Inundaciones y cosechas perdidas: el costo humano del auge del níquel en Filipinas

Una creciente marea de lodo rojo en Mindanao

Cada vez que caen lluvias intensas sobre la tranquila localidad de Madrid, en Surigao del Sur, torrentes de agua lodosa bajan de las colinas cercanas y atraviesan arrozales y viviendas. Muchos residentes dicen que la escorrentía marrón es la señal más visible de una fiebre del níquel que se ha extendido hacia el sur de Filipinas. Describen arrozales cubiertos de sedimentos, una disminución de las capturas de peces e inundaciones que parecen más altas y rápidas. Sus reclamos aumentan en un momento en que la demanda mundial de níquel, un metal utilizado en las baterías de vehículos eléctricos y en el almacenamiento de energía, impulsa a Filipinas a ampliar la minería. Grupos de derechos humanos y líderes comunitarios advierten que los costos son cada vez mayores para quienes viven al pie de las vías de acceso a las minas y cerca de las desembocaduras de los ríos.

Surigao del Sur se encuentra en Caraga, una región de Mindanao que se ha convertido en el principal centro de producción de níquel del país. Es un paisaje de laderas verdes y empinadas y suelos de laterita roja que vuelven marrones los ríos después de las tormentas. Filipinas es ahora el segundo mayor productor de níquel del mundo y el principal exportador de mineral sin procesar. La mayoría de los envíos va a China y algunos a Indonesia, mientras que solo una pequeña cantidad de níquel se procesa en el país. Residentes de toda Caraga dicen que, mientras el mineral se exporta, sus tierras y aguas soportan las consecuencias.

Beth Samblado, de 51 años, que regenta un pequeño restaurante en Madrid y participó hace años en protestas multitudinarias contra los permisos mineros, dijo que las inundaciones afectan la vida cotidiana.

Volvemos a pedirle al Gobierno que, por favor, detenga la minería.

Cómo la fiebre del níquel transformó Caraga

Caraga alberga decenas de minas de metales, la gran mayoría de níquel. En 2024 se extrajeron en Filipinas metales por valor de más de 252.000 millones de pesos, y el níquel representó una parte importante. Entre las empresas que operan en la región están San Roque Metals, Oriental Vision, Libjo Mining y Marcventures Mining and Development. Gran parte del mineral se exporta, mientras que el níquel refinado suele procesarse en Japón para fabricar baterías y otros productos. El auge de la extracción vincula a Caraga con la transición energética mundial, pero muchas comunidades dicen que obtienen pocos beneficios, más allá de empleos de corta duración, mientras bajan los rendimientos agrícolas y cambian sus cursos de agua.

Los residentes describen un patrón común. Se elimina la vegetación de las colinas para dejar al descubierto los depósitos de laterita. Luego, las lluvias intensas convierten el suelo desprotegido en escorrentía que llena de sedimentos arroyos y ríos. El lodo se deposita en tierras bajas de cultivo y estuarios, donde los manglares y los pastos marinos son hábitats esenciales para la reproducción de los peces. En la estación seca, el polvo de las vías mineras cubre las viviendas y los cultivos. Los pescadores dicen que deben alejarse más para encontrar agua limpia y zonas de pesca más seguras, lo que aumenta los costos y los riesgos en el mar.

Del bosque a la mina: qué cambia sobre el terreno

La mayor parte del níquel de Filipinas se encuentra en laterita, un suelo rojizo rico en hierro y cercano a la superficie. Las explotaciones a cielo abierto retiran árboles y la capa superficial del suelo, excavan terrazas en las laderas y acumulan el mineral extraído. Las empresas deben construir estanques de sedimentación y sistemas de control de aguas residuales. En una región lluviosa y propensa a las tormentas, esos sistemas pueden fallar si están mal diseñados o no reciben mantenimiento. Entonces, los sedimentos llegan por los ríos a las tierras de cultivo y las zonas costeras, donde pueden cubrir manglares y corales, reducir la transparencia del agua y alterar la alimentación y reproducción de los peces. En tierra, una capa fina de lodo puede bastar para perjudicar el crecimiento del arroz y las hortalizas, al bloquear el oxígeno en el suelo y modificar el drenaje.

