La revuelta de la generación Z en Nepal provoca la dimisión del primer ministro en medio de disturbios mortales

Una revuelta liderada por jóvenes sacude Katmandú

El humo se elevaba sobre Katmandú mientras soldados patrullaban cerca de tiendas cerradas y oficinas incendiadas, al término de dos días que transformaron una protesta juvenil contra la corrupción en los peores disturbios que Nepal ha vivido en décadas. Al menos 30 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias y comunicados de la ONU, después de que manifestantes irrumpieran e incendiaran el Parlamento y otras instituciones estatales. El primer ministro KP Sharma Oli dimitió, se impusieron toques de queda en las principales ciudades y el ejército advirtió que actuaría para restablecer el orden si continuaba la violencia.

Jóvenes nepaleses, muchos de ellos de entre 18 y 20 años, dicen que el movimiento comenzó como una protesta contra la corrupción y el bloqueo generalizado de las plataformas de redes sociales. Sostienen que personas ajenas al movimiento, decididas a destruir, se apropiaron de las marchas pacíficas. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua y, según organizaciones de derechos humanos, munición real. Las multitudes saquearon edificios e incendiaron las viviendas de altos cargos políticos, mientras que Singha Durbar, el centro administrativo de la capital, quedó reducido a una estructura ennegrecida. Dentro del Parlamento, los manifestantes coreaban consignas y agitaban la bandera nacional mientras las llamas avanzaban en la entrada.

La salida de Oli dejó un vacío de liderazgo, y las calles, caóticas el lunes y el martes, quedaron sumidas en una tensa calma bajo los puestos de control del ejército. Con el Parlamento dañado, comisarías tomadas y varias prisiones asaltadas, el Estado se apresuró a recuperar el control. Aun así, los mismos jóvenes que se habían movilizado contra la corrupción y la censura comenzaron a barrer los cristales de las calles y a devolver las armas de fuego robadas, pequeñas señales de una sociedad que intenta estabilizarse tras una ruptura traumática.

Cómo la prohibición de las redes sociales convirtió el descontento en un movimiento de masas

El detonante inmediato fue una orden del Gobierno para bloquear 26 plataformas de redes sociales que no se habían registrado ante el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información de Nepal. La decisión se tomó después de que una directiva del Tribunal Supremo exigiera que las plataformas que operan en Nepal establecieran una presencia formal para que las autoridades pudieran supervisar los contenidos ilegales. Algunos servicios, como TikTok y Viber, cumplieron. Otros no. El Gobierno bloqueó entonces el acceso a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas de uso extendido, interrumpiendo los canales de comunicación de familias y empresas y provocando indignación entre una generación que creció conectada a internet.

Las autoridades argumentaron que la medida era necesaria para combatir los discursos de odio, las estafas y la desinformación. Los jóvenes nepaleses vieron otra cosa: un ataque a la libertad de expresión y una respuesta desproporcionada a un activo movimiento en línea que venía exponiendo los supuestos privilegios de los hijos de altos cargos políticos. La campaña, conocida localmente por etiquetas sobre los «hijos de los poderosos», difundía videos y fotografías de vacaciones de lujo, artículos de diseñadores y presuntos casos de favoritismo. El contenido tocó una fibra sensible en un país donde muchos jóvenes ven pocas perspectivas laborales y dependen de los datos móviles baratos para mantenerse en contacto con sus familiares que trabajan en el extranjero.

La campaña sobre los hijos de los poderosos

El término deriva de «nepo baby», una expresión de la cultura popular, pero en Nepal adquirió un tono político más contundente. Las publicaciones acusaban a los hijos de figuras destacadas de exhibir una riqueza incompatible con el servicio público. Sus partidarios dicen que la polémica en línea no buscaba convertir la vida privada en un espectáculo, sino cuestionar una cultura de clientelismo e impunidad. La prohibición del Gobierno, levantada en menos de un día después de que los enfrentamientos se volvieran mortales, llegó demasiado tarde para frenar la movilización. Las manifestaciones ya se habían extendido por el valle de Katmandú y otras ciudades, y pasaron de una reivindicación puntual a un llamamiento más amplio a favor de una gestión pública transparente.

Las plataformas son parte integral de la vida diaria de una gran proporción de la población nepalesa. Investigadores del ámbito digital calculan que a principios de 2025 había más de 14 millones de identidades en redes sociales en un país de aproximadamente 30 millones de habitantes. El cierre de esos servicios afectó a todos los sectores de la sociedad, desde los emprendedores que promocionan sus productos en Instagram hasta las familias migrantes que dependen de Facebook y WhatsApp para comunicarse en distintos husos horarios. Cuando las filas de policías antidisturbios se enfrentaron a las multitudes frente al Parlamento, estalló un descontento que llevaba años acumulándose.

