El Parlamento de Indonesia afronta nuevas críticas tras casi duplicar la asignación para los recesos

Por qué una nueva asignación desató una ola de críticas

Indonesia vuelve a ser escenario de indignación pública después de que los legisladores recibieran un fuerte aumento de los fondos para actividades en sus distritos durante los recesos parlamentarios. La Cámara de Representantes fijó una nueva asignación para cada receso de 702 millones de rupias (unos 42.400 dólares), casi el doble de los 400 millones anteriores. La medida entró en vigor el 3 de octubre y se aplica a los 580 legisladores. El Parlamento suele tener unos cinco recesos al año, durante los cuales sus miembros regresan a sus distritos para reunirse con residentes y autoridades locales, recabar opiniones y distribuir apoyo para programas comunitarios.

Las asignaciones para los recesos están destinadas a cubrir los desplazamientos por un vasto archipiélago, los costos de los eventos, el alquiler de espacios, el apoyo del personal y otras actividades en los distritos. El alcance del aumento, anunciado apenas unas semanas después de violentas protestas por los beneficios de los legisladores, ha avivado las acusaciones de que los líderes políticos están desconectados de las dificultades económicas que afrontan muchos indonesios. Si se cobra íntegramente cinco veces en un año, la nueva tarifa elevaría el total anual disponible para los recesos de cada legislador a más de 3.500 millones de rupias (unos 212.000 dólares, con un dólar equivalente a cerca de 16.580 rupias), lo que la convertiría en una de las partidas más generosas de la región para actividades en los distritos.

El vicepresidente de la Cámara, Sufmi Dasco Ahmad, dijo que el cambio responde a una agenda más intensa durante los recesos y al aumento de los gastos de alimentación y transporte en los últimos años. También anunció planes para crear un sistema digital público de rendición de cuentas, en el que los legisladores registrarán sus gastos y que permitirá a la ciudadanía revisar cómo se usan los fondos. El anuncio llegó después de que, a finales de agosto, el Gobierno y el Parlamento acordaran retirar algunos beneficios, entre ellos una asignación mensual de vivienda de 50 millones de rupias, que había desencadenado los disturbios más intensos del país en décadas.

Varios errores han minado la confianza. Se informó de que algunos legisladores recibieron por equivocación 54 millones de rupias adicionales durante la puesta en marcha del programa. Las autoridades lo atribuyeron a un error humano y dijeron que recuperaron el dinero. Las organizaciones cívicas sostienen que el episodio demuestra la necesidad de una supervisión más estricta. Una de las principales entidades indonesias de vigilancia parlamentaria expresó lo que sienten muchos ciudadanos.

Lucius Karus, investigador de Formappi, dijo que la ciudadanía acababa de ver desaparecer un beneficio solo para ver aparecer otro.

«Es como si se hubieran burlado de los indonesios. Nos conformó la eliminación de la asignación para vivienda, pero ha aparecido otra asignación descomunal».

Cómo las protestas forzaron rápidos cambios de rumbo en agosto

En agosto, miles de estudiantes, grupos laborales y organizaciones comunitarias se manifestaron en Yakarta y en ciudades de todo el archipiélago contra los beneficios de los legisladores, en especial la nueva asignación de vivienda de 50 millones de rupias al mes. La indignación aumentó después de que Affan Kurniawan, un conductor de mototaxi de 21 años, muriera al ser atropellado por un vehículo policial cerca de una manifestación. El incidente, grabado en video, se difundió rápidamente en las redes sociales y atrajo a más manifestantes, además de endurecer las protestas.

Los disturbios llegaron a 32 de las 38 provincias de Indonesia y hubo enfrentamientos, incendios provocados en sedes de parlamentos regionales y saqueos generalizados. Las autoridades informaron de al menos 10 muertes y más de 5.000 detenciones a medida que la situación empeoraba. El presidente, Prabowo Subianto, prometió investigar el incidente mortal, canceló sus planes de viajar al extranjero y anunció medidas junto con los líderes de los partidos para reducir los beneficios de los legisladores. Se recortaron las asignaciones para vivienda y, en virtud de una nueva moratoria, se suspendieron los viajes al extranjero de los miembros del Parlamento. Se ordenó a la policía y al ejército restablecer el orden, y se instalaron puestos de control en los alrededores de la capital.

A comienzos de septiembre, las protestas habían disminuido en gran medida, mientras los organizadores evaluaban los riesgos de nuevos enfrentamientos. Sin embargo, las causas de fondo, desde el aumento del costo de vida hasta la percepción de que la rendición de cuentas es débil, seguían vigentes. El renovado debate sobre las asignaciones para los recesos ha reabierto esas heridas.

