Una petición con 59.503 firmas se enfrenta a un obstáculo parlamentario
Una campaña tailandesa respaldada por 59.503 firmantes se prepara para impugnar una decisión parlamentaria que impide que su proyecto de ley avance en el proceso de iniciativas ciudadanas. La propuesta derogaría la Orden n.º 41 del Consejo Nacional de Reforma Administrativa, una medida vinculada al golpe de Estado del 6 de octubre de 1976 que aumentó las penas penales, incluidas las previstas en el artículo 112.
Contenido
- Una petición con 59.503 firmas se enfrenta a un obstáculo parlamentario
- Qué cambiaría la propuesta
- Por qué el Parlamento afirma que la propuesta no puede avanzar
- Por qué los activistas sostienen que las penas penales afectan a los derechos
- Presentar un proyecto de ley y aprobar una ley son etapas distintas
- Reformular el proyecto ofrece una vía para volver a presentarlo
- Una impugnación judicial entraría en un terreno incierto
- Veinte diputados podrían presentar la propuesta
- Las fechas clave de la disputa
- Puntos clave
La disputa se refiere a cambios en las penas de 12 artículos del Código Penal. Su disposición más delicada desde el punto de vista político afecta al artículo 112, la ley que protege a la monarquía. Piyabutr Saengkanokkul, secretario general del Movimiento Progresista, afirma que la derogación de la orden devolvería la pena de prisión a un máximo de tres años, frente al rango actual de tres a 15 años.
Los activistas sostienen que reducir las penas por expresarse afecta directamente a los derechos constitucionales. Los funcionarios parlamentarios afirman que la propuesta queda fuera de las materias que los ciudadanos pueden plantear por esta vía y que también presenta problemas en el título y el formato de redacción.
El 9 de noviembre de 2026, el secretario general de la Cámara de Representantes, Sirote Phaetphan, aclaró quién tomó la decisión. Aunque la campaña y las objeciones políticas se habían centrado en Sophon Saram, presidente de la Cámara, Sirote dijo que la resolución la emitió Lertsak Phatthanachaikun, segundo vicepresidente de la Cámara, en virtud de las facultades delegadas por el presidente.
La campaña tenía previsto acudir al Parlamento el 10 de noviembre para impugnar la decisión. La cuestión inmediata es si su propuesta puede incorporarse al proceso legislativo mediante una iniciativa ciudadana. Los funcionarios parlamentarios afirman que los organizadores pueden presentar un proyecto revisado, mientras que los activistas quieren que se reconsidere la resolución.
Qué cambiaría la propuesta
La Orden n.º 41 modificó el Código Penal tras los hechos del 6 de octubre de 1976. La campaña para eliminar el legado de ese golpe de Estado busca derogar la orden y cambiar las penas que introdujo en 12 artículos.
El artículo 112 se ha convertido en el principal asunto de debate público por sus efectos en la expresión política y por la duración de las penas de prisión que permite. Según la explicación de Piyabutr sobre la propuesta, la pena máxima bajaría de 15 a tres años, una reducción de 12 años. La pena mínima actual es de tres años.
La explicación de Piyabutr describe un regreso a la pena vigente antes del 6 de octubre de 1976. Por tanto, la propuesta se centra en la severidad del castigo y mantiene la tipificación penal del artículo 112.
Para quienes se enfrentan a procesos judiciales por expresarse, la duración de una posible pena de prisión es una preocupación concreta. Los activistas vinculan su propuesta con la libertad de expresión, mientras que Sasinan Thammanithinan, diputada del Partido del Pueblo, también ha pedido justicia para las personas afectadas por casos relacionados con la expresión política.
Por qué el Parlamento afirma que la propuesta no puede avanzar
La secretaría parlamentaria basa su posición en el artículo 133(3) de la Constitución y en la Ley de presentación de propuestas legislativas por los ciudadanos, promulgada en 2021. Mediante este proceso, los ciudadanos pueden proponer leyes relacionadas con el capítulo III, que abarca derechos y libertades, o con el capítulo V, que se refiere a los deberes del Estado.
Sirote dijo que los funcionarios examinaron la propuesta y concluyeron que su contenido se refería a cambios en las penas penales. Determinaron que no correspondía a los capítulos constitucionales exigidos para una iniciativa ciudadana.
La secretaría también señaló un problema de redacción. Según Sirote, los cambios en las penas del Código Penal no coincidían con el título ni con el principio legislativo del proyecto, y el texto no seguía el formato correcto para modificar el código.
Sirote dijo que los funcionarios se pusieron en contacto con las 26 personas identificadas como organizadoras de la iniciativa y les pidieron que revisaran el borrador. Los organizadores mantuvieron la propuesta original, tras lo cual el asunto pasó a manos de Lertsak para que emitiera una resolución.
