Tailandia suspende 49 proyectos de centros de datos ante la presión sobre el suministro de electricidad y agua y prepara nuevas normas

El auge de la construcción choca con los límites de la electricidad y el agua

Tailandia suspendió en septiembre de 2026 la construcción de 49 centros de datos y paralizó las decisiones de aprobación de 117 instalaciones previstas. La medida frenó un importante auge de inversiones digitales mientras las autoridades elaboran normas sobre electricidad, agua, seguridad y protección de las comunidades.

El desafío va más allá de los permisos de construcción. El Ministerio de Energía calcula que los desarrolladores de centros de datos han solicitado una capacidad eléctrica de unos 35 gigavatios, una cifra cercana a la demanda máxima nacional de Tailandia, de 40 gigavatios. El portavoz del ministerio, Pongpol Yodmuangcharoen, afirmó que las solicitudes incluyen peticiones infladas o condicionadas, por lo que las autoridades están verificando cuánta electricidad necesitan realmente los proyectos.

La Junta de Inversiones de Tailandia aprobó 88 proyectos de inteligencia artificial y centros de datos por un valor aproximado de 886.000 millones de baht, unos 27.000 millones de dólares, en el primer semestre de 2026. Esas aprobaciones de inversión son independientes de otra decisión: si cada desarrollo cuenta con los permisos, las conexiones a los servicios públicos y las medidas de protección necesarias para avanzar.

Danucha Pichayanan, secretario general del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, anunció la suspensión de las obras. La respuesta normativa abarca ahora desde la seguridad en los barrios hasta la planificación de la red eléctrica nacional, con normas propuestas que clasificarían las instalaciones según su demanda de electricidad y obligarían a los futuros solicitantes a competir por los recursos.

Para los residentes, las preocupaciones inmediatas son prácticas: si una instalación debe ubicarse junto a sus viviendas, cómo se almacena el combustible de respaldo y si la refrigeración industrial ejercerá presión sobre el suministro local de agua. Para los desarrolladores y los clientes de servicios en la nube, la cuestión central es cuándo podrán avanzar los proyectos dentro de un sistema de aprobación previsible.

Un centro de datos es un edificio lleno de computadoras que almacenan información y prestan servicios, como programas en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial. Esas computadoras necesitan electricidad y refrigeración constantes, por lo que cada proyecto grande supone un compromiso considerable de recursos locales.

¿Qué provocó la suspensión?

En septiembre, un derrame de petróleo en la zona de Rama IX, en Bangkok, atrajo la atención hacia un centro de datos sin autorización que operaba en una zona residencial. Posteriormente, la Administración Metropolitana de Bangkok comenzó a investigar 47 centros de datos en la capital.

La investigación de Bangkok abarca un grupo distinto de los 49 proyectos de construcción afectados por la suspensión nacional. El incidente incorporó al debate los permisos de las instalaciones, la manipulación del combustible y la proximidad a las viviendas, cuestiones que hasta entonces habían quedado eclipsadas por los anuncios de inversión.

La Comisión de Comunicaciones, Telecomunicaciones, Economía Digital y Sociedad de la Cámara de Representantes también comenzó a examinar el marco regulatorio de Bangkok. Los requisitos nacionales propuestos abarcan la planificación urbana, la distancia respecto de los edificios vecinos, los sistemas eléctricos, el almacenamiento de combustible de respaldo, la seguridad y la protección ambiental.

En septiembre, Tailandia creó un comité de 21 miembros para proponer políticas y normas, vigilar los efectos del sector, informar al gabinete y supervisar su aplicación. El comité nacional de políticas está presidido por el vice primer ministro.

El ministro de Finanzas y vice primer ministro, Ekniti Nitithanprapas, afirmó que la reunión del 4 de septiembre había recibido directrices de política del primer ministro. La decisión suspendió las obras y los permisos pendientes hasta que se aclararan los estándares ambientales y sociales mínimos.

Cómo funcionarían las normas propuestas

Ekniti afirmó que el 10 de noviembre de 2026 se presentaría un proyecto de marco normativo al gabinete. Este establece cuatro ámbitos mínimos de evaluación: ubicación y uso del suelo, conexiones eléctricas y de agua, prácticas ambientales y beneficios económicos y sociales.

Las normas sobre ubicación incluirían condiciones para almacenar el combustible utilizado por los generadores de respaldo. Los requisitos ambientales seguirían un Código de Prácticas, es decir, un conjunto de normas de operación para controlar los efectos de las instalaciones en su entorno.

Las disposiciones preliminares más detalladas exigen tratar el agua de purga, que se descarga de los sistemas de refrigeración a medida que se acumulan minerales y otras sustancias. Las salidas de gases no deben causar molestias a los vecinos y los sistemas automáticos de extinción de incendios deben cubrir toda la instalación.