Qué cubre la asignación para los recesos y por qué es polémica

Los legisladores aprovechan los recesos para realizar actividades oficiales en sus distritos. Esto incluye viajar a aldeas remotas, alquilar salones para reuniones, pagar estipendios al personal local durante las visitas y cubrir la logística de encuestas y foros públicos. Indonesia tiene más de 17.000 islas y desplazarse resulta caro. En los últimos años han aumentado las tarifas aéreas entre las islas, el combustible y el alojamiento. Los legisladores y la Cámara sostienen que la asignación anterior se basaba en el período de 2019 a 2024 y no reflejaba los precios actuales.

Un presupuesto que supera ampliamente los ingresos medios

Muchos indonesios afrontan dificultades por el costo de vida y los salarios desiguales. Las protestas de agosto se centraron en la asignación para vivienda porque equivalía a unas diez veces el salario mínimo de Yakarta. Los fondos para los recesos no se destinan directamente al salario personal, pero los críticos afirman que las cantidades disponibles ahora para cada receso superan con creces lo que la mayoría de los ciudadanos consideraría necesario. El total disponible para cada legislador durante varios recesos podría superar lo que muchos indonesios ganarían en décadas, por lo que el aumento ha recibido críticas generalizadas. En distintos países, los presupuestos para actividades en los distritos existen en numerosas democracias. La cuestión es cómo se auditan y si su magnitud se ajusta a las realidades locales.

Los críticos también señalan los reiterados errores administrativos. El pago equivocado de 54 millones de rupias adicionales a algunos legisladores, que luego fue recuperado, despertó preocupación por los controles. La confianza pública dependerá de una contabilidad rigurosa, recibos completos y la publicación periódica de información. Sin ello, incluso los gastos legítimos en actividades sobre el terreno pueden despertar sospechas.

Las autoridades defienden el aumento

El vicepresidente de la Cámara, Sufmi Dasco Ahmad, ha sido el principal portavoz público en defensa de la medida. Dijo que la nueva cifra responde a una mayor actividad y al alza de los precios desde que se fijó la asignación anterior. Añadió que el Ministerio de Finanzas había aprobado la asignación con anterioridad y que se presentó como una actualización administrativa, no como un nuevo beneficio creado después de las protestas.

También ha presentado el sistema digital de rendición de cuentas como una medida para frenar los abusos. Tras exponer los motivos, recalcó que los precios de los alimentos y el transporte han aumentado y que se espera que los legisladores tengan más actividad durante los recesos.

«La asignación anterior no tenía en cuenta el aumento de los costos de los alimentos y el transporte. Este ajuste respalda una mayor actividad durante los recesos y garantiza que los gastos se comuniquen a la ciudadanía».

Confianza pública y riesgo político

Para muchos indonesios, la cuestión no es tanto si los legisladores necesitan fondos para hacer su trabajo, sino si esos fondos están justificados en tal magnitud y se controlan debidamente. En las redes sociales, algunos comentarios acusan a las élites políticas de actuar con impunidad, mientras varias publicaciones cuestionan por qué los mismos políticos siguen ganando elecciones pese a las controversias reiteradas. Las organizaciones cívicas sostienen que la respuesta de las autoridades se ha centrado a menudo en la seguridad, no en la rendición de cuentas, lo que alimenta la frustración.

Indonesia mantiene una larga y compleja lucha contra la corrupción. La comisión nacional anticorrupción tuvo en el pasado una reputación de firmeza, pero los cambios legales de los últimos años han debilitado su capacidad de actuación. En ese contexto, cada beneficio o asignación se observa con escepticismo. La violencia de agosto estalló precisamente porque la gente vio que se aprobaba un nuevo beneficio generoso en un momento de dificultades económicas. Aunque se recortaron los beneficios de vivienda y se suspendieron los viajes al extranjero, la casi duplicación de la asignación para los recesos ha reavivado la percepción de que la clase política está aislada de las presiones que afrontan los hogares comunes.

Las autoridades esperan que un sistema transparente reduzca la tensión. Para ello hará falta algo más que una nueva aplicación. Se necesitarán divulgaciones oportunas, auditorías sistemáticas y consecuencias ante los abusos. Sin esas reformas, una solución prometida podría parecer meramente cosmética.

Cómo otros países cubren los gastos de las actividades en los distritos

Muchos parlamentos financian las actividades en los distritos. En Australia, los legisladores reciben una asignación por distrito electoral de entre unos 25.000 y 37.000 dólares al año, según el tamaño de sus distritos. Esa cantidad es anual, no corresponde a cada receso. En el Reino Unido y Canadá, los legisladores solicitan el reembolso de gastos de viaje y oficina; organismos independientes revisan las solicitudes, publican informes y pueden imponer sanciones. El principio es el mismo: mantener los servicios en los distritos sin propiciar el enriquecimiento personal.

