Thai PBS cuestiona la divulgación de la auditoría mientras informes solicitan el reembolso de 85,22 millones de baht

Surgen dos controversias de una revisión de gastos por 5.090 millones de baht

Según una carta de la Oficina Estatal de Auditoría fechada el 7 de octubre de 2026, se pide al consejo de políticas de Thai PBS que tome medidas respecto del director Vanchai Tantivitayapitak y reclame el reembolso de 85.222.935,65 baht por contratos de programas y pagos a presentadores e invitados. Thai PBS afirma que no había recibido una notificación oficial de los hallazgos y ha cuestionado la divulgación de información que identifica a las personas involucradas.

La cifra reclamada, según la información publicada, comprende 15,84 millones de baht por contratos de producción de programas durante los años fiscales 2023 a 2025 y 69.382.935,65 baht por pagos a presentadores, conductores, invitados y participantes durante el año fiscal 2025. La revisión más amplia abarcó gastos por 5.094,56 millones de baht durante los años fiscales 2022 a 2025.

El caso plantea ahora dos cuestiones distintas: si la emisora cumplió las normas de contratación y pago, y si la información de auditoría se divulgó de forma indebida antes de que Thai PBS pudiera responder formalmente. Ni la recomendación, según la cual se debería recuperar dinero, ni la identificación de empleados demuestran que un tribunal haya declarado culpable a alguien.

Una información posterior señala que la Oficina Estatal de Auditoría creó un comité para investigar la presunta divulgación y que se espera que el trabajo comience después de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, del 12 al 18 de octubre de 2026. En los informes que describen esta novedad no se ha anunciado ningún resultado de esa investigación.

Qué solicita la carta de auditoría, según los informes

La carta del 7 de octubre, descrita como una comunicación del auditor general al presidente del consejo de políticas de Thai PBS, señala presuntos incumplimientos de leyes y normas internas. Se refiere al uso de un método específico de contratación para producir programas y a pagos de remuneraciones realizados sin normas que establezcan los criterios, procedimientos, condiciones y tarifas.

Según los informes, la carta pide al consejo que actúe dentro de sus competencias respecto de Vanchai y gestione el reembolso de los daños indicados. Otras recomendaciones se refieren a medidas disciplinarias contra 10 empleados u otros miembros del personal. El director y esos 10 trabajadores suman 11 personas, una distinción importante porque algunos informes hablan de solo 10 personas sujetas a medidas.

Los informes dividen los casos del personal en tres personas relacionadas con la contratación de programas y siete vinculadas a la aprobación de remuneraciones. No establecen cómo se distribuiría entre las personas el eventual reembolso, si la responsabilidad sería compartida ni si el consejo ha aceptado el monto propuesto.

El subdirector de administración de Thai PBS, Piset Chiyasak, afirma que la emisora no pudo verificar las versiones que circulaban porque no había recibido un informe oficial. Según su postura, los hallazgos de auditoría señalan deficiencias y recomiendan medidas correctivas, pero no imponen automáticamente un castigo ni determinan la responsabilidad legal.

Por qué 85,22 millones y 230,20 millones son cifras distintas

Una descripción más amplia de la auditoría señala gastos por 230,20 millones de baht asociados a deficiencias. Ese monto combina los mismos 15,84 millones de baht en contratos de producción con 214,36 millones de baht en pagos de remuneraciones durante los años fiscales 2023 a 2025.

La solicitud de reembolso publicada se refiere a un período más acotado para las remuneraciones: solo el año fiscal 2025, por un monto de aproximadamente 69,38 millones de baht. Por tanto, no se deben considerar los dos totales como estimaciones intercambiables de una misma reclamación. Uno describe un conjunto más amplio de gastos cuestionados, mientras que el otro corresponde al monto específico que, según los informes, se reclama como indemnización por daños.

