El nuevo Gobierno de Colombo respalda una reestructuración de deuda de 14.700 millones de dólares, que pone de relieve el costo humano de la austeridad impulsada por el FMI y la crisis más amplia que enfrentan los países en desarrollo.
El nuevo Gobierno de Colombo respalda una reestructuración de deuda de 14.700 millones de dólares, que pone de relieve el costo humano de la austeridad impulsada por el FMI y la crisis más amplia que enfrentan los países en desarrollo.
El 19 de septiembre de 2024, el nuevo Gobierno de Sri Lanka, encabezado por el presidente Anura Kumara Dissanayake, respaldó un controvertido acuerdo de reestructuración de 14.700 millones de dólares de deuda externa, negociado originalmente por su antecesor. El acuerdo, una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), llega mientras Sri Lanka sigue recuperándose del colapso económico de 2022, que provocó protestas masivas, la renuncia del presidente y un cambio histórico en el poder político. Mientras el FMI y los acreedores internacionales han elogiado el acuerdo como un paso hacia la estabilidad, sus críticos advierten que las medidas de austeridad resultantes están agravando las dificultades de millones de habitantes de Sri Lanka y reflejan una emergencia de deuda más amplia en el Sur Global.
Contenido
- El nuevo Gobierno de Colombo respalda una reestructuración de deuda de 14.700 millones de dólares, que pone de relieve el costo humano de la austeridad impulsada por el FMI y la crisis más amplia que enfrentan los países en desarrollo.
- El nuevo Gobierno de Colombo respalda una reestructuración de deuda de 14.700 millones de dólares, que pone de relieve el costo humano de la austeridad impulsada por el FMI y la crisis más amplia que enfrentan los países en desarrollo.
- ¿Cómo se desarrolló la crisis de deuda de Sri Lanka?
- ¿En qué consiste el acuerdo de reestructuración de la deuda?
- ¿Cómo ha influido el FMI en la recuperación de Sri Lanka?
- ¿Quién paga el precio?
- ¿Por qué la crisis de Sri Lanka forma parte de una tendencia global?
- ¿Cómo llegó el Sur Global a esta situación?
- ¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales?
- ¿Hay alternativas al sistema actual?
- ¿Qué les espera a Sri Lanka y al Sur Global?
- Puntos clave
¿Cómo se desarrolló la crisis de deuda de Sri Lanka?
La crisis económica de Sri Lanka estalló en 2022, después de años de endeudamiento insostenible, una gestión fiscal deficiente y una serie de perturbaciones externas. El país incurrió por primera vez en su historia en un impago de su deuda externa y se quedó sin divisas para pagar importaciones esenciales, como alimentos y combustible. La crisis se agravó por la pandemia de COVID-19, los atentados del Domingo de Pascua de 2019 y las repercusiones globales de la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectaron gravemente los ingresos del turismo y las exportaciones.
La indignación pública desembocó en el movimiento Aragalaya, una protesta ciudadana amplia que exigía rendición de cuentas y el fin de la corrupción política. El movimiento forzó la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa. Sin embargo, la administración posterior, encabezada por Ranil Wickremesinghe, aplazó nuevas elecciones y, en su lugar, negoció un rescate de 3.000 millones de dólares del FMI, el decimoséptimo programa de este tipo para Sri Lanka, a cambio de amplias reformas económicas y medidas de austeridad.
En septiembre de 2024, los votantes dieron una victoria aplastante a la coalición izquierdista Poder Popular Nacional (NPP), encabezada por Anura Kumara Dissanayake, que prometió justicia económica y romper con el pasado. Sin embargo, el nuevo Gobierno pronto se vio limitado por el acuerdo con el FMI y las condiciones fijadas por los acreedores internacionales.
¿En qué consiste el acuerdo de reestructuración de la deuda?
La reestructuración abarca 14.700 millones de dólares en crédito comercial externo, incluidos 12.500 millones en bonos soberanos internacionales y 2.200 millones adeudados al Banco de Desarrollo de China. En virtud del acuerdo, los acreedores privados aceptaron una reducción del 27 por ciento («quita») de sus préstamos y un recorte adicional del 11 por ciento de los intereses adeudados. El acuerdo también incluye «bonos vinculados a variables macroeconómicas», que aumentan los pagos a los acreedores si la economía de Sri Lanka crece más rápido de lo previsto por el FMI, lo que en la práctica penaliza la recuperación económica.
