Las comunidades más afectadas de Indonesia impulsan una ley de justicia climática

Una iniciativa basada en los derechos y nacida de las dificultades climáticas

Una amplia coalición de agricultores, pescadores, comunidades indígenas, trabajadores, personas pobres de zonas urbanas, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad insta a Indonesia a aprobar una Ley de Justicia Climática. Su mensaje es directo: el cambio climático ya está desplazando a familias, reduciendo sus ingresos y menoscabando la seguridad de quienes menos contribuyeron al problema. Quieren que la justicia climática se reconozca como un derecho constitucional y se traduzca en un marco jurídico claro que proteja a las comunidades más afectadas, coordine la acción entre sectores y exija responsabilidades tanto al Gobierno como a las empresas.

Los costos humanos aumentan. Las estaciones irregulares, los cambios en los vientos, el calor más intenso, las inundaciones y la erosión costera han arruinado cosechas y capturas de pescado, han endeudado a la población y han obligado a muchas personas a migrar en condiciones de riesgo. En 2022, los desastres relacionados con el clima desplazaron a 32,6 millones de personas en todo el mundo, según organismos internacionales que vigilan los desplazamientos, y se espera que la cifra siga aumentando hasta mediados de siglo. Indonesia afronta graves consecuencias. Investigaciones citadas por grupos jurídicos y de la sociedad civil indican que el país registró 28.471 desastres relacionados con el clima entre 2013 y 2022, que afectaron a 38 millones de personas y desplazaron a 3,5 millones. Las pérdidas estimadas entre 2020 y 2024 alcanzaron cientos de billones de rupias.

El impulso para aprobar una ley ha cobrado fuerza gracias a un encuentro nacional celebrado en Yakarta, conocido como la Cumbre de Justicia Climática de Indonesia, y a una serie de consultas comunitarias en numerosas regiones. Una alianza de la sociedad civil llamada Alianza Popular por la Justicia Climática, o ARUKI, elaboró un documento académico de 300 páginas para orientar la legislación e insta al Parlamento a incluir un proyecto de ley en el Programa Nacional de Legislación lo antes posible. Algunos legisladores han expresado su apoyo, mientras que otros prefieren un título más técnico para la ley. Sus defensores sostienen que poner la justicia en el centro es la única manera de adaptar la política climática a las realidades cotidianas de los grupos vulnerables. Si se aprueba, la medida sería la primera en el Sudeste Asiático en consagrar expresamente la justicia climática en la ley.

Qué significa la justicia climática

La justicia climática vincula la acción climática con la equidad, los derechos y la participación efectiva. Plantea quién se beneficia, quién paga y quién decide. Reclama políticas que reduzcan las emisiones y fortalezcan la resiliencia, a la vez que protejan los medios de vida, la cultura y la salud, especialmente de quienes viven en primera línea ante las inundaciones, las sequías, los incendios, el aumento del nivel del mar y el calor. También exige reparación cuando se producen daños y reconoce que la responsabilidad y la capacidad varían entre grupos y generaciones.

Cómo un clima más cálido y menos predecible está transformando la vida cotidiana

En las islas y las zonas costeras, los patrones meteorológicos que antes orientaban la siembra y la pesca ya no coinciden con el calendario. En Kalimantan Occidental, las comunidades dayak describen estaciones que llegan fuera de fecha. Esto altera los ciclos de siembra, reduce las cosechas y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Para las familias que dependen de los bosques comunitarios y las tierras consuetudinarias, la pérdida de previsibilidad puede romper los vínculos con prácticas culturales que han sostenido a las personas y los ecosistemas.

