El comercio de jade de Myanmar financia a fuerzas enfrentadas mientras los mineros pagan el precio

Una fortuna en piedra, un peaje en cada puesto de control

En las rutas utilizadas para sacar jade de contrabando desde Hpakant, en el norte de Myanmar, hacia China hay puestos de control armados cada 10 a 15 kilómetros. Para Aung Kyaw, un antiguo conductor de camiones mineros que cobraba unos 700.000 kyats por viaje, transportar una piedra valiosa significa pagar a la fuerza que controle el siguiente tramo de carretera.

Su relato muestra cómo la riqueza de Myanmar en jade alimenta la guerra civil. El ejército y sus adversarios luchan por el territorio minero y, al mismo tiempo, recaudan dinero de la misma industria. Los conductores se enfrentan a detenciones, minas terrestres y ataques aéreos. Las familias que viven junto a las minas afrontan desplazamientos, laderas peligrosas y la pérdida de tierras que antes sustentaban sus medios de vida.

Myanmar produce alrededor del 70% del jade del mundo, según Global Witness. En una investigación emblemática de 2015, la organización estimó que la producción anual podía valer hasta 31.000 millones de dólares. Hoy, ningún organismo central publica registros de producción, por lo que se desconoce el valor actual del comercio y los pagos que reciben los grupos armados.

Las minas de Hpakant están divididas entre el ejército y la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), organización política asociada al Ejército para la Independencia de Kachin (KIA). El territorio circundante sigue siendo objeto de disputa. El control permite acceder a las piedras, cobrar pagos por la minería y exigir tarifas a los camiones que atraviesan puestos de control armados.

Aung Kyaw, quien usa un seudónimo porque teme por su seguridad, pasó cerca de una década conduciendo camiones volquete en las minas antes de dedicarse al contrabando. Dijo que sus ingresos anteriores habían permitido pagar la educación de sus hijos y la atención médica de su madre. Tras el golpe militar de febrero de 2021, que interrumpió el trabajo, un empresario chino le ofreció el puesto de transportista.

Aung Kyaw explicó por qué aceptó un trabajo que podía costarle la vida:

«Era un ingreso seguro, por eso acepté».

Cómo llega el jade de las minas a China

Los compradores chinos son los principales clientes del jade de Myanmar. En China, la piedra se asocia culturalmente con la buena suerte y la pureza espiritual. La jadeíta de mayor calidad, el tipo asociado principalmente con Myanmar, puede venderse por más que algunos diamantes. La nefrita, otra piedra también llamada jade, procede de numerosos países.

El minero Sai Myo Htwe dijo que, desde el golpe, más compradores chinos habían empezado a viajar directamente a las minas, donde seleccionan piedras en bruto y entregan los cargamentos acumulados a transportistas. Parte del jade se vendía antes en mercados de Mandalay o en subastas oficiales de Naypyidaw, donde las transacciones podían registrarse y pagar impuestos. Ahora, gran parte evita esos canales.

Aung Kyaw y otros residentes de la zona describieron dos caminos secundarios principales que atraviesan la selva, el barro, pendientes pronunciadas y grandes rocas. Los cargamentos suelen dividirse en tres etapas de transporte, con distintos conductores y vehículos. La etapa final cruza el río N'Mai.

Aung Kyaw dijo que los pagos se hacían según las instrucciones de quienes organizaban el envío, sin importar qué grupo armado estuviera en el puesto de control:

«Sea quien sea quien tenga el arma, pagamos las tarifas que nos indican los jefes».

Los conductores también llevan regalos o sobornos, como licores caros y paquetes cuyo contenido quizá desconocen. Los combates pueden detener un convoy sin previo aviso y obligar a los conductores a pasar la noche en la selva. Aung Kyaw contó que estuvo detenido tres días durante una disputa entre un comandante regional y los responsables de su equipo de transporte.

Otro conductor, según contó, sobrevivió a un tiroteo al rendirse bajo una bandera blanca y explicar que trabajaba para un grupo chino de transporte. Su vehículo sufrió tantos daños que tuvieron que reemplazarlo.

Por qué resulta rentable controlar Hpakant

El ejército mantuvo el control directo de la zona minera durante los primeros años posteriores al golpe. Más tarde, una ofensiva del KIA capturó extensas zonas a lo largo de la frontera con China, mientras se intensificaban los combates en los alrededores de Hpakant. La división del territorio minero ofrece ahora a las fuerzas rivales oportunidades de recaudar ingresos.