Los 26 organizadores y los 59.503 firmantes representan grupos distintos dentro de la campaña: quienes iniciaron la presentación parlamentaria y el conjunto más amplio de personas que la respaldan. La explicación de Sirote se centró en los organizadores con quienes se habían comunicado los funcionarios.
Por qué los activistas sostienen que las penas penales afectan a los derechos
El argumento central de la campaña es sencillo: una ley que restringe la expresión o permite encarcelar a alguien afecta a sus libertades constitucionales. Por tanto, modificar esa ley debería considerarse una medida legislativa sobre derechos y libertades.
Sasinan, diputada del Partido del Pueblo, dijo que modificar las penas impuestas por expresarse está directamente relacionado con la protección constitucional. Pidió al presidente de la Cámara que reconsiderara la decisión, hiciera públicos los motivos y permitiera debatir la propuesta mediante una iniciativa parlamentaria.
Piyabutr planteó un argumento similar en un comunicado del 8 de noviembre. Los delitos penales restringen las libertades individuales, afirmó, y la prisión priva a una persona de su libertad. En su opinión, estas relaciones hacen que la propuesta corresponda al capítulo III.
El desacuerdo gira en torno a la amplitud con que el Parlamento interpreta las leyes relativas a los derechos. La secretaría considera que esta propuesta sobre penas penales queda fuera de la vía permitida para las iniciativas ciudadanas. Quienes se oponen a la decisión sostienen que el efecto de esas penas sobre la libertad es precisamente lo que hace que la propuesta corresponda a esa vía.
Las objeciones a la resolución también cuestionan sus referencias a los artículos 64 y 68 de la Constitución, relativos a la política constitucional y a la administración de justicia. El argumento contra la decisión es que esas disposiciones no responden directamente a la pregunta de si los ciudadanos pueden presentar esta propuesta de ley.
Presentar un proyecto de ley y aprobar una ley son etapas distintas
Entre los argumentos que cuestionan los opositores está la idea de que fijar penas penales es una potestad directa del Estado. La respuesta es que, aunque los ciudadanos propongan un proyecto de ley, el Parlamento seguiría siendo responsable de decidir si se convierte en ley.
Una iniciativa ciudadana ofrece a la población una vía para incorporar una propuesta al proceso legislativo. El borrador debe pasar después por el examen parlamentario, incluidas la Cámara de Representantes y el Senado. Las firmas, por sí solas, no modifican el Código Penal vigente.
Esta distinción explica por qué los activistas consideran tan importante la decisión inicial de admisión. Su objetivo inmediato es acceder al debate legislativo, donde los representantes electos pueden examinar, modificar o rechazar la propuesta.
Natthaphong Ruengpanyawut, líder del Partido del Pueblo, dijo que su partido presentaría una objeción por escrito al uso de facultades para bloquear la propuesta ciudadana. Cuestionó por qué se la trataba de forma distinta de otras iniciativas públicas que sí habían llegado a la consideración parlamentaria.
La impugnación también cita proyectos examinados durante las legislaturas 25.ª, 26.ª y 27.ª de la Cámara de Representantes que creaban delitos, modificaban penas penales o derogaban leyes que contemplaban castigos penales. Quienes se oponen a la resolución sostienen que esas decisiones anteriores permitieron a los ciudadanos presentar iniciativas legislativas en virtud de los capítulos III y V.
Reformular el proyecto ofrece una vía para volver a presentarlo
Sirote dijo que la secretaría seguía dispuesta a asesorar a los organizadores o a ayudar a redactar una nueva propuesta. Describió el asunto como una iniciativa aún en fase de propuesta y afirmó que se podía presentar un proyecto revisado.
Esta invitación responde a las objeciones de la secretaría sobre el título, el principio legislativo y el formato de modificación del texto. Una nueva presentación también tendría que resolver la cuestión de fondo: si su materia entra en el ámbito constitucional de las iniciativas ciudadanas.
Los activistas buscan que se reconsidere la decisión porque discrepan de esa interpretación de sus derechos. Con la apelación prevista ante el presidente de la Cámara, pedirían al Parlamento que revisara el obstáculo, en lugar de limitarse a sustituir el borrador actual.
Sirote dijo que el Parlamento estaba dispuesto a escuchar a los organizadores y sugirió que sus representantes se reunieran con la unidad de propuestas legislativas. Sus declaraciones del 9 de noviembre se produjeron antes de la visita prevista por la campaña para el día siguiente.