En Sangihe, en Célebes Septentrional, la población afronta frecuentes marejadas y mareas más altas. Los pescadores salen al mar con menos frecuencia, obtienen menores ingresos y afrontan más gastos. Los hogares elevan los pisos, cambian de lugar las plataformas para secar pescado o construyen barreras improvisadas, pero estas soluciones son temporales. En el norte de Java, desde Demak y Pekalongan hasta algunas zonas de Semarang y Yakarta, las comunidades costeras viven con inundaciones crónicas por las mareas, hundimientos del terreno y contaminación. Los muros de contención y los proyectos de recuperación de tierras ofrecen alivio a corto plazo en algunas zonas, pero trasladan a otras los problemas del agua y los sedimentos. El agua potable escasea. Con el tiempo, los gastos de reposición y reparación pueden obligar a las familias a vender sus bienes o mudarse.

Estas presiones climáticas se entrecruzan con la desigualdad. Los grandes proyectos extractivos o de desarrollo costero pueden aumentar los riesgos cuando el consentimiento de las comunidades es insuficiente y se descuidan los servicios básicos. Las mujeres asumen una carga adicional en la recolección de agua y las tareas de cuidado. Los jóvenes tienen menos oportunidades de empleo cerca de sus hogares. Muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles sobre la migración, que puede exponerlas a la explotación.

Qué propone la Ley de Justicia Climática

Indonesia aún no cuenta con una ley específica sobre el clima. La normativa vigente aborda la fijación de precios del carbono y las medidas aplicables a cada proyecto, pero no ofrece un marco único que ponga en el centro a las personas más expuestas a los daños climáticos. La propuesta de Ley de Justicia Climática busca llenar ese vacío. Basado en consultas realizadas en numerosas regiones y con diversos grupos vulnerables, el proyecto da prioridad a la justicia como eje de la adaptación y la mitigación. Promueve una distribución equitativa de los beneficios y las cargas, la participación efectiva, la reparación de los daños y la protección de las generaciones futuras.

Entre los principios y disposiciones del proyecto que destaca la sociedad civil figuran:

• El reconocimiento de los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, los pescadores, los agricultores, las mujeres, los trabajadores, las personas pobres de zonas urbanas, los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad
• La justicia distributiva, procesal, correctiva, de género, de reconocimiento, inclusiva e intergeneracional como valores rectores
• Obligaciones claras para que los organismos coordinen su labor entre sectores, desde la gestión de desastres y la protección social hasta la salud, el trabajo, la educación, la tierra y el medioambiente
• Sistemas de datos inclusivos y protección social adaptable que tengan en cuenta la discapacidad, la edad, el género y el lugar de residencia
• Protección para los trabajadores durante los desastres climáticos y la transición energética, incluidas normas de seguridad e indemnizaciones justas
• Salvaguardias para agricultores y comunidades rurales frente al acaparamiento de tierras, y reconocimiento de los barrios urbanos y las zonas de pesca costeras
• Acceso a la información, participación pública en la planificación y mecanismos de denuncia con medidas de reparación exigibles

Sus defensores afirman que la ley también debería cerrar las brechas que permiten que los proyectos climáticos perjudiquen a las comunidades; por ejemplo, exigir una participación efectiva desde el inicio, armonizar la recuperación tras los desastres con los planes a largo plazo y garantizar que la financiación climática llegue a la población sobre el terreno.

Voces desde las zonas más afectadas

El llamado a aprobar una ley se basa en la experiencia. Antiguos criadores de peces describen cómo la salinidad y la temperatura de los estanques fluctuaban más allá de los límites normales, hasta que sus ahorros desaparecieron. Algunos se fueron al extranjero para trabajar en mercadotecnia o en el servicio doméstico, pero allí sufrieron abusos. Los agricultores indígenas hablan de ciclos de siembra que ya no coinciden con las estaciones, mientras que personas con discapacidad relatan evacuaciones que no tienen en cuenta sus necesidades de movilidad o sensoriales.

Muninggar, una antigua criadora de peces del norte de Java, dijo que se fue al Golfo después de que el clima irregular arruinara sus estanques y se acumularan sus deudas. Regresó a casa tras una experiencia traumática en el extranjero. Hoy quiere una ley que ayude a las personas a reconstruir sus medios de vida sin verse obligadas a migrar.