Las propuestas de transición prevén entre ocho y 12 meses para que las empresas se adapten; una descripción posterior concede a los operadores actuales un año para mejorar la protección contra incendios, el suministro eléctrico de emergencia y las medidas ambientales. Los requisitos estructurales se aplicarían a las instalaciones existentes cuando soliciten modificaciones. Los proyectos sin permisos tendrían que cumplir íntegramente los nuevos requisitos.

No se especifican el resultado de la decisión del gabinete, el texto legal definitivo, la identidad de los proyectos afectados ni si se ha levantado la suspensión de septiembre. Se espera que las nuevas solicitudes vuelvan a aceptarse a principios de 2027, aunque no se ha confirmado una fecha de reanudación.

Siete categorías de tamaño, con límites preliminares aún en revisión

El sistema propuesto dividiría los centros de datos en siete categorías según su demanda de electricidad. Un borrador preparado para presentarse al gabinete en noviembre establece los siguientes rangos:

• Nivel 1: de cero a 0,5 megavatios.
• Nivel 2: de 0,5 a 5 megavatios.
• Nivel 3: de 5 a 10 megavatios.
• Nivel 4: de 10 a 20 megavatios.
• Nivel 5: de 20 a 50 megavatios.
• Nivel 6: de 50 a 200 megavatios.
• Nivel 7: más de 200 megavatios.

Otra descripción del borrador de la junta sitúa la categoría más pequeña entre 0,5 megavatios y menos de 1 megavatio; la siguiente, entre 1 y menos de 5 megavatios; y establece tres subdivisiones entre 5 y 50 megavatios. El texto definitivo aprobado determinará los límites y los nombres de las categorías.

La propuesta de noviembre permitiría que las cuatro categorías más pequeñas siguieran requisitos básicos y se ubicaran en zonas comerciales bajo determinadas condiciones. Los desarrollos de mayor tamaño estarían sujetos a condiciones más estrictas, en función de sus necesidades de recursos y de la capacidad de la zona circundante.

Las autoridades prevén clasificar los proyectos según la carga de la instalación, es decir, la demanda eléctrica de todo el emplazamiento, incluidos los sistemas de refrigeración y los equipos auxiliares. La carga de tecnología de la información, en cambio, abarca únicamente los equipos informáticos. Por tanto, una instalación puede necesitar más electricidad en total que la capacidad indicada para sus servidores.

Un gigavatio equivale a 1.000 megavatios. Mantener la coherencia en las unidades y los métodos de medición es importante cuando las autoridades comparan un proyecto concreto con la electricidad disponible en un distrito o en todo el país.

Por qué se examinan con más atención las solicitudes de electricidad

Los 35 gigavatios que, según las estimaciones, han solicitado los desarrolladores equivalen al 87,5 % de los 40 gigavatios de demanda máxima de electricidad nacional de Tailandia. El Ministerio de Energía está verificando las solicitudes porque los desarrolladores podrían reservar más capacidad de la que finalmente utilizarán o condicionar sus peticiones a que los proyectos sigan adelante.

El borrador del Plan de Desarrollo Eléctrico 2026 toma como referencia una capacidad de 8,8 gigavatios para los centros de datos. Esa cifra equivale aproximadamente a una cuarta parte de los 35 gigavatios solicitados, una brecha considerable que hace indispensable contar con información precisa sobre los proyectos antes de que las empresas de servicios públicos se comprometan a construir nuevas infraestructuras.

Christopher Starling, director de estrategia de JERA Asia, prevé que la demanda de energía de Tailandia crecerá al menos entre un 3 % y un 4 % anual, impulsada, entre otros factores, por los centros de datos, la infraestructura digital y los servicios de inteligencia artificial. JERA posee una participación de aproximadamente el 12,3 % en Electricity Generating Plc de Tailandia.

Starling explicó por qué los desarrolladores dan tanta importancia al acceso a un suministro eléctrico fiable:

«Hablamos mucho de la importancia de disponer de electricidad con rapidez para poder actuar pronto y ayudar a Tailandia a cubrir sus necesidades de centros de datos, garantizando al mismo tiempo un suministro fiable, ya que estos centros funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así que la respuesta breve es sí: vemos un mercado con mucho potencial», afirmó.

El ministro de Energía, Akanat Promphan, ha pedido crear una categoría tarifaria eléctrica independiente y más cara para los centros de datos, debido a su demanda de electricidad generada con gas importado de alto costo. Así, el precio que pagan los operadores estaría más vinculado al costo de suministrarles electricidad.

La Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia prevé invertir unos 35.000 millones de baht, aproximadamente 1.000 millones de dólares, en mejoras de la red, en particular en el Corredor Económico Oriental. Los requisitos propuestos en el Código de la Red Eléctrica obligarían a los operadores a gestionar las fluctuaciones de su demanda antes de recurrir a la red pública.

