La pena de muerte se extiende a la vida cotidiana
Corea del Norte ha duplicado, de ocho a 16, el número de delitos castigados con la pena de muerte en su Código Penal desde 2015, dijo Elizabeth Salmón, relatora especial de la ONU, ante una comisión de la Asamblea General de la ONU el 27 de octubre de 2026. Su advertencia aporta cifras concretas a una preocupación más amplia: el Gobierno está ampliando su poder para ejecutar a personas mientras estrecha el control sobre lo que ven, cómo se ganan la vida y si pueden salir del país.
Contenido
- La pena de muerte se extiende a la vida cotidiana
- ¿Qué ha cambiado en la ley?
- La televisión extranjera se convierte en un riesgo de ejecución
- Una década de controles más estrictos
- El trabajo forzoso afecta a niños vulnerables
- El hambre y la detención agravan el costo humano
- Corea del Norte rechaza las conclusiones
- ¿Qué pueden hacer la diplomacia y la ONU?
- Puntos clave
Salmón, la experta independiente de la ONU que supervisa la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, expresó preocupación por las ejecuciones públicas, las muertes bajo custodia, la tortura y el trabajo forzoso. Instó a las autoridades a suspender las ejecuciones y adoptar medidas prácticas para mejorar las condiciones en los centros de detención.
Corea del Norte rechazó el debate tres días después. Su embajador ante las Naciones Unidas, Kim Song, acusó a Salmón y a países como Corea del Sur y Japón de utilizar las denuncias sobre derechos humanos para la confrontación política. Defendió el fortalecimiento de la disciplina y el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley como políticas legítimas del Gobierno.
La confrontación se produce tras una evaluación independiente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, publicada en septiembre de 2025 y basada en más de 300 entrevistas con personas que escaparon de Corea del Norte. Ese análisis constató una vigilancia más amplia, un mayor uso del trabajo forzoso y un aumento de las ejecuciones, incluso por distribuir películas y programas de televisión extranjeros.
En conjunto, estas conclusiones presionan a los gobiernos que buscan dialogar con el líder Kim Jong Un para que aborden los derechos humanos junto con las armas nucleares y la seguridad regional. El trabajo forzoso contribuye a sostener proyectos estatales, mientras el Gobierno destina recursos considerables a las armas pese a que la población sigue padeciendo hambre.
¿Qué ha cambiado en la ley?
Salmón dijo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos sociales y de derechos humanos, que el Código Penal ahora incluye 16 delitos castigados con la pena de muerte, frente a ocho en 2015. Esto representa un aumento del 100 %. La ampliación abarca conductas que no guardan relación con el homicidio intencional, como distribuir videos extranjeros.
Un análisis anterior abordó los cambios legales más amplios y la duplicación de los delitos castigados con la pena capital. Otras leyes aprobadas o modificadas entre 2020 y 2023 también establecieron la posibilidad de imponer la pena de muerte por actividades relacionadas con la cultura extranjera, expresiones propias de Corea del Sur, actividades económicas no autorizadas y controles sanitarios de emergencia.
El análisis de la ONU de septiembre de 2025 identificó al menos seis leyes introducidas desde 2015 que permiten imponer la pena capital. Entre ellas hay normas que controlan los materiales culturales y el idioma extranjeros. La cifra de seis se refiere a leyes, mientras que la cifra de 16 de Salmón corresponde a delitos incluidos en el Código Penal. Cada una describe una parte distinta de la expansión del sistema legal.
Para una familia común, las consecuencias van más allá de la política formal. Comerciar, compartir una serie de televisión o utilizar expresiones escuchadas en el entretenimiento surcoreano puede poner a las personas en contacto con un sistema de castigos severos. Salmón describió la pena de muerte tanto como una sanción penal como un medio de control social, político e ideológico.
La televisión extranjera se convierte en un riesgo de ejecución
James Heenan, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Corea del Norte, dijo que las ejecuciones por delitos comunes y políticos habían aumentado desde las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19. Señaló que ya se había ejecutado a personas en virtud de leyes que permiten condenar a muerte a quienes distribuyen series de televisión extranjeras, incluidos dramas surcoreanos. No dio una cifra total de esas ejecuciones.
Las personas entrevistadas por investigadores de la ONU describieron un aumento de las ejecuciones por distribuir contenido extranjero a partir de 2020. Dijeron que los pelotones de fusilamiento ejecutaban a personas en público para atemorizar a otras y disuadirlas de cometer actos similares. El castigo público amplía el alcance de una condena más allá de la persona sentenciada, al hacer que las comunidades cercanas sean testigos de sus consecuencias.
Kang Gyuri, quien escapó de Corea del Norte en 2023, dijo que tres de sus amigos fueron ejecutados después de que los sorprendieran con contenido surcoreano. Contó que asistió al juicio de uno de ellos, de 23 años, quien fue condenado a muerte.
«Lo juzgaron junto con delincuentes relacionados con las drogas. Ahora estos delitos se tratan igual», dijo.