Después de contar que había decidido irse, resumió la presión que sienten las familias cuando el clima las golpea y sus opciones se reducen.

Ir a Dubái fue un acto de desesperación.

En la Cumbre de Justicia Climática de Indonesia, celebrada en Yakarta, los testimonios de numerosas regiones destacaron el mismo tema. Un pescador tradicional habló de identidad, supervivencia cotidiana y dignidad frente a los mares agitados y la disminución de las capturas.

Los pescadores no causamos la crisis climática; protegemos el mar. Lo que exigimos es justicia, no lástima. Sin nosotros, ¿quién alimentará a este país?

Una representante comunitaria de Nusa Tenggara Timur describió un proyecto geotérmico que se llevó a cabo sin el consentimiento local, una situación que, según dijo, agravó la sensación de exclusión.

Tenemos el corazón roto. El proyecto geotérmico se llevó a cabo sin nuestro consentimiento y no se escucharon nuestras voces. Cuando nos opusimos, nos calificaron de contrarios al desarrollo e incluso criminalizaron a algunos. No pedimos lástima, pedimos que se nos respete.

Estos relatos reflejan un tema común que se escucha en pueblos costeros, aldeas agrícolas y barrios urbanos densamente poblados. El cambio climático aumenta la presión en lugares que ya afrontan disputas por la tenencia de la tierra, acceso insuficiente al agua y al saneamiento y servicios limitados. Una ley centrada en la justicia busca cambiar ese equilibrio.

Tierras indígenas, proyectos energéticos y la fiebre del níquel

Indonesia alberga miles de comunidades indígenas, cuya población total se estima en decenas de millones. Muchas viven cerca de bosques y costas muy expuestos a los incendios, las inundaciones y el aumento del nivel del mar que acompañan al calentamiento del clima. Sin embargo, en muchas zonas los derechos de las comunidades y su participación en la planificación y la concesión de permisos siguen siendo limitados. Las políticas contradictorias y las autorizaciones de proyectos han desplazado a familias y desencadenado disputas por la tierra. Durante la última década, grupos de la sociedad civil registraron cientos de conflictos agrarios relacionados con pueblos indígenas que afectaron a millones de hectáreas de tierras consuetudinarias.

La expansión vinculada a la transición energética ha generado nuevos riesgos ambientales y sociales. La minería y el procesamiento de níquel en algunas zonas de Célebes Central, Célebes Suroriental y Maluku Septentrional han transformado paisajes rurales en zonas industriales. Informes locales mencionan vías fluviales contaminadas, el deterioro de la pesca, polvo y contaminación atmosférica, así como un aumento de las enfermedades respiratorias. El impulso para suministrar materiales para baterías ha generado empleos e ingresos, pero los costos se concentran en comunidades que dependen de la tierra y el mar para sus medios de vida y su cultura. El vínculo entre la generación eléctrica con carbón para las plantas de procesamiento y el aumento de las emisiones muestra cómo una transición que ignora la justicia puede ser contraproducente. Según estudios, las emisiones nacionales aumentaron con fuerza entre 2022 y 2023, en parte porque el procesamiento del níquel depende de la energía producida con carbón.

Las políticas están evolucionando. Un fallo judicial reciente amplió las posibilidades de que las comunidades indígenas cultiven zonas forestales sin permisos, un cambio que muchos recibieron con satisfacción. Sin embargo, el reconocimiento de los bosques consuetudinarios sigue abarcando una pequeña parte de las tierras que reclaman los pueblos indígenas, y las salvaguardias son desiguales. Una ley de justicia climática podría reforzar el principio del consentimiento libre, previo e informado, exigir una participación activa y armonizar las políticas sobre tierras, minería y energía con los derechos de las comunidades.

