Una propuesta para limitar una facultad policial cuestionada
China ha propuesto eliminar la facultad de la policía de someter a sospechosos y acusados a vigilancia residencial en un lugar designado por el simple hecho de que no tengan una residencia fija. El cambio forma parte de un proyecto de enmienda a la Ley de Procedimiento Penal que contiene 55 artículos en siete áreas principales, entre ellas la detención, el acceso a abogados, las pruebas y la protección de las víctimas.
Contenido
- Una propuesta para limitar una facultad policial cuestionada
- ¿Qué cambiaría y qué se mantendría?
- Cómo evolucionó el debate
- Qué documentan las investigaciones sobre la reclusión
- Las muertes dieron urgencia a las demandas de reforma
- ¿Cuántas personas se han visto afectadas?
- Controles sobre las detenciones y el tiempo bajo custodia
- Abogados, testigos y confesiones grabadas
- Atención a las víctimas, los menores y los bienes
- Puntos clave
El proyecto se presentó el 2 de noviembre para su primera lectura en la 25.ª sesión del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional. La propuesta limitaría una de las vías para aplicar un sistema conocido como RSDL, que permite mantener a una persona recluida hasta seis meses en un lugar elegido por las autoridades antes de su detención formal.
La propuesta llega tras años de denuncias de aislamiento, confesiones forzadas y muertes durante la aplicación del RSDL. Liu Renwen, investigador del Instituto de Derecho de la Academia China de Ciencias Sociales, afirmó que los abusos de la vigilancia residencial en lugares designados habían socavado la imparcialidad judicial y que la reforma buscaba reducir su uso.
La cuestión práctica es qué ocurriría con las personas que, de otro modo, serían sometidas al RSDL. Jin Hongwei, abogado defensor penal en Pekín, acogió favorablemente la restricción propuesta, pero advirtió que podría dar lugar a más detenciones en vez de reducir el tiempo de reclusión. El proyecto contempla otras medidas coercitivas legales cuando una persona no tiene residencia fija, por lo que la medida que las sustituya será determinante para el efecto de la reforma.
¿Qué cambiaría y qué se mantendría?
La ley vigente permite a la policía designar un lugar de vigilancia cuando un sospechoso o acusado no tiene residencia fija. También permite la vigilancia en un lugar designado en casos relacionados con delitos que ponen en peligro la seguridad del Estado o con el terrorismo, cuando la vigilancia en el domicilio podría obstaculizar una investigación.
La enmienda propuesta elimina el primero de esos motivos. El cambio descrito en el proyecto mantiene los motivos independientes relacionados con la seguridad del Estado y el terrorismo. No se anunció una fecha para la aprobación o entrada en vigor.
La vigilancia residencial pretende ofrecer una alternativa a la detención y, al mismo tiempo, permitir que continúe una investigación o un proceso penal. En términos sencillos, su objetivo es restringir los movimientos de una persona sin necesariamente trasladarla a un centro de detención.
La vigilancia en un lugar designado puede ser muy distinta de permanecer en el propio domicilio. Exdetenidos describen reclusiones en hoteles, dependencias policiales o instalaciones especiales, con guardias que controlan las actividades diarias y el contacto con el exterior. Abogados y académicos que piden su abolición sostienen que este sistema puede dar a los investigadores un amplio control tanto sobre los interrogatorios como sobre la custodia.
Cómo evolucionó el debate
La Ley de Procedimiento Penal de China se aprobó en julio de 1979 y fue objeto de amplias reformas en 1996 y 2012, seguidas de enmiendas en 2018. La vigilancia residencial se introdujo en la reforma de 1996, mientras que los cambios de 2012 ampliaron el uso de lugares designados en investigaciones penales delicadas.
La propuesta actual llega después de un debate público sobre si se debe restringir o abolir el RSDL. El abogado Yan Xin, del bufete Laishuo de Pekín, y Han Xu, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Sichuan, han pedido su abolición. Su postura va más allá de eliminar la falta de residencia fija como motivo para imponer la medida.
- 1996: Una reforma de la Ley de Procedimiento Penal introdujo la vigilancia residencial.
- 2012: Los cambios legislativos ampliaron el uso de la vigilancia residencial en lugares designados, incluso en investigaciones relacionadas con la seguridad nacional y el terrorismo.
- 2018: Otras enmiendas dieron lugar a la versión de la ley analizada en investigaciones posteriores sobre el RSDL.
- 2024: El debate público incluyó muertes bajo custodia y pedidos de abogados y académicos para abolir el sistema.