Los responsables de la planificación energética también prevén utilizar la Expectativa de Pérdida de Carga, o LOLE, para evaluar la fiabilidad. Esta medida estima con qué frecuencia la demanda de electricidad podría superar el suministro disponible y permite analizar las escaseces sin basarse únicamente en la capacidad de generación de reserva.

Un programa de paneles solares en azoteas, dirigido a un millón de hogares, añadiría 5.000 megavatios. Integrar ese suministro variable con grandes cargas industriales de consumo continuo exige cambios en la red, además de capacidad de generación adicional.

El agua y los barrios entran en la evaluación de permisos

El Corredor Económico Oriental afronta presiones tanto sobre el agua como sobre la electricidad. Somnuck Jongmeewasin, director de investigación del grupo de investigación y promoción EEC Watch, señaló un motivo concreto de preocupación en Chonburi:

«El embalse de Khlong Luang, en Chonburi, en el este de Tailandia, es un foco central de conflicto», afirma Somnuck Jongmeewasin.

Somnuck afirmó que el embalse era poco profundo y estaba bajo presión mientras las autoridades conducían su agua por tuberías hacia polígonos industriales. Los requisitos propuestos para las conexiones incluirían la disponibilidad local de agua en la evaluación de los proyectos, junto con el acceso a la electricidad.

La consulta a las comunidades fue uno de los temas de la Semana Internacional de la Energía de Singapur, celebrada en octubre de 2026. Allyson Anderson Book, directora de sostenibilidad, asuntos gubernamentales y políticas públicas de Baker Hughes, relató que los residentes de su barrio no recibieron suficiente información sobre la instalación de un centro de datos.

Jie-Sheng Tan-Soo, profesor adjunto de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de Singapur, explicó por qué las cifras totales de inversión pueden no ser suficientes para satisfacer a las comunidades:

«Aunque los centros de datos pueden generar inversiones y actividad de construcción considerables, por lo general crean menos empleos a largo plazo que muchos otros sectores que requieren cantidades comparables de terreno, electricidad y agua», afirma Jie-Sheng Tan-Soo.

La evaluación propuesta por Tailandia de los beneficios económicos y sociales incorporaría el empleo, el desarrollo de competencias y los efectos en las comunidades al mismo proceso de aprobación que los requisitos de suelo y servicios públicos. Esos criterios darían a las autoridades una base para comparar la contribución de cada proyecto con los recursos que necesita.

El auge regional pone en perspectiva la decisión de Tailandia

La actualización del primer semestre de 2026 sobre centros de datos de Asia-Pacífico de Cushman & Wakefield registró una cartera de desarrollos de 26,5 gigavatios: 4,8 gigavatios en construcción y 21,7 gigavatios previstos. El Sudeste Asiático concentraba aproximadamente la mitad de la capacidad en construcción.

Malasia tenía 1.039 megavatios en construcción y Tailandia, 859 megavatios. En conjunto, sus 1.898 megavatios representaban alrededor del 40 % del total en construcción en Asia-Pacífico. Las cifras se publicaron el 5 de agosto, antes de la suspensión de septiembre en Tailandia.

Bangkok tenía 134 megavatios en operación y una cartera de desarrollos de 2.084 megavatios. Su capacidad en construcción había aumentado un 148 %, una muestra de la rapidez con que crecían las necesidades de servicios públicos frente al tamaño del mercado existente.

Johor ilustra las presiones que acompañan ese crecimiento. Su capacidad operativa pasó de 94 megavatios en 2023 a 1.110 megavatios en 2026, casi doce veces más. Wood Mackenzie calcula que los centros de datos ya consumen el 24 % de la electricidad del estado, una proporción que podría llegar al 40 % en 2035.

Singapur restringió los nuevos centros de datos entre 2019 y 2022 y posteriormente vinculó las aprobaciones a condiciones de eficiencia y sostenibilidad. Johor ha anunciado restricciones para nuevas instalaciones de nivel 1 y nivel 2, mientras que un proyecto en Java Occidental, Indonesia, se paralizó por la falta de permisos y de una evaluación ambiental completa.

Los operadores también están cambiando la gestión del agua. Bridge Data Centres construyó una planta de recuperación de agua y una red de tuberías en Johor, mientras que AirTrunk anunció una alianza con Johor Special Water para reutilizar aguas residuales. En febrero, residentes de Johor protestaron contra otro desarrollo por el polvo generado durante las obras y sus posibles efectos en el suministro de agua.