Las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes afrontan riesgos crecientes

Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos en todas las etapas de los desastres y la recuperación. Las rutas de evacuación, los refugios y la distribución de ayuda a menudo carecen de rampas, información accesible, apoyo en lengua de señas y personal capacitado en discapacidad. Las olas de calor y el humo pueden agravar problemas de salud preexistentes. Las familias informan que los sistemas de datos no registran correctamente la discapacidad, lo que provoca que se excluya a estas personas de la asistencia. Una ley de justicia climática que exija un diseño y unos datos inclusivos, alertas tempranas accesibles y protección social adaptada reduciría los riesgos y salvaría vidas.

El estrés climático también ha empujado a agricultores y pescadores a migrar. A menudo lo hacen sin protección. Los trabajadores que se marchan con prisa pueden quedar atrapados en situaciones de servidumbre por deudas, trata de personas o empleos inseguros en el extranjero. Cuando ocurren desastres en su país, los migrantes y sus familias tienen dificultades para acceder a prestaciones o asistencia jurídica. La ley propuesta reclama protección para los trabajadores durante los desastres y la transición hacia energías más limpias, incluidas normas de seguridad, protección salarial y procedimientos justos para presentar quejas.

El debate legislativo

ARUKI, creada en 2023 e integrada por decenas de grupos de la sociedad civil, reunió testimonios en más de una docena de regiones para elaborar un proyecto. La alianza subraya que la justicia climática es inseparable de la justicia social y los derechos humanos. Su propuesta pide al Parlamento que adopte principios orientados a la justicia y garantice que la ley abarque desde la tierra, el agua y la salud hasta el trabajo, la educación y la gestión de desastres.

El Parlamento ha dado los primeros pasos y se ha abierto un debate público sobre el nombre y el alcance de la ley. Algunos legisladores propusieron una Ley de Gestión del Cambio Climático centrada en los aspectos técnicos. La sociedad civil sostiene que, sin disposiciones explícitas sobre justicia, persistirán las principales brechas. Varios legisladores han expresado su apoyo a un enfoque centrado en los derechos, han calificado el medioambiente de derecho fundamental y han reclamado un debate rápido.

Un miembro de la Cámara resumió en declaraciones públicas el aspecto constitucional.

Un medioambiente saludable es un derecho fundamental y la ley debe aprobarse de inmediato.

Sus defensores esperan que el proyecto se incluya en el Programa Nacional de Legislación y se debata en un futuro próximo. También quieren que el proceso permanezca abierto a las comunidades, con audiencias y diálogos que incluyan a las personas más afectadas. Las marchas públicas y las consultas han expresado un llamado claro a convertir la justicia climática en una obligación legal, no en un eslogan.

Contexto jurídico y normativo: por qué falta justicia

Indonesia cuenta con estrategias climáticas que orientan la reducción de emisiones y la adaptación en distintos sectores, incluidos objetivos nacionales actualizados y documentos de planificación a largo plazo. Sin embargo, los análisis independientes de estos documentos concluyen que la dimensión de la justicia está poco desarrollada. El discurso suele centrarse en las cifras totales y los resultados técnicos, y presta menos atención a quién asume los costos, cómo participan las comunidades en las decisiones y qué medidas de reparación existen cuando los proyectos causan daños. Las políticas sobre bosques y uso de la tierra ilustran el desafío. Los programas de explotación forestal sostenible y silvicultura comunitaria buscan reducir las emisiones, pero si restringen prácticas tradicionales como la quema controlada sin ofrecer alternativas viables, pueden generar inseguridad alimentaria y debilitar la continuidad cultural.

La transición energética es otra prueba. Un plan internacional de financiación para acelerar el uso de energías renovables ha contribuido a difundir la idea de una transición justa, pero la atención sigue inclinándose hacia los indicadores del sector eléctrico. Mientras tanto, el auge del níquel ha generado beneficios desiguales. Entre 2022 y 2023, las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero aumentaron una quinta parte, en parte porque las plantas de procesamiento de níquel funcionan con carbón. Los entornos locales y la salud han soportado nuevos riesgos. Una ley climática centrada en la justicia puede articular las políticas de energía, tierra, industria, trabajo y protección social para que la acción climática reduzca la pobreza y proteja la naturaleza al mismo tiempo.

