La Ley Antiterrorista de Bangladesh y las desapariciones forzadas: un abuso sistemático de la justicia

Introducción: la instrumentalización de las leyes antiterroristas en Bangladesh

En los últimos años, el uso de las leyes antiterroristas por parte de Bangladesh, en particular de la Ley Antiterrorista de 2009, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de observadores nacionales e internacionales. Una comisión de investigación, creada tras la caída del gobierno de Sheikh Hasina en agosto de 2024, ha revelado un patrón preocupante: la Ley Antiterrorista se utilizó de forma sistemática e indebida para procesar a víctimas de desaparición forzada, a menudo como herramienta para reprimir la disidencia política y silenciar a las voces de la oposición. Este artículo examina las conclusiones de la comisión, los mecanismos de esos abusos, el papel de los organismos de seguridad y las consecuencias más amplias para los derechos humanos y el Estado de derecho en Bangladesh.

Cómo la Ley Antiterrorista se convirtió en una herramienta de represión

La Ley Antiterrorista, promulgada en 2009, pretendía dotar a las autoridades bangladesíes de instrumentos jurídicos sólidos para combatir amenazas terroristas reales. Sin embargo, el segundo informe provisional de la comisión, presentado en junio de 2024, concluyó que la ley se invocaba con más frecuencia no contra terroristas, sino contra personas desaparecidas por la fuerza a manos de las fuerzas estatales. De las 309 víctimas de desaparición forzada analizadas, 198 fueron acusadas en virtud de la Ley Antiterrorista, muchas más que en aplicación de cualquier otra norma. También se recurrió a otras leyes, como la Ley de Sustancias Explosivas, la Ley de Armas, la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Ley de Seguridad Digital y la Ley de Poderes Especiales, aunque en menor medida.

El análisis de la comisión reveló un patrón de criminalización sistemática, a menudo sin pruebas individualizadas. Las definiciones amplias y vagas de la ley permitían a las autoridades presentar a opositores políticos, activistas y críticos como amenazas para la seguridad nacional, y justificar así su detención y procesamiento bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

Contexto político y momento de los procesos

Uno de los hallazgos más reveladores fue la relación entre los acontecimientos políticos y la presentación de causas antiterroristas. El aumento de los procesos coincidió con períodos de mayor agitación política, como las elecciones generales de 2018, las protestas masivas contra dignatarios extranjeros y las movilizaciones de la oposición. Por ejemplo, en 2018 se produjo un importante aumento de las causas, coincidente con una campaña contra los partidos opositores. En 2022, el aumento de la actividad del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y Jamaat-e-Islami dio lugar a una presentación sostenida de causas, mientras que las causas de 2021 reflejaron la respuesta del gobierno a las protestas contra la visita del primer ministro indio, Narendra Modi.

En cambio, cuando en 2023 la actividad de la oposición pasó a centrarse en enfrentamientos directos en las calles, los cargos antiterroristas se utilizaron con menos frecuencia y disminuyó el número de nuevas causas. Tras las elecciones generales de 2024, la presentación de causas cayó aún más, a medida que disminuía la actividad política. Estas fluctuaciones sugieren que la aplicación de las leyes antiterroristas distaba mucho de ser neutral; estaba estrechamente vinculada a los esfuerzos del gobierno por reprimir la disidencia en períodos políticamente delicados.

Mecanismos de abuso: coacción, fabricación de causas y complicidad judicial

El informe de la comisión detalla diversas prácticas coercitivas utilizadas para obtener confesiones y fabricar causas contra víctimas de desaparición forzada. A menudo, las víctimas eran recluidas en centros secretos de detención, sometidas a torturas y amenazadas con sufrir más daños si no firmaban declaraciones de confesión dictadas por sus captores. Estas declaraciones, conocidas como confesiones en virtud del artículo 164, se presentaban después ante los jueces de instrucción como admisiones voluntarias de culpabilidad.

Confesiones forzadas y falta de garantías jurídicas

Los testimonios recopilados por la comisión revelan un patrón alarmantemente constante: las víctimas eran obligadas a memorizar guiones escritos por agentes del orden, ensayarlos bajo coacción y recitarlos luego ante los tribunales. A muchas se les negó el acceso a asistencia letrada, y los jueces de instrucción a menudo no verificaban si las confesiones se habían prestado voluntariamente. En algunos casos, las víctimas tenían que hablar en presencia de sus torturadores, sin posibilidad de comunicarse en privado con el juez.

