Una década de control más estricto y temor creciente
Corea del Norte ha ampliado el uso de la pena de muerte y reforzado el control social sobre la vida cotidiana, según una nueva evaluación de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas. Basado en más de 300 entrevistas con personas que escaparon del país durante la última década, el informe describe un Estado donde la vigilancia se ha extendido, los castigos se han endurecido y el acceso a la información se controla con un celo extraordinario. Los testigos describieron ejecuciones públicas por fusilamiento y un marcado aumento de los casos relacionados con información extranjera, en especial la difusión de películas y series de televisión del exterior.
Contenido
- Una década de control más estricto y temor creciente
- Qué cambió en la legislación norcoreana
- De ver medios extranjeros a distribuirlos
- Cómo los juicios y las ejecuciones públicas imponen obediencia
- Vigilancia, tecnología y represión de la información
- Bloquear los ojos y los oídos
- Trabajo forzado y brigadas de choque
- Inseguridad alimentaria, mercados y control fronterizo
- Campos de prisioneros políticos y centros de detención actuales
- La rendición de cuentas internacional choca con un muro
- En resumen
La evaluación de la ONU concluye que Corea del Norte se distingue por el alcance de las restricciones impuestas a su población: desde lo que puede ver o decir hasta la forma en que trabaja, viaja y comercia. Las personas entrevistadas relataron un endurecimiento claro que se aceleró después de 2019 y durante el período de la COVID-19, cuando el Estado centró sus esfuerzos en cerrar las fronteras, intensificar el adoctrinamiento ideológico y cortar los pocos canales que aún permitían que la cultura y las noticias del exterior llegaran a la población. El informe señala que se ha ampliado la aplicación legal y práctica de la pena de muerte, y que los juicios y las ejecuciones públicas se utilizan para infundir temor y exigir obediencia.
El documento da continuidad a la histórica Comisión de Investigación de la ONU de 2014, que concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, entre ellos tortura, inanición forzada y el funcionamiento de extensos campos de prisioneros políticos. Una década después, al menos cuatro de esos campos siguen operativos y, según la ONU, los detenidos en prisiones comunes todavía sufren abusos y desnutrición. Aunque algunos testigos mencionaron mejoras modestas en los centros de detención, como una ligera reducción de la violencia por parte de algunos guardias, estos cambios quedan eclipsados por el deterioro general de los derechos económicos, la libertad de expresión y la autonomía personal básica.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió que esta tendencia apunta a condiciones aún más duras si no hay una fuerte presión externa y reformas internas.
"Si la RPDC continúa por su trayectoria actual, la población sufrirá aún más, bajo una represión brutal y el temor", dijo Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU.
Qué cambió en la legislación norcoreana
Desde 2015, el Gobierno ha adoptado nuevas leyes y prácticas que amplían el alcance de los castigos severos, incluida la pena capital, para un mayor número de actos. Estas medidas incluyen disposiciones que penalizan la propaganda contra el Estado y la difusión de información no autorizada. Testigos y expertos dijeron a los investigadores de la ONU que estos estatutos se han utilizado para justificar penas de prisión, trabajos forzados y, en algunos casos, ejecuciones. El informe subraya que los cambios legales, los decretos administrativos y el refuerzo de la vigilancia policial han dado a las autoridades más margen para calificar conductas cotidianas como hostiles al Estado.
De ver medios extranjeros a distribuirlos
Las penas más duras se imponen por distribuirlos. La ONU afirma que se ha ejecutado a personas por compartir o vender películas y series de televisión extranjeras, incluidos populares dramas surcoreanos. Las personas entrevistadas describieron cómo los casos relacionados con contenido extranjero aumentaron desde 2020, cuando el cierre de las fronteras y el refuerzo de las inspecciones llevaron al Estado a tratar los medios del exterior como una amenaza directa al control del régimen. Aunque la posesión o el visionado pueden acarrear castigos severos, la distribución ha provocado las respuestas más extremas, incluidas ejecuciones públicas.
La aplicación de estas medidas es activa y a menudo invasiva. Los testigos informaron de registros casa por casa, inspecciones sorpresivas de computadoras y teléfonos, y revisiones de dispositivos de almacenamiento. Estas operaciones, presentadas como campañas contra las conductas antisocialistas, han contribuido a crear un clima en el que las personas se autocensuran en casa, en el trabajo y entre amistades.
Cómo los juicios y las ejecuciones públicas imponen obediencia
Los juicios y las ejecuciones públicas cumplen una función clara en este sistema. Varias personas entrevistadas dijeron que las autoridades convocan a residentes locales, estudiantes y grupos de trabajo para que asistan a los procesos y las ejecuciones. El objetivo es mostrar el costo de la desobediencia, afianzar la obediencia social e impedir la circulación de ideas o expresiones culturales consideradas hostiles. Los testimonios recopilados por la ONU describen filas de residentes reunidos para presenciar un fusilamiento, después de un breve proceso en el que se declara la culpabilidad y se lee la sentencia en voz alta.