Thomas Kean, analista del International Crisis Group, explicó cómo el territorio y los ingresos han quedado estrechamente vinculados:

«Controlar Hpakant es muy lucrativo. El mayor cambio desde el golpe de 2021 ha sido la disputa directa por el control territorial, porque controlar el territorio ahora significa controlar los impuestos [no oficiales]».

Los impuestos no oficiales son pagos exigidos fuera del sistema tributario público ordinario. Para un comerciante, la tarifa de un puesto de control se suma al costo de transportar jade. Para la fuerza que la cobra, una carretera o una parcela minera se convierte en una fuente constante de ingresos.

El International Crisis Group describe un comercio en el que los intereses del ejército y del KIA pueden coincidir pese a décadas de guerra. Los rivales han cooperado para repartirse las ganancias, mientras las comunidades locales reciben pocos beneficios. No se recibió respuesta del ejército ni del máximo comandante del KIA a las solicitudes de comentarios sobre estos relatos.

El dinero del jade también circula por redes de armas

La investigación de Global Witness, Jade y conflicto: el círculo vicioso de Myanmar, rastreó vínculos que van más allá del ejército y el KIA. La organización afirmó que el Ejército Unido del Estado Wa (UWSA), el Ejército de Arakán (AA) y grupos armados más pequeños participaban en la minería ilegal, el soborno y el contrabando.

La investigación describió cómo los ingresos del jade se destinaban a la compra de armas. Señaló que, en ocasiones, el UWSA pagaba al KIA con armas y citó a un funcionario de inteligencia del KIA que dijo que luego esas armas se vendían al AA con fines de lucro. Estas son acusaciones formuladas por la organización sobre el funcionamiento de la economía del conflicto.

Keel Dietz, asesor de política sobre Myanmar de Global Witness y coautor de la investigación, describió la cooperación entre fuerzas que combatían en otras zonas:

«El Tatmadaw, las milicias armadas y los grupos armados étnicos como el KIA, el UWSA y el AA encontraron literalmente un terreno común para extraer jade cada vez más rápido y de forma más destructiva, incluso mientras combatían en otras partes del país».

Global Witness también afirmó que Aung Pyae Son, hijo del líder militar Min Aung Hlaing, se benefició de pagos relacionados con la importación de dinamita y con acuerdos para la minería ilegal después de que el Gobierno civil suspendiera las nuevas licencias. Las acusaciones sitúan tanto los suministros para la minería como los permisos de explotación dentro de las redes de lucro privado de la industria.

Las reformas se estancaron antes del golpe

El Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi intentó reducir los daños y el secretismo en torno a la extracción de piedras preciosas. Entre sus iniciativas estuvieron suspender nuevos permisos, preparar nuevas normas y promover una mayor transparencia. La oposición de intereses militares y comerciales limitó esos cambios.

La secuencia muestra cómo la minería peligrosa continuó durante los intentos de reforma y, después, bajo el gobierno militar:

• 2015: Global Witness estimó que la producción anual de jade alcanzaba los 31.000 millones de dólares. El derrumbe de un montón de residuos de unos 60 metros de altura mató a más de 100 mineros.
• 2016: El Gobierno civil dejó de conceder nuevos permisos para piedras preciosas mientras impulsaba reformas.
• 2019: Una nueva ley sobre piedras preciosas permitió reanudar la concesión de permisos mineros, pero excluyó disposiciones propuestas para revelar la titularidad y exigir responsabilidades a las empresas.
• Abril de 2019 y julio de 2020: Varios deslizamientos de tierra causaron más de 200 muertes en total.
• 1 de febrero de 2021: El ejército tomó el poder, y después se reanudaron los combates que afectan a Hpakant y al comercio de jade.

La ley de 2019 omitió una propuesta para exigir la divulgación de los beneficiarios finales, es decir, las personas que en última instancia son propietarias de una empresa o la controlan. Esa información ayudaría a la ciudadanía a identificar quién se beneficia de los negocios mineros, incluidas las empresas que operan a través de otras compañías o representantes.