Agua, cultivos y salud: lo que denuncian las comunidades

En las zonas mineras de níquel de Mindanao y otras islas, residentes y trabajadores de la salud han descrito una serie de problemas desde el inicio de las excavaciones a gran escala. La gente denuncia que los arroyos y pozos están turbios, que ha disminuido el caudal de los manantiales y que las cosechas rinden menos. En la costa, los pescadores dicen que sus redes traen menos peces y más residuos. Grupos de derechos humanos han documentado casos de contaminación del agua y exposición a metales pesados en zonas mineras de Zambales y Palawan, junto con un aumento de las denuncias de tos, asma, irritación de la piel y otras dolencias. Los médicos señalan que el polvo y la mala calidad del agua probablemente son factores desencadenantes. Las familias que dependen de los ríos y de pozos poco profundos para beber y regar son las primeras en soportar el costo.

Analiza, madre de cuatro hijos de 46 años y residente de Tubajon, en las islas Dinagat, describió cómo el lodo y la escorrentía cambiaron la economía de la vida cotidiana.

Ahora me cuesta alimentar a mi familia. Pasamos hambre la mayor parte del tiempo.

Los agricultores de Surigao del Sur cuentan historias similares. Se puede perder el trabajo de toda una temporada si los arrozales se llenan de lodo rojo fino que obstruye los poros del suelo y los canales de riego. Los pescadores dicen que la minería ha destruido zonas de pesca cercanas a la costa y que ahora deben desplazarse más para ganar menos. La combinación de estos factores obliga a muchos hogares a comprar más alimentos justo cuando sus ingresos disminuyen. Las mujeres y los niños enfrentan riesgos especiales para la salud cuando el agua deja de ser segura o escasea, y cuando el humo y el polvo de las vías mineras llenan el aire durante los meses secos.

Riesgos para los derechos humanos y consentimiento controvertido

A medida que se expandió la extracción, grupos nacionales y locales documentaron graves deficiencias en la forma en que los proyectos se relacionan con las comunidades. Las investigaciones concluyeron que, en algunos lugares, los residentes no tuvieron acceso completo a las evaluaciones de impacto ambiental ni a los documentos técnicos. En ocasiones, las reuniones solo abarcaron las zonas cercanas a la mina, por lo que las comunidades río abajo tuvieron poca voz pese a afrontar riesgos de inundaciones y sedimentación. En Palawan, líderes indígenas afirman que se socavó el proceso legal para obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y denuncian presuntos sobornos o la inclusión selectiva de personas favorables al proyecto. Organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades a suspender las operaciones cuando se produzcan violaciones, hasta que concluyan investigaciones independientes y se ofrezcan reparaciones. También piden a las empresas, incluidos los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías que compran níquel, que sometan sus cadenas de suministro a una debida diligencia y exijan estándares más altos a sus proveedores.

Defensores bajo presión

Otro motivo de preocupación es la seguridad de quienes alzan la voz. Filipinas ha sido uno de los países más peligrosos de Asia para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Las investigaciones muestran que la minería está vinculada a una gran proporción de los asesinatos documentados de defensores. Las comunidades y los líderes indígenas enfrentan amenazas, vigilancia y detenciones en virtud de amplias leyes antiterroristas. En Mindanao, grupos de derechos humanos denuncian frecuentes casos de estigmatización como terroristas, una práctica conocida como «red tagging», que expone a los activistas a nuevos riesgos. Organizaciones de la sociedad civil instan al Gobierno a poner fin a la militarización de las zonas mineras, exigir responsabilidades a los autores y reforzar la protección de los derechos indígenas sobre la tierra.

Política gubernamental, respuesta de la industria y resistencia local

Manila quiere atraer inversiones en los llamados minerales críticos para respaldar las cadenas de suministro de energía limpia. Las autoridades han acelerado los permisos y promovido nuevos proyectos para obtener más valor del comercio del níquel. Los analistas advierten que intentar replicar la industrialización impulsada por el níquel de Indonesia sería difícil y arriesgado para Filipinas. La concentración de tierras es compleja, la energía sigue procediendo en gran medida del carbón y el cumplimiento de las normas ambientales es desigual. Los conflictos sociales podrían aumentar si nuevas grandes fundiciones desplazan a pequeños mineros o transforman las economías locales sin garantías sólidas.

Algunas provincias se han opuesto. En Palawan se firmó una moratoria de 50 años sobre nuevos acuerdos mineros y permisos de exploración para proteger los bosques y las cuencas hidrográficas. Su aplicación es incierta tras los cambios políticos, y la legislación nacional aún podría prevalecer sobre las prohibiciones locales. Representantes de la industria sostienen que el impacto de la extracción es temporal y que la rehabilitación, la reforestación y los controles de residuos mineros pueden restaurar el paisaje. Muchas comunidades no están convencidas y señalan que los ríos llevan años colmados de sedimentos y que los cultivos han sufrido daños. Los grupos de derechos humanos afirman que la aplicación de las leyes vigentes es demasiado débil y las inspecciones demasiado poco frecuentes para garantizar que las promesas sobre el papel se traduzcan en mejores resultados sobre el terreno.