Una víctima de 19 años contó que la Unidad de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Transnacional (CTTC) lo mantuvo en una prisión secreta durante más de un mes en 2020. Lo obligaron a ensayar su confesión repetidamente y, pese a que le dijo al juez que lo habían golpeado y obligado a confesar, la declaración quedó registrada en su contra. Otra víctima, que estuvo desaparecida durante un año a manos de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas (DGFI) y el Batallón de Acción Rápida (RAB), fue presentada ante el tribunal recién afeitada y con ropa limpia para dar una apariencia de normalidad, mientras se ignoraba lo que realmente había sufrido.

Retrasos judiciales y absoluciones masivas

La comisión concluyó que la tramitación de las causas antiterroristas en el sistema judicial estuvo condicionada por presiones administrativas, y no por el valor de las pruebas. A menudo, las causas próximas a cumplir cinco años se resolvían en bloque para evitar que pareciera que había retrasos acumulados, y la mayoría terminaba en absoluciones. De las 794 causas resueltas entre 2017 y 2024, solo 52 terminaron en condena: una tasa de condenas de apenas el 7 por ciento. Esta tasa extremadamente baja sugiere que muchas causas carecían de fundamento para ser procesadas desde el principio, lo que plantea serias dudas sobre los criterios empleados para iniciar los procesos.

El papel de los organismos de seguridad en las desapariciones forzadas

La investigación de la comisión identificó a varios organismos estatales como principales responsables de desapariciones forzadas: la Policía de Bangladesh (incluidas la División de Detectives y la División Especial), el Batallón de Acción Rápida (RAB), la Unidad de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Transnacional (CTTC), la DGFI, la Inteligencia Nacional de Seguridad (NSI) y la Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB). Cada uno desempeñó un papel distinto en el aparato represivo, a menudo actuando fuera de sus atribuciones legales y sin apenas rendir cuentas.

Batallón de Acción Rápida (RAB): de la lucha contra el terrorismo a escuadrón de la muerte política

Creado originalmente para combatir la delincuencia grave y el terrorismo, el RAB pronto se convirtió en sinónimo de violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. La comisión documentó cientos de casos relacionados con el RAB; a menudo, las víctimas aparecían muertas o seguían desaparecidas. El ala de inteligencia del RAB llevaba a cabo operaciones encubiertas y detenía a personas en instalaciones secretas, como la tristemente célebre celda del Grupo de Trabajo para Interrogatorios (TFI), donde los detenidos eran sometidos a torturas continuas.

El escrutinio internacional se intensificó después de que Estados Unidos impusiera sanciones al RAB y a sus comandantes en 2021, por graves violaciones de los derechos humanos. Pese a estas medidas, el historial de abusos del RAB sigue socavando la confianza pública en las fuerzas del orden y constituye un obstáculo importante para la reforma democrática.

Policía y División de Detectives: politización e impunidad

Se determinó que la Policía de Bangladesh, en particular su División de Detectives, desempeñó un papel central en las desapariciones forzadas, sobre todo durante períodos de agitación política. La policía se politizó cada vez más y pasó a hacer cumplir las políticas del gobierno, en lugar de actuar como una institución neutral. Entre las víctimas había activistas políticos, estudiantes, docentes, empresarios y críticos del gobierno. La tortura bajo custodia era generalizada, y las ejecuciones extrajudiciales, a menudo calificadas de incidentes de «fuego cruzado», se convirtieron en un rasgo característico de las operaciones policiales.

CTTC y DGFI: organismos de inteligencia como instrumentos de represión

La CTTC, creada en 2016, y la DGFI, principal organismo de inteligencia militar de Bangladesh, fueron señaladas por desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. La comisión concluyó que estos organismos solían operar centros secretos de detención, como el infame «Aynaghor» (Casa de los Espejos), donde los detenidos permanecían incomunicados y eran sometidos a abusos extremos. La falta de supervisión y la expansión de las actividades de estos organismos a asuntos civiles contribuyeron a una cultura de impunidad y al deterioro de la gobernanza democrática.

NSI y BGB: vigilancia y secuestros transfronterizos

La NSI, principal organismo de inteligencia civil de Bangladesh, y la BGB, responsable de la seguridad fronteriza, también fueron señaladas por desapariciones forzadas. Se acusó a la NSI de vigilar y reprimir a la oposición política, la sociedad civil y los periodistas, a menudo sin supervisión legal. Se vinculó a la BGB con traslados forzosos a través de las fronteras; en algunos casos, las víctimas eran entregadas a organismos de seguridad extranjeros, lo que complicaba aún más los esfuerzos para exigir responsabilidades.

