¿Un nuevo amanecer para la energía verde?
Bangladesh presentó oficialmente su esperada Política de Energías Renovables 2025, una reforma legislativa histórica que llega 17 años después de la anterior. La nueva política fija un objetivo ambicioso: generar al menos el 20% de la electricidad del país a partir de fuentes limpias para 2030, con la meta adicional de alcanzar el 30% para 2041. Para impulsar esta transición, el Gobierno ofrece una serie de importantes incentivos, incluida una exención total del impuesto sobre sociedades durante 10 años para los productores de energía renovable, seguida de cinco años de exenciones parciales. Este marco integral busca reducir la fuerte dependencia del país de los combustibles fósiles, abaratar los costos de la energía y reforzar la seguridad energética. Sin embargo, aunque la política se considera un avance importante, expertos en energía y analistas internacionales plantean preguntas críticas sobre su aplicación, viabilidad financiera y coherencia con otras estrategias energéticas nacionales, lo que dibuja un panorama complejo de oportunidades y riesgos para el futuro verde de Bangladesh.
Contenido
- ¿Un nuevo amanecer para la energía verde?
- Los pilares fundamentales de la política de 2025
- Un marco regulatorio y tecnológico moderno
- Las metas ambiciosas se enfrentan a una realidad difícil: ¿podrá cumplir Bangladesh?
- La pregunta de los miles de millones de dólares sobre la financiación
- Señales contradictorias: la sombra de los combustibles fósiles
- Alianzas internacionales y el camino a seguir
- En resumen
La política supone un cambio fundamental en el panorama energético de Bangladesh y da poder a una amplia variedad de actores, desde propietarios de viviendas hasta grandes complejos industriales. Permite que todo tipo de consumidores instale sistemas de energía renovable, como paneles solares en los tejados, y venda el excedente de electricidad a la red o directamente a otros consumidores. Este avance hacia la descentralización cuenta con el respaldo de nuevos mecanismos, como el comercio de energía entre pares (P2P) y las Obligaciones de Compra de Energía Renovable (RPO) para las empresas de servicios públicos. Sin embargo, esta ambiciosa visión se pone en marcha en un entorno difícil, marcado por la inestabilidad de las políticas, un importante déficit de financiación y la fluctuante confianza de los inversores. El camino hacia 2030 será una prueba decisiva del compromiso y la capacidad del Gobierno.
Los pilares fundamentales de la política de 2025
La Política de Energías Renovables 2025 se basa en una estrategia de varios frentes, concebida para eliminar obstáculos y crear condiciones propicias para la inversión verde. Su aspecto más destacado son sus ambiciosas metas. Actualmente, las fuentes renovables aportan aproximadamente 1.563 megavatios (MW), apenas alrededor del 5,6% de la capacidad instalada total del país, de 27.426 MW, y cubren cerca del 8% de la demanda actual. Alcanzar la meta de 6.145 MW para 2030 exigirá una expansión monumental y rápida de la capacidad, con casi 4.600 MW adicionales en poco más de cinco años.
Para impulsar este crecimiento, la política introduce importantes incentivos financieros. El principal atractivo es una exención fiscal de 15 años para los productores públicos y privados de energía renovable: una exención total del 100% durante la primera década, seguida de una exención del 50% durante los tres años siguientes y del 25% durante los dos últimos. Además, la política propone eximir de aranceles de importación e impuesto al valor agregado (IVA) a los componentes y las materias primas para energías renovables, con el propósito de reducir los costos iniciales de los proyectos y fomentar la fabricación local de accesorios solares y otros equipos.
Más allá de los proyectos a gran escala, la política promueve un modelo energético descentralizado. Autoriza formalmente a los consumidores residenciales, comerciales e industriales a instalar sistemas de energía renovable en tejados, patios u otras instalaciones. Conforme a las Directrices de Medición Neta de 2018 actualizadas, pueden vender el excedente de electricidad a empresas de servicios públicos estatales o a entidades privadas. Una innovación clave es el impulso al comercio de energía entre pares (P2P): un sistema en el que quienes tienen paneles solares pueden vender directamente el excedente de energía a sus vecinos o a otros consumidores a través de la red de distribución existente, creando un mercado energético más dinámico y local.
Un marco regulatorio y tecnológico moderno
Para gestionar este nuevo ecosistema, la política establece una estructura regulatoria sólida. La Autoridad de Desarrollo de Energías Sostenibles y Renovables (SREDA) será el organismo central responsable de coordinar, gestionar y supervisar todos los proyectos de energía renovable. Se le encomienda elaborar una hoja de ruta de aplicación con plazos definidos, promover el desarrollo de recursos humanos y garantizar la calidad de los equipos de fabricación local mediante la creación de un laboratorio nacional de investigación y pruebas.
También se introducirán dos mecanismos de mercado fundamentales. El primero es una Obligación de Compra de Energía Renovable (RPO), que exigirá por ley a todas las empresas de servicios eléctricos y a otros grandes consumidores designados que compren un porcentaje determinado de su electricidad de fuentes renovables. El segundo es la creación de Certificados de Energía Renovable (REC), instrumentos negociables basados en el mercado que representan los atributos ambientales de un megavatio-hora (MWh) de electricidad verde. Las empresas pueden comprar estos certificados para cumplir sus objetivos de RPO, lo que ofrece una forma flexible y económicamente eficiente de promover la generación de energía verde en todo el país.
