Las cámaras privadas tendrán seis meses para conectarse
Kazajistán planea incorporar al Sistema Nacional de Videovigilancia las cámaras de tiendas, cafés y otros lugares abiertos al público, conforme a unas reglas cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de enero de 2027. Los propietarios que reciban una notificación para conectarse tendrán hasta seis meses para cumplir los requisitos técnicos. Después se revisarán los equipos y se inscribirán.
Contenido
- Las cámaras privadas tendrán seis meses para conectarse
- ¿Qué cámaras deben incorporarse a la red?
- Cómo funcionará la conexión
- Obligaciones de mantenimiento y costos aún sin definir
- Dos plazos de almacenamiento y un cambio importante para los registros de incidentes
- ¿Quién controla el acceso a las grabaciones?
- Qué implica la identificación automatizada para las personas
- Las redes de cámaras existentes muestran la magnitud de la tarea
- Las preocupaciones por la privacidad surgieron antes de las últimas reglas
- Las fechas que marcan la implementación
- Puntos clave
Los cambios se enmarcan en la Orden n.º 132/ҚЕ, fechada el 28 de octubre de 2026 y firmada por el presidente del Comité de Seguridad Nacional. Abarcan el proceso de conexión, el análisis automatizado de video, los plazos de almacenamiento y el procedimiento que deben seguir los organismos gubernamentales para obtener grabaciones. Los organismos de seguridad nacional coordinan la red, cuyos usuarios incluyen cuerpos policiales, el Ministerio de Situaciones de Emergencia y las administraciones locales.
Para las empresas, el cambio práctico es que una cámara instalada para vigilar una caja, una entrada o un comedor puede pasar a formar parte de una red de seguridad nacional. La obligación de conectarse depende de la categoría legal del establecimiento, no de si la cámara pertenece al Gobierno, a una empresa o a una persona.
El registro oficial de normas del Comité de Seguridad Nacional identifica la orden de reemplazo de octubre de 2026 y señala que entrará en vigor 60 días calendario después de su primera publicación oficial. El texto vigente que aparece debajo de ese aviso establece procedimientos y plazos de almacenamiento distintos de los descritos en la nueva versión prevista para enero de 2027.
Estas diferencias son importantes tanto para los propietarios que preparan sus equipos como para las personas cuyos movimientos pueden quedar registrados. La nueva versión establece 30 días de almacenamiento para los videos ordinarios y 12 meses para la información sobre incidentes que presenten indicios de alteración del orden público. Las reglas vigentes que se muestran en el registro establecen 30 días para las grabaciones ordinarias y al menos siete años para las de sucesos relacionados con la seguridad nacional y el orden público.
¿Qué cámaras deben incorporarse a la red?
El artículo 30-1(3) de la Ley de Ciberseguridad de Kazajistán establece las categorías sujetas a conexión obligatoria. Incluyen las cámaras operadas por organismos gubernamentales centrales y locales, las instaladas en lugares vulnerables al terrorismo y las utilizadas para la seguridad pública y vial.
El requisito también abarca las cámaras en espacios públicos, lugares donde se reúnen grandes cantidades de personas y establecimientos abiertos al público, independientemente de quién sea su propietario. Las tiendas y los cafés entran en esta amplia descripción. Tanto las personas como las entidades jurídicas pueden ser abonadas, término utilizado para referirse a los propietarios o titulares de sistemas de videovigilancia conectados.
Las administraciones locales, conocidas como akimats, elaborarán calendarios anuales de conexión junto con los organismos que utilizan el sistema. Deberán presentar esos calendarios al coordinador antes de que termine el primer trimestre; la aprobación deberá obtenerse antes del 1 de mayo. Después, los propietarios recibirán notificaciones para conectarse.
Un establecimiento que no figure en el calendario podrá incorporarse mediante una modificación. Los propietarios que no estén incluidos en las categorías obligatorias podrán solicitar la conexión voluntaria al coordinador, que decidirá si la acepta.
Cómo funcionará la conexión
Los propietarios que reciban una notificación tendrán hasta seis meses para cumplir las condiciones técnicas. Una vez que estén preparados, deberán solicitar al operador una inspección conforme a la norma nacional ST RK 4044. El plazo de inspección indicado es de 10 días hábiles.
