El Parlamento puede aprobar el proyecto de ley tras introducir los cambios requeridos
El Tribunal Supremo de Sri Lanka dictaminó que las disposiciones del proyecto de ley de prevención del crimen organizado son compatibles con la Constitución, lo que abre la vía para que el Parlamento lo apruebe por mayoría simple si se introducen las enmiendas especificadas. El presidente del Parlamento, el doctor Jagath Wickramaratne, anunció la decisión ante el Parlamento el 21 de noviembre de 2026.
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El fallo establece las condiciones para la votación. Los legisladores deben introducir las enmiendas acordadas con el fiscal general en funciones y los cambios especificados por el Tribunal durante la fase de comisión del proyecto de ley, en la que el Parlamento examina y puede revisar cláusulas individuales. Una vez incorporados esos cambios, el proyecto de ley no necesita el apoyo de dos tercios del Parlamento.
La decisión resuelve la cuestión constitucional planteada por las peticiones que impugnaban el proyecto de ley, pero deja en manos del Parlamento introducir los cambios requeridos y completar su propio proceso legislativo. No se han anunciado la redacción definitiva del proyecto de ley enmendado ni la fecha de la votación.
¿Qué decidió el Tribunal?
La determinación del Tribunal se refiere a si las disposiciones del proyecto de ley entran en conflicto con la Constitución de Sri Lanka y al nivel de apoyo parlamentario que necesita. El presidente del Parlamento informó a los legisladores de que el Tribunal consideró que las disposiciones eran compatibles con la Constitución, siempre que se introdujeran los cambios en la fase de comisión.
Una mayoría simple significa que hay más votos a favor que en contra entre los miembros que votan. Una mayoría de dos tercios es un umbral más alto, que exige el apoyo de al menos dos tercios de todos los miembros del Parlamento. El fallo del Tribunal significa que el proyecto de ley puede avanzar sin alcanzar ese umbral más alto si el Parlamento incorpora las enmiendas especificadas.
El proyecto de ley había sido impugnado al amparo del artículo 121(1) de la Constitución, que establece un proceso para someter proyectos de ley al examen del Tribunal Supremo. Los demandantes habían pedido al Tribunal que determinara que el proyecto de ley, en la forma impugnada, requería una mayoría de dos tercios y la aprobación en un referéndum público.
El anuncio no convierte por sí mismo el proyecto en ley. El Parlamento aún debe examinar los cambios y votar la legislación. El Tribunal también dispuso que su determinación íntegra se incluyera en el registro oficial del Parlamento.
¿Qué partes deben cambiar?
Los cambios abarcan una amplia variedad de disposiciones. En el anuncio del presidente del Parlamento se enumeraron los artículos 2, 3, 4, 5, del 7 al 12, del 14 al 17, 20, 21, del 23 al 25, del 29 al 34, 36, 37, 39, del 41 al 55, y 57, 58 y del 61 al 66 para su enmienda durante la fase de comisión.
El artículo 6 debe eliminarse del proyecto de ley, y los apartados 15, 16, 17 y 33 deben suprimirse de su primer anexo. Un anexo es una parte adicional de una ley que puede enumerar detalles, como delitos u otros asuntos contemplados en sus disposiciones.
La extensa lista muestra que la revisión requerida no se limita a una sola cláusula. Abarca decenas de artículos, además de la eliminación completa de uno de ellos y cambios en el anexo. La fase de comisión del Parlamento es el momento en que los legisladores pueden examinar esos detalles antes de la votación definitiva.
Las condiciones del Tribunal incluyen las enmiendas acordadas con el fiscal general en funciones, así como las especificadas por los jueces. El anuncio del presidente del Parlamento indica los números de los artículos, pero se necesita la determinación íntegra y la redacción revisada del proyecto de ley para saber con precisión cómo quedará cada disposición tras los cambios.
¿Cómo surgieron los cambios?
Las revisiones propuestas por el gobierno se presentaron durante el proceso ante el Tribunal Supremo. El procurador general Viraj Dayaratne, en representación del fiscal general, informó al Tribunal de que se eliminarían varias disposiciones controvertidas y se enmendarían otras. El Tribunal indicó que se necesitaban más revisiones, además de las propuestas por el gobierno.
Entre las disposiciones que, según el representante del gobierno, se eliminarían figuraban cláusulas relacionadas con los tatuajes, la detención por delitos fiscales, las facultades de detención y los requisitos para obtener autorización judicial antes de informar sobre delitos graves. Las revisiones propuestas también incluían reducir de 72 a 48 horas un período de detención, es decir, una reducción de un día.
Otros cambios propuestos se referían a los derechos de autor conforme a la Ley de Propiedad Intelectual y a disposiciones de la Ley de Fianzas. La determinación definitiva del Tribunal exige enmiendas durante la fase de comisión, pero la información anunciada por el presidente del Parlamento no detalla la redacción completa de esos cambios.
El caso fue examinado por un panel de tres jueces encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Preethi Padman Surasena, junto con los jueces Achala Wengappuli y Sampath Abeykoon. Las alegaciones por escrito debían presentarse antes de las 16:00 del 11 de noviembre, antes de que el Tribunal comunicara su decisión al Parlamento.
¿Qué estaba en juego en la impugnación?
El caso reunió objeciones de la Asociación de Abogados de Sri Lanka, grupos de la sociedad civil y particulares. Los demandantes argumentaron que las disposiciones del proyecto de ley planteaban problemas constitucionales y solicitaron un fallo que estableciera que su aprobación requería una mayoría de dos tercios y un referéndum.