La política también adopta una visión amplia y orientada al futuro de la tecnología. Define las energías renovables de forma integral para incluir no solo la solar y la eólica, sino también la geotérmica, la mareomotriz, las corrientes fluviales, la energía undimotriz, el hidrógeno verde, los biocombustibles, la biomasa y la conversión de residuos en energía. Identifica específicamente 13 tipos de tecnologías solares que busca promover, entre ellas las plantas solares flotantes, los sistemas solares de riego y de suministro de agua potable, y las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Es importante que fomente la coexistencia de la agricultura y la producción de energía mediante conceptos como la agrovoltaica, que consiste en instalar paneles solares sobre terrenos agrícolas de modo que los cultivos puedan crecer debajo. Así se abordan las inquietudes sobre el uso del suelo y la seguridad alimentaria.
Las metas ambiciosas se enfrentan a una realidad difícil: ¿podrá cumplir Bangladesh?
A pesar del alcance integral y las ambiciosas metas de la política, analistas de energía y grupos de la sociedad civil han expresado serias dudas sobre su viabilidad. Una preocupación recurrente entre los críticos es la falta de coherencia de las políticas, que históricamente ha debilitado la confianza de los inversores en el sector eléctrico de Bangladesh. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) señala cambios abruptos recientes, como la derogación de la Ley de Mejora Rápida del Suministro de Electricidad y Energía (QEEESA) de 2010, que permitía presentar propuestas de proyectos no solicitadas. El Gobierno también suspendió más de 30 proyectos renovables que ya habían recibido cartas de intención (LOI) y eliminó de los nuevos documentos de licitación la crucial «cláusula del acuerdo de implementación», una garantía de pago. Los expertos advierten que, sin esas garantías, los proyectos no se consideran «financiables», lo que dificulta enormemente que los promotores consigan el financiamiento mediante deuda que necesitan.
Los primeros resultados de este cambio de política son preocupantes. El primer paquete de licitación, para 12 proyectos que suman 453 MW, no atrajo a ningún oferente extranjero. El Gobierno tuvo que ampliar seis veces el plazo de presentación antes de que finalmente participaran 20 empresas locales. Esta falta de interés extranjero pone de relieve un reto fundamental: el enorme déficit de financiación.
La pregunta de los miles de millones de dólares sobre la financiación
Alcanzar la meta de 2030 requerirá añadir cada año una capacidad estimada de 750 MW, un logro que, según el IEEFA, no puede financiarse únicamente con capital nacional. Aunque el Banco de Bangladesh ha ampliado su programa de refinanciación verde, el límite de los préstamos para un parque solar individual no basta ni siquiera para un proyecto modesto de 10 MW. Expertos como Shafiqul Alam, analista principal del IEEFA para Bangladesh, subrayan que el país necesita urgentemente financiación asequible y a largo plazo de inversores extranjeros y bancos multilaterales de desarrollo, así como instrumentos financieros innovadores, como los bonos verdes.
Khondaker Golam Moazzem, director de investigación del Centro para el Diálogo sobre Políticas (CPD), ha criticado que la política pase por alto el papel fundamental de la inversión extranjera directa (IED), especialmente cuando Bangladesh atraviesa una crisis de divisas. Señala que, aunque la política ofrece exenciones fiscales, no aborda los obstáculos estructurales fundamentales que disuaden al capital privado, como las demoras burocráticas y los complejos procesos de adquisición de terrenos.
Esta incertidumbre financiera se suma a lo que los críticos describen como la falta de una hoja de ruta coherente. Hasan Mehedi, de la Red de Acción Ambiental y Medios de Vida Costeros (CLEAN), señala que la política fija objetivos basados en la capacidad instalada y no en la generación efectiva de electricidad, lo que puede ser un indicador engañoso. Propone hojas de ruta anuales y quinquenales para seguir los avances reales. Los expertos también lamentan que la política se haya redactado con una participación externa limitada, sin consultar suficientemente a la sociedad civil y con poca coordinación con otros marcos nacionales clave, como el Plan Maestro Integrado de Energía y Electricidad (IEPMP) y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) sobre acción climática.
Señales contradictorias: la sombra de los combustibles fósiles
Quizás la contradicción más evidente que debilita la nueva política sea que el Gobierno esté considerando al mismo tiempo nuevos proyectos de combustibles fósiles. Las informaciones de que planea reactivar una central eléctrica de carbón de 1.200 MW en Matarbari han enviado señales contradictorias a la comunidad internacional. Se justifica esta medida como una forma de generar electricidad más barata que en las centrales alimentadas con petróleo, pero los analistas la consideran una decisión cortoplacista que contradice directamente las ambiciones climáticas declaradas por el país. Construir una nueva central de carbón no solo mantendría a Bangladesh atado durante décadas a una infraestructura con altas emisiones de carbono, sino que también agravaría el grave problema de exceso de capacidad del sector eléctrico. Con un margen de reserva actual de alrededor del 61%, añadir más centrales de generación de base sin un aumento correspondiente de la demanda amenaza con empeorar la ya precaria situación financiera del sector, debido al aumento de los pagos por capacidad a centrales inactivas.
