Las negativas ponen en riesgo los testimonios directos
Una alta proporción del personal del SAS al que se dirigió la investigación pública sobre presuntos homicidios ilegales en Afganistán se ha negado a responder sus preguntas, afirmó el juez Lord Justice Haddon-Cave. La investigación examina denuncias relacionadas con más de 50 muertes, un posible encubrimiento de irregularidades y fallos de la Policía Militar Real al investigar debidamente.
Contenido
- Las negativas ponen en riesgo los testimonios directos
- Qué debe esclarecer la investigación
- Las 54 muertes y las familias que buscan respuestas
- Relatos reiterados de detenidos que intentaban tomar armas
- Las fotografías podrían poner a prueba los registros operativos
- Las denuncias alcanzan a la cadena de mando
- Las investigaciones anteriores terminaron sin cargos
- Un soldado impugna las restricciones sobre las pruebas
- Documentos no divulgados y la próxima audiencia
- Puntos clave
El juez dijo que la investigación había identificado a numerosos miembros del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés) cuyo testimonio directo quería obtener sobre operaciones deliberadas de detención. Se trataba de incursiones destinadas a detener a presuntos comandantes talibanes e interrumpir redes dedicadas a fabricar bombas. Se enviaron solicitudes formales por escrito al personal correspondiente.
Haddon-Cave, presidente de la Investigación Independiente sobre Afganistán, describió su respuesta:
«Una alta proporción ha indicado que se acogerá al privilegio de no autoincriminarse y se ha negado a responder las preguntas de la investigación».
Este privilegio protege a las personas frente a la obligación de dar respuestas que podrían incriminarlas. Invocarlo no constituye una admisión de culpabilidad. Sin embargo, las negativas dejan a la investigación en busca de respuestas sobre operaciones controvertidas, sin el testimonio directo de muchos de los soldados a quienes se ha dirigido.
En el relato de la audiencia no se indicó el número exacto de personas que recibieron solicitudes ni el de quienes se negaron. Por tanto, la descripción del juez establece que existe un problema considerable para obtener testimonios, pero no permite medir el porcentaje de respuestas.
La investigación también ha obtenido unas 10.000 fotografías de las operaciones, ha escuchado testimonios sobre inquietudes planteadas dentro de las fuerzas especiales y ha afrontado un recurso judicial relacionado con pruebas restringidas. Por separado, un aviso oficial anuncia una audiencia el 25 de septiembre de 2026 sobre un aumento significativo de documentos que no se han divulgado. En conjunto, estos hechos se refieren tanto a lo ocurrido durante las incursiones como a si los investigadores han recibido las pruebas necesarias para esclarecerlo.
Qué debe esclarecer la investigación
La investigación abarca operaciones realizadas entre 2010 y 2013. Entre sus tareas figuran evaluar si existen pruebas creíbles que respalden las denuncias de numerosos homicidios extrajudiciales cometidos por las fuerzas armadas británicas, si se ocultaron las circunstancias y si las investigaciones de la Policía Militar Real fueron adecuadas y eficaces.
Los homicidios extrajudiciales son muertes ilegales cometidas sin justificación jurídica ni proceso judicial. En este caso, las principales denuncias se refieren a detenidos y personas desarmadas que supuestamente fueron asesinados durante operaciones militares, no a muertes que un tribunal ya haya determinado que fueron ilegales.
Haddon-Cave dijo que el período examinado «abarca suficientemente las denuncias que se están formulando actualmente». La investigación también analizará las lecciones que se desprendan de sus conclusiones.
Las solicitudes por escrito dirigidas al personal del SAS fueron peticiones conforme a la Regla 9. Se trata de solicitudes formales de declaraciones o documentos que formula una investigación pública establecida por ley. Son medidas para recopilar pruebas, no cargos penales.
La distinción es importante porque la investigación puede examinar conductas y fallos institucionales, pero no determinar por sí misma la responsabilidad civil o penal. Aun así, sus conclusiones pueden tener consecuencias graves para personas e instituciones, un aspecto planteado en el recurso judicial separado sobre el acceso a las pruebas.