Los equipos que superen la inspección recibirán autorización para conectarse. Si los inspectores detectan fallas, los propietarios tendrán 60 días calendario para corregirlas antes de una nueva revisión. En los 10 días hábiles posteriores a la conexión, el propietario y el operador deberán firmar un acta de conexión, y las cámaras se incluirán en un registro específico.
Las reglas vigentes que aparecen en el registro oficial establecen otro procedimiento: el propietario solicita las condiciones técnicas en los 15 días hábiles siguientes a la notificación, el operador técnico las entrega en otros 15 días hábiles y el plazo de conexión indicado en esas condiciones puede llegar a 12 meses. Por tanto, la nueva versión prevista para enero concede a los propietarios un plazo máximo de preparación más corto.
Obligaciones de mantenimiento y costos aún sin definir
Los propietarios de las cámaras seguirán siendo responsables del mantenimiento de sus equipos y canales de transmisión de datos después de incorporarse a la red nacional. Deberán informar al operador sobre las fallas, las desconexiones y los mantenimientos previstos. La conexión conlleva una responsabilidad técnica continua, no una tarea que termina cuando las primeras imágenes llegan al sistema.
El operador puede exigir equipos adicionales en las instalaciones del propietario. Su decisión dependerá del número de cámaras, la capacidad de la conexión de comunicaciones y las capacidades técnicas del sistema de vigilancia. Un establecimiento con muchas cámaras genera más video para transmitir y procesar que una tienda pequeña con pocos dispositivos.
Las reglas no especifican quién pagará la conexión ni los equipos adicionales. Por tanto, las empresas no cuentan con una asignación explícita de esos costos mientras se preparan para cumplir los requisitos.
El anexo oficial vigente establece especificaciones técnicas mínimas concretas para las cámaras: una resolución de 1920 por 1080 píxeles, una tasa de bits de al menos 2.000 kilobits por segundo y una frecuencia de al menos 25 fotogramas por segundo. La resolución describe el nivel de detalle de la imagen; la tasa de bits mide cuántos datos utiliza el video, y la frecuencia de fotogramas indica cuántas imágenes individuales componen cada segundo de grabación. Las inspecciones previstas en la nueva versión se ajustarán a la norma ST RK 4044.
Dos plazos de almacenamiento y un cambio importante para los registros de incidentes
La nueva versión establece que las grabaciones ordinarias y los metadatos se almacenarán durante 30 días. Los metadatos son información asociada a las grabaciones, como la hora de grabación y la ubicación de la cámara. Ayudan a los usuarios a encontrar un suceso concreto sin tener que ver todas las horas de video.
La información sobre incidentes que presenten indicios de alteración del orden público se conservará durante 12 meses. Para una persona grabada durante un incidente, esto significa que el registro correspondiente puede permanecer en el sistema mucho más tiempo que una grabación rutinaria.
El texto oficial vigente exige conservar durante al menos siete años los videos de sucesos relacionados con la seguridad nacional y el orden público. Su redacción abarca una categoría más amplia que la descripción de la nueva versión sobre información de incidentes. La cuestión práctica clave es cómo se clasifica un suceso, ya que esa clasificación determina si se aplica el plazo ordinario de 30 días o uno más largo.
¿Quién controla el acceso a las grabaciones?
Los organismos de seguridad nacional coordinan el sistema. El operador puede ser un organismo gubernamental o una empresa de propiedad mayoritariamente estatal, mientras que el Servicio Técnico Estatal actúa como administrador. Kazakhtelecom ha operado la red nacional.
Los organismos estatales especiales, los cuerpos policiales, el Ministerio de Situaciones de Emergencia y los órganos ejecutivos locales están designados como usuarios. El administrador gestiona los permisos de acceso, mantiene la infraestructura y verifica el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad. Los usuarios deben respetar las normas de seguridad de la información y no pueden compartir sus credenciales de acceso con otras personas.
Los organismos gubernamentales que soliciten datos deberán presentar una petición al coordinador en las circunstancias permitidas por la legislación kazaja, junto con un medio de almacenamiento digital. El coordinador tendrá 10 días hábiles para comprobar que existen fundamentos legales. Si aprueba la petición, la enviará al operador para que entregue los datos; si la rechaza, deberá explicar los motivos.
