China prepara una ley de unidad étnica para ampliar el control ideológico dentro y fuera del país

Una amplia ley nueva para imponer la unidad

China presentó un proyecto de Ley para Promover la Unidad y el Progreso Étnicos que reforzaría los controles ideológicos en toda la sociedad, reformularía la política lingüística para las comunidades minoritarias y extendería la presión jurídica mucho más allá de las fronteras del país. Presentado ante la Asamblea Popular Nacional el 8 de septiembre de 2025, el proyecto de 62 artículos codificaría el enfoque del secretario general Xi Jinping sobre los asuntos étnicos, centrado en fomentar una única identidad nacional china bajo el liderazgo del Partido. La propuesta establece un denso sistema de directrices que abarcan las aulas, los templos, las fábricas, las oficinas locales de planificación y los espacios en línea.

Quienes apoyan la iniciativa dentro del sistema la presentan como una forma de promover la cohesión social y el desarrollo equitativo para todos los ciudadanos. El texto también repite las narrativas oficiales de larga data sobre la prevención del separatismo y el extremismo. Defensores de los derechos advierten que, para muchas comunidades, el efecto práctico sería el contrario. El proyecto elimina garantías anteriores para el uso y el desarrollo de las lenguas minoritarias, sitúa el chino mandarín como lengua dominante desde la educación preescolar y califica una amplia variedad de activismo como perjudicial para la unidad étnica, una etiqueta que ya se ha utilizado para criminalizar expresiones pacíficas y la defensa de la cultura. La propuesta va más allá al reivindicar influencia sobre personas e instituciones fuera de China, lo que crea nuevos riesgos para críticos de la diáspora y organizaciones extranjeras.

Qué dice el proyecto de ley y cómo funcionaría

El proyecto establece un marco nacional unificado en el que la visión del Partido de una China multiétnica se incorpora a la educación, la religión, la historia, la cultura, el turismo, los medios de comunicación e internet. Ordena a las autoridades de todos los niveles destacar símbolos culturales chinos en los espacios públicos e integrar esta ideología en la planificación urbana, la vivienda y las políticas económicas, e incluso en ámbitos como la alimentación y la seguridad fronteriza. El objetivo es organizar la educación y la gobernanza para que todos los grupos adopten lo que el texto denomina visiones correctas del Estado, la historia, la nación, la cultura y la religión.

Educación y política lingüística

La propuesta situaría el chino mandarín en el centro de la vida escolar en todo el país. Exige que los niños en edad preescolar aprendan mandarín y señala que los estudiantes deben dominar el idioma al terminar la educación obligatoria. Leyes anteriores, incluida la Ley de Autonomía Étnica Regional de 1984, habían protegido formalmente el derecho de las comunidades minoritarias a usar y desarrollar sus propios idiomas. En la práctica, esos derechos llevan años reduciéndose. En las aulas del Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior ya ha disminuido considerablemente la enseñanza en la lengua materna, pese a la oposición pública y las protestas. El proyecto convertiría ese cambio en ley nacional.

La educación no es el único ámbito al que apunta la propuesta. El proyecto busca reinterpretar oficialmente la historia y la cultura a través de los planes de estudio, los museos y los sitios patrimoniales. Este enfoque combina la estandarización lingüística con una narrativa cultural que hace hincapié en una única nación china. En esta visión, las identidades locales son bienvenidas solo si sirven a la historia nacional común, construida en torno a la unidad del Estado y el liderazgo del Partido.

Obligaciones para las familias, los lugares de trabajo y los grupos religiosos

El proyecto incorporaría a padres, empresas, instituciones públicas y organizaciones religiosas a la tarea de promover la ideología del Partido. Se indica a padres y tutores que guíen a los menores para que amen al Partido Comunista Chino y rechacen las ideas consideradas perjudiciales para la unidad étnica. Se esperaría que las empresas y asociaciones industriales transmitieran el mismo mensaje en los lugares de trabajo. Las organizaciones religiosas afrontarían una presión adicional para ajustar sus enseñanzas y prácticas a la línea política oficial.