Una impugnación judicial entraría en un terreno incierto
Piyabutr propuso otra vía posible: pedir al Tribunal Administrativo que revisara la decisión. Su argumento es que una resolución que afecta al derecho a presentar iniciativas legislativas se parece a una orden administrativa, como una decisión oficial que concede o deniega un permiso.
Reconoció que existe una dificultad jurídica. Por lo general, las decisiones adoptadas en el ámbito legislativo se consideran definitivas, salvo que una ley establezca un mecanismo especial para impugnarlas. Su propuesta pide al tribunal que se centre, en cambio, en el contenido de la decisión y sus efectos sobre los derechos individuales.
La vía judicial no se ha probado en las circunstancias que describió. Piyabutr dijo que no existía un precedente jurídico establecido para su argumento, por lo que aún no se sabe si el tribunal aceptaría examinar una impugnación de este tipo.
Recordó una disputa similar de 2011, cuando participó en una campaña del grupo Nitirat y del Comité de Campaña para Modificar el Artículo 112. Una propuesta para modificar el artículo 112 quedó excluida del proceso de iniciativas ciudadanas con el argumento de que no se refería al capítulo III.
Esa campaña no presentó un caso ante el Tribunal Administrativo, dijo. Por tanto, su propuesta actual exigiría que los organizadores recurrieran a una vía jurídica que la campaña anterior no exploró.
Veinte diputados podrían presentar la propuesta
La otra vía que propuso Piyabutr es recurrir a al menos 20 miembros de la Cámara de Representantes. Una iniciativa parlamentaria seguiría un cauce constitucional distinto del proceso de iniciativa ciudadana que ahora es objeto de disputa.
Sasinan ha pedido que la propuesta se debata en el Parlamento por esa vía. La objeción por escrito anunciada por Natthaphong se refiere al trato dado a la propuesta ciudadana; las declaraciones mencionadas aquí no indican una fecha para la presentación de un proyecto patrocinado por 20 diputados.
Piyabutr también se refirió a la posición del Tribunal Constitucional sobre el artículo 112. Según su interpretación, la resolución del tribunal sigue dejando margen para propuestas que reduzcan las penas o separen los delitos de insulto, difamación y amenazas. Esta es su valoración jurídica de la resolución.
Sostuvo que los diputados podrían actuar en favor del derecho de los ciudadanos a presentar propuestas legislativas y tener en cuenta la situación política. Las dos vías que planteó asignan la responsabilidad a actores distintos: los jueces decidirían si puede prosperar una impugnación judicial, mientras que los diputados decidirían si patrocinan un proyecto de ley.
Las fechas clave de la disputa
El enfrentamiento actual vincula una medida sobre penas penales de 1976 con una disputa sobre el acceso al Parlamento que se desarrolla en noviembre de 2026. La campaña anterior de 2011 sirve como punto de comparación para Piyabutr.
- 6 de octubre de 1976: Los hechos vinculados al golpe de Estado precedieron a la Orden n.º 41, que aumentó las penas penales, incluidas las previstas en el artículo 112.
- 2011: Piyabutr participó en una campaña para modificar el artículo 112 que se enfrentó a una restricción similar de las propuestas ciudadanas.
- 8 de noviembre de 2026: Piyabutr expuso sus objeciones y propuso posibles vías de impugnación judicial y de presentación parlamentaria.
- 9 de noviembre de 2026: Sirote explicó la posición de la secretaría e identificó a Lertsak, segundo vicepresidente de la Cámara, como la persona que tomó la decisión.
- 10 de noviembre de 2026: Los organizadores de la campaña tenían previsto acudir al Parlamento para impugnar la resolución.
El siguiente paso previsto era la visita de la campaña al Parlamento. La cuestión central era si la reconsideración, una propuesta reformulada o el patrocinio de diputados permitirían que los cambios propuestos en las penas llegaran al debate legislativo.
Puntos clave
- Una campaña respaldada por 59.503 firmantes impugna una resolución que impide que su proyecto avance en el proceso de iniciativas ciudadanas.
- La propuesta se refiere a las penas de 12 artículos del Código Penal y a la derogación de la Orden n.º 41.
- Piyabutr afirma que el cambio del artículo 112 restablecería una pena máxima de tres años de prisión, en sustitución del rango actual de tres a 15 años.
- La secretaría parlamentaria cita límites constitucionales y problemas de redacción, y ofrece ayuda para presentar una nueva propuesta.
- Sirote afirma que la decisión la tomó Lertsak, segundo vicepresidente de la Cámara, en virtud de facultades delegadas.
- Los activistas piden que se reconsidere la decisión; otras vías propuestas incluyen una impugnación judicial no probada y la presentación de la propuesta por al menos 20 diputados.