Según las cifras publicadas, las remuneraciones representan alrededor del 81,4% de la solicitud de reembolso de 85,22 millones de baht. El monto reclamado equivale aproximadamente al 1,67% de los 5.094,56 millones de baht revisados, mientras que la cifra más amplia de 230,20 millones representa alrededor del 4,52%.

Estas comparaciones muestran el tamaño relativo de los gastos cuestionados, no el monto de una corrupción probada. La información que describe la cifra mayor señala que no se había demostrado una conducta corrupta en esos asuntos. El incumplimiento de las normas de gasto puede requerir medidas correctivas sin demostrar que todos los pagos fueron sustraídos o que todos los beneficiarios actuaron ilegalmente.

Qué normas de contratación y pago están en cuestión

Las acusaciones sobre contratación se refieren a la Ley de Contratación Pública y Administración de Suministros de 2017, incluida la sección 56, párrafo primero, inciso (2)(c). La preocupación, según los informes, es si determinados contratos de programas cumplían los requisitos para utilizar el método de contratación específico elegido.

En términos sencillos, ese método permite que una entidad pública contacte a un proveedor determinado bajo condiciones definidas por la ley, en lugar de organizar una competencia abierta. La cuestión central es si se cumplían esas condiciones y si quedaron debidamente documentadas. Elegir a un productor determinado no demuestra por sí solo que haya habido una irregularidad.

La cuestión de las remuneraciones es distinta. Se refiere a pagos a presentadores, conductores, invitados y participantes de programas que, presuntamente, se realizaron sin normas internas suficientemente establecidas. Esas normas determinan quién puede recibir pagos, quién puede autorizarlos, cómo se fija una tarifa y qué documentación se exige.

Thai PBS sostiene que sus procesos de contratación y administración fueron transparentes y niega que hubiera corrupción o irregularidades. La dirección afirma que los contratos se tramitaron mediante el sistema electrónico de contratación pública del Gobierno, conocido como e-GP, y que los programas se produjeron y emitieron. La entrega de los programas y el uso de un sistema electrónico son hechos relevantes, pero no determinan por sí solos si el método de contratación elegido o la aprobación de los pagos cumplieron todos los requisitos legales.

Las productoras quedan bajo escrutinio

Los detalles de los contratos publicados identifican a Alka Link Co Ltd como beneficiaria de nueve contratos por un valor de 28,06 millones de baht. Se indica que la periodista Karuna Buakamsri posee una participación del 45%. El trabajo incluyó Flashpoint, un programa sobre asuntos internacionales, con un costo de producción publicado de 230.000 baht por episodio, y labores de presentación para Tob Jote.

Karuna ha defendido el valor del trabajo de producción aludiendo a los costos de las licencias y de la cobertura internacional. No se ofrece una comparación detallada de costos que permita establecer de forma independiente si la tarifa por episodio era razonable o excesiva.

En los informes sobre contratos también aparecen otras dos empresas. Kafae Dam Co Ltd recibió al menos 27 proyectos por más de 26,23 millones de baht. Se indica que el veterano periodista Suthichai Sae Yoon es director y su principal accionista, con una participación del 69%. Khon Khom Khit Co Ltd recibió al menos cuatro contratos por un total de 2,2 millones de baht; se señala que el presentador Wisut Khomwatcharapong es director y posee el 50% de las acciones.

Los montos indicados para estas dos últimas empresas suman aproximadamente 28,43 millones de baht. Estos totales contractuales no deben sumarse a la indemnización por daños publicada: los informes no establecen que todos los contratos mencionados formen parte de la reclamación de 15,84 millones de baht por contrataciones. La propiedad de las empresas y la adjudicación de contratos tampoco demuestran influencia indebida, conflicto de intereses o conducta ilegal.

Thai PBS pide investigar la divulgación

Thai PBS ha presentado una petición al presidente de la Comisión Estatal de Auditoría, denominada Comité Nacional de Auditoría en algunos informes en inglés, para que examine cómo llegaron al público los detalles de la auditoría y los nombres. Informaciones anteriores describían una petición prevista; las posteriores señalan que fue presentada, incluso mediante una carta de Vanchai.