El espacio público se considera una herramienta ideológica. El proyecto ordena a las autoridades establecer y exhibir símbolos culturales chinos en instalaciones públicas, edificios y sitios turísticos, e incluye normas para nombrar lugares. También propone integrar objetivos ideológicos en la planificación urbana y rural y en los programas que determinan dónde vive y trabaja la gente. Esto crea un circuito completo que va de los lemas en escuelas y oficinas al diseño físico de los barrios.

Alcance extraterritorial y rendición de cuentas

El proyecto no se limita a las fronteras de China. Promueve el acercamiento a las comunidades chinas en el extranjero y señala que las organizaciones y personas en otros países que socaven la unidad nacional o inciten a la división étnica deberían rendir cuentas ante la ley. También busca influir en los intercambios académicos y cívicos internacionales. Estas medidas reflejan un patrón más amplio de presión transnacional, que incluye campañas oficiales para estandarizar el uso de nombres chinos de lugares en el extranjero, como alentar a instituciones de otros países a usar Xizang para referirse al Tíbet.

El lenguaje jurídico, que parece tener alcance en el extranjero, plantea inquietudes prácticas. Aunque China no puede hacer cumplir directamente sus leyes nacionales en otras jurisdicciones sin cooperación, el Estado puede recurrir a una amplia gama de herramientas, como denegar visados, imponer prohibiciones de salida, presionar a familiares que viven en China y presentar cargos penales contra quienes regresan al país. El lenguaje del proyecto indica la intención de sistematizar ese repertorio bajo el argumento de la unidad étnica.

Un giro de la autonomía a la asimilación

Durante décadas, China presentó un modelo de autonomía étnica regional en el que las comunidades minoritarias eran reconocidas por ley y contaban con cierto espacio cultural y lingüístico limitado. En los últimos diez años, ese marco ha dado paso a una estrategia que antepone la unidad y la integración a la autonomía. El giro se apoya en un lema del Partido que llama a forjar un fuerte sentido de comunidad de la nación china. El nuevo proyecto convertiría esa línea política en normas vinculantes para distintos sectores.

Las recientes reuniones de alto nivel anunciaron ese cambio. En una sesión del Politburó celebrada el 29 de agosto, los dirigentes debatieron planes para impulsar la unidad étnica y mejorar los mecanismos destinados a construir una identidad nacional. Hicieron hincapié en la labor ideológica, la adaptación a los cambios en los grupos sociales y un liderazgo más firme del Partido sobre los asuntos étnicos. Estas conversaciones prepararon el terreno para la presentación del proyecto a comienzos de septiembre.

La política lingüística es fundamental

El idioma ocupa un lugar central en el nuevo enfoque. Junto con el proyecto sobre unidad étnica, los legisladores también han examinado cambios a la Ley del Idioma Chino Estándar Oral y Escrito. La revisión busca estandarizar el uso del mandarín en los servicios públicos, la educación, los eventos internacionales y el entorno digital. Sus defensores afirman que una lengua común favorece la movilidad social y el acceso a oportunidades en el país. Las comunidades minoritarias responden que la uniformidad forzada erosiona las lenguas patrimoniales y reduce el espacio para la expresión cultural. En Mongolia Interior y el Tíbet, madres y padres que organizaron clases en la lengua materna han afrontado prohibiciones y órdenes de cierre. La combinación de la ley de unidad y la legislación lingüística convertiría la enseñanza en mandarín en la norma en más ámbitos y dejaría un espacio limitado para las lenguas minoritarias en la educación formal.

También ha cambiado el discurso del Gobierno. Los medios estatales y las declaraciones oficiales presentan cada vez más al Tíbet como Xizang y describen una integración más estrecha como una vía hacia la prosperidad y la fortaleza nacional. Esa denominación va acompañada de cambios administrativos sobre el terreno, como la consolidación de los sistemas escolares y el uso de planes de estudio estandarizados en mandarín.