Las 54 muertes y las familias que buscan respuestas
Los ministros anunciaron la investigación tras las denuncias de que una unidad del SAS mató a 54 afganos en circunstancias sospechosas en la provincia de Helmand durante 2010 y 2011. Una investigación detallada describió esas 54 muertes como posibles homicidios ilegales durante un despliegue de seis meses, no como el total de personas asesinadas por el escuadrón.
Según los informes, el número total de muertos atribuido al escuadrón durante ese despliegue estuvo en las tres cifras. Por tanto, la cifra de 54 identifica un grupo de muertes sospechosas dentro de un balance operativo mayor; no implica que se haya determinado que todas las muertes durante la misión fueron ilegales.
El bufete Leigh Day presentó un caso en nombre de un afgano identificado como Saifullah. Este alegó que su padre, dos hermanos y un primo murieron durante una incursión del SAS en un complejo en el sur de Afganistán en febrero de 2011.
La investigación busca testimonios de familias afganas cuyos parientes murieron durante las operaciones. Sus declaraciones podrían aportar relatos sobre detenciones, disparos y hechos ocurridos dentro de los complejos, para compararlos con los registros militares. Estas comparaciones siguen formando parte de la investigación y no son conclusiones definitivas.
Relatos reiterados de detenidos que intentaban tomar armas
Los informes operativos del despliegue describen incidentes reiterados en los que hombres afganos detenidos eran llevados de nuevo al interior de edificios y luego supuestamente intentaban alcanzar fusiles o granadas. La repetición de explicaciones similares generó inquietud en la jefatura de las fuerzas especiales.
Los relatos de incursiones del 29 de noviembre de 2010 y el 15 de enero de 2011 describieron a detenidos que intentaban usar granadas después de ser llevados al interior de edificios. Los informes sobre tiroteos mortales del 7, el 9 y el 13 de febrero ofrecieron explicaciones similares: un detenido habría intentado atacar a la patrulla con un fusil.
El 16 de febrero, según los informes, dos detenidos murieron después de que uno tomara una granada detrás de unas cortinas y otro recogiera un fusil que estaba detrás de una mesa. El 1 de abril, otros dos detenidos murieron después de que, supuestamente, uno levantara un fusil y el otro intentara lanzar una granada.
Personas que prestaron servicio con el escuadrón denunciaron que se había matado a hombres desarmados y que se habían colocado armas para justificar los disparos. La investigación no ha confirmado estas denuncias como hechos probados. Su importancia radica en el posible conflicto entre las explicaciones operativas y los relatos del personal que estuvo presente durante el despliegue.
La investigación detallada no registró heridos del SAS en ninguna de las incursiones examinadas. Este dato no demuestra por sí solo que hubiera conductas ilegales, pero es otro elemento que debe evaluarse junto con las descripciones reiteradas de amenazas por parte de hombres detenidos.
Las fotografías podrían poner a prueba los registros operativos
Haddon-Cave dijo que la investigación había obtenido aproximadamente 10.000 fotografías tomadas durante operaciones deliberadas de detención. Las describió como imágenes de alta resolución que, al parecer, no formaron parte de las investigaciones de la Policía Militar Real.
Según los informes, el SAS tomó las fotografías y la policía militar no las examinó. La formulación del juez es más cauta al referirse a su ausencia de investigaciones anteriores. La investigación no ha anunciado qué demuestran las imágenes sobre una muerte en particular.
Las fotografías podrían ayudar a comparar la escena física con los relatos operativos y los testimonios. Su valor probatorio depende de cuándo y dónde se tomaron, qué muestran y con qué grado de fiabilidad pueden vincularse a un incidente. El número de imágenes, por sí solo, no demuestra que hubiera irregularidades.
Las denuncias alcanzan a la cadena de mando
Richard Hermer, abogado del rey (KC, por sus siglas en inglés), quien representa a siete familias en duelo, sostuvo en sus alegatos iniciales que los documentos militares mostraban algo más que tiroteos sospechosos. Denunció la destrucción de pruebas, la preparación de testigos y el incumplimiento del deber de investigar relatos inverosímiles por parte de quienes eran responsables de la disciplina.