El derecho internacional también avanza. En una opinión consultiva reciente, la Corte Internacional de Justicia aclaró que los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, cooperar y regular a las empresas para evitar daños climáticos, independientemente de las fronteras. La Corte afirmó que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible sustenta otros derechos humanos y que la equidad intergeneracional debe orientar las obligaciones climáticas. Estos principios coinciden con los valores centrales del proyecto de ley. También refuerzan el argumento a favor de reparar los daños y de incluir a las comunidades vulnerables como responsables de la toma de decisiones, no como una consideración secundaria.

Qué podría ofrecer una transición justa

Una Ley de Justicia Climática no puede acabar por sí sola con los efectos del cambio climático. Puede establecer normas para que los organismos gubernamentales, las empresas y las comunidades compartan las responsabilidades de manera equitativa y actúen de acuerdo con la experiencia cotidiana de quienes están más expuestos. Grupos de la sociedad civil y expertos señalan medidas concretas que marcarían una diferencia real.

• Establecer por ley el derecho a la justicia climática, vinculado al derecho a un medioambiente saludable
• Exigir una participación pública efectiva en todas las etapas, con medidas especiales para que las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los trabajadores, las personas mayores y las personas con discapacidad puedan contribuir
• Crear un mecanismo único de coordinación que reúna a los sectores de tierra, agua, energía, transporte, salud, educación, trabajo y protección social
• Proteger a los trabajadores durante los desastres y los cambios en los sectores económicos mediante normas de seguridad, formación laboral e indemnizaciones justas
• Garantizar alertas tempranas, evacuación, refugios y servicios de recuperación accesibles para las personas con discapacidad
• Reconocer las tierras consuetudinarias y los derechos comunitarios, y armonizar los proyectos con el consentimiento libre, previo e informado
• Diseñar la financiación climática para que llegue directamente a las comunidades, con seguimiento transparente y canales para presentar quejas
• Reforzar el seguimiento y la evaluación con indicadores que midan la equidad, la participación y la reparación de los daños

Estas medidas ayudarían a Indonesia a reducir los riesgos climáticos, evitar daños prevenibles y generar confianza. También respaldarían una transición que proteja la seguridad alimentaria, la cultura y la naturaleza, al tiempo que crea empleos dignos.

Puntos clave

• Grupos de base instan al Parlamento a aprobar una Ley de Justicia Climática que ponga en el centro los derechos, la equidad y la participación
• Las familias de todo Indonesia afrontan pérdidas climáticas crecientes; millones de personas se han visto afectadas y los daños recientes ascienden a cientos de billones de rupias
• El proyecto de ley, elaborado mediante amplias consultas, identifica a los grupos vulnerables y establece principios de justicia para las políticas y la práctica
• Las comunidades indígenas afrontan conflictos por la tierra y presiones de proyectos mineros y energéticos, mientras que el reconocimiento de los bosques consuetudinarios sigue siendo limitado
• Las personas con discapacidad encuentran obstáculos en la evacuación, la ayuda y la recuperación, lo que pone de relieve la necesidad de un diseño y unos datos inclusivos
• El estrés climático ha empujado a trabajadores a migrar en condiciones de riesgo, lo que suscita preocupación por la explotación y la necesidad de reforzar la protección
• Algunos legisladores respaldan una ley centrada en los derechos y la sociedad civil quiere que el proyecto se incluya pronto en el Programa Nacional de Legislación
• Los analistas detectan vacíos en materia de justicia en los planes climáticos actuales, mientras que una opinión de la Corte Internacional de Justicia reafirma las obligaciones de los Estados y el derecho a un medioambiente saludable
• Una ley sólida podría mejorar la coordinación, exigir consentimiento y participación, proteger a los trabajadores y ofrecer servicios accesibles durante los desastres