Qué significa esto sobre el terreno en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior

El proyecto coincide con tendencias políticas que ya se observan en las regiones de minorías. En el Tíbet, las autoridades han reestructurado la enseñanza para que el mandarín sea el idioma de instrucción, han aumentado los controles sobre las prácticas religiosas y han presionado a comunidades rurales para que se trasladen a nuevos asentamientos. Estas medidas se describen como iniciativas de reducción de la pobreza y modernización. Los tibetanos que cuestionan los traslados masivos o defienden los derechos lingüísticos pueden ser detenidos por perjudicar la unidad étnica, en virtud de las herramientas jurídicas actuales. La nueva ley daría una base formal a esos mismos resultados.

Durante una visita a Lhasa antes de las celebraciones del aniversario de la región, el presidente Xi Jinping expuso una visión para su futuro. Según el relato oficial, describió el objetivo con términos que hacen hincapié en la unidad y el desarrollo.

Xi dijo que quería construir un nuevo Xizang socialista y moderno, unido, próspero, civilizado, armonioso y hermoso.

En Xinjiang, las autoridades han llevado a cabo una intensa campaña de seguridad desde 2017. Expresiones pacíficas de fe, como estudiar el Corán sin supervisión estatal, se han tratado como desafíos ideológicos. Investigadores de derechos humanos han concluido que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra los uigures y otros musulmanes túrquicos mediante detenciones masivas, trabajo forzado y persecución cultural. El lenguaje jurídico sobre dañar la unidad y difundir el extremismo se ha utilizado para justificar castigos por conductas cotidianas. El proyecto reforzaría la justificación ideológica de estas medidas y ayudaría a armonizar las normas provinciales con un único modelo nacional.

Estudio de caso: idioma y escolarización

En 2020 hubo grandes protestas en Mongolia Interior después de que las autoridades educativas sustituyeran los libros de texto en mongol y aumentaran el uso del mandarín en las asignaturas troncales. Desde entonces, padres que intentan organizar clases particulares de mongol han afrontado presiones y cierres. En zonas tibetanas, los gobiernos locales han cerrado escuelas financiadas por las comunidades que enseñaban en tibetano, incluso cuando sus clases seguían el plan de estudios oficial. El proyecto de unidad consolidaría un sistema en el que el aprendizaje en la lengua materna se permitiría principalmente como asignatura secundaria, mientras que los contenidos centrales de la educación se impartirían en mandarín. Ese modelo orienta a las generaciones futuras hacia la asimilación lingüística y transforma la identidad en torno a una única narrativa nacional.

La vida religiosa también se ve afectada. El llamado de la ley a adoptar visiones correctas de la religión refuerza los programas existentes para alinear el budismo tibetano y el islam con las prioridades del Estado. Tanto el clero como los laicos pueden ser sancionados por lo que las autoridades consideran enseñanzas impropias o reuniones no autorizadas. En un marco así, la preservación cultural y la práctica religiosa se toleran solo dentro de los estrechos límites definidos por el Estado.

Presión en el extranjero y dentro del país

La dimensión internacional del proyecto formalizaría una presión que grupos de derechos humanos y comunidades de la diáspora documentan desde hace años. La propuesta promueve una visión del mundo en la que la población china en el extranjero, e incluso académicos y organizaciones extranjeros, se incorporan al esfuerzo del Estado por fomentar la identidad nacional y reprimir lo que considera división. Aunque la aplicación extraterritorial afronta límites jurídicos evidentes, el Estado aún puede recurrir al poder blando, las políticas de visados, las operaciones de información y la amenaza de represalias dentro del país contra familiares.

Casos recientes ilustran posibles vías de actuación. Zhang Yadi, una estudiante defensora de los derechos de los tibetanos que estudió en Francia, fue detenida tras regresar a China y ahora afronta cargos relacionados con el socavamiento de la unidad nacional. Su trabajo incluía editar una plataforma en chino que promovía el diálogo entre grupos étnicos. Los fiscales han recurrido a disposiciones del Código Penal que sancionan expresiones sobre independencia y unidad. El proyecto no sustituiría esos delitos, pero añadiría un marco normativo amplio que orientaría a las autoridades locales hacia un control más estricto de la identidad y las expresiones más allá de las fronteras.

