en 2024 para provocar una crisis que pudiera servir de pretexto para declarar la ley marcial.

La sombra de la historia y la pena de muerte

La petición de pena de muerte conlleva el peso de la historia de Corea del Sur. La última vez que un dirigente surcoreano afrontó una acusación de este tipo fue en la década de 1990. Los exdictadores militares Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo fueron juzgados por su papel en el golpe de Estado de 1979 y la posterior represión violenta del levantamiento prodemocrático de Gwangju. En aquella ocasión, los fiscales también pidieron la pena de muerte para Chun.

En un eco histórico que quizá anticipe un sombrío desenlace para Yoon, Chun fue condenado inicialmente a muerte. Sin embargo, un tribunal de apelación conmutó después la pena por cadena perpetua. Tanto Chun como Roh acabaron recibiendo un indulto y fueron puestos en libertad tras cumplir cerca de dos años de prisión. Este precedente ha llevado a muchos expertos jurídicos a prever que, aunque Yoon sea condenado, es poco probable que se ejecute la pena de muerte y que la sentencia podría reducirse más adelante.

La última condena a muerte en Corea del Sur se dictó en 2016, pero el país no lleva a cabo ejecuciones desde diciembre de 1997. Esta prolongada moratoria significa que, aunque la petición de la Fiscalía tiene una gran fuerza simbólica, en la práctica Yoon probablemente pasaría el resto de su vida en prisión si es condenado. Amnistía Internacional clasifica a Corea del Sur como «abolicionista en la práctica», en reconocimiento de esta situación.

El impacto político del caso es igualmente profundo. Yoon es el primer presidente en ejercicio en la historia de Corea del Sur que ha sido detenido e imputado. Su caída en desgracia recuerda con fuerza la turbulenta relación del país con sus dirigentes. Muchos expresidentes surcoreanos han terminado sus mandatos envueltos en escándalos o en prisión, un fenómeno conocido a menudo como la «maldición de la Casa Azul».

Qué ocurrirá ahora

El Tribunal del Distrito Central de Seúl anunció que dará a conocer su veredicto el 19 de febrero. La decisión marcará un momento decisivo para el país y podría cerrar un capítulo turbulento o desencadenar una nueva ola de tensión política, según el resultado. El actual Gobierno, encabezado por el presidente Lee Jae Myung, ha mantenido cierta distancia y se ha limitado a decir que confía en que el poder judicial dictará sentencia conforme a la ley y a los criterios públicos.

La opinión pública sigue profundamente dividida. Muchos ciudadanos están horrorizados por la declaración de la ley marcial y apoyan que se exijan responsabilidades, pero Yoon conserva una base fiel de simpatizantes que consideran el juicio una caza de brujas. Esta polarización ha provocado frecuentes protestas en Seúl, que a veces se tornan violentas cuando grupos enfrentados discuten el rumbo futuro del país.

Para el sistema judicial, el veredicto pondrá a prueba su independencia y su capacidad para exigir responsabilidades al más alto cargo del Estado. Para el país, es un momento para afrontar la fragilidad de la democracia. Los acontecimientos de diciembre de 2024 dejaron al descubierto la rapidez con que pueden cuestionarse las normas democráticas, incluso en una democracia sólida como la surcoreana.

Mientras el país espera el fallo, el mundo observa de cerca. El resultado probablemente influirá durante años en la posición internacional de Corea del Sur y en su política interna. Sea cual sea la pena, el juicio ha cambiado de forma irreversible el panorama de la política surcoreana y ha hecho desaparecer el aura de invulnerabilidad que antes rodeaba a la presidencia.

Lo esencial

• Los fiscales surcoreanos han pedido la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar una insurrección.
• La acusación deriva de la declaración de la ley marcial de Yoon el 3 de diciembre de 2024, que duró seis horas antes de que el Parlamento la revocara.
• La Fiscalía argumentó que Yoon planeó la medida para tomar el poder y detener a sus rivales políticos, y presentó pruebas de listas con nombres de personas que debían ser «eliminadas».
• Yoon niega los cargos y afirma que la declaración de la ley marcial fue un «mensaje» simbólico para combatir la «maldad» de la oposición.
• Se espera que el tribunal dé a conocer su veredicto el 19 de febrero.
• La ley prevé para Yoon la cadena perpetua o la pena de muerte, aunque Corea del Sur no ejecuta a nadie desde 1997.
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• La Fiscalía ha pedido cadena perpetua para el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, mientras que otros coacusados se enfrentan a largas penas de prisión.
• Yoon es el primer presidente surcoreano en ejercicio que ha sido detenido e imputado.