El coordinador puede autorizar que las solicitudes y las respuestas se tramiten en formato digital. El operador también deberá mantener el sistema en funcionamiento las 24 horas, proteger la información almacenada, ofrecer mantenimiento técnico y notificar sin demora al Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad los incidentes de ciberseguridad detectados.
Qué implica la identificación automatizada para las personas
El análisis de video permite que un programa examine automáticamente las imágenes de las cámaras. Entre sus funciones puede estar detectar un objeto abandonado, identificar una aglomeración o comparar la imagen de una persona con información que permita identificarla. El reconocimiento facial utiliza rasgos del rostro para realizar esa comparación.
La nueva versión permite identificar personas únicamente en la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Videovigilancia y solo con fines de seguridad nacional y de mantenimiento del orden público. Los programas de análisis pueden funcionar en los centros de datos del sistema y en equipos adicionales instalados en las dependencias de los abonados.
Un incidente ocurrido en el aeropuerto de Almaty en junio de 2025 muestra por qué el uso de sistemas de identificación ha generado escrutinio. El bloguero político y exfuncionario Sanzhar Boqaev fue detenido después de que el sistema de reconocimiento facial TargetEYE lo identificara. Dijo que un agente le mostró un perfil con sus datos personales que lo identificaba como activista cívico. Fue puesto en libertad tras una breve detención.
El Ministerio del Interior dijo que Boqaev había sido incluido por error porque se parecía a otra persona. El ministro del Interior, Yerzhan Sadenov, negó que el Gobierno estuviera creando una base de datos de activistas y ofreció esta explicación:
"la tecnología también puede cometer errores".
Target AI, la empresa responsable de TargetEYE, dijo que los cuerpos policiales deciden cómo se utiliza su tecnología. En una declaración sobre su papel, la empresa afirmó:
"En la mayoría de los casos, nuestra empresa no sabe con qué fines ni de qué manera se utilizan las funciones técnicas de la plataforma".
Las redes de cámaras existentes muestran la magnitud de la tarea
La alcaldía de Almaty calculó que en 2025 había al menos 128.000 cámaras en la ciudad. Dmitry Panchenko, director comercial de TargetAI, dijo que esas cámaras estaban conectadas al sistema de la empresa. Target AI también afirmó que su plataforma se había integrado en los sistemas policiales y de supervisión de ocho regiones.
Las autoridades locales informaron de que había 6.000 cámaras conectadas en Atyrau y al menos 5.000 en Pavlodar, donde se preveía instalar otras 4.200 en tres años. En comparación con la base indicada de 5.000, esa incorporación prevista supondría un aumento del 84 %.
En diciembre de 2024, el Sistema Unificado Municipal de Videovigilancia de Almaty tenía 45.200 cámaras conectadas en establecimientos públicos y privados. Su programa podía detectar peleas, personas, vehículos, incendios y humo. Por separado, el Ministerio de Defensa dijo que había instalado 14.000 cámaras en edificios estatales bajo su control y que las grabaciones se almacenaban en servidores dentro de unidades militares.
También se ha descrito el sistema nacional como una red que incluye más de 43.000 cámaras con inteligencia artificial para detectar peleas, aglomeraciones y objetos abandonados. Estas cifras corresponden a redes municipales, integraciones comerciales, instalaciones de organismos públicos y conexiones nacionales. No se ha publicado un total nacional combinado.
El Ministerio del Interior ha atribuido al sistema nacional la capacidad de ayudar a localizar a personas buscadas y detectar objetos sin vigilancia. En marzo de 2026, incluyó el despliegue del sistema y el análisis de video entre sus principales proyectos digitales.
Las preocupaciones por la privacidad surgieron antes de las últimas reglas
El debate en Kazajistán sobre la identificación biométrica se remonta a las propuestas para regular las tecnologías digitales publicadas para consulta pública el 17 de agosto de 2019. Esas propuestas buscaban establecer una base legal para las conexiones obligatorias y voluntarias a un sistema nacional de video. Almaty también planeaba instalar 1.000 cámaras de reconocimiento facial en lugares donde se reúnen multitudes, con transmisión de imágenes al centro de control de la policía de la ciudad.