Hermer mencionó a los exdirectores de las fuerzas especiales, el teniente general Jonathan «Jacko» Page y el general Sir Mark Carleton-Smith. Alegó que ambos sabían de presuntas irregularidades graves, pero no se aseguraron de que las inquietudes llegaran a la Policía Militar Real ni impidieron que se repitieran. Se trató de alegatos presentados ante la investigación, no de conclusiones contra ninguno de los dos oficiales.
Una investigación separada denunció que las inquietudes se habían incluido en un archivo clasificado de acceso restringido, en lugar de comunicarse a la policía militar. También alegó que Carleton-Smith fue informado sobre homicidios sospechosos y no reveló inquietudes anteriores cuando la policía militar inició una investigación en 2013. Él se negó a comentar ese relato.
Los documentos examinados durante la investigación sugieren que en la jefatura había inquietud por el escrutinio. Hermer citó un correo electrónico de mayo de 2011 en el que el principal abogado de la jefatura de las fuerzas especiales advertía que, si una queja llegaba a un nivel superior, podría aumentar la presión para que se abriera una investigación de la policía militar.
También describió un correo electrónico de 2016 sobre presuntos asesinatos que llegó a Simon Case, entonces alto funcionario de la oficina del primer ministro, así como al secretario del gabinete y al fiscal general. Ese año, Stephen Lovegrove, secretario permanente del Ministerio de Defensa, expresó al jefe de la policía militar su preocupación por la cultura dentro de las fuerzas especiales.
El Ministerio de Defensa reconoció que había inducido gravemente a error a una familia en duelo y al Tribunal Superior, pero negó haberlo hecho de manera intencional. También ha negado haber obstaculizado las investigaciones y ha afirmado que pesquisas anteriores concluyeron que no había pruebas suficientes para procesar a nadie.
Las investigaciones anteriores terminaron sin cargos
La investigación examina la Operación Northmoor y la Operación Cestro, dos pesquisas de la Policía Militar Real con alcances distintos. Northmoor investigó más de 600 presuntos delitos, redujo sus actividades en 2017 y cerró en 2019. Sus investigadores trabajaron durante cinco años, pero no se presentaron cargos.
Cestro se ocupó de la muerte de cuatro jóvenes en Loy Bagh, Helmand, el 18 de octubre de 2012. Los dos menores tenían 14 y 12 años. Tres soldados fueron remitidos a la Autoridad de Procesamiento Militar, entre ellos quien había disparado, por cuatro cargos de asesinato, pero no se iniciaron procesos judiciales.
La remisión para que se considere un procesamiento no equivale a la decisión de presentar cargos. Del mismo modo, la ausencia de cargos no resuelve la tarea aparte de la investigación: evaluar si las pesquisas fueron eficaces y si los investigadores recibieron las pruebas pertinentes.
Paul Greaney, abogado del rey (KC), quien representa a la Policía Militar Real, dijo que los investigadores afrontaron dificultades prácticas durante el conflicto armado y dependían de que los comandantes remitieran posibles crímenes de guerra y delitos graves. Subrayó que los oficiales superiores tenían la obligación legal de hacerlo.
Brian Altman, abogado del rey (KC), quien representa al Ministerio de Defensa, expuso la postura del departamento sobre la legalidad de las operaciones y las investigaciones:
«Las operaciones deben realizarse dentro de los límites claros de la ley y las denuncias creíbles contra nuestras fuerzas deben investigarse siempre de manera exhaustiva».
Un soldado impugna las restricciones sobre las pruebas
Un soldado de alto rango identificado como Witness IIA126 ha presentado un recurso judicial contra la decisión de la investigación de no entregar ciertas pruebas restringidas a él y a sus abogados. La disputa se refiere a material mencionado en el tribunal como el material verde.
Kate Grange, abogada del rey (KC), representante del soldado, dijo que entre esas pruebas había una denuncia según la cual una persona recibió un disparo en la cabeza mientras posiblemente dormía durante una operación deliberada de detención. Sostuvo que retener esa información no cumplía las normas básicas de imparcialidad procesal.
Grange explicó por qué el soldado consideraba importante tener acceso a las pruebas, pese a las limitaciones de las facultades de una investigación pública:
«Aunque las investigaciones públicas establecidas por ley no pueden determinar la responsabilidad civil o penal, sí pueden tener consecuencias extremadamente importantes para las personas».