Pese a los llamamientos iniciales para obtener mejores condiciones, el Gobierno del presidente Dissanayake decidió respetar el acuerdo tras las conversaciones con una delegación del FMI en Colombo. El Ministerio de Finanzas confirmó su respaldo, aunque el acuerdo aún requiere la ratificación del Parlamento. El Gobierno disolvió la asamblea y convocó elecciones anticipadas para el 14 de noviembre de 2024; el nuevo Parlamento debía comenzar sus sesiones una semana después.
Los pagos de intereses absorberán el 41 por ciento del gasto público en 2025, lo que convierte a Sri Lanka en uno de los países más endeudados del mundo en relación con su PIB. Incluso después de la reestructuración, se prevé que la deuda pública equivalga a alrededor del 95 por ciento del PIB en 2032.
¿Cómo ha influido el FMI en la recuperación de Sri Lanka?
El programa del Servicio Ampliado del FMI (EFF, por sus siglas en inglés) para Sri Lanka exige un superávit presupuestario primario del 2,3 por ciento para 2025, lo que obliga al Gobierno a subir los impuestos, recortar el gasto y privatizar empresas estatales. Entre las principales reformas figuran:
- Privatizar empresas estatales y servicios públicos
- Congelar las contrataciones en el sector público
- Aplazar o cancelar proyectos de infraestructura rural
- Reducir los subsidios para el combustible, la agricultura y la pesca
- Subir los precios de la energía y eliminar los controles de precios
- Desvincular el Banco Central del control estatal
Estas medidas buscan restablecer la estabilidad macroeconómica y dar garantías a los acreedores. Sin embargo, también han provocado una fuerte caída de la inversión pública, el estancamiento de los presupuestos de salud y educación, y una pesada carga para los ahorros de jubilación de los trabajadores, especialmente los del Fondo de Previsión de los Empleados (EPF, por sus siglas en inglés).
En su primer discurso presupuestario, en febrero de 2025, el presidente Dissanayake reconoció las limitaciones y admitió que Sri Lanka carece de independencia económica y sigue bajo la supervisión del FMI. El Gobierno se comprometió a aumentar la inversión pública del 13 al 18 por ciento del gasto, pero los economistas advierten que, si se aplican los objetivos de ingresos del FMI, la inversión probablemente será lo primero que se recorte.
¿Quién paga el precio?
El costo humano de la «recuperación» de Sri Lanka es evidente. Organizaciones de la sociedad civil estiman que 6,3 millones de personas se están saltando comidas y que al menos 65.600 afrontan una grave escasez de alimentos. La inflación y el aumento de los impuestos han reducido los ingresos reales, mientras que los costos del combustible y de los insumos se han disparado para pescadores y agricultores. El gasto público en salud para 2025 equivale apenas al 1,5 por ciento del PIB: cinco veces menos que la cantidad asignada al servicio de la deuda pública.
Los pescadores afirman que los elevados costos del combustible siguen reduciendo sus ingresos, mientras que los agricultores afrontan el aumento de los precios de los insumos, las perturbaciones climáticas y la reducción del apoyo estatal. El Gobierno ha restablecido algunos subsidios para la agricultura y la pesca, pero muchos dicen que no bastan para compensar el impacto de la austeridad.
Los trabajadores del sector público afrontan una congelación de las contrataciones, y grandes proyectos de infraestructura de transporte y riego se han aplazado o cancelado. La financiación de la salud y la educación se ha estancado pese al aumento de los costos, y las reformas de las pensiones han reducido la seguridad económica durante la jubilación para millones de personas.
Las mujeres y las comunidades marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada. Las medidas de austeridad han provocado pérdidas de empleo en sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas, han aumentado el trabajo de cuidados no remunerado y han agravado la inseguridad económica. Según los críticos, las políticas del FMI han profundizado la desigualdad y la pobreza, y han socavado los propios cimientos de la estabilidad social.
¿Por qué la crisis de Sri Lanka forma parte de una tendencia global?
La situación de Sri Lanka no es única. En todo el Sur Global, los países afrontan una creciente crisis de deuda que amenaza el desarrollo y la soberanía. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la mitad de la población mundial, unos 3.300 millones de personas, vive actualmente en países que gastan más en el pago de intereses que en salud o educación. Solo en 2024, los países en desarrollo pagaron 921.000 millones de dólares en intereses; las naciones africanas fueron algunas de las más afectadas.