La emisora cita la sección 35 de la legislación nacional de auditoría y un anuncio pertinente de la comisión sobre el derecho de una entidad auditada a impugnar un proceso que considere incompatible con las políticas o normas de auditoría. Su denuncia también plantea la aplicación de la sección 104 de la Ley Orgánica de Auditoría Estatal de 2018 en relación con la presunta divulgación. No se ha determinado si se infringió esa disposición.

La petición solicita aclaraciones sobre cuatro aspectos:

• Si se divulgaron información y nombres mientras la auditoría seguía en curso.
• Qué medidas de confidencialidad se aplicaban y cómo llegó la información a las redes sociales antes de la notificación oficial.
• Si la divulgación se debió a una acción deliberada o a negligencia, y quién fue responsable.
• Cómo corregir los malentendidos y abordar el daño causado a Thai PBS y a las personas afectadas.

Piset también invoca la Ley de Información Oficial de 1997 al hablar de los derechos de las personas identificadas. Sostiene que la publicación prematura perjudicó su reputación y la moral del personal. Al explicar esta preocupación, el subdirector de administración dijo:

"La divulgación prematura puede dar la impresión de que los empleados son culpables antes de que tengan la oportunidad de responder y perjudicar su moral", dijo.

Thai PBS afirma que no se opone a la auditoría y que considerará las recomendaciones útiles una vez que reciba el informe oficial. La denuncia sobre la divulgación no resuelve las acusaciones relacionadas con los gastos, del mismo modo que esas acusaciones no establecen quién divulgó la información.

El calendario y los plazos en disputa

Los informes describen una secuencia de períodos de gasto, comunicaciones y etapas previstas de investigación. También presentan una discrepancia importante sobre el plazo para completar las medidas tras la notificación.

• Años fiscales 2022 a 2025: la revisión de gastos más amplia abarcó 5.094,56 millones de baht.
• Años fiscales 2023 a 2025: el total cuestionado por contrataciones de programas fue de 15,84 millones de baht; una revisión más amplia de las remuneraciones abarcó 214,36 millones de baht.
• Año fiscal 2025: los pagos de remuneraciones por 69.382.935,65 baht formaron parte de la solicitud de reembolso publicada.
• 7 de octubre de 2026: la carta publicada del auditor general llevaba esa fecha y estaba dirigida al presidente del consejo de políticas de Thai PBS.
• 8 de octubre de 2026: Thai PBS afirmó que no había recibido una notificación formal de los hallazgos.
• Del 12 al 18 de octubre de 2026: las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial estaban previstas en el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok; según los informes, la investigación sobre la divulgación comenzaría después.

Los informes coinciden en que hay un plazo de 60 días para iniciar las medidas. Difieren sobre el período para completarlas: los que describen la carta hablan de 120 días, mientras que otro menciona 240 días desde la notificación.

La discrepancia no puede resolverse sin documentación formal confirmada. La fecha de recepción también es importante, porque se indica que los plazos comienzan a correr desde la notificación, no simplemente desde la fecha de la carta. Como Thai PBS cuestiona haberla recibido, no hay una fecha límite confirmada para completar las medidas. No se indica cuándo publicará sus conclusiones el comité que investiga la divulgación.

Recuperación financiera y propuesta de cambio en la financiación

La controversia sobre la auditoría coincide con un debate sobre la sustitución de la financiación específica de la emisora, procedente de impuestos al tabaco y al alcohol, por asignaciones ordinarias del presupuesto público. Las enmiendas propuestas forman parte de un paquete que afecta a cuatro organizaciones; según los informes, legisladores del partido Bhumjaithai buscan introducir cambios.

Según los informes, Thai PBS recibe anualmente entre 1.900 y 2.000 millones de baht de los impuestos específicos, con un límite de 2.000 millones de baht al año. Piset afirma que esos fondos se gastan conforme a las normas de disciplina fiscal y contratación, y que la Oficina Estatal de Auditoría y otros organismos reguladores los auditan. Además, la emisora debe presentar informes anuales de desempeño ante la Cámara de Representantes y el Senado, según su ley orgánica.