La ley también omitió controles propuestos para las empresas con antecedentes de violaciones de derechos humanos, daños medioambientales o corrupción. Las limitaciones al tamaño de las parcelas y a la duración de los permisos recibieron críticas de participantes en el proceso de reforma, quienes argumentaron que los mineros necesitaban suficiente espacio y tiempo para gestionar los residuos de forma segura.

Myanmar Gems Enterprise (MGE) plantea otro problema de gobernanza. La empresa estatal contribuye a regular la industria y a conceder licencias, al tiempo que mantiene intereses comerciales en proyectos mineros. Su papel sitúa a un participante del sector dentro del sistema responsable de supervisarlo.

Miles de millones desaparecen de las cuentas públicas

La estimación de Global Witness de 2015 situó la producción anual en hasta 31.000 millones de dólares y calculó que el 90% del jade de Hpakant se introducía de contrabando en China. Otras estimaciones históricas cifran en hasta cuatro quintas partes la proporción del jade sacado de contrabando de Myanmar, mientras que una investigación posterior de la organización calculó que llegaba al 90% en todo el país y que casi todo tenía como destino China.

La magnitud del comercio no registrado priva a las autoridades públicas de impuestos que podrían financiar servicios. Las subastas oficiales siguen celebrándose, pero sus ventas solo ofrecen una visión parcial de una industria cuyas transacciones más importantes suelen realizarse fuera de los mercados formales.

Global Witness concluyó que el contrabando aumentó entre un 50% y un 80%, según sus estimaciones, después de que el Gobierno civil suspendiera la concesión de licencias. Los intereses mineros aceleraron la extracción en torno a los permisos a punto de vencer y siguieron operando ilegalmente, lo que debilitó la pausa prevista para impulsar las reformas.

La demanda de China también vincula el jade con el movimiento de riqueza oculta. Kean dijo que las campañas periódicas contra la corrupción del presidente Xi Jinping habían reducido temporalmente los flujos de dinero ilícito utilizados para comprar piedras no registradas. El jade valioso puede concentrar una gran riqueza en un objeto lo bastante pequeño como para transportarlo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que desconoce las acusaciones de que empresas chinas participan en el contrabando de jade. Entretanto, conductores y mineros describen a compradores y organizadores chinos de transporte que trabajan directamente en el comercio en torno a Hpakant.

Los daños de la minería persiguen a las familias

Los peligros de Hpakant van más allá de los combates. Grandes máquinas remueven laderas y depositan enormes cantidades de residuos cerca de los pozos y los asentamientos. Las pendientes inestables amenazan tanto a los trabajadores que buscan piedras olvidadas entre la tierra desechada como a quienes duermen cerca en refugios temporales.

Estimaciones históricas situaban en unos 300.000 el número de trabajadores migrantes en los alrededores de Hpakant. Global Witness calculó que, antes del golpe y de la pandemia de COVID-19, hasta 400.000 mineros independientes viajaban cada año a la región. Para muchos, la búsqueda de una sola piedra valiosa ofrecía una salida de la pobreza que los salarios habituales no podían proporcionar.

Un deslizamiento de tierra en 2020 mató al menos a 174 mineros. Las inundaciones desplazaron a casi 7.750 personas en julio de ese año, según la oficina humanitaria de Naciones Unidas. Una inundación repentina en 2018 había causado 11 muertes y destruido 70 viviendas.

Dietz dijo que las empresas mineras debían preparar planes de cierre, pero que a menudo abandonaban las zonas sin reparar los daños. Los pozos abiertos se llenaban de agua y sustancias químicas de los residuos, y dejaban peligros incluso después de que terminara la extracción.

ND Seng, quien creció en Hpakant y usa un seudónimo para proteger a su hermano, recordó otra forma de trabajar: las familias buscaban juntas en pequeñas parcelas y compartían lo que ganaban. Desde el golpe, dijo, algunas familias kachin han sido expulsadas de sus parcelas, mientras que los trabajadores migrantes se han marchado debido a los riesgos.

May Sabe Phyu, activista kachin, describió el efecto en los residentes:

«El conflicto es más grave. La población vuelve a ser desplazada una y otra vez».

Seng Htoi, de la Asociación de Mujeres Kachin de Tailandia, dijo que el conflicto había agravado la ausencia de Estado de derecho, incluido el tráfico de drogas. Aung Kyaw afirmó que las drogas se habían vuelto tan comunes en la pensión donde se alojaba que a veces se trasladaba a un monasterio ya abarrotado de familias que huían de los ataques aéreos.