Las conclusiones documentadas por la ONU se centran en las ejecuciones por compartir o distribuir contenido extranjero. El testimonio de Kang cuenta que sus amigos fueron sorprendidos con ese tipo de material. Su relato también transmite el miedo que rodea estos casos: dijo que la gente tenía más miedo desde 2020.
Una década de controles más estrictos
La evaluación de septiembre de 2025 de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU examinó los acontecimientos desde la histórica comisión de investigación de 2014, que concluyó que Corea del Norte cometía crímenes de lesa humanidad. El análisis más reciente describió leyes, políticas y procedimientos que habían creado un marco legal más amplio para la represión.
La evaluación se basó en más de 300 entrevistas con personas que habían escapado durante la década anterior. Sus testimonios describieron una vigilancia cada vez más extendida a medida que mejoraba la tecnología, junto con restricciones que afectaban las decisiones económicas, sociales y políticas. Recopilar estos testimonios es fundamental para supervisar un país donde el escrutinio independiente sigue estando muy restringido.
Varias fechas muestran cómo se relacionan estas conclusiones:
- 2014: Una comisión de investigación de la ONU documentó crímenes de lesa humanidad, incluidos abusos en campos de prisioneros políticos.
- Desde 2015: El número de delitos castigados con la pena capital en el Código Penal aumentó de ocho a 16, según Salmón.
- Desde 2020: Personas que escaparon del país describieron un aumento de las ejecuciones por distribuir contenido extranjero en medio de controles más estrictos durante la pandemia.
- Septiembre de 2025: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó su análisis de los acontecimientos de la década anterior.
- 27 de octubre de 2026: Salmón presentó sus preocupaciones sobre las ejecuciones y las condiciones de detención ante la Tercera Comisión de la Asamblea General.
- 30 de octubre de 2026: El embajador Kim Song rechazó el debate y defendió las políticas de Corea del Norte.
Para muchas de las personas entrevistadas, los cambios frustraron las esperanzas que surgieron cuando Kim Jong Un llegó al poder en 2011. Esperaban que mejoraran sus condiciones de vida. En cambio, el análisis de la ONU describió un empeoramiento de las condiciones y una reducción de las libertades personales, especialmente después de que la diplomacia con Estados Unidos y otros países occidentales se estancara en 2019.
El trabajo forzoso afecta a niños vulnerables
Los niños de familias pobres, los huérfanos y los niños que viven en la calle figuran entre las personas afectadas por la expansión del trabajo forzoso, según las conclusiones de la ONU. De acuerdo con el análisis de septiembre de 2025, en los últimos años se reclutó a miles de huérfanos y niños que vivían en la calle.
Algunos fueron destinados a grupos conocidos como brigadas de choque, que realizan trabajos exigentes en sectores como la construcción y la minería del carbón. El término se refiere a equipos de trabajadores movilizados para cumplir los objetivos estatales de producción o construcción. El trabajo puede ser peligroso y quienes son asignados a él cuentan con poca protección.
Heenan explicó que la pobreza familiar podía determinar quién quedaba expuesto a estas condiciones. En ocasiones, las familias con dinero podían pagar sobornos para evitar una asignación, lo que dejaba a los niños más pobres en una situación de mayor vulnerabilidad.
«A menudo son niños de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, porque son quienes no pueden pagar un soborno para evitarlo, y estas brigadas de choque realizan trabajos que suelen ser muy peligrosos», dijo.
El análisis de la ONU describió a trabajadores que esperaban mejorar su posición social mediante el servicio, aunque las peligrosas condiciones provocaban muertes. También señaló que las autoridades ensalzaban las muertes como sacrificios a Kim Jong Un, en lugar de mejorar la seguridad. Según conclusiones de la ONU, el trabajo forzoso puede constituir esclavitud en determinadas circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
El hambre y la detención agravan el costo humano
Casi todas las personas entrevistadas para el análisis de septiembre de 2025 dijeron que no tenían suficiente comida. Describieron como un lujo comer tres veces al día. Algunas personas que escaparon del país informaron de graves escaseces de alimentos durante la pandemia y de muertes por hambre en todo el país.
Las restricciones a los mercados informales dificultaron aún más la supervivencia. Las familias recurrían a esos mercados para intercambiar productos y ganar dinero, pero las medidas represivas del Gobierno redujeron su capacidad para mantenerse. Al mismo tiempo, los controles más estrictos en la frontera con China y las órdenes de disparar contra quienes intentaran cruzarla hicieron mucho más peligrosa la huida.
En los centros de detención, la ONU documentó torturas, abusos, exceso de trabajo y desnutrición. Muchas personas entrevistadas dijeron haber presenciado la muerte de presos. El análisis también registró mejoras limitadas en algunos centros, entre ellas una ligera disminución de la violencia por parte de los guardias.