Un enfrentamiento mortal en torno al Parlamento

El día más sangriento fue el lunes. Miles de personas se congregaron cerca del Parlamento, en New Baneshwar; muchas eran estudiantes que aún llevaban el uniforme. Cuando una parte de la multitud avanzó hacia la zona de acceso restringido alrededor del Parlamento, la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma, y después munición real. Al menos 19 personas murieron el primer día, la mayoría en Katmandú, y cientos recibieron atención en hospitales por heridas de bala, lesiones en la cabeza y exposición a gases lacrimógenos. Se registraron dos muertes en Itahari, en las llanuras orientales. Al día siguiente hubo más enfrentamientos y más muertes, lo que elevó el balance nacional a al menos 30.

Médicos del Centro Nacional de Traumatología describieron heridas en el pecho y la cabeza mientras atendían sin descanso a quienes llegaban de las calles. Testigos relataron que la policía disparó contra multitudes numerosas y que los agentes fueron ahuyentados por manifestantes que lanzaban piedras e incendiaban vehículos. A medida que se difundían los videos, aumentaba la indignación pública y, para última hora del martes, la continuidad del primer ministro en el cargo se había vuelto insostenible.

Desde una sala de hospital del centro de Katmandú, un estudiante universitario herido describió lo que había visto. Su testimonio, difundido por medios internacionales, es uno de los muchos que apuntan al caos previo a los disparos y a grupos ajenos que azuzaban la violencia cerca de las primeras líneas. Dijo que un manifestante que estaba justo delante de él cayó herido en el pecho y que sus amigos lo pusieron a salvo entre el humo y las sirenas.

Sareesha Shrestha, una joven manifestante de la capital, dijo a los periodistas que el apagón de las redes sociales se sintió como la última ofensa tras años de escasez de empleo y clientelismo. Muchos de sus compañeros hablaron de las pocas perspectivas en el país y de que trabajar en el extranjero se había convertido en la opción habitual. Las remesas representan una parte importante de la economía de Nepal y barrios enteros se mantienen conectados mediante conversaciones por teléfono. Cuando la policía reprimió las protestas, dicen, lo que estaba en juego dejó de ser algo abstracto.

El primer ministro Oli se dirigió al país mediante una carta de renuncia tras dos días de agitación. Presentó su salida como un paso para abrir camino a una respuesta política dentro del proceso constitucional de Nepal. Los medios de comunicación publicaron fragmentos que reflejaban el tono de un líder obligado a ceder ante un movimiento callejero que había desestimado apenas unos días antes.

En su carta, el primer ministro explicó por qué dejaba el cargo. Dijo que quería dar espacio a una solución pacífica y renovar la política nacional dentro del marco constitucional.

Ante la situación adversa en el país, he presentado mi renuncia con efecto a partir de hoy para facilitar una solución al problema y contribuir a resolverlo políticamente, de conformidad con la Constitución.

Muchos manifestantes reaccionaron con una mezcla de júbilo y dolor. Celebraron el fin del mandato de un líder a quien responsabilizaban de una dura represión y luego encendieron velas en memoria de los compañeros de clase que habían perdido. Tras un periodo de intensos enfrentamientos, las fuerzas de seguridad mantuvieron más distancia mientras el ejército asumía el control de las calles en virtud de las órdenes de toque de queda.

El martes por la noche, el jefe del ejército pidió moderación y el fin de los disturbios, mientras que Estados Unidos y otros socios instaron a la calma y al diálogo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y pidió a las autoridades que protegieran el derecho a la protesta pacífica. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su pesar por las muertes y pidió investigaciones que cumplan las normas de derechos humanos.

Símbolos del Estado envueltos en llamas

Pocas imágenes reflejaron tanto la conmoción como el humo negro que salía del edificio del Parlamento de Nepal. Los manifestantes rompieron ventanas, pintaron consignas con aerosol y vitorearon alrededor de un fuego en la entrada principal. El edificio del Tribunal Supremo y varios ministerios del complejo de Singha Durbar también fueron incendiados o saqueados. Después, el tribunal aplazó las audiencias y alas enteras de oficinas gubernamentales quedaron calcinadas. En algunos barrios atacaron medios de comunicación, comisarías y escuelas, entre ellas una escuela privada vinculada a un alto cargo.

