Un plazo de tres meses para aplicar la ley vigente
La Corte Suprema de Nepal ordenó al Gobierno establecer normas para el cultivo y la producción controlados de cannabis, lo que abre la vía a actividades autorizadas con fines medicinales, científicos e industriales después de décadas de prohibición. El Gobierno debe preparar reglamentos, estándares y procedimientos en un plazo de tres meses desde que reciba la orden.
Contenido
- Un plazo de tres meses para aplicar la ley vigente
- Qué permite ya la ley vigente
- Cómo llegó Nepal a esta decisión
- Los cultivos industriales y la producción medicinal requieren normas distintas
- Qué podría significar un nuevo cultivo para los agricultores de las zonas montañosas
- ¿Quién recibiría los ingresos?
- Las provincias han avanzado, pero las responsabilidades deben coordinarse
- Los análisis y la trazabilidad son fundamentales para la salud pública
- Las cifras penitenciarias reflejan un problema de justicia más amplio
- Puntos clave
Los jueces Nahakul Subedi y Til Prasad Shrestha emitieron el fallo en mayo de 2025, el día 4 del mes de Jestha de 2082 según el calendario nepalí. La sentencia aborda la brecha entre la Ley de Estupefacientes (Control), 2033, que contempla excepciones limitadas a la prohibición del cannabis, y los mecanismos gubernamentales necesarios para hacerlas efectivas.
La orden abarca los usos medicinales, científicos, agrícolas, hortícolas e industriales. El cultivo, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución y el comercio internacional se realizarían mediante permisos y mecanismos de supervisión. El uso recreativo sigue prohibido, mientras que el tribunal ha pedido al Gobierno que consulte a más sectores sobre posibles cambios relacionados con ese uso.
Para los agricultores de las zonas montañosas de Nepal, la pregunta práctica es si podrán vender una cosecha legal a un comprador autorizado y a un precio conveniente. Para el Gobierno, la tarea consiste en integrar los permisos agrícolas, los análisis de productos, el procesamiento industrial y el control de drogas en un sistema que la población pueda utilizar.
Saroj Adhikari, uno de los demandantes que presentó el caso, celebró el fallo:
Agradecemos a la Corte Suprema esta decisión
La sentencia completa se hizo pública mucho después de que se emitiera el fallo. La fecha de publicación se indica como el día 13 del mes de Kartik de 2083 en el texto en nepalí, mientras que informaciones fechadas el 5 de noviembre de 2026 situaron su publicación esa semana. Según se informó, documentos judiciales fueron destruidos en un incendio durante las protestas de septiembre de 2025 que derrocaron al Gobierno, lo que retrasó su publicación.
Qué permite ya la ley vigente
El Ministerio de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios publica la Ley de Estupefacientes (Control), promulgada en 2033 según el calendario nepalí, es decir, en 1976. El artículo 4 prohíbe en general el cultivo, la producción, la preparación, la compra, la venta, la importación, la exportación, el transporte, el almacenamiento y el consumo de cannabis.
El artículo 4 también incluye una excepción específica relacionada con el cannabis silvestre de las zonas montañosas del oeste de Nepal. Permite al Gobierno aprobar normas que autoricen la producción, recolección, posesión y comercio de charas, un producto de resina de cannabis, durante un período determinado. Las personas que actúen con la licencia requerida estarían amparadas por esa excepción.
El artículo 6 ofrece otra vía. El Gobierno, o una institución que cuente con una licencia especial y actúe en su nombre bajo su plena dirección y control, puede cultivar, preparar, producir, fabricar, importar o exportar estupefacientes con fines medicinales o de investigación científica. La disposición también permite su venta por recomendación de un médico autorizado.
Por tanto, la instrucción del tribunal pone en el centro de la reforma una responsabilidad legal ya vigente. El Parlamento creó hace décadas vías limitadas para actividades autorizadas; ahora, el Gobierno debe establecer las normas detalladas que determinen quiénes pueden participar y en qué condiciones.
Cómo llegó Nepal a esta decisión
Nepal revocó las licencias de los comerciantes de cannabis en 1973, bajo presión internacional, durante una campaña contra las drogas liderada por Estados Unidos. Antes de ese cambio, había tiendas autorizadas en Katmandú que vendían hachís a visitantes, incluidos mochileros extranjeros.
El debate actual ha pasado de preguntarse si el cannabis tiene cabida en Nepal a determinar qué usos debe autorizar el Estado y cómo debe supervisarlos. Birodh Khatiwada, exministro de Salud, promovió una moción parlamentaria sobre la reforma del cannabis en 2020.
- 1973: Nepal revocó las licencias de los comerciantes de cannabis.
- 1976: La Ley de Estupefacientes (Control) estableció prohibiciones amplias junto con excepciones limitadas.
- 2020: Khatiwada promovió una moción parlamentaria a favor de la reforma.
