WhatsApp y los bancos afrontan exigencias para frenar el fraude antes de que se transfiera el dinero
WhatsApp informó a la Corte Suprema de India que tomó medidas contra 9.400 cuentas y desarrolla un programa para identificar cuentas sospechosas y alertar a los usuarios, mientras los jueces presionan a las plataformas tecnológicas y a los bancos para prevenir las estafas de detención digital. En la audiencia del 29 de octubre de 2026, el tribunal también exigió mayor protección financiera para las víctimas y afirmó que las normas bancarias propuestas deben exigir compensaciones cuando la falta de diligencia debida de una institución haya permitido que se cometa un fraude.
Contenido
- WhatsApp y los bancos afrontan exigencias para frenar el fraude antes de que se transfiera el dinero
- Qué debe explicar WhatsApp
- La compensación dependería de la negligencia de una institución
- Por qué se presta atención a las transferencias inusuales
- Las denuncias cayeron drásticamente, pero las pérdidas siguen siendo cuantiosas
- Recuperar el dinero es una tarea aparte
- Las investigaciones revelan redes en numerosos estados
- También se revisan los controles de llamadas y el uso indebido de tarjetas SIM
- Las fechas que marcarán la próxima etapa
- Puntos clave
El tribunal, presidido por el presidente de la Corte Suprema de India, Surya Kant, e integrado por los jueces Joymalya Bagchi y V Mohana, ordenó a WhatsApp y a otros intermediarios en línea que presenten sus propuestas de protección tanto ante el tribunal como ante el Centro Indio de Coordinación contra el Ciberdelito, conocido como I4C. La próxima audiencia está prevista para el 23 de noviembre.
El proceso reúne varios componentes de un mismo delito: la cuenta de mensajería utilizada para amenazar a una víctima, la transferencia bancaria que le quita sus ahorros, las cuentas que reciben el dinero y la investigación necesaria para recuperarlo. Los jueces quieren que las instituciones asuman su responsabilidad en cada etapa.
En las estafas de detención digital, los delincuentes se hacen pasar por policías u otras autoridades y, en ocasiones, usan documentos falsificados y videollamadas prolongadas para asustar a las personas y obligarlas a transferir dinero. Las víctimas, entre ellas personas mayores, pueden permanecer bajo presión durante horas y recibir amenazas de arresto. La supuesta detención forma parte del engaño.
El tribunal señaló que las víctimas habían perdido alrededor de 800 millones de rupias por delitos cibernéticos en lo que iba de 2026, pese a que estos habían disminuido cerca de un 50 %. Las cifras anteriores, incluidas en una orden de agosto, ofrecen un panorama más detallado de las denuncias relacionadas específicamente con estafas de detención digital.
Qué debe explicar WhatsApp
El abogado sénior Kapil Sibal, representante de WhatsApp, informó al tribunal que la empresa Meta había tomado medidas preventivas contra 9.400 cuentas. Dijo que presentaría una declaración jurada con detalles de las acciones y que estaba desarrollando un programa para detectar cuentas sospechosas y alertar a los usuarios.
La orden del tribunal solicita las medidas que las plataformas se proponen adoptar, por lo que el ejercicio va más allá de contar las cuentas que ya se han eliminado. Presentar las mismas propuestas ante el I4C permite que el organismo nacional de coordinación examine cómo encajan las medidas de protección de las plataformas con los controles bancarios y las investigaciones policiales.
No se han anunciado detalles sobre cómo el programa de alertas propuesto por WhatsApp identificaría cuentas sospechosas, cuándo recibirían avisos los usuarios ni cuándo estaría disponible el sistema. Esos aspectos prácticos serán importantes para alguien que recibe una llamada amenazante mientras le exigen que transfiera dinero de inmediato.
La compensación dependería de la negligencia de una institución
La Corte Suprema ordenó que las medidas regulatorias propuestas por el Banco de la Reserva de India incluyan compensaciones cuando una investigación determine que una institución financiera no actuó con la diligencia debida para prevenir o denunciar un fraude. La diligencia debida consiste en realizar las verificaciones y tomar las precauciones que razonablemente se exigen a la institución.