Las comparaciones son imperfectas porque los países difieren en geografía, precios y sistemas de supervisión. Las necesidades de transporte de Indonesia pueden ser mayores debido a su condición de país insular. Los críticos preguntan si la nueva tarifa de 702 millones de rupias por receso, cobrada varias veces al año, tiene la magnitud adecuada y si la supervisión será lo bastante estricta para evitar el despilfarro. La publicación detallada de los gastos, partida por partida, es una de las medidas con las que otros países han reforzado la confianza pública.

Una economía bajo presión enmarca el debate

Indonesia es la mayor economía del Sudeste Asiático y miembro del G20, pero decenas de millones de personas siguen viviendo en la pobreza o cerca de los umbrales de pobreza. El costo de los productos básicos ha aumentado en los últimos años, y los alimentos y el combustible pesan mucho en los presupuestos familiares. Para los grupos ciudadanos, esa realidad convierte cualquier aumento de los beneficios políticos en un foco de tensión. Las protestas de agosto reflejaron una frustración más amplia por la desigualdad y la creencia de que el dinero público no siempre se destina a las necesidades más urgentes. Por eso, incluso las actualizaciones administrativas son objeto de un intenso escrutinio.

La expansión de los disturbios en agosto no tenía precedentes en años. Los inversores siguieron de cerca la inestabilidad y las autoridades actuaron para estabilizar las calles y los mercados financieros. Esos acontecimientos siguen influyendo en cómo los votantes interpretan las noticias sobre cualquier beneficio del que disfruten los políticos. Cada cambio se anuncia ahora en un país aún conmocionado por los enfrentamientos, las detenciones y el duelo público por las personas que murieron.

Cómo podría ser una mayor transparencia

Las autoridades han prometido una aplicación pública en la que cada legislador deberá cargar informes sobre sus gastos durante los recesos. Si la plataforma es completa y fácil de usar, podría ayudar a cerrar la brecha de confianza. La clave es comprometerse con reglas claras y una aplicación visible. Esto incluye corregir rápidamente los errores e imponer sanciones por las infracciones.

Varias prácticas podrían dar credibilidad al sistema ante una ciudadanía escéptica:

• Publicar gastos desglosados y los recibos correspondientes dentro de un plazo fijo después de cada receso.
• Exigir auditorías independientes y publicar sus resúmenes periódicamente.
• Fijar límites para categorías como viajes, espacios y personal, y exigir que cualquier excepción se divulgue y justifique.
• Mostrar la asignación total disponible para cada legislador y el saldo restante durante el período.
• Imponer sanciones por presentar tarde informes o entregarlos incompletos, incluidos el reembolso del dinero y la suspensión del acceso a los fondos.

El pago equivocado de 54 millones de rupias adicionales demuestra la importancia de contar con controles integrados. Las alertas automáticas sobre pagos excesivos y los paneles públicos permitirían a ciudadanos y periodistas detectar rápidamente los problemas. Si el sistema es exhaustivo, ayudará a los legisladores a demostrar que el dinero financia actividades legítimas sobre el terreno.

Claves

• La asignación de los legisladores para los recesos aumentó a 702 millones de rupias por receso, casi el doble de los 400 millones anteriores, con efecto desde el 3 de octubre.
• El Parlamento suele tener unos cinco recesos al año, por lo que el total anual disponible para las actividades en los distritos supera los 3.500 millones de rupias por legislador si se cobra íntegramente.
• El aumento llegó semanas después de las protestas contra los beneficios, entre ellos una asignación mensual de vivienda de 50 millones de rupias que luego se recortó.
• Al menos 10 personas murieron y más de 5.000 fueron detenidas durante los disturbios de agosto, que se extendieron a 32 de las 38 provincias.
• El vicepresidente de la Cámara, Sufmi Dasco Ahmad, dijo que la mayor actividad y el aumento de los precios de los alimentos y el transporte justifican la nueva tarifa, y prometió una aplicación pública para informar de los gastos.
• Una entidad de vigilancia parlamentaria dijo que la ciudadanía se siente engañada y calificó la nueva asignación de sustituta de un beneficio eliminado.
• Las autoridades dijeron que el pago equivocado de 54 millones de rupias adicionales a algunos legisladores se debió a un error humano y que el dinero fue recuperado.
• Las comparaciones con otros países muestran que también se financian las actividades en los distritos, pero por lo general con auditorías estrictas e informes públicos.
• La confianza pública depende de la transparencia plena, los informes desglosados y las sanciones por el uso indebido de los fondos.