Khondaker Golam Moazzem, del CPD, expresa directamente esta preocupación:
«Debemos reconocer que no es práctico expandir las energías renovables dentro de un marco económico que depende en gran medida de los combustibles fósiles».
Alianzas internacionales y el camino a seguir
En medio de estos desafíos internos, la comunidad internacional ha ofrecido un importante impulso. En una decisión histórica, la Unión Europea se comprometió a aportar 1.300 millones de euros para apoyar la transición de Bangladesh hacia la energía verde. Anunciado en el Festival de Energías Renovables 2025 de Daca, este compromiso financiero se considera tanto un catalizador como una prueba. El doctor Michal Krejza, jefe de Cooperación para el Desarrollo de la Delegación de la UE, destacó que la financiación conlleva expectativas de reformas sistémicas, incluida una adopción más rápida de las energías renovables y una gobernanza estable.
Esta alianza internacional podría ayudar a Bangladesh a alejarse de su dependencia de los acuerdos energéticos tradicionales basados en combustibles fósiles y a alinearse con la agenda mundial de sostenibilidad. La financiación también abre la puerta a una colaboración más profunda, incluido el desarrollo de una red eléctrica inteligente moderna. Boston Consulting Group (BCG), en colaboración con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), ya elaboró una hoja de ruta para una red inteligente en Bangladesh. Un sistema de este tipo es fundamental para mejorar la fiabilidad de la red, reducir las pérdidas e integrar eficazmente fuentes renovables intermitentes, como la solar y la eólica.
El camino a seguir exige un esfuerzo concertado para responder a las críticas planteadas sobre la nueva política. Expertos del IEEFA y del CPD han presentado una serie clara de recomendaciones. Ante todo, se necesitan estabilidad y coherencia en las políticas para recuperar la confianza de los inversores. Esto incluye ofrecer garantías de pago claras y evitar cambios abruptos en el marco regulatorio. En segundo lugar, el Gobierno debe impulsar activamente diversas formas de financiación, entre ellas la IED, los fondos multilaterales y los bonos verdes, y agilizar el proceso de aprobación de proyectos. En tercer lugar, es necesario reforzar la capacidad institucional, especialmente la de la SREDA, para afrontar la enorme tarea de supervisar la transición energética. Por último, todas las políticas nacionales de energía y clima deben armonizarse para presentar una visión única y unificada de un futuro sostenible.
La economía nacional también ofrece oportunidades prometedoras. La industria de la confección, un pilar de las exportaciones de Bangladesh, tiene un enorme potencial para adoptar la energía solar en los tejados. Además, el interés anunciado por grandes empresas internacionales, como Longi, gigante chino de la energía solar, en establecer instalaciones de fabricación en Bangladesh podría crear empleos, reducir la dependencia de las importaciones y convertir al país en un centro regional de tecnología renovable. Aprovechar estas oportunidades será clave para transformar las ambiciosas metas de la Política de Energías Renovables 2025 en una realidad concreta.
En resumen
- Nuevas metas ambiciosas: La Política de Energías Renovables 2025 de Bangladesh busca que las energías renovables aporten el 20% de la electricidad para 2030 y el 30% para 2041, un aumento significativo frente al nivel actual, de alrededor del 5,6% de la capacidad instalada.
- Importantes incentivos financieros: La política ofrece a los productores de energía renovable una exención fiscal escalonada de 15 años y propone eliminar los aranceles de importación y el IVA sobre los componentes de energía verde para impulsar la inversión.
- Descentralización y mecanismos de mercado: Da a los consumidores la posibilidad de instalar paneles solares en los tejados, introduce el comercio de energía entre pares (P2P) y establece un marco regulatorio con Obligaciones de Compra de Energía Renovable (RPO) y Certificados de Energía Renovable (REC) negociables.
- Persisten importantes desafíos: Los expertos advierten que la falta de coherencia de las políticas, la ausencia de garantías de pago para los inversores y un enorme déficit de financiación amenazan seriamente el cumplimiento de las metas.
- Políticas contradictorias: Que el Gobierno considere al mismo tiempo construir una nueva central de carbón de 1.200 MW debilita sus compromisos verdes y podría agravar la presión financiera sobre el sector eléctrico debido al exceso de capacidad.
- El apoyo internacional ofrece esperanzas: El compromiso de 1.300 millones de euros de la Unión Europea supone un importante impulso financiero, pero su eficacia dependerá de que Bangladesh lleve a cabo reformas sistémicas y regulatorias profundas.
- El camino a seguir: El éxito dependerá de crear un entorno de inversión estable y atractivo, elaborar una hoja de ruta clara, reforzar la capacidad institucional y armonizar todas las políticas energéticas nacionales en torno a una transición verde unificada.