Las viviendas de destacados políticos fueron atacadas, desde la casa de Sher Bahadur Deuba, líder del Congreso Nepalí, hasta la de KP Sharma Oli. Medios locales informaron que también fue atacada la residencia privada del presidente Ram Chandra Paudel, lo que pone de manifiesto la rapidez con que los disturbios traspasaron los límites que suelen proteger los principales cargos del Estado. Se utilizaron helicópteros para evacuar a algunos funcionarios cuando las multitudes llegaron a los distritos interiores de la capital.

Fugas de prisiones y un vacío de seguridad

En medio del caos, varias prisiones fueron asaltadas. Los primeros recuentos indicaron que unos 900 reclusos habían escapado de dos centros penitenciarios del oeste del país; informes posteriores mencionaron fugas en otros distritos y miles de personas huidas en total. Entre quienes escaparon había jóvenes detenidos; cinco de ellos fueron abatidos posteriormente por las fuerzas de seguridad. En los días siguientes, el ejército dijo que había recuperado armas robadas a la policía, y grupos juveniles ayudaron a devolver armas de fuego o a acompañar a los fugitivos de vuelta a prisión. El aeropuerto internacional Tribhuvan cerró temporalmente debido al humo y reabrió una vez controlados los peores incendios.

En algunas zonas de Katmandú, los manifestantes formaron cadenas humanas para proteger lugares que consideraban fuera del alcance de los ataques, entre ellos un campamento del ejército. Para el miércoles, había comenzado la retirada de escombros de plazas públicas y calles residenciales, una señal de cómo las redes comunitarias intervinieron mientras los servicios oficiales tenían dificultades para responder.

Dimite un líder y se abre un vacío

Oli, de 73 años, dimitió para abrir paso a una solución política tras dos días de convulsión. El presidente aceptó su carta y comenzó las consultas para encontrar un sucesor. Algunos miembros del gabinete ya habían renunciado por razones éticas y altos cargos políticos buscaron refugio junto a las fuerzas de seguridad mientras el Parlamento permanecía dañado. El jefe de Estado también tomó medidas para reunir en conversaciones a los organizadores de las protestas y a los responsables del ejército, en un delicado intento por devolver la estabilidad a las instituciones.

Entre los nombres que se barajaban para un cargo interino había personas con reputación ajena a la política partidista, como la ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, y figuras electas populares, como el alcalde de Katmandú, Balendra Shah. Los obstáculos legales y el equilibrio de fuerzas entre las coaliciones hacen que cualquier transición sea compleja. Los manifestantes desconfían de los acuerdos entre bastidores que ignoren su principal exigencia: que se investiguen los casos de corrupción y se reformen las instituciones. Entre las propuestas que se debaten figuran disolver el Parlamento, convocar elecciones anticipadas, crear órganos de supervisión independientes e investigar los bienes adquiridos ilegalmente. Ninguna de esas medidas es sencilla, pero todas reflejan la magnitud del descontento público.

Qué piden los manifestantes

Los organizadores de las movilizaciones juveniles dicen que las demandas iniciales eran sencillas: levantar la prohibición de las redes sociales, exigir responsabilidades a quienes cometieron actos de corrupción y a los responsables de las muertes, y nombrar a un liderazgo competente e independiente de las élites partidistas arraigadas. Algunos han pedido un organismo de control de la corrupción con facultades reales, inspirado en instituciones de defensoría del pueblo de otras democracias, y transparencia en las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos y sus familias. Otros quieren un proceso formal de búsqueda de la verdad sobre el uso de la fuerza frente al Parlamento y en otras ciudades.

Gagan Kumar Thapa, del Congreso Nepalí y parte de la coalición saliente, dijo que el primer ministro debía asumir toda la responsabilidad por la violencia en torno a la protesta pacífica. La oposición exigió una renovación completa. Muchos grupos estudiantiles insistieron en que no aceptarían un simple cambio de ministros, pues los anteriores relevos de cargos no habían cambiado la forma en que se distribuían el dinero y el poder en Katmandú.

Por qué la generación Z está en el centro

Los jóvenes son el rostro de esta revuelta. El descontento lleva años creciendo entre estudiantes y recién graduados que tienen dificultades para encontrar un empleo estable en el país. La tasa de desempleo juvenil se situó en torno al 20,8 % en 2024, según encuestas citadas por medios internacionales. Millones de nepaleses trabajan en el extranjero, principalmente en la construcción y los servicios en los países del golfo Pérsico, Malasia y otros lugares. Según algunas estimaciones, las remesas representan más de un tercio del ingreso nacional. Para las familias separadas por las fronteras, las redes sociales son un vínculo esencial para compartir noticias, enviar dinero y gestionar emergencias. Un apagón repentino cortó ese vínculo.