Maya Wang, directora adjunta de la división de Asia de Human Rights Watch, ha advertido que la propuesta está diseñada para un contexto en el que se difuminan los límites entre los ciudadanos, el Estado y la ideología del Partido.

Wang dijo que el proyecto sobre unidad étnica es un intento descarado del Gobierno de controlar las ideas y las expresiones de las personas sobre China, tanto dentro del país como en el extranjero.

La presión sobre el idioma y la identidad también se ha extendido al espacio informativo fuera de China. Las autoridades han instado a instituciones y empresas extranjeras a usar la terminología oficial china para las regiones sensibles. Cada vez se evalúan más las conferencias y los programas conjuntos según el grado en que se ajustan a las expresiones y los marcos establecidos por el Estado.

Las normas digitales y la vigilancia reforzarían la ley

Las iniciativas jurídicas paralelas en el ciberespacio apuntan a un entorno de aplicación más estricto si se aprueba la ley de unidad. Las enmiendas en revisión a la Ley de Ciberseguridad de 2017 reforzarían el control sobre los flujos de datos, las operaciones de las plataformas y las expresiones en línea. Junto con las normas vigentes sobre algoritmos y moderación de contenidos, estas disposiciones dan a las autoridades margen para rastrear, etiquetar y castigar conductas presentadas como perjudiciales para la unidad. Los ciudadanos de las regiones de minorías ya viven bajo sistemas de vigilancia intensiva que recurren a puestos de control, reconocimiento facial, inspecciones de teléfonos y una amplia recopilación de datos. El lenguaje ideológico del proyecto podría generar nuevas tareas de vigilancia para las autoridades locales y las empresas tecnológicas.

Las cadenas de suministro de tecnología añaden otra dimensión. Legisladores en Washington han presionado a las empresas para que refuercen los controles tras los informes de que componentes y programas informáticos de Estados Unidos ayudaron a impulsar partes de las redes de vigilancia de China. Si los países adoptan controles de exportación más estrictos para las tecnologías de doble uso, las agencias de seguridad pública chinas quizá tengan que encontrar sustitutos o ajustar sus compras. Para las personas del Tíbet y Xinjiang, la preocupación más inmediata es la rapidez con que puedan combinarse las nuevas normas con las herramientas existentes para vigilar la vida cotidiana, desde la asistencia escolar hasta la oración y los grupos de conversación en línea.

En las aulas digitales, la estandarización lingüística puede imponerse mediante programas informáticos. Se puede exigir al profesorado que use aplicaciones de aprendizaje y reconocimiento de voz en mandarín. Se puede pedir a los padres que demuestren, a través de las plataformas escolares, que cumplen las normas en el hogar. La ley de unidad indicaría a los administradores locales que deben hacer seguimiento y recompensar los indicadores relacionados con el uso del idioma, la educación patriótica y la conformidad ideológica.

Cómo se aprueba una ley en China

La legislatura china aprueba leyes mediante un proceso que suele avanzar con rapidez una vez que los dirigentes de alto nivel han marcado el rumbo. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional examina los proyectos en varias lecturas. En ocasiones se invita a la ciudadanía a presentar comentarios en línea, pero las enmiendas suelen reflejar consultas internas, más que un debate abierto. Una vez aprobadas, los ministerios y los gobiernos provinciales emiten reglamentos detallados y planes de trabajo. Los tribunales y las fiscalías reciben formación para aplicar las nuevas normas de acuerdo con las directrices del Partido. Dada la amplitud del proyecto sobre unidad étnica y la prioridad política que se concede a la identidad nacional, es muy probable que se apruebe.

Es más difícil predecir los plazos. Algunas leyes importantes han pasado del proyecto a la aprobación en pocos meses, mientras que otras han tardado más porque las agencias negociaban los detalles de aplicación. Es probable que las autoridades locales esperen directrices sobre cómo medir el cumplimiento. Eso suele traducirse en cuotas, campañas y visitas de inspección que convierten los lemas nacionales en listas de verificación para escuelas, templos, empresas y comités vecinales.