Centros secretos de detención: una infraestructura de abusos

La comisión identificó al menos 16 centros secretos de detención en Bangladesh, incluidas instalaciones en Daca, Chattogram, Narayanganj, Rajshahi y otras ciudades. Estos centros, situados a menudo en recintos policiales o de organismos de inteligencia, se utilizaban para mantener a las víctimas incomunicadas durante semanas o meses. Entre los métodos de tortura se encontraban el ahogamiento simulado, las descargas eléctricas, colgar a las víctimas boca abajo y los abusos psicológicos. La existencia de estos centros pone de relieve el carácter sistemático de las desapariciones forzadas y la complicidad de varios organismos estatales.

El impacto en las víctimas y sus familias

El costo humano de estos abusos es profundo. Las víctimas de desaparición forzada sufrieron torturas, traumas psicológicos y el estigma de ser señaladas como terroristas o delincuentes. Muchas fueron objeto de persecución por expresar disidencia en internet, participar en protestas o simplemente estar vinculadas a partidos opositores. Las familias no solo afrontaron la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos, sino también importantes cargas económicas: los gastos legales por caso alcanzaron un promedio de 7 lakh de takas.

Algunas víctimas nunca regresaron; otras fueron liberadas, pero el miedo las obligó a guardar silencio. La comisión verificó y examinó más de 1.350 casos de desaparición forzada, y al menos 345 personas siguen desaparecidas. La falta de justicia y de rendición de cuentas ha dejado a las familias sumidas en una situación de incertidumbre y dolor permanentes.

Respuesta internacional y llamados a la reforma

Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), han condenado repetidamente el uso de las leyes antiterroristas por parte de Bangladesh para silenciar la disidencia y perpetrar desapariciones forzadas. Las Naciones Unidas y los gobiernos donantes han reclamado investigaciones independientes, la disolución de unidades abusivas como el RAB y reformas integrales para restablecer el Estado de derecho.

Acontecimientos políticos recientes y cambios legislativos

Tras la destitución del gobierno de Hasina, la administración interina encabezada por el premio Nobel Muhammad Yunus se comprometió a restablecer los principios democráticos y respetar los derechos humanos. Sin embargo, iniciativas legislativas recientes, entre ellas la prohibición temporal de la Liga Awami y las enmiendas a la Ley Antiterrorista, han sido criticadas por reproducir las tácticas represivas del régimen anterior. Human Rights Watch y otros grupos advierten que estas medidas podrían socavar libertades fundamentales y no hacer justicia por los abusos del pasado.

La comisión de investigación sobre desapariciones forzadas ha registrado más de 1.676 denuncias. En sus conclusiones preliminares, describió un «diseño sistemático» detrás de las desapariciones, dirigidas en su mayoría contra opositores políticos. La comisión ha reclamado reformas urgentes, entre ellas la creación de mecanismos independientes de supervisión, el procesamiento de los responsables y apoyo para las familias de las víctimas.

Consecuencias más amplias: deterioro del espacio cívico y del Estado de derecho

El abuso de la Ley Antiterrorista y la práctica de las desapariciones forzadas han tenido un efecto disuasorio en el espacio cívico de Bangladesh. Periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos comunes han sufrido acoso, vigilancia y violencia por denunciar los abusos del gobierno. Se han utilizado leyes como la Ley de Seguridad Digital y la Ley de Ciberseguridad para criminalizar la disidencia en internet y restringir la libertad de expresión.

Pese a las sanciones y las iniciativas de defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional, los abusos han continuado, y las fuerzas de seguridad suelen actuar con impunidad. La falta de rendición de cuentas ha erosionado la confianza pública en las instituciones y socavado los cimientos de la democracia y el Estado de derecho.

En resumen

• Las autoridades de Bangladesh abusaron sistemáticamente de la Ley Antiterrorista de 2009 para procesar a víctimas de desaparición forzada, principalmente opositores políticos y disidentes.
• Organismos estatales como la policía, el RAB, la CTTC, la DGFI, la NSI y la BGB fueron señalados por graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas torturas, detenciones secretas y ejecuciones extrajudiciales.
• A menudo, las confesiones se obtenían bajo coacción, con complicidad judicial y sin garantías jurídicas para las víctimas.
• El momento y el volumen de los procesos estaban estrechamente vinculados a los acontecimientos políticos, lo que indica que las leyes antiterroristas se utilizaban como instrumentos de represión y no como medidas de seguridad genuinas.
• Organizaciones internacionales han reclamado investigaciones independientes, la disolución de unidades abusivas y reformas jurídicas e institucionales integrales.
• Los cambios legislativos recientes del gobierno interino han suscitado preocupación por la continuidad de las tácticas represivas, pese a las promesas de reforma democrática.
• La persistente falta de rendición de cuentas y de justicia para las víctimas de desaparición forzada sigue socavando los derechos humanos y el Estado de derecho en Bangladesh.