El contexto político también importa. Desde la abolición de la monarquía en 2008, tras una insurgencia de una década, Nepal ha pasado por líderes y alianzas a un ritmo vertiginoso. Las mismas figuras de alto nivel se han alternado en el cargo de primer ministro. Muchos jóvenes ven una clase política que habla de reformas mientras protege las redes clientelares. En un contexto de aumento de los precios y escasas oportunidades, era previsible que una campaña que avergonzaba a los hijos de los políticos por sus estilos de vida lujosos desatara un examen de conciencia más amplio.

Varios manifestantes describieron el movimiento como propio y dijeron que no estaba dirigido por partidos. Un joven activista afirmó que el Gobierno solo escuchó cuando aumentó el número de muertos y prometió que las movilizaciones continuarían hasta que los responsables de los disparos fueran llevados ante la justicia.

Priya Sigdel, activista de la sociedad civil, habló de la rendición de cuentas y de la negativa a volver a la normalidad. Dijo que las vidas perdidas deben significar algo y que el silencio continuado solo afianzaría el ciclo de privilegios. Su frustración resuena en campus y barrios donde esta semana se celebraron homenajes a los muertos.

Han muerto muchos jóvenes inocentes. Si guardamos silencio, estos líderes y sus hijos continuarán con el mismo sistema corrupto. Ahora que el Gobierno nos ha demostrado que tenemos que morir para que nos escuchen, entonces moriremos. Pero no nos detendremos. Los responsables deben rendir cuentas y este Gobierno debe dimitir.

En las calles frente al Parlamento incendiado, muchos también expresaron esperanza. Un joven de 20 años que estaba entre la multitud dijo a la BBC que había llegado el momento de cambiar a los líderes y de usar los impuestos para impulsar el crecimiento, en lugar de destinarlos a privilegios. Esa mezcla de desafío y optimismo refleja mejor el ánimo de las protestas que las escenas de incendios intencionados que dominaron los titulares en todo el mundo.

Desde su cama de hospital, un estudiante de 18 años dijo a los periodistas que aún cree que el país puede desarrollarse si el poder pasa a manos responsables. Atribuyó a provocadores violentos el desvío de una marcha pacífica y dijo que volvería a clase tan pronto como pudiera sostener un bolígrafo. Esos testimonios en primera persona forman ahora parte del registro público que legisladores y jueces deberán tener en cuenta al debatir las reformas.

El ejército en las calles y los llamamientos al diálogo

Para última hora del martes, el ejército había asumido un papel central en la protección de lugares clave de la capital. Las tropas establecieron puestos de control e hicieron cumplir los toques de queda en Katmandú y otras ciudades. El jefe del ejército dijo que todas las instituciones de seguridad estaban preparadas para controlar la situación si la violencia continuaba después de las 22:00, hora local. Los grupos de manifestantes afirmaron estar dispuestos a dialogar, pero insistieron en que se les garantizara el paso seguro, se pusiera fin a las detenciones masivas y se tomaran medidas firmes para exigir responsabilidades.

Las autoridades dijeron que actores externos se estaban aprovechando de los disturbios, mientras que los líderes estudiantiles respondieron que los provocadores habían intentado desacreditar una campaña pacífica. Las noticias sobre fugas de prisiones y armas robadas aumentaron la preocupación pública. El ejército dijo que había recuperado algunas armas de fuego sustraídas a la policía, y se grabó a grupos juveniles locales entregando armas o acompañando de vuelta a prisión a personas fugadas. La ONU pidió moderación e investigaciones que cumplan las normas internacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos instó al Gobierno a proteger la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.

A pesar de la conmoción, la sociedad civil se movilizó rápidamente. Abogados ofrecieron asistencia gratuita a los detenidos. Personal médico voluntario atendió en clínicas cerca de los focos de violencia. Grupos comunitarios organizaron labores de limpieza y repartieron comida a las familias de pacientes que esperaban noticias en los hospitales. En algunas zonas, patrullas organizadas por los propios vecinos intentaron evitar incendios intencionados o saqueos. Dijeron que no querían que sus barrios se convirtieran en campos de batalla.