Qué exige la ley

Los proyectos mineros en Filipinas necesitan un certificado de cumplimiento ambiental, que se concede después de una evaluación de impacto y consultas públicas. Las empresas deben gestionar los residuos mineros y las aguas residuales, prevenir la erosión y la sedimentación y reservar fondos para la rehabilitación. Cuando se ven afectados pueblos indígenas, la ley exige el CLPI. También se espera que las empresas financien programas de desarrollo y gestión social para apoyar a las comunidades anfitrionas. Las normas son claras, pero con frecuencia no se cumplen en la práctica. El acceso a los documentos puede ser limitado, resulta difícil obtener datos de monitoreo y las sanciones por infracciones son inconsistentes. Los líderes comunitarios dicen que la transparencia y la supervisión independiente son esenciales para recuperar la confianza.

La paradoja de los vehículos eléctricos: autos limpios y minas contaminantes

El níquel es un ingrediente clave de muchas baterías de iones de litio, en especial las que utilizan composiciones de níquel, manganeso y cobalto (NMC). Estas composiciones ayudan a aumentar la densidad energética y, por tanto, la autonomía. Otro tipo de batería, el fosfato de hierro y litio (LFP), no utiliza níquel y ha ganado terreno en algunos modelos de vehículos. Pese a las alternativas, se prevé que la demanda de níquel siga creciendo, impulsada por los autos eléctricos y el almacenamiento en la red eléctrica. Esa cadena se extiende desde las laderas de Filipinas hasta las fundiciones y refinerías en el extranjero, y luego a las fábricas que ensamblan celdas para marcas de todo el mundo.

Activistas de Palawan han alertado sobre la presencia de metales pesados en torno a las minas y las instalaciones de procesamiento de níquel existentes. Grupos ambientalistas dicen que las comunidades cercanas a la zona de Rio Tuba han estado expuestas durante años a sustancias tóxicas, incluido el cromo hexavalente, un carcinógeno conocido. Instan a la empresa que participa en el procesamiento y a sus socios mineros a suspender las operaciones hasta que existan medidas de protección del agua que puedan verificarse públicamente. El mensaje más amplio se dirige a toda la cadena de suministro de baterías. Los activistas afirman que el transporte limpio no puede construirse a costa de minas contaminantes y que los compradores deben examinar cada etapa, desde el yacimiento hasta el puerto y el producto final.

¿Existen opciones más limpias?

Hay varias vías para reducir la huella ambiental del níquel. Cada vez más fabricantes de automóviles utilizan celdas LFP en modelos de autonomía estándar, lo que reduce la demanda de níquel. El reciclaje permite recuperar níquel de baterías usadas, aunque las tasas siguen siendo bajas y los costos, altos. En el ámbito minero, un control riguroso de la erosión, grandes estanques de sedimentación bien diseñados, un monitoreo periódico del agua con publicación de resultados y zonas donde esté prohibido operar en cuencas de alto riesgo pueden evitar muchos daños. Cualquier iniciativa para ampliar el procesamiento nacional debe tener en cuenta la combinación energética, ya que las fundiciones alimentadas con carbón generan emisiones elevadas que perduran. Los responsables de formular políticas deben acompañar toda nueva inversión con auditorías sólidas y transparencia para que las comunidades puedan supervisar los compromisos y sus resultados.

Vulnerabilidad climática en la ruta de las tormentas

Filipinas se encuentra en el cinturón de tifones del Pacífico. A medida que se calienta el clima, las tormentas son más intensas y traen lluvias más abundantes y crecidas más prolongadas. Cuando se eliminan bosques y manglares para construir caminos y abrir minas, se debilitan las defensas naturales. Los sedimentos se acumulan en los ríos y reducen su capacidad, de modo que el agua se extiende más rápido por las tierras de cultivo y las localidades. Estos cambios aumentan el riesgo de deslizamientos en laderas empinadas y agravan los daños por inundaciones en las zonas bajas. Grupos de derechos humanos afirman que la minería de níquel en Caraga aumenta la vulnerabilidad de las comunidades ante los riesgos climáticos, al eliminar las protecciones naturales y dejar grandes cantidades de suelo suelto en una zona de lluvias persistentes. Una evaluación más rigurosa de los riesgos climáticos y mapas de amenazas deben orientar las decisiones sobre dónde se permite la minería y dónde no.