- Mayo de 2025: La Corte Suprema emitió su orden para regular el cultivo y la producción.
- 2026: Se hizo pública la sentencia completa, que puso en primer plano los requisitos para su aplicación.
El próximo plazo legal empieza a contar desde que el Gobierno recibe la orden. No se ha indicado la fecha de recepción, por lo que todavía no se puede precisar una fecha límite para completar las normas.
Los cultivos industriales y la producción medicinal requieren normas distintas
La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes establece un marco internacional para controlar el cannabis. El artículo 28 aplica un sistema de control vinculado al artículo 23 cuando se cultiva cannabis para producir cannabis o resina de cannabis.
Sin embargo, el artículo 28(2) excluye del ámbito de aplicación de la convención el cultivo destinado exclusivamente a fines industriales relacionados con la fibra y las semillas, o a fines hortícolas. Esto establece una situación distinta para esos cultivos en virtud del tratado, aunque las autorizaciones y restricciones internas de Nepal siguen regulando las actividades en el país.
El cáñamo industrial suele referirse a variedades de cannabis cultivadas para obtener materiales como fibra y semillas, con bajos niveles de THC. El THC es la sustancia responsable principalmente de los efectos intoxicantes asociados al cannabis. El cultivo medicinal requiere controles adecuados para el producto previsto y su composición.
Por tanto, Nepal debe especificar las variedades permitidas, los métodos de análisis y los niveles aceptables de THC para cada uso autorizado. Los requisitos de aplicación de la sentencia dejan esas decisiones prácticas en manos del proceso regulatorio. Un agricultor que cultiva fibra, un laboratorio que realiza investigaciones y un productor que suministra medicamentos necesitan permisos adecuados para sus distintas actividades.
Qué podría significar un nuevo cultivo para los agricultores de las zonas montañosas
En los distritos montañosos disminuye el interés por la agricultura tradicional, mientras los jóvenes se trasladan a las ciudades o al extranjero en busca de trabajo. El cannabis ya crece de forma natural en algunas zonas, y sus tallos, hojas y resina se utilizan desde hace mucho tiempo en textiles, alimentos y remedios tradicionales.
El cultivo industrial podría suministrar fibra, tela, papel, aceite y materiales de construcción. La producción medicinal dependería de la investigación, una composición uniforme y controles de calidad. Cada mercado requiere algo más que una cosecha: necesita procesadores, compradores y productos que cumplan sus especificaciones.
Khotang figura entre los distritos montañosos considerados como posibles zonas de cultivo. Para evaluar sus perspectivas habría que estudiar el suelo, el clima, los rendimientos, los costos de transporte y la demanda. También hay que tener en cuenta la disponibilidad de tierras y el efecto en la producción de alimentos.
Un cultivo en tierras sin uso podría ofrecer una fuente adicional de ingresos. En cambio, uno que desplace la producción de alimentos o llegue a la cosecha sin un comprador autorizado podría generar nuevos costos para los hogares. Por eso, el cultivo piloto, los acuerdos de compra fiables y la capacidad de procesamiento son prioridades prácticas para cualquier programa.
¿Quién recibiría los ingresos?
Los agricultores entrarían en un mercado condicionado por el acceso a licencias, semillas adecuadas, asesoría técnica, laboratorios y equipos de procesamiento. Las empresas que controlen esos servicios podrían tener un poder considerable para fijar el precio de compra del material cosechado.
Entre las medidas de protección propuestas figuran procedimientos transparentes para conceder permisos y acceso para grupos de agricultores, cooperativas y empresas locales. Los acuerdos de compra establecidos antes de la siembra podrían dar a los productores una visión más clara de la demanda, los requisitos de calidad y las condiciones de pago.
La participación en el procesamiento también influiría en cuánto dinero permanece en las comunidades rurales. Vender tallos o flores sin procesar es distinto de suministrar fibra preparada o ingredientes analizados. Para participar en esas etapas posteriores, los agricultores necesitarían inversión y apoyo técnico.
Khatiwada sostiene que la regulación podría crear empleos, generar ingresos y reducir el comercio ilegal. Al describir su reacción al fallo, el exministro de Salud dijo:
La decisión llegó después de una larga espera
También relacionó la reforma con la distribución de los beneficios del mercado ilegal existente:
También ayudará a frenar el contrabando ilegal de marihuana, del que solo se benefician unas pocas personas
Para convertir esa aspiración en ingresos agrícolas se necesitaría un mercado legal con compradores capaces de procesar y vender la cosecha. Las normas sobre el cultivo son solo el primer eslabón de esa cadena.
Las provincias han avanzado, pero las responsabilidades deben coordinarse
La provincia de Gandaki publicó en el Boletín Provincial su Ley para regular y aprovechar el cultivo de cannabis con fines medicinales e industriales, 2083. La norma busca establecer una base provincial para los permisos de cultivo, la supervisión y el uso industrial.