Repercusiones regionales y reacciones diplomáticas

Nepal está situado entre India y China, y ambos países vecinos siguen de cerca los acontecimientos. Durante anteriores mandatos, se consideraba que Oli estaba más próximo a Pekín. Su salida podría abrir nuevas maniobras entre partidos que buscan el apoyo de Nueva Delhi o Pekín. Por ahora, ambas capitales priorizan la estabilidad en su frontera del Himalaya. India pidió calma y una salida pacífica. China también instó a la moderación. Estados Unidos dijo que apoya la gobernanza democrática de Nepal e instó a todas las partes a evitar más derramamiento de sangre.

La revuelta se inscribe en una tendencia regional en la que movimientos juveniles exigen responsabilidades tras años de dificultades económicas. Las protestas multitudinarias de Sri Lanka en 2022 obligaron a un presidente a huir. En Bangladesh, las movilizaciones estudiantiles se convirtieron en una rebelión política generalizada. La crisis de Nepal tiene causas y alianzas distintas, pero la energía en las calles nace de un sentimiento parecido: el de jóvenes que creen que las élites arraigadas no han logrado garantizar un gobierno honesto ni oportunidades.

Qué puede ocurrir ahora en Nepal

A puerta cerrada, altos dirigentes debaten la formación de una administración interina que guíe al país durante la crisis. Entre las propuestas figuran disolver el Parlamento actual, fijar un calendario breve para celebrar elecciones anticipadas, incautar bienes adquiridos ilegalmente y crear un organismo sólido contra la corrupción. Para aplicar medidas delicadas, un Gobierno interino necesitaría un amplio respaldo de los partidos y la sociedad civil. El proceso legal para nombrar a una figura de transición ajena a las dirigencias partidistas no es sencillo, y los cálculos de coalición en un Parlamento fragmentado complican la situación.

Se perfilan dos desafíos inmediatos. El primero es determinar si el Estado puede garantizar investigaciones imparciales sobre el uso de la fuerza y los incendios intencionados sin detener a manifestantes pacíficos. El segundo es saber si las conversaciones abiertas con los líderes juveniles pueden producir un programa que aborde el empleo, la gobernanza y los derechos digitales. Muchos manifestantes dicen que aceptarán los toques de queda si las conversaciones son serias y transparentes. Si perciben tácticas dilatorias, los organizadores prometen mantener las movilizaciones pacíficas cuando se levante la prohibición de las concentraciones.

Para los nepaleses de a pie que vieron arder sus barrios y cerrar sus escuelas, la prioridad es sencilla: restablecer la paz sin impunidad, reactivar los servicios básicos y comenzar la lenta tarea de recuperar la confianza en las instituciones. Eso requiere plazos claros, informes públicos sobre las investigaciones y un plan creíble para reformar la relación entre la política y el dinero en Katmandú.

Puntos clave

• Al menos 30 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas en los peores disturbios que Nepal ha vivido en décadas, tras la escalada de las protestas juveniles contra la corrupción.
• Los manifestantes irrumpieron e incendiaron el Parlamento, el Tribunal Supremo y ministerios del complejo de Singha Durbar, y atacaron las residencias de altos dirigentes.
• El primer ministro KP Sharma Oli dimitió y dijo que su salida facilitaría una solución constitucional a la crisis; el presidente comenzó las conversaciones para encontrar un sucesor.
• Las protestas fueron provocadas por la prohibición, posteriormente levantada, de 26 plataformas de redes sociales y se vieron impulsadas por una campaña en línea sobre los hijos de los poderosos que puso de relieve los privilegios y la presunta corrupción.
• Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y munición real en torno al Parlamento; 19 personas murieron el primer día de enfrentamientos.
• Hay toques de queda en varias ciudades, el ejército está desplegado y hay puestos de control por todo el valle de Katmandú; las autoridades advierten contra nuevos actos de violencia.
• Varias prisiones fueron asaltadas durante el caos y escaparon desde cientos hasta miles de reclusos; se han recuperado algunas armas robadas a la policía.
• Los manifestantes exigen que se rindan cuentas por las muertes, medidas contra la corrupción, un organismo de control independiente y un debate sobre un Gobierno interino y elecciones anticipadas.
• La ONU y gobiernos extranjeros pidieron moderación e investigaciones creíbles; grupos juveniles han comenzado tareas de limpieza y han ayudado a devolver objetos robados.
• La frustración juvenil de larga data por la falta de empleo y el clientelismo, junto con la dependencia de las redes sociales para la vida familiar y los negocios, marcó la magnitud y la intensidad de las protestas.