Un sistema único de aprobación sustituiría la supervisión fragmentada

El Ministerio de Economía y Sociedad Digital de Tailandia desarrollaría el panel de control TH-DC para centralizar los registros de proyectos y permisos. También dirigiría el Servicio Integral para Centros de Datos, o DC-OSS, que coordinaría las solicitudes, conectaría bases de datos y haría seguimiento de los proyectos.

Las cifras nacionales muestran la necesidad de contar con un registro común. Los datos de septiembre, reunidos a partir de 16 organismos, enumeraban 35 proyectos o empresas en operación, cerca de 49 en construcción y más de 117 a la espera de permiso o evaluación. Más adelante, Ekniti mencionó 63 instalaciones en operación, 20 en construcción y más de 100 operadores que habían presentado propuestas. Las cifras utilizan descripciones y períodos de referencia distintos; las autoridades no han ofrecido una conciliación.

Nan Boonthida Somchai, viceministra de Economía y Sociedad Digital, afirmó que los futuros proyectos competirían por el acceso a la electricidad y el agua, así como por los incentivos a la inversión, en función de su contribución económica. Las obras en curso y las instalaciones a la espera de abrir se evaluarían por separado de las nuevas solicitudes de inversión.

Una iniciativa paralela en materia eléctrica conectaría información de la autoridad nacional de generación, la Autoridad Provincial de Electricidad, la Autoridad Metropolitana de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía. Compartir datos actualizados ayudaría a las empresas de servicios públicos a contrastar las solicitudes con los proyectos reales y las condiciones de la red.

¿Qué viene ahora para los inversores y los clientes?

Ruth Porat, presidenta y directora de inversiones de Google y Alphabet, se reunió con el primer ministro Anutin Charnvirakul el 6 de noviembre. Según Ekkapob Pianpises, portavoz de la Oficina del Primer Ministro, Google reafirmó su compromiso con Tailandia y abordó posibles cambios en las normas sobre electricidad y agua.

Anutin también habló de un servicio centralizado de permisos que utilizaría inteligencia artificial durante todo el proceso. No se informó de ninguna nueva cifra de inversión tras la reunión. Por separado, Google anunció inversiones por 15.000 millones de dólares en Malasia entre 2027 y 2028, una señal de que la expansión regional continúa mientras Tailandia trabaja en su marco normativo.

Tailandia ya alberga una infraestructura de servicios en la nube considerable. Amazon Web Services abrió una región de nube en enero de 2025; Google puso en marcha la suya en Bangkok en enero de 2026; Microsoft está desarrollando una región, y Alibaba Cloud opera dos centros de datos en el país. Una región de nube es un conjunto de instalaciones que presta servicio a clientes de una zona geográfica determinada.

Los principales hitos normativos muestran cómo la atención pasó de la expansión a la asignación de recursos:

• Primer semestre de 2026: la Junta de Inversiones aprobó 88 proyectos de inteligencia artificial y centros de datos por un valor aproximado de 886.000 millones de baht.
• 5 de agosto: las cifras regionales de construcción documentaron la rápida expansión de Tailandia.
• 4 de septiembre: el comité nacional acordó suspender las obras y los permisos pendientes mientras se aclaraban las normas.
• 6 de noviembre: Google habló con el primer ministro sobre las normas de electricidad, agua y permisos.
• 10 de noviembre: Ekniti tenía previsto presentar el marco propuesto al gabinete.
• Principios de 2027: se espera que vuelvan a aceptarse nuevas solicitudes.

Para los desarrolladores, el sistema que se perfila sitúa la ubicación, la disponibilidad de servicios públicos y los beneficios económicos en el centro de la concesión de permisos de construcción. Para los clientes que necesitan más capacidad informática, los plazos de entrega dependerán de que los proyectos cumplan esas condiciones. Los residentes contarían con normas explícitas sobre asuntos que las aprobaciones de inversión por sí solas no resuelven, desde el almacenamiento de combustible hasta la descarga de agua de refrigeración.

Puntos clave

• En septiembre de 2026, Tailandia suspendió las obras en 49 centros de datos y paralizó las decisiones de aprobación de 117 instalaciones previstas.
• Los desarrolladores solicitaron, según las estimaciones, 35 gigavatios de electricidad; el borrador del plan eléctrico nacional toma como referencia 8,8 gigavatios para el sector.
• Las normas propuestas abarcan el uso del suelo, la electricidad, el agua, las prácticas ambientales, la seguridad y los beneficios económicos.
• Las siete categorías de tamaño propuestas se basarían en la demanda eléctrica total de cada instalación; los límites definitivos están sujetos a aprobación.
• Una base de datos compartida de proyectos y un servicio centralizado de solicitudes coordinarían la supervisión entre organismos.
• Se espera que vuelvan a aceptarse nuevas solicitudes a principios de 2027, mediante un proceso que vincularía los recursos y los incentivos con la contribución económica.