Australia recibe llamados a actuar contra los ingresos de las piedras preciosas

Los activistas piden a los países importadores que actúen contra el comercio. Justice for Myanmar ha instado a Australia y a otros gobiernos a prohibir las piedras preciosas de Myanmar, con el argumento de que los ingresos procedentes de los recursos naturales sostienen al régimen militar.

Australia no ha sancionado a Myanmar Gems Enterprise y allí sigue siendo legal comerciar con jade procedente de Myanmar. El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio dijo que Australia había sancionado a 21 personas por violaciones de derechos humanos y por derrocar a dirigentes elegidos, además de cinco entidades que contribuyeron a financiar el acceso a armas y combustible para aviones.

El departamento condenó las «atrocidades brutales y continuas» del régimen, pero no hizo comentarios específicos sobre MGE. Otros gobiernos occidentales han impuesto sanciones a la empresa estatal o a grupos empresariales militares.

China, principal destino del jade de Myanmar, no tiene un movimiento de boicot comparable. Kean señaló que las restricciones a la organización política y el vínculo cultural con el jade son obstáculos para ejercer presión como consumidores. La dependencia del contrabando también dificulta la aplicación de las normas: las piedras pueden eludir los canales oficiales de exportación antes de llegar a los mercados internacionales de joyería.

A los compradores les cuesta rastrear la historia de una piedra

Joyeros y activistas discrepan sobre si todavía es posible comprar jade de forma responsable a pequeños productores. Sus relatos coinciden en un problema práctico: una piedra terminada puede pasar por muchas manos sin que exista un registro fiable del lugar donde se extrajo ni de quién recaudó dinero a lo largo del trayecto.

Fiona Frith, directora internacional de joyería de Bonhams, dijo que gran parte del jade que manejaba la casa de subastas procedía de familias de China y que había poca información sobre su origen. Describió los límites de la identificación visual:

«No podemos determinar físicamente de dónde procede algo con solo mirarlo».

En general, Bonhams evita el jade certificado como procedente de Myanmar, sobre todo desde el golpe. El comerciante australiano de gemas Wai Yan dijo que su empresa, Mays Gems, evitaba Hpakant, las subastas estatales y las compras en China. Afirmó que, en su lugar, compraba en Yangón o Mandalay y a mineros pequeños, con la convicción de que así podía comerciar sin financiar al ejército.

Ross Sedawie, director ejecutivo de Gem Rock Auctions, también dijo que las compras a vendedores artesanales podían ser éticas, aunque cada vez resultaba más difícil. Su plataforma exige a los vendedores verificados de Tailandia y China que acepten que las ventas no benefician a empresas militares ni a otros grupos armados. Reconoció que verificar identidades y obtener compromisos dejaba lagunas en la cadena.

Min Tent, de Burma Campaign UK, adoptó una postura más estricta y sostuvo que los compradores no podían obtener garantías fiables:

«No hay forma de comprar jade de Myanmar con la certeza de que se ha comerciado de manera ética».

Para un cliente, la autenticidad y el origen son cuestiones distintas. Una piedra puede ser jade auténtico, aunque su recorrido desde la mina hasta la tienda no esté documentado. Para los residentes de Hpakant, esa historia ausente puede incluir pagos en puestos de control, la pérdida de tierras familiares y un trabajo peligroso cuyos beneficios terminan en otra parte.

Puntos clave

• El ejército y las fuerzas kachin controlan distintas partes de la zona minera de jade de Hpakant y obtienen ingresos del comercio.
• Los conductores describen rutas de contrabando hacia China con puestos de control armados cada 10 a 15 kilómetros.
• Global Witness estimó que la producción anual de jade alcanzó los 31.000 millones de dólares en 2015; se desconoce el valor actual.
• Los intentos de reforma dejaron importantes carencias en la divulgación de la titularidad, la rendición de cuentas de las empresas y la regulación.
• Los mineros y las comunidades cercanas afrontan deslizamientos de tierra, inundaciones, desplazamientos y pérdida de tierras.
• Australia no ha sancionado a Myanmar Gems Enterprise, y los vendedores reconocen que es difícil rastrear el jade a lo largo de la cadena de suministro.