En su orden del 29 de octubre, el tribunal presidido por Surya Kant estableció el pago mínimo exigido:
pagar una compensación adecuada que no sea inferior al monto perdido por el cliente
La condición vinculada a ese pago es fundamental: los investigadores deben determinar que el fraude se produjo debido a la negligencia de la institución. Para una víctima que perdió sus ahorros porque un banco omitió las verificaciones exigidas, la protección propuesta vincularía directamente esa negligencia con la obligación de compensar.
Está previsto que las directrices propuestas por el Banco de la Reserva de India sobre las modificaciones de las normas de Conocimiento del Cliente de 2026 se publiquen el 30 de noviembre y entren en vigor el 31 de diciembre. El tribunal dijo que primero examinaría las propuestas. Conocimiento del Cliente, abreviado habitualmente como KYC, se refiere a las verificaciones que usan los bancos para confirmar la identidad de sus clientes y mantener información sobre sus cuentas.
Por tanto, las instrucciones del tribunal se refieren tanto al contenido de las próximas normas como a la forma de exigir responsabilidades. El marco de compensación aún está en desarrollo y establece la negligencia institucional como fundamento del pago.
Por qué se presta atención a las transferencias inusuales
El presidente de la Corte Suprema, Surya Kant, preguntó por qué los bancos no podían intervenir cuando un cliente intentaba de repente transferir una suma inusualmente alta, incompatible con sus transacciones anteriores. Los bancos ya disponen de información sobre sus clientes y el historial de sus cuentas, lo que les permite detectar esos cambios antes de que el dinero salga.
El tribunal señaló posibles medidas de protección, como suspender temporalmente las transacciones sospechosas, avisar automáticamente a la comisaría más cercana y verificar presencialmente las transacciones denunciadas para comprobar si son legítimas. El fiscal general R Venkataramani informó al tribunal de que se había realizado un trabajo considerable para mejorar la detección de transacciones sospechosas y reforzar las medidas de protección bancaria.
Una instrucción anterior abordó con más detalle el proceso de pago. En su orden del 4 de agosto, la Corte Suprema dio al Banco de la Reserva de India cuatro semanas para adoptar formalmente y distribuir un procedimiento operativo estándar para retener temporalmente débitos de montos o cuentas vinculados con fraudes cibernéticos y actividades de intermediación de dinero ilícito.
Una retención de débito limita temporalmente la posibilidad de retirar dinero. Una cuenta intermediaria de dinero se utiliza para recibir o transferir ganancias de actividades delictivas. La orden de agosto también instruyó al Banco de la Reserva de India a implementar medidas para retrasar las transacciones y un mecanismo de acreditación diferida, con el objetivo de dar tiempo para realizar verificaciones antes de que avancen los pagos sospechosos.
En la audiencia de octubre, el tribunal exigió al Banco de la Reserva de India que presentara una lista de todas las instituciones financieras autorizadas antes del 23 de noviembre, para ayudar a determinar cuáles están sujetas a sus instrucciones.
Las denuncias cayeron drásticamente, pero las pérdidas siguen siendo cuantiosas
El cuarto informe de situación del I4C, fechado el 3 de agosto, registró 123.672 denuncias de detención digital en el Portal Nacional de Denuncias de Ciberdelitos en 2024, cifra que bajó a 58.239 en 2025. Esto representa una disminución de alrededor del 53 %, calculada a partir de los totales de ambos años.
El informe registró otras 16.377 denuncias hasta el 30 de junio de 2026. Esa cifra corresponde a seis meses, mientras que los totales anteriores abarcan un año completo cada uno. La orden de agosto señaló que las pérdidas económicas denunciadas también habían disminuido considerablemente y pidió mantener el seguimiento.