- 2 de noviembre: El último proyecto de enmienda se presentó al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para su primera lectura.
Así, el debate pasó de las demandas de reforma a una propuesta legislativa concreta. Su alcance es más limitado que la abolición que piden algunos abogados, mientras que otras disposiciones buscan reforzar los controles durante todo el proceso penal.
Qué documentan las investigaciones sobre la reclusión
La organización de derechos humanos Safeguard Defenders describe el funcionamiento del RSDL en su informe Locked Up. El informe analiza el artículo 75 de la Ley de Procedimiento Penal de 2018 y afirma que las garantías, como la notificación a la familia y la supervisión de la fiscalía, se eluden sistemáticamente. Para junio de 2021, la organización había documentado 175 casos individuales.
En esos casos, Safeguard Defenders registró acceso a un abogado en uno, contacto con la familia en cuatro y visitas de fiscales en dos. Documentó seis casos que superaron el máximo legal de seis meses, incluido uno que duró casi cuatro años. Estos datos describen la recopilación de casos de la organización, no un recuento administrativo nacional.
El informe describe la presencia de al menos dos guardias que vigilaban a cada detenido, junto con cámaras en funcionamiento las 24 horas. Los testimonios incluyen interrogatorios de varias horas, restricciones de alimentos, demoras en la atención médica y presiones que involucraban a familiares. También describe restricciones posteriores a la liberación, como límites a los viajes, al contacto con abogados y a la divulgación de lo ocurrido.
Bao Longjun, abogado de derechos humanos y exdetenido, describió la vigilancia constante:
«Por la noche, dos guardias me vigilaban, incluso cuando iba al baño o me cepillaba los dientes».
Ding Jiaxi, otro abogado sometido al RSDL, describió las condiciones en que dormía y se desplazaba:
«La luz fluorescente de la habitación estaba encendida las 24 horas».
Safeguard Defenders también recoge el testimonio de Niu Tengyu, quien afirmó que durmió menos de 30 horas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 20 de enero de 2020 y que fue golpeado. Estos testimonios ayudan a explicar por qué el acceso a abogados, las grabaciones de los interrogatorios y el examen de las confesiones ocupan un lugar destacado en los cambios propuestos.
Las muertes dieron urgencia a las demandas de reforma
Bao Qinrui, de 34 años, murió el 20 de julio de 2022, en su 13.º día bajo el RSDL, bajo sospecha de provocar altercados y causar problemas. Su familia vio un informe de autopsia del Centro Forense de la Fiscalía Popular Suprema el 22 de abril de 2024.
Según la descripción pública, los resultados de la autopsia atribuyeron su muerte a una insuficiencia respiratoria y circulatoria aguda causada por una embolia pulmonar, tras un periodo prolongado de posturas restrictivas que provocan estrés, lesiones físicas reiteradas y descargas eléctricas. Una embolia pulmonar es la obstrucción de un vaso sanguíneo que lleva sangre a los pulmones.
Xing Yanjun, gerente de una empresa tecnológica, murió mientras estaba bajo el RSDL en Hulunbuir, Mongolia Interior. Su hermano denunció que la policía torturó a Xing y a sus colegas para obtener confesiones sobre una operación de apuestas. La familia cuestionó la explicación policial de que Xing se había ahorcado y afirmó que se enteró de su muerte cuatro meses después.
Otros casos mencionados en el debate incluyen la muerte en Hubei del sospechoso de robo Yuan Shihong y la de un sospechoso en Taizhou, Jiangsu, que quedó en estado vegetativo tras desarrollar encefalopatía de Wernicke, asociada con desnutrición grave y privación del sueño. Chen Yongsheng, profesor de Derecho de la Universidad de Pekín, afirmó que las informaciones difundidas públicamente habían expuesto al menos 10 casos pertinentes.
El abogado Hao Chen también ha denunciado que sus clientes sufrieron reclusiones ilegales prolongadas, exigencias coercitivas de pagos y torturas. Describió una práctica por la que se trasladaba a sospechosos desde el liuzhi, un tipo de custodia utilizado en investigaciones de supervisión, a un RSDL nominal mientras las autoridades de supervisión seguían interrogándolos. Sus denuncias apuntan a la preocupación por la sucesión de distintas formas de reclusión que prolonga el aislamiento de una persona.
¿Cuántas personas se han visto afectadas?
Las cifras de Safeguard Defenders varían considerablemente según la publicación y el periodo. Su informe de 2021 mencionó menos de 500 personas sometidas al RSDL en 2013 y más de 6.000 en 2019, un aumento de más de doce veces según esos valores. La organización estimó que en 2020 ingresaban al RSDL 20 personas al día.