En muchos casos, los pagos de deuda de los países en desarrollo ya superan sus ingresos nacionales; 118 naciones afrontan dificultades de endeudamiento y 31 han incurrido en impago o han perdido el acceso a financiación externa. El Banco Mundial informa que los pagos de intereses de los países de bajos ingresos se han cuadruplicado en la última década. Los acreedores privados, como bancos, fondos de inversión y fondos de pensiones, poseen actualmente casi la mitad de la deuda pública externa de los países en desarrollo y suelen mostrarse reacios a participar en reducciones o reestructuraciones de deuda.
Los mecanismos existentes de alivio de la deuda suelen considerarse insuficientes: son improvisados, fragmentados y favorecen a los acreedores. El Marco Común del G20 para el Tratamiento de la Deuda está estancado, y los propios programas del FMI suelen anteponer los intereses de los acreedores a los de los países prestatarios.
¿Cómo llegó el Sur Global a esta situación?
Los orígenes de la crisis se remontan a varias décadas. Tras la descolonización, muchos países en desarrollo recurrieron al Banco Mundial y al FMI para obtener préstamos, a menudo a cambio de políticas que reducían el gasto social, privatizaban activos estatales y abrían las economías a los mercados globales. Estos programas de «ajuste estructural», aplicados por primera vez en la década de 1980, pretendían reducir la deuda, pero en cambio afianzaron ciclos de dependencia, austeridad y subdesarrollo.
Desde 1980, la deuda externa de los países en desarrollo se ha duplicado cada diez años y se multiplicó por 19 entre 1980 y 2023. En 2023, los gobiernos y actores privados del Sur Global, excluida China, pagaron más de 971.000 millones de dólares a acreedores extranjeros. En muchos casos, el servicio de la deuda ya supera el gasto en educación o salud.
Los acreedores privados han adquirido un peso cada vez mayor, y su negativa a participar en un alivio significativo de la deuda ha vuelto lentas y dolorosas las reestructuraciones. Por ejemplo, resolver el impago de Zambia de 2020 tomó cuatro años; durante las negociaciones, los acreedores privados obtuvieron mejores condiciones para sí mismos que los prestamistas públicos.
Las recientes perturbaciones globales —el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la Unión Europea, la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania— han sometido a las economías en desarrollo a una presión aún mayor. Cuando se agotó la financiación privada, prestamistas multilaterales como el FMI y el Banco Mundial intervinieron con préstamos de emergencia, pero estos venían acompañados de condiciones estrictas: más austeridad, privatizaciones y liberalización económica.
¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales?
La intervención del FMI en Sri Lanka forma parte de una tendencia más amplia en la que las instituciones financieras internacionales y los acreedores privados ejercen una influencia considerable sobre las políticas nacionales. Los críticos sostienen que esto socava la democracia y la soberanía, y obliga a los Gobiernos a dar prioridad al pago de la deuda por encima de las necesidades sociales.
Ahilan Kadirgamar, economista político de Sri Lanka, explica:
El programa del FMI para Sri Lanka exige un elevado superávit presupuestario primario, lo que lleva a aumentar los impuestos y aplicar medidas de austeridad, y da prioridad al pago de la deuda frente al gasto social. Esto ha provocado una grave contracción económica, con precios elevados de los alimentos, menor acceso a bienes esenciales y recortes en los servicios públicos.
Muchas personas en Sri Lanka y otros lugares consideran que la crisis es una cuestión de derechos humanos. Una reciente mesa redonda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la crisis de deuda es, en esencia, una crisis de derechos humanos, y pidió reformas de la arquitectura financiera internacional para proteger los derechos a la alimentación, la salud y la educación.
Los movimientos de base están respondiendo. En septiembre de 2025, más de 500 delegados de todo el mundo se reunirán en Kandy, Sri Lanka, para el tercer Foro Global Nyéléni por la soberanía alimentaria. El foro reunirá a pequeños productores de alimentos, pueblos indígenas, sindicatos e investigadores para elaborar alternativas al modelo actual, basado en la deuda. Entre los temas centrales figurarán la cancelación de la deuda, las reparaciones climáticas y la democratización de la gobernanza de la deuda.
¿Hay alternativas al sistema actual?