La referencia de la audiencia de octubre a pérdidas de alrededor de 800 millones de rupias correspondía a delitos cibernéticos cometidos en lo que iba de 2026. Las cifras plantean dos responsabilidades para las autoridades: reducir las nuevas denuncias y limitar el dinero que pierden las personas que siguen siendo víctimas de estas estafas.
Recuperar el dinero es una tarea aparte
El informe de situación de agosto registró 36.290 devoluciones de dinero completadas, por un total de 18,05 millones de rupias, mediante el Mecanismo de Restitución de Dinero. Su portal abarcaba 57 bancos y los 36 estados y territorios de la Unión.
Un portal independiente del Mecanismo de Atención de Reclamaciones abarcaba 123.590 sucursales de 69 bancos. El 11 de mayo de 2026 se formalizó un acuerdo para compartir datos entre el Centro de Innovación del Banco de la Reserva de India y el I4C, lo que creó un canal oficial de cooperación.
Los dos mecanismos abordan problemas relacionados. Las víctimas necesitan recuperar pronto su dinero, mientras que las personas afectadas por el congelamiento de cuentas bancarias necesitan una vía para presentar reclamaciones. El tribunal ordenó a los estados, los territorios de la Unión y las fuerzas del orden que pusieran en marcha ambos módulos conforme al procedimiento operativo estándar del Ministerio del Interior del 2 de enero de 2026.
Se indicó a los secretarios de los tribunales superiores que informaran sobre el mecanismo de reclamaciones a los tribunales y otras autoridades que gestionan el congelamiento de cuentas. La Corte Suprema dijo que, por regla general, se debería alentar a las personas afectadas a utilizar primero ese mecanismo, sin limitar su acceso a recursos constitucionales, legales o de otra índole.
El tribunal también exigió que las futuras cifras detallen las reclamaciones recibidas y resueltas, las órdenes de restitución emitidas, las devoluciones completadas y los montos restituidos, desglosados por estado y banco. Esos datos permitirían saber dónde se está devolviendo el dinero y dónde hay casos pendientes.
Las investigaciones revelan redes en numerosos estados
En la revisión de agosto, la Oficina Central de Investigación había registrado diez casos de detención digital y varios casos relacionados. Una investigación identificó a 238 víctimas, 67 cuentas bancarias que recibieron dinero en la primera etapa y transacciones por aproximadamente 800 millones de rupias. Se realizaron registros en 93 lugares de 16 estados.
La magnitud ayuda a entender por qué el tribunal se centra en la coordinación. La víctima, la primera cuenta que recibe el dinero y las transferencias posteriores pueden estar en distintas jurisdicciones. Los investigadores deben conectar esas partes para identificar la red y localizar el dinero.
El comité interdepartamental que coordina la respuesta pidió a la Oficina Central de Investigación que estudiara reducir el umbral actual de 1.000 millones de rupias para aceptar investigaciones. También le pidió que considerara los casos relacionados con una misma red organizada cuando el fraude combinado superara ese umbral. El tribunal ordenó a la Oficina Central de Investigación que examinara esas propuestas y presentara un informe.
En la audiencia de agosto, el registro electrónico de primeras denuncias sin restricción territorial estaba operativo en 19 estados, mientras que 14 estados habían notificado la creación de centros estatales de coordinación contra el ciberdelito. Este tipo de denuncia permite registrar un caso antes de transferirlo a la jurisdicción policial responsable de investigarlo. Se dio a los estados y territorios de la Unión restantes un plazo de cuatro semanas para notificar y poner en marcha sus centros de coordinación.
En octubre, el tribunal ordenó a la policía de todos los estados y territorios de la Unión que informara sobre los casos registrados de detención digital, las investigaciones correspondientes y las propuestas para prevenir, detectar y perseguir estos delitos. Los jefes policiales quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento, y los informes también deberán remitirse al comité interdepartamental de coordinación.
También se revisan los controles de llamadas y el uso indebido de tarjetas SIM
La orden de agosto pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, al Departamento de Telecomunicaciones y al I4C que examinaran, junto con las plataformas afectadas, una propuesta para establecer un mecanismo que desactive automáticamente las llamadas de audio y video tras un periodo determinado.