Otras estimaciones atribuidas a la organización situaron la cifra entre 10.000 y 15.000 personas al año. Se describió una publicación de 2022 como un documento que registraba 270.000 casos de RSDL desde 2013 y estimaba un total de entre 560.000 y 860.000 durante ese periodo. Las diferencias entre las medidas, que incluyen casos documentados, episodios y estimaciones de personas, hacen incierta la magnitud nacional.
Ciudadanos extranjeros también han sido sometidos al RSDL. Entre los casos citados están los australianos Yang Hengjun y Cheng Lei, los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor, y el jugador estadounidense de baloncesto Jeff Harper. El caso de Harper se refería a una acusación de causar una muerte por negligencia, lo que ilustra el uso de la vigilancia en lugares designados más allá de las investigaciones de seguridad nacional.
Harper afirmó que perdió 18 kilogramos durante su reclusión en Shenzhen. El activista sueco Peter Dahlin, fundador de Safeguard Defenders, pasó 23 días bajo custodia a principios de 2016 antes de ser expulsado del país. Su testimonio forma parte de la investigación de la organización sobre las condiciones de reclusión.
Controles sobre las detenciones y el tiempo bajo custodia
El proyecto exigiría a los fiscales que, al revisar las solicitudes de aprobación de una detención, interroguen al sospechoso y escuchen la opinión de su abogado defensor. También tendrían que revisar periódicamente si sigue siendo necesario mantener a la persona detenida.
Otra disposición exigiría la liberación o el cambio de las medidas coercitivas cuando el tiempo bajo custodia esté a punto de superar la pena de prisión que probablemente se impondría a la persona. El objetivo es concreto: alguien que espera una decisión no debería pasar más tiempo recluido que la pena prevista.
El proyecto también propone limitar los motivos para prorrogar la detención policial mientras se solicita la aprobación de una detención y acortar esas prórrogas. La policía tendría que investigar con prontitud durante el periodo de detención. Para reiniciar el cómputo del plazo de custodia durante la investigación se necesitaría la aprobación de la fiscalía.
Estas disposiciones están directamente relacionadas con la preocupación de Jin Hongwei por un posible aumento de las detenciones. Eliminar una vía para recurrir a la vigilancia en lugares designados cambia las opciones legales disponibles para la policía. Las revisiones periódicas, la participación de abogados y los límites vinculados a la pena probable ayudarían a determinar cuánto tiempo permanecería recluida una persona bajo una medida sustitutiva.
El proyecto también prohibiría expresamente presumir la culpabilidad. Desde 1996, China cuenta con una disposición que establece que nadie puede ser declarado culpable sin una sentencia judicial conforme a la ley. La adición propuesta expresaría la prohibición de forma explícita y la vincularía con los cambios sobre las pruebas, los derechos de defensa y las restricciones a la libertad.
Abogados, testigos y confesiones grabadas
Cuando los abogados defensores soliciten reunirse con una persona en un centro de detención, se les tendría que permitir verla en un plazo de 48 horas. Los abogados de oficio tendrían derechos más claros para conocer el caso, reunirse con la persona y examinar el expediente.
Los tribunales que utilicen el procedimiento ordinario podrían pedir a los organismos de asistencia jurídica que designen abogados defensores. Los fiscales también podrían solicitar que se designe un abogado para un sospechoso sin representación que se exponga a una posible pena de prisión de tres años o más. Esto ampliaría el acceso a la asistencia jurídica durante la etapa en que los fiscales deciden si presentan el caso ante un tribunal.
La grabación obligatoria de los interrogatorios en audio y video se ampliaría a los casos en que la pena posible sea de al menos tres años. Las grabaciones tendrían que conservarse y estar a disposición de los tribunales y la fiscalía. La firma de una declaración de aceptación de culpabilidad y pena también tendría que quedar registrada simultáneamente en audio y video.
En general, los tribunales aceptarían la acusación y la pena propuestas por la fiscalía si concluyen que la admisión fue voluntaria, que la declaración firmada es auténtica y legal y que la pena es adecuada. Esto asigna expresamente al tribunal la responsabilidad de examinar cómo se obtuvo la admisión.
Se podría exigir que comparezcan ante el tribunal los testigos cuyo testimonio cambie sustancialmente o resulte contradictorio. Si un testigo se niega a comparecer tras ser citado y no se puede confirmar la veracidad de su testimonio anterior, este no podría servir de fundamento para la sentencia. En determinadas circunstancias, también se excluirían los materiales audiovisuales y los