Cómo se ve la rendición de cuentas en la práctica

Los activistas y las familias afectadas no piden milagros. Quieren que funcionen las protecciones básicas. Entre sus demandas figuran investigaciones independientes sobre las denuncias de abusos ambientales y violaciones de derechos humanos, acceso abierto a los estudios de impacto y los datos de monitoreo, y un CLPI genuino para las comunidades indígenas. También quieren reparaciones inmediatas cuando se comprueben daños: suministro de agua potable, revisiones médicas, retiro de sedimentos de los canales de riego y compensaciones justas por las cosechas perdidas y los ingresos pesqueros dejados de percibir. Se insta a las empresas mineras a mejorar los controles de sedimentos, eliminar correctamente los residuos mineros y publicar los resultados de los análisis de agua de cada sitio. Se presiona a los compradores, incluidas las empresas de vehículos eléctricos y baterías, para que sometan sus cadenas de suministro a una debida diligencia, identifiquen a sus proveedores y dejen de trabajar con quienes no cumplan estándares claros. Los parámetros internacionales para una minería responsable pueden ayudar, pero deben ir acompañados de informes públicos y plazos firmes.

Krista Shennum, investigadora de Climate Rights International que ha entrevistado a residentes de Dinagat y Surigao del Sur, describió lo que está en juego para las familias que viven junto a las vías mineras.

Las personas que viven en comunidades mineras sufren daños considerables a manos de empresas poderosas que actúan con casi total impunidad.

Agregó que las marcas globales de los sectores del transporte y la energía pueden usar su poder de mercado para exigir operaciones más limpias y transparentes en toda la cadena del níquel. La presión aumenta a medida que más hogares de Caraga afirman que están pagando el costo de un mineral que rara vez beneficia a sus propias localidades.

Qué viene ahora para Surigao del Sur

Las comunidades de Madrid, Cantilan y otras localidades de Surigao del Sur piden medidas concretas. Quieren que los controles de erosión se apliquen antes de la próxima temporada de tormentas, que se publiquen los análisis del agua y que el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Oficina de Minas y Geociencias realicen inspecciones oportunas. Los líderes locales piden un monitoreo participativo para que los agricultores y pescadores puedan señalar los problemas cuando surjan, y no meses después. Replantar manglares y estabilizar las laderas ayudaría a reducir los riesgos de inundaciones y deslizamientos. A nivel nacional, los legisladores y reguladores pueden reducir los conflictos haciendo más sólidos el CLPI y las consultas públicas, y endureciendo las sanciones para las empresas que incumplan sus permisos. Aguas abajo, las empresas de baterías y automóviles que compran níquel de Filipinas pueden exigir una cadena de suministro trazable, auditorías independientes y reparaciones para las comunidades que ya han sufrido daños. El objetivo, dicen los residentes, es sencillo: agua limpia, tierras de cultivo más seguras y una voz justa en las decisiones que determinan su futuro.

Puntos clave

• Caraga, en Mindanao, es el centro de la extracción de níquel en Filipinas. La mayor parte del mineral se exporta, mientras que los residentes denuncian inundaciones, tierras de cultivo colmadas de sedimentos y una disminución de las capturas de peces.
• Grupos de derechos humanos documentan consultas insuficientes, procesos de CLPI deficientes, deforestación, contaminación del agua y problemas de salud cerca de las zonas mineras de níquel.
• Las comunidades de Surigao del Sur y las islas Dinagat describen pérdidas de cultivos, agua no potable y un aumento del hambre en los hogares, relacionados con la escorrentía y el polvo de la minería.
• Los defensores del medio ambiente enfrentan amenazas, estigmatización como terroristas y violencia. La minería está vinculada a una gran proporción de los asesinatos documentados de defensores.
• Palawan aprobó una moratoria de 50 años sobre nuevos acuerdos mineros, pero los obstáculos legales y políticos podrían limitar su efecto. La industria insiste en la rehabilitación.
• El níquel se utiliza en baterías de todo el mundo, pero los activistas dicen que el transporte limpio no debe depender de una minería destructiva y que los compradores deben imponer controles estrictos a las cadenas de suministro.
• Los analistas advierten que Filipinas no debería copiar el modelo indonesio del níquel debido al conflicto social, la electricidad generada con carbón y la escasa capacidad para hacer cumplir las normas.
• Las comunidades piden una aplicación más estricta de las normas, monitoreo transparente, reparaciones efectivas y evaluaciones de riesgos climáticos para proteger las tierras de cultivo, la pesca y el agua.