La propuesta se refiere a estafas en las que los delincuentes mantienen a las víctimas al teléfono mientras las presionan. El tribunal solicitó una evaluación de la viabilidad técnica, la eficacia, las salvaguardas y las alternativas antes de volver a examinarla.
Por separado, se ordenó al Departamento de Telecomunicaciones que informara sobre las medidas adoptadas contra los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los agentes de puntos de venta cuyas acciones contribuyeron a las estafas. También debía responder a una propuesta de panel de control unificado para abordar el uso indebido de tarjetas SIM, incluidas las duplicadas y la utilización indebida de procesos KYC para obtener líneas adicionales.
El informe de situación de agosto señaló que se habían notificado las Normas de Telecomunicaciones (Autorización para la Posesión de Equipos de Radio) de 2025, mientras que las Normas de Telecomunicaciones (Identificación de Usuarios) de 2025 estaban en la etapa final de notificación. Estas medidas incorporan el acceso telefónico, junto con las cuentas de mensajería y bancarias, a los esfuerzos de prevención del tribunal.
Las fechas que marcarán la próxima etapa
El caso, In Re: Víctimas de detenciones digitales relacionadas con documentos falsificados, comenzó por iniciativa de la propia Corte Suprema, en un proceso conocido como actuaciones de oficio. Sus órdenes han pasado de medidas de coordinación y recuperación a exigencias de protecciones específicas para las plataformas y garantías bancarias exigibles.
La secuencia incluye medidas administrativas ya completadas, plazos judiciales anteriores y la próxima revisión:
- 2 de enero de 2026: El procedimiento del Ministerio del Interior abordó la custodia y restitución del dinero, así como la atención de reclamaciones.
- 11 de mayo de 2026: El Centro de Innovación del Banco de la Reserva de India y el I4C formalizaron su acuerdo para compartir datos.
- 4 de agosto de 2026: El tribunal ordenó medidas de coordinación bancaria y estatal, con varios plazos de cuatro semanas, y programó una revisión para el 16 de septiembre.
- 29 de octubre de 2026: El tribunal solicitó planes de prevención a las plataformas y exigió disposiciones de compensación vinculadas a la negligencia de las instituciones financieras.
- 23 de noviembre de 2026: Está previsto que el tribunal vuelva a examinar el caso; el Banco de la Reserva de India deberá presentar su lista de instituciones financieras autorizadas.
- 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2026: Fechas propuestas, respectivamente, para la notificación y la entrada en vigor de las directrices del Banco de la Reserva de India sobre las modificaciones de las normas KYC, sujetas al examen del tribunal.
La tarea inmediata corresponde a las plataformas, que deben preparar sus propuestas; al Banco de la Reserva de India, que debe preparar sus normas y la lista de instituciones; y a la policía, que debe recopilar los informes de investigación. Para las víctimas, las cuestiones concretas son si se pueden interrumpir las transferencias sospechosas, devolver más rápido el dinero recuperado y garantizar compensaciones cuando la negligencia de una institución haya permitido la pérdida.
Puntos clave
- WhatsApp y otros intermediarios deben presentar propuestas de prevención ante la Corte Suprema y el I4C.
- El abogado de WhatsApp dijo que la empresa tomó medidas contra 9.400 cuentas y desarrollaba un programa para alertar a los usuarios sobre cuentas sospechosas.
- El tribunal quiere que las normas bancarias exijan una compensación de al menos el monto perdido por el cliente cuando la negligencia institucional haya causado el fraude.
- El I4C registró 123.672 denuncias de detención digital en 2024, 58.239 en 2025 y 16.377 hasta junio de 2026.
- El informe de situación de agosto registró la devolución de 18,05 millones de rupias mediante 36.290 restituciones de dinero completadas.
- La próxima audiencia está prevista para el 23 de noviembre de 2026.