Jonathan Glasson, abogado del rey (KC), representante de la investigación, defendió la confidencialidad por razones de interés público y dijo que una conclusión desfavorable contra una persona identificable, incluido el demandante, estaba lejos de ser inevitable. Edward Craven, abogado del rey (KC), representante de las familias de 16 personas fallecidas, respaldó las restricciones por considerarlas justas y dijo que algunos testigos tenían temores graves y objetivamente justificados.
El Ministerio de Defensa financia los costos legales de IIA126, pero adoptó una postura neutral sobre el fondo del recurso. Se esperaba que la audiencia judicial concluyera un martes y que posteriormente se emitiera un fallo por escrito. El relato de esa audiencia no confirma que se haya dictado un fallo ni indica una fecha de calendario para su publicación.
Durante una audiencia relacionada en el Tribunal Superior, el ministerio señaló la existencia de material que sugiere que personal de las fuerzas especiales desplegado en algunas de las operaciones examinadas podría haber cometido delitos graves en virtud de la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006. Esa valoración apunta a una posible conducta delictiva, pero no constituye una determinación de culpabilidad.
Documentos no divulgados y la próxima audiencia
El aviso oficial de audiencia de la Investigación Independiente sobre Afganistán anuncia una audiencia pública para el viernes 25 de septiembre de 2026. Indica que la investigación solicitará garantías al equipo jurídico del Ministerio de Defensa sobre un aumento significativo e inesperado de documentos relacionados con sus términos de referencia que no se han divulgado.
Los términos de referencia definen qué está autorizada a investigar la investigación. Por tanto, el aviso se refiere a documentos pertinentes para su mandato, no a un conjunto indeterminado de registros sin relación con este. No indica cuántos documentos hay, por qué no se han divulgado ni qué contienen.
La cronología de los principales hechos distingue las operaciones investigadas de los esfuerzos posteriores por examinarlas:
- De noviembre de 2010 a abril de 2011: el despliegue relacionado con las denuncias de 54 muertes sospechosas.
- Febrero de 2011: la incursión en la que Saifullah afirma que murieron cuatro familiares suyos.
- 18 de octubre de 2012: cuatro jóvenes murieron en Loy Bagh; sus muertes se investigaron posteriormente en la Operación Cestro.
- 2013: la policía militar inició una investigación por asesinato, mencionada en las denuncias sobre inquietudes que no se comunicaron.
- 2017 y 2019: la Operación Northmoor redujo sus actividades y posteriormente cerró.
- 25 de septiembre de 2026: el aviso oficial de la investigación fija una audiencia pública sobre documentos no divulgados.
Los relatos de la declaración de Haddon-Cave sobre las negativas de los testigos indican que las audiencias públicas continuarían durante octubre y noviembre, y que se esperaba que concluyeran a finales de noviembre. No precisan el año de ese calendario, por lo que no debe confundirse con el de la audiencia separada, fechada en septiembre de 2026.
Quedan por resolver cuestiones importantes: qué muestran las fotografías, si las investigaciones militares recibieron todas las pruebas pertinentes, cómo puede tratarse de manera justa el testimonio restringido y qué explica los documentos adicionales que no se han divulgado. La investigación aún no ha determinado si se produjeron los presuntos homicidios y el encubrimiento.
Puntos clave
- Una alta proporción del personal del SAS al que se dirigió la investigación invocó el privilegio de no autoincriminarse y se negó a responder preguntas.
- La investigación abarca presuntos homicidios ilegales, encubrimientos y fallos en las pesquisas entre 2010 y 2013.
- Unas 10.000 fotografías operativas, al parecer, no formaron parte de las investigaciones anteriores de la policía militar.
- La Operación Northmoor y la Operación Cestro terminaron sin que se iniciaran procesos judiciales.
- Un soldado de alto rango impugna las restricciones de acceso a las pruebas; aquí no se confirma que se haya dictado un fallo al respecto.
- Un aviso oficial fija para el 25 de septiembre de 2026 una audiencia sobre documentos adicionales no divulgados.
- Las denuncias siguen bajo investigación y no constituyen conclusiones de culpabilidad penal.