Respuestas internacionales y posibles medidas

Los gobiernos, las universidades y los grupos de la sociedad civil fuera de China deben decidir cómo responder si la ley se aprueba en su forma actual. Organizaciones de derechos humanos han instado a los Estados a presionar a Pekín para que retire o modifique la propuesta y ponga fin a la persecución de las comunidades étnicas minoritarias y de quienes las apoyan. Es posible adoptar medidas concretas sin romper todos los vínculos. Se pueden reforzar los controles de exportación para impedir que componentes de vigilancia y programas informáticos lleguen a agencias que vulneran derechos. Los intercambios académicos pueden incluir garantías para proteger a académicos, estudiantes y traductores frente a represalias por investigar temas sensibles. Los programas culturales pueden invertir en literatura y materiales didácticos en tibetano, uigur y mongol para las comunidades de la diáspora.

El apoyo a las personas en riesgo es importante. Grupos tibetanos y uigures en el exilio denuncian que sus familias en el país afrontan fuertes presiones, lo que hace peligrosas incluso las llamadas telefónicas. Los gobiernos de acogida pueden ofrecer vías seguras para estudiar y trabajar, flexibilizar las restricciones a la financiación de la sociedad civil y brindar apoyo técnico para documentar abusos. Las visitas diplomáticas al Tíbet y Xinjiang deberían exigir acceso sin restricciones. Las sanciones contra los funcionarios y las entidades responsables de violaciones graves pueden aumentar los costos, especialmente si se coordinan entre países aliados. Al mismo tiempo, pueden mantenerse los canales de cooperación en salud, respuesta a desastres y clima, ya que el acceso a las personas de regiones remotas suele depender de los contactos de trabajo con las autoridades locales.

Las empresas que operan en China o mantienen relaciones con el país tendrán que afrontar nuevos riesgos. Los programas de cumplimiento deberán analizar si se están usando la capacitación del personal, las asociaciones escolares o los patrocinios para propagar ideología de maneras que incumplan las normas de la empresa. Las compañías deberían revisar sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro que pasan por Xinjiang o zonas tibetanas, incluidas las prácticas de contratación y las normas lingüísticas en las fábricas. Los inversionistas se preguntarán si las operaciones en sectores relacionados con la vigilancia, los datos o la educación tienen en cuenta los riesgos jurídicos y de reputación.

En resumen

• El proyecto de Ley para Promover la Unidad y el Progreso Étnicos de China se presentó el 8 de septiembre de 2025. Sus 62 artículos incorporan la ideología del Partido a toda la sociedad.
• La propuesta sitúa el mandarín en primer plano desde la educación preescolar y reduce las protecciones anteriores para la enseñanza en lenguas minoritarias.
• Se exigiría a padres, empresas y grupos religiosos que promuevan las visiones aprobadas por el Partido sobre la historia, la cultura y la religión.
• Se ordena a las autoridades exhibir símbolos culturales chinos en espacios públicos e integrar la ideología en la planificación, la vivienda, la política económica y la seguridad.
• El proyecto prohíbe los actos que dañen la unidad étnica, una etiqueta que ya se ha usado para criminalizar la defensa pacífica de derechos en lugares como el Tíbet y Xinjiang.
• Busca tener efectos extraterritoriales al promover el acercamiento a la población china en el extranjero y advertir que las personas fuera del país que socaven la unidad podrían afrontar consecuencias legales.
• Las revisiones de la ley nacional sobre el idioma y las normas de ciberseguridad reforzarían el proyecto de unidad mediante los planes de estudio y los controles digitales.
• Grupos de derechos humanos advierten que la ley aceleraría la asimilación forzada de tibetanos, uigures y otras minorías, y profundizaría la represión.
• Casos recientes, como la detención de la estudiante y activista Zhang Yadi, muestran cómo se usan cargos relacionados con la unidad contra expresiones y actividades de defensa de derechos.
• Entre las posibles medidas internacionales figuran controles de exportación más estrictos para la tecnología de vigilancia, protección para académicos y estudiantes, sanciones selectivas contra funcionarios responsables de abusos y apoyo a programas de lengua y cultura para la diáspora.