Durante la audiencia, el abogado sénior Romesh de Silva planteó inquietudes sobre las facultades relativas a la libertad bajo fianza y el papel de los tribunales de magistrados. Su argumento se centró en si eliminar o limitar la facultad de un magistrado para conceder la libertad bajo fianza afectaría la autoridad judicial y los derechos de las personas.
Dayaratne argumentó en nombre del gobierno que el proyecto de ley no vulneraría los derechos fundamentales ni requeriría una mayoría de dos tercios. Describió su objetivo como actualizar la forma de investigar y abordar el crimen organizado, y afirmó que las enmiendas propuestas se introducirían durante la fase de comisión. La decisión del Tribunal permitió aprobarlo por mayoría simple únicamente con la condición de que se incorporen las enmiendas.
El alcance del proyecto de ley también había suscitado preguntas sobre quién podría quedar sujeto a sus disposiciones. Durante la audiencia, los jueces plantearon el ejemplo de una persona que transporta a alguien involucrado en un delito. Dayaratne dijo que las disposiciones podrían aplicarse a una persona que conociera el delito, y el Tribunal señaló que esa redacción podría afectar a un conductor de taxi. Ese intercambio ilustra por qué el significado y los límites de las cláusulas revisadas son importantes también para personas ajenas a grupos delictivos.
¿Qué abarcaría la ley?
En el tribunal, Dayaratne describió el crimen organizado como algo que va más allá de varias personas que se reúnen para cometer un solo acto. Su explicación se refirió a personas que se organizan durante un período para cometer delitos con fines económicos o de otro tipo, cuando el delito puede acarrear una pena de prisión de cuatro años o más. Dijo que la ley propuesta tenía por objeto facilitar las investigaciones y los procesos judiciales.
Esa descripción formó parte de los argumentos del gobierno durante el caso. El alcance definitivo de la ley dependerá de la redacción que apruebe el Parlamento, incluidas las enmiendas exigidas por el Tribunal. Eliminar o revisar disposiciones puede cambiar qué conductas quedan comprendidas en el proyecto de ley y qué facultades pueden utilizar los investigadores.
El gobierno había indicado anteriormente que eliminaría las disposiciones sobre tatuajes y peinados como formas de identificar la pertenencia a pandillas, así como las que podían convertir la relación con miembros de pandillas en motivo de acciones legales. Entre las preocupaciones del público figuraba el riesgo de considerar que una persona estaba involucrada simplemente por conocer o pasar tiempo con alguien vinculado al delito. Esas revisiones previstas forman parte de los cambios más amplios que ahora deberá tratar el Parlamento.
El gobierno también había dicho que tenía previsto celebrar más consultas públicas y revisar el proyecto de ley antes de su aprobación. La decisión del Tribunal Supremo resuelve la vía constitucional para el proyecto de ley, pero aún deben definirse el texto definitivo y el calendario parlamentario.
¿Qué ocurrirá ahora en el Parlamento?
El Parlamento debe incorporar durante la fase de comisión los cambios acordados y los especificados por el Tribunal. Después, los miembros podrán examinar el texto enmendado antes de votar. El fallo del Tribunal elimina la necesidad de una mayoría de dos tercios si se cumplen sus condiciones, pero no anuncia cuándo tendrá lugar la fase de comisión ni la votación definitiva.
La audiencia del 9 de noviembre, en la que el gobierno presentó los cambios propuestos y el Tribunal concluyó su examen, se produjo tras argumentos previos sobre las disposiciones del proyecto de ley y su situación constitucional. El proceso se inició mediante 26 peticiones que impugnaban el proyecto de ley, y la audiencia del 9 de noviembre concluyó con el anuncio del Tribunal de que comunicaría su determinación al presidente del Parlamento y al presidente del país.
Antes del fallo, el gobierno había anunciado planes para introducir cambios sustanciales y celebrar nuevas consultas. El exdiputado M. A. Sumanthiran advirtió, durante un seminario en Colombo el 16 de noviembre, que el proyecto de ley propuesto sobre crimen organizado y otro proyecto de ley, separado, para proteger al Estado del terrorismo podrían restringir la capacidad de las personas para protestar contra el gobierno. Pidió una campaña nacional y dijo que esperaba que el gobierno pudiera intentar volver a presentar los proyectos de ley al Parlamento en enero. Esa era su expectativa, no un calendario parlamentario anunciado junto con la decisión del Tribunal.
Los próximos pasos concretos son la fase de comisión y una votación parlamentaria. No se ha fijado una fecha para ninguna de las dos, y el anuncio aún no detalla el texto revisado completo.
Puntos clave
El Tribunal Supremo consideró que el proyecto de ley de prevención del crimen organizado es compatible con la Constitución, sujeto a enmiendas.
El presidente del Parlamento, el doctor Jagath Wickramaratne, anunció la decisión ante el Parlamento el 21 de noviembre de 2026.
El Parlamento puede aprobar el proyecto de ley por mayoría simple tras introducir las enmiendas acordadas con el fiscal general en funciones y especificadas por el Tribunal.
El artículo 6 y cuatro apartados del primer anexo deben eliminarse, además de enmendarse decenas de otros artículos.
No se han anunciado la redacción definitiva ni las fechas para el examen en la fase de comisión y la votación.