Una persona que escapó del país, Kang Gyuri, quien huyó en 2023, dijo que asistió al juicio de un amigo de 23 años condenado a muerte tras ser sorprendido con videos surcoreanos. Describió un sistema que ahora considera los delitos relacionados con los medios tan graves como aquellos que tradicionalmente acarrearían los castigos más severos.
"Lo juzgaron junto con delincuentes vinculados a las drogas. Ahora estos delitos se consideran iguales", dijo Kang Gyuri, quien escapó del país, y añadió que el temor se intensificó desde 2020.
Varios testigos dijeron a los investigadores que, después de 2020, vieron más ejecuciones relacionadas con la distribución de medios extranjeros, así como con casos de drogas y ciertos delitos comerciales. El informe de la ONU señala que, en ocasiones, el Estado organiza estos actos para que coincidan con campañas de propaganda más amplias, lo que aumenta su carácter espectacular y su efecto disuasorio.
Vigilancia, tecnología y represión de la información
La tecnología ha reforzado el control estatal. Las personas entrevistadas describieron inspecciones habituales de teléfonos móviles, tarjetas de memoria y computadoras portátiles, además de la vigilancia de las herramientas de comunicación en centros de trabajo y escuelas. El país cuenta con una intranet nacional reservada para instituciones y funcionarios autorizados. La población común casi no tiene acceso a internet global. El informe de la ONU señala que la vigilancia abarca todos los aspectos de la vida, con la ayuda de nuevas herramientas y normas más estrictas que llegan hasta los hogares y los círculos privados.
La presión social refuerza esta red digital. Se espera que la ciudadanía participe en sesiones semanales de autocrítica que exigen confesar faltas y denunciar a los vecinos. Según los testimonios, estas sesiones funcionan como mecanismos de vigilancia colectiva y condicionamiento ideológico. Junto con la ampliación de las facultades policiales para registrar y confiscar bienes, estas prácticas han hecho más peligroso el consumo privado de ideas, música, idiomas y películas.
Bloquear los ojos y los oídos
Los testigos dijeron a los investigadores de la ONU que el objetivo no es solo detener la circulación de contenido, sino también silenciar el descontento antes de que pueda manifestarse.
"Para bloquear los ojos y los oídos de la población, intensificaron la represión. Era una forma de control destinada a eliminar incluso las señales más pequeñas de descontento o queja", dijo una persona que escapó del país y pidió mantener el anonimato.
Las autoridades también han señalado como objetivo el vocabulario y las expresiones considerados extranjeros o ideológicamente impuros, además de los propios medios. Las personas describieron inspecciones que incluyen radios sintonizadas de antemano en emisoras estatales y televisores configurados en canales fijos, así como controles vecinales centrados en la jerga y las expresiones relacionadas con la cultura pop surcoreana.
Trabajo forzado y brigadas de choque
El informe describe una mayor utilización del trabajo forzado en todo el país. Personas de familias pobres son reclutadas para las llamadas brigadas de choque, que realizan proyectos físicamente exigentes, como la extracción de carbón, la construcción de carreteras y las obras de construcción. Se obliga a niños, incluidos huérfanos y menores de familias sin recursos, a realizar trabajos duros en los que son frecuentes las lesiones y las muertes. La ONU afirma que estas prácticas pueden alcanzar el umbral de la esclavitud cuando la participación es obligatoria y las condiciones son peligrosas.
James Heenan, director de la oficina de derechos humanos de la ONU dedicada a Corea del Norte, dijo que la carga recae con más fuerza sobre los grupos vulnerables, incluidos los niños que no pueden pagar un soborno para evitar el reclutamiento.
"A menudo son niños de los sectores más pobres de la sociedad, porque son quienes no pueden pagar un soborno para librarse, y estas brigadas de choque realizan trabajos que suelen ser muy peligrosos y arriesgados", dijo James Heenan, de la oficina de derechos humanos de la ONU para la RPDC.
Las personas entrevistadas dijeron que las muertes en estas brigadas se glorifican públicamente como sacrificios al líder, en lugar de impulsar reformas de seguridad. El Estado también recurre al trabajo forzado en el sistema penitenciario y el militar, donde exige largas jornadas y expone a las personas a materiales peligrosos. Según la ONU, estas prácticas se mantienen desde hace años, pese a que el Gobierno ha aprobado algunas leyes que, sobre el papel, parecen reforzar las garantías de un juicio justo.
Inseguridad alimentaria, mercados y control fronterizo
Las dificultades económicas aparecen de forma recurrente en los testimonios. La mayoría de las personas entrevistadas dijo que para sus familias era un lujo comer tres veces al día. Muchas recordaron el período de la COVID-19 como una época de escasez aguda, cuando el cierre de las fronteras interrumpió las rutas comerciales que complementaban discretamente la distribución estatal. Las personas describieron cómo vecinos y familiares adelgazaban rápidamente, pasaban largos períodos sin consumir proteínas o morían tras sufrir hambre durante mucho tiempo.