Según la evaluación de 2025, al menos cuatro campos de prisioneros políticos seguían en funcionamiento. La investigación de 2014 había documentado un sistema mucho más amplio de encarcelamiento político y estimado que, en ese momento, entre 80.000 y 120.000 personas estaban recluidas en esos campos. La conclusión más reciente identifica campos que siguen operativos, pero no ofrece una cifra actualizada de su población.
El llamamiento de Salmón en octubre de 2026 se refirió tanto a las ejecuciones como a las muertes bajo custodia. Para mejorar las condiciones de detención es necesario actuar en materia de alimentación, trato a los presos y trabajo forzoso, además de cambiar las sentencias y los castigos.
Corea del Norte rechaza las conclusiones
En su declaración del 30 de octubre, el embajador Kim Song acusó a Salmón de hostilidad hacia Corea del Norte y presentó su trabajo como parte de una campaña en la que participan Corea del Sur y Japón. También criticó sus contactos en Corea del Sur y defendió que el Gobierno reforzara la disciplina y la aplicación de la ley.
Kim sostuvo que una poderosa fuerza de disuasión militar protegía la seguridad nacional y permitía al Estado garantizar los derechos de su población. Su respuesta situó la disputa sobre los derechos humanos en el contexto de la confrontación más amplia de Corea del Norte con Estados Unidos y sus aliados.
La evaluación de Salmón plantea una relación distinta entre seguridad y derechos. Describe los castigos, la vigilancia y las restricciones como herramientas de control de la población. Otras conclusiones de la ONU y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos han vinculado el trabajo forzoso con los recursos que sustentan el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
El conflicto concreto afecta a la misma población que aporta mano de obra y sufre escasez de alimentos. Se destinan recursos estatales a las armas nucleares y los misiles mientras los hogares luchan por conseguir suficiente comida, y quienes son asignados a trabajos obligatorios tienen pocas posibilidades de elegir su empleo o rechazar tareas peligrosas.
¿Qué pueden hacer la diplomacia y la ONU?
Estados Unidos y Corea del Sur buscan entablar un diálogo diplomático con Kim Jong Un en este contexto. Salmón ha pedido que los derechos humanos se incluyan en futuros contactos con Corea del Norte. Así, las ejecuciones, las condiciones de detención y el trabajo forzoso figurarían en la agenda junto con las armas y las tensiones militares.
La ONU también ha pedido que la situación de Corea del Norte se remita a la Corte Penal Internacional, en La Haya. El tribunal juzga a personas por delitos como los crímenes de lesa humanidad. Para seguir la vía propuesta por la ONU, sería necesaria una remisión del Consejo de Seguridad.
China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto, han bloqueado repetidamente los intentos de imponer nuevas sanciones a Corea del Norte desde 2019. Sus posturas ayudan a explicar por qué la documentación de los abusos no ha dado lugar a medidas correspondientes en el Consejo.
La Asamblea General ofrece otro foro para actuar. Entre las propuestas figuran solicitar nuevos informes a organismos de la ONU y estudiar investigaciones independientes sobre los vínculos entre los abusos contra los derechos humanos y las amenazas a la seguridad. Por ahora, se trata de recomendaciones, no de investigaciones anunciadas. La Asamblea también podría recomendar a los gobiernos que aborden conjuntamente los derechos humanos y la seguridad en las conversaciones diplomáticas.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió sobre la evolución de las condiciones en Corea del Norte cuando se publicó la evaluación de septiembre de 2025.
«Si la RPDC [República Popular Democrática de Corea] continúa por el rumbo actual, la población sufrirá más, y estará sometida a una represión brutal y al miedo».
Para los norcoreanos, los temas debatidos tienen consecuencias inmediatas: si compartir un programa puede llevar a una ejecución, si un niño puede evitar un trabajo peligroso, si un preso recibe suficiente comida y si una familia puede comerciar para sobrevivir. Incluir estas preocupaciones en la diplomacia permitiría que el trato a las personas formara parte de la propia conversación sobre seguridad.
Puntos clave
- Salmón dijo que el Código Penal de Corea del Norte contempla 16 delitos castigados con la pena capital, frente a ocho en 2015.
- La ONU ha documentado ejecuciones por distribuir películas y programas de televisión extranjeros.
- Un análisis de septiembre de 2025 basado en más de 300 entrevistas constató una vigilancia más estricta, la expansión del trabajo forzoso y la continuidad de los abusos en las prisiones.
- Niños de familias pobres, huérfanos y niños que viven en la calle han sido reclutados para realizar trabajos peligrosos.
- Corea del Norte rechazó el debate de la ONU de octubre de 2026 y defendió sus políticas de aplicación de la ley y seguridad.
- Salmón pidió suspender las ejecuciones, mejorar las condiciones de detención e incluir los derechos humanos en los contactos diplomáticos.
- Las propuestas de nuevos informes e investigaciones de la ONU buscan vincular los abusos contra los derechos humanos con las amenazas a la seguridad de Corea del Norte.