El programa común mínimo de la provincia de Koshi también incluye el compromiso de establecer disposiciones legales para la producción y comercialización de cannabis dentro del marco de la ley vigente. El municipio de Ilam, en Koshi, ha impulsado un procedimiento operativo sobre la promoción y gestión del cultivo de cáñamo.
Estas iniciativas incorporan a los gobiernos provinciales y municipales a un ámbito regulado por una ley federal sobre estupefacientes. Para aplicar las normas, hay que acordar quién concede las licencias, designa las zonas de cultivo, organiza los análisis y responde cuando un productor incumple las condiciones de su permiso.
Los productores deben entender claramente esas responsabilidades antes de empezar a sembrar. La legislación provincial, los procedimientos municipales y los controles federales deben funcionar de manera coordinada para que la misma cosecha pueda pasar legalmente de un campo autorizado a un procesador autorizado.
Los análisis y la trazabilidad son fundamentales para la salud pública
La protección de la salud pública depende de saber qué se cultiva, qué contiene el producto final y dónde se vende. Los productos sin analizar, los niveles de THC sin controlar y la distribución no autorizada son algunos de los riesgos que debe abordar el marco propuesto.
Los laboratorios tendrían que comprobar si los cultivos y productos cumplen las normas para el uso previsto. Los registros de cada etapa, desde el cultivo hasta el procesamiento y la venta, permitirían a las autoridades seguir el material a través del sistema autorizado.
Los productos medicinales requieren especial cuidado porque los pacientes y quienes los recetan necesitan información fiable sobre su composición y calidad. La producción industrial tiene requisitos distintos, pero las autoridades también deben verificar que los productores y procesadores operen dentro de los permisos concedidos.
También habría que proteger a niños y jóvenes mediante controles de acceso y programas para abordar el uso indebido. La policía seguiría siendo responsable de combatir el cultivo y el comercio no autorizados, mientras que los productores con licencia estarían sujetos a la supervisión del nuevo sistema.
Las medidas de control vigentes en Nepal siguen siendo estrictas. Los comerciantes de cannabis pueden ser condenados a hasta 10 años de prisión, y la policía incauta y destruye miles de plantas cada año. La transición a una producción autorizada requeriría instrucciones claras tanto para los agentes encargados de hacer cumplir la ley como para las comunidades sobre qué actividades están permitidas.
Las cifras penitenciarias reflejan un problema de justicia más amplio
Según datos atribuidos a la Oficina de Control de Estupefacientes de la Policía de Nepal, a mediados del año fiscal 2024/25 había 29.012 personas en prisión y 6.126 detenidas por cargos de tráfico de drogas, alrededor del 21,1 %. Otro informe cifra en 6.012 las personas detenidas durante el primer semestre de ese año fiscal. La categoría abarca casos de tráfico relacionados con distintas drogas; esos informes no ofrecen una cifra separada para el cannabis.
Las cifras llaman la atención sobre la situación de los transportistas, que pueden recibir pagos pequeños mientras quienes organizan las operaciones conservan mayores ganancias. El debate original sobre la reforma también plantea inquietudes por los jóvenes cuya vida laboral y familiar se ve alterada por el encarcelamiento, así como por las dificultades para rehacer su vida tras salir de prisión.
Entre las propuestas para una respuesta más justa figuran evaluar el papel de cada persona, los beneficios económicos que obtuvo, sus vínculos con redes de tráfico organizado, sus circunstancias y sus antecedentes. La formación profesional, el apoyo para encontrar empleo y la ayuda para reintegrarse a la comunidad abordarían necesidades que persisten más allá de una condena de prisión.
La orden sobre el cultivo se refiere a los mecanismos para autorizar actividades. Cualquier cambio en las penas o en el tratamiento de los casos existentes requeriría decisiones legales propias. Por ahora, la tarea inmediata del Gobierno es publicar normas aplicables, determinar qué organismos serán responsables y establecer los controles necesarios para la producción autorizada.
Puntos clave
- La Corte Suprema ordenó establecer reglamentos, estándares y procedimientos en un plazo de tres meses desde que el Gobierno reciba la orden.
- El marco contempla actividades controladas con fines medicinales, científicos, agrícolas, hortícolas e industriales. El uso recreativo sigue prohibido.
- La ley de estupefacientes de 1976 ya incluye excepciones limitadas para actividades autorizadas.
- Gandaki, Koshi e Ilam han impulsado iniciativas relacionadas que deben coordinarse con la legislación federal.
- Los ingresos agrícolas dependerán del acceso a permisos, análisis, procesamiento y compradores fiables.
- Las cifras de personas encarceladas por tráfico de drogas abarcan varias sustancias; todavía hace falta una cifra específica para el cannabis.