Al mismo tiempo, el Estado reforzó el control de los mercados informales y redujo un recurso esencial que había surgido durante las dos décadas anteriores. La represión de pequeños comerciantes, la confiscación de mercancías y las restricciones a los viajes entre regiones limitaron la capacidad de las familias para obtener ingresos por cuenta propia. Se ordenó a las unidades de defensa fronteriza que impidieran los cruces hacia China, y los testigos dijeron que a algunos soldados se les indicó que dispararan contra quienes intentaran escapar. Menos personas pudieron huir y disminuyó el suministro de alimentos, medicamentos y medios de comunicación introducidos de contrabando.
Varias personas entrevistadas dijeron que habían esperado que las perspectivas mejoraran cuando Kim Jong Un llegó al poder en 2011, después de que prometiera elevar el nivel de vida. Esas esperanzas se desvanecieron cuando la diplomacia con Estados Unidos y otras potencias se estancó a partir de 2019, mientras el Estado daba prioridad al desarrollo de armas y al control interno.
Campos de prisioneros políticos y centros de detención actuales
Según el informe de la ONU, al menos cuatro campos de prisioneros políticos siguen operativos y el sistema penitenciario continúa marcado por la tortura, los trabajos forzados y la desnutrición. Los testigos hablaron de presos que se desplomaban por el agotamiento y las enfermedades, y de entierros que se realizaban sin avisar a sus familias. Los investigadores sí recibieron información sobre mejoras limitadas en algunos centros de detención, como una ligera disminución de las palizas por parte de los guardias. Corea del Norte también ha ratificado dos tratados más de derechos humanos en los últimos años. Aun así, la ONU afirma que las prácticas sobre el terreno siguen muy lejos de las normas internacionales y que los cambios legales que parecen positivos sobre el papel no se han traducido en una protección efectiva de los derechos.
Los testigos también señalaron un aumento de las ejecuciones desde 2020 por diversos delitos, como la distribución de medios extranjeros, los casos relacionados con drogas, la trata de personas, la prostitución y algunos delitos violentos. La reanudación de los juicios y las ejecuciones públicas después de los años de la pandemia ha reforzado el clima de temor documentado en distintas regiones y clases sociales.
La rendición de cuentas internacional choca con un muro
La oficina de derechos humanos de la ONU ha pedido que la situación de Corea del Norte se remita a la Corte Penal Internacional de La Haya. Para dar ese paso se necesitaría una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los miembros permanentes pueden ejercer su derecho de veto. Los esfuerzos por impulsar nuevas medidas de rendición de cuentas han encontrado resistencia, y los intentos de intensificar la presión internacional sobre Pionyang se han bloqueado repetidamente. El desafío diplomático ha aumentado a medida que se han hecho más visibles los vínculos entre Corea del Norte, China y Rusia, incluida la reciente aparición de Kim Jong Un junto a Xi Jinping y Vladímir Putin en un desfile militar en Pekín.
Corea del Norte rechaza los mandatos de la ONU que autorizan estas investigaciones y niega que se violen los derechos humanos. La ONU sigue instando a Pionyang a adoptar medidas concretas, como abolir los campos de prisioneros políticos, poner fin a las ejecuciones e introducir la educación en derechos humanos dentro del país. Las personas entrevistadas, en especial quienes escaparon del país a una edad más joven, expresaron un firme deseo de que cambien tanto el trato que el Estado da a la población como la circulación de la información, aunque las perspectivas inmediatas de reforma siguen limitadas por la política interna y externa.
En resumen
- Los investigadores de la ONU afirman que han aumentado las ejecuciones, incluso por distribuir medios extranjeros, como dramas surcoreanos.
- Desde 2015, al menos seis nuevas leyes ampliaron los motivos para imponer castigos severos, incluida la pena de muerte.
- Los juicios y las ejecuciones públicas se utilizan para disuadir; los testigos describieron fusilamientos tras procesos breves.
- La vigilancia se ha intensificado mediante inspecciones de dispositivos, acceso limitado a internet y sesiones semanales de autocrítica.
- El trabajo forzado, incluidas las brigadas de choque, involucra a niños y huérfanos en labores peligrosas donde las muertes son frecuentes.
- La escasez de alimentos empeoró durante el período de la COVID-19, cuando se cerraron las fronteras y se reprimieron los mercados informales.
- Al menos cuatro campos de prisioneros políticos siguen activos; se siguen denunciando torturas, exceso de trabajo y desnutrición.
- La ONU pide remitir el caso a la Corte Penal Internacional, pero esa medida requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, que ha sido bloqueada.
- Las autoridades informan de un fuerte deseo de cambio entre los norcoreanos más jóvenes, pese a los riesgos crecientes y al control más estricto.