El marco jurídico debatido entonces incluía la Ley de Datos Personales y su Protección, del 21 de mayo de 2013, y la Ley de Dactiloscopia y Registro Genómico, del 30 de diciembre de 2016. Esta última regulaba las huellas dactilares y los registros genéticos y, en aquel momento, tenía prevista su entrada en vigor para el 1 de enero de 2021. Las preocupaciones por la privacidad se centraban en las bases de datos biométricos, las excepciones al consentimiento y la necesidad de supervisión independiente.
El borrador archivado de 2020 del Comité de Seguridad Nacional, publicado el 29 de julio de ese año, muestra hasta qué punto se había detallado el diseño de la red. Proponía conservar copias de las solicitudes y respuestas relacionadas con los archivos durante al menos 24 meses e instalar equipos de análisis en las dependencias de abonados con más de 500 cámaras.
La experta en derechos digitales Dana Malikova, que ha trabajado con grupos de libertades civiles en Kazajistán, ha advertido sobre las consecuencias de perder el control de la información identificativa. Al explicar su preocupación por el reconocimiento facial, dijo:
"El riesgo es mucho mayor debido al uso del reconocimiento facial".
Malikova también ha cuestionado el modelo de uso de la tecnología que sigue Kazajistán, mientras los equipos chinos pasan a formar parte de su infraestructura digital. Por separado, el Ministerio de Desarrollo Digital de Kazajistán rechazó las acusaciones de que el país se hubiera convertido en cliente internacional de la empresa china Geedge Networks para un sistema de censura de internet. Para quienes usan las cámaras y para el público, las preocupaciones inmediatas siguen siendo los controles de acceso, la seguridad de los datos personales y la rendición de cuentas por las decisiones de identificación.
Las fechas que marcan la implementación
El sistema nacional de video de Kazajistán funciona desde 2020, y su alcance se ha ampliado con despliegues y cambios técnicos posteriores. El registro legal distingue la nueva versión de octubre de 2026 de las modificaciones emitidas en abril de 2026, algunas de las cuales entraron en vigor el 12 de julio de 2026.
- 29 de julio de 2020: Se publicó para consulta pública un primer borrador de las reglas de funcionamiento.
- 27 de octubre de 2020: La Orden n.º 69-қе aprobó las reglas de funcionamiento del sistema nacional.
- Diciembre de 2024: La red municipal de Almaty tenía 45.200 cámaras conectadas.
- 28 de octubre de 2026: La Orden n.º 132/ҚЕ aprobó una nueva versión de las reglas.
- 3 de enero de 2027: Está previsto que la nueva versión entre en vigor.
- Cada año: Las administraciones locales deberán presentar los calendarios de conexión antes de que termine el primer trimestre, y obtener su aprobación antes del 1 de mayo.
Los propietarios tendrán plazos individuales para conectarse a partir de la recepción de una notificación. Para los clientes, los peatones y otras personas que entren en establecimientos abiertos al público, la implementación supondrá que más cámaras operadas por entidades privadas alimenten un sistema utilizado por organismos gubernamentales designados, con análisis automatizado y reglas de almacenamiento asociadas.
Puntos clave
- Las cámaras de tiendas, cafés y otros establecimientos abiertos al público están incluidas en las categorías de conexión obligatoria, independientemente de quién sea su propietario.
- Los propietarios que reciban una notificación para conectarse tendrán hasta seis meses para cumplir las condiciones técnicas.
- La nueva versión establece 30 días de almacenamiento ordinario y 12 meses para la información sobre incidentes que presenten indicios de alteración del orden público.
- El texto oficial vigente establece al menos siete años para ciertas grabaciones de sucesos relacionados con la seguridad nacional y el orden público.
- La identificación mediante análisis de video se limita a la plataforma nacional y a fines de seguridad nacional y de mantenimiento del orden público.
- Los propietarios siguen siendo responsables del mantenimiento de los equipos y las comunicaciones; no se especifica quién pagará la conexión ni los equipos adicionales.