Muchos expertos y activistas sostienen que el enfoque actual de la deuda y el desarrollo es insostenible. Piden un mecanismo permanente y transparente de resolución de la deuda, centrado en la justicia, el desarrollo y la soberanía nacional. Entre las propuestas figuran:
- Cancelar sin condiciones la deuda de los países en dificultades
- Ofrecer reparaciones por injusticias históricas y daños climáticos
- Reformar el sistema financiero global, incluida una convención marco de la ONU sobre la deuda soberana
- Establecer principios de préstamo responsable y suspender automáticamente los pagos de deuda durante las crisis
- Crear nuevos derechos especiales de giro (DEG) y canalizar los DEG no utilizados a través de bancos multilaterales de desarrollo
- Realizar canjes de deuda por acción climática, como en Barbados, para vincular el alivio de la deuda con inversiones ecológicas
El Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST) del FMI, creado en 2022, busca ofrecer financiación concesional a largo plazo para ayudar a los países a afrontar desafíos estructurales como el cambio climático. Las primeras experiencias en Barbados y Jamaica sugieren que vincular el alivio de la deuda con la acción climática puede crear margen fiscal para el desarrollo sostenible. Sin embargo, los críticos sostienen que las cantidades siguen siendo demasiado pequeñas y que se necesitan reformas más amplias.
Los países prestatarios empiezan a coordinarse con mayor eficacia y forman grupos como la Unión Común de Prestatarios para reforzar su posición negociadora. También ganan visibilidad las perspectivas feministas, que ponen de relieve los efectos de la deuda y la austeridad según el género.
¿Qué les espera a Sri Lanka y al Sur Global?
La experiencia de Sri Lanka ofrece lecciones valiosas para otros países de ingresos medios que afrontan dificultades de deuda tras la pandemia. Aunque la economía muestra señales de estabilización —crecimiento positivo, baja inflación, un auge del turismo y un mercado bursátil sólido—, persisten grandes desafíos. La salida de profesionales cualificados, con más de 300.000 personas que emigraron solo en 2024, amenaza el desarrollo a largo plazo.
El nuevo Gobierno debe trazar un camino hacia un crecimiento inclusivo y transformador que garantice la sostenibilidad de la deuda y evite futuras crisis. Esto incluye centrarse en sectores de alto crecimiento, como la manufactura, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el turismo sostenible, además de fortalecer los vínculos económicos con socios regionales. La sostenibilidad fiscal es fundamental, y quizá el Gobierno tenga que reestructurar o privatizar empresas estatales deficitarias.
La implementación será un desafío, dada la escasa capacidad del Estado y la falta de experiencia del Parlamento. Será esencial desarrollar conocimientos especializados en gobernanza y mejorar la prestación de servicios públicos. El apoyo internacional, tanto financiero como técnico, desempeñará un papel clave.
Para el Sur Global en su conjunto, la crisis ha reavivado los llamamientos a crear una nueva arquitectura financiera internacional que dé prioridad a la dignidad de las personas por encima de los beneficios de los acreedores. Mientras el mundo se prepara para la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4), en España, aumenta la presión para tomar medidas audaces que reformen el sistema de deuda y abran espacio para un crecimiento sostenible y equitativo.
Puntos clave
- El nuevo Gobierno de Sri Lanka aprobó un acuerdo de reestructuración de deuda de 14.700 millones de dólares y respetó un pacto alcanzado por su antecesor bajo presión del FMI.
- El programa del FMI exige medidas de austeridad, como aumentar los impuestos, recortar el gasto y privatizar empresas, que han causado dificultades generalizadas a la población de Sri Lanka.
- Los pagos de intereses absorberán el 41 por ciento del gasto público en 2025, y se prevé que la deuda pública se mantenga elevada durante años.
- La crisis de Sri Lanka forma parte de una emergencia de deuda más amplia que afecta al Sur Global, donde muchos países gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación.
- Los críticos sostienen que las reformas impulsadas por el FMI socavan la soberanía, profundizan la desigualdad y anteponen los intereses de los acreedores a las necesidades sociales.
- Movimientos de base y expertos piden cancelar la deuda, establecer reparaciones climáticas y reformar el sistema financiero global.
- El próximo Foro Global Nyéléni en Sri Lanka se centrará en crear alternativas al modelo actual, basado en la deuda.
- La recuperación a largo plazo depende de un crecimiento inclusivo, de la inversión en sectores con gran potencial y de la cooperación internacional para encontrar soluciones más justas a la deuda.