Quienes se oponen al cambio de financiación sostienen que exigir una aprobación presupuestaria anual podría exponer a la emisora a presiones políticas. Sus defensores cuestionan el valor y la rendición de cuentas de los gastos actuales. Piset no quiso decir si la controversia sobre la auditoría estaba relacionada con la propuesta de financiación del Gobierno. Los informes no demuestran que exista una relación causal entre ambos asuntos.

Los resultados financieros publicados muestran déficits netos anuales de entre 155 y 275 millones de baht durante los años fiscales 2021 a 2024, seguidos de un superávit neto de 69,05 millones de baht en el año fiscal 2025. Los costos de producción y adquisición de programas bajaron de 1.085 millones de baht en el año fiscal 2021 a 858,36 millones en el año fiscal 2025: una reducción de 226,64 millones de baht, o alrededor del 20,9%.

Según los informes, también disminuyeron los gastos por depreciación y amortización. Las cifras no desglosan qué parte de la mejora se debió a cambios operativos y cuál a gastos contables. Un superávit no resuelve las dudas sobre el cumplimiento de las normas, y las acusaciones de auditoría no demuestran por sí solas que otro modelo de financiación daría mejores resultados.

Los planes de reforma afrontan una prueba práctica

Vanchai ha propuesto un programa de reformas para el período 2027 a 2029, con una fase inicial que comenzaría en octubre de 2026. Hasta marzo de 2027, el plan prevé reducir la duplicación de tareas, revisar la plantilla, probar el uso de inteligencia artificial en 10 procesos y divulgar más información presupuestaria.

Entre abril de 2027 y marzo de 2028, el plan publicado ampliaría One Content Workflow, un proceso integrado de producción y distribución de contenidos, junto con un sistema de planificación de recursos empresariales, o ERP. El software ERP integra en un sistema común funciones como las finanzas, las compras y la gestión de recursos. La misma fase incluye One Archive y una plataforma de inteligencia artificial.

La fase final, de abril de 2028 a septiembre de 2029, busca conectar los sistemas de gestión de emisiones y medios, y desarrollar VIPA como plataforma nacional de streaming. Se trata de cambios organizativos propuestos, no de pruebas de que ya se hayan abordado los gastos cuestionados.

La prueba práctica será determinar si las reformas establecen normas claras sobre las remuneraciones, documentan las razones para elegir determinados métodos de contratación y permiten rastrear las aprobaciones. Los informes no especifican cuándo entrarán en vigor las nuevas normas de pago, cómo se medirán los resultados ni cómo se divulgarán los avances. Por ahora, siguen pendientes la respuesta del consejo a los hallazgos formales de la auditoría, cualquier determinación de responsabilidades individuales y el resultado de la investigación sobre la divulgación.

Puntos clave

• Según una carta de auditoría publicada, se solicita recuperar 85.222.935,65 baht por contrataciones de programas y pagos de remuneraciones durante el año fiscal 2025.
• La cifra más amplia de 230,20 millones de baht abarca gastos cuestionados de un período más extenso y no equivale al monto reclamado.
• Los informes señalan que podrían tomarse medidas contra el director y 10 empleados, pero esto no supone que se haya establecido su culpabilidad legal.
• Thai PBS afirma que no había recibido los hallazgos oficiales y ha solicitado que se investigue la divulgación de información y nombres.
• Según los informes, la Oficina Estatal de Auditoría creó un comité para investigar la divulgación, cuyo trabajo comenzaría después de las reuniones del 12 al 18 de octubre de 2026 en Bangkok.
• Los informes discrepan sobre si las medidas deben completarse en un plazo de 120 o 240 días desde la notificación.
• Los cambios de financiación y las reformas organizativas son decisiones independientes que no resuelven los hallazgos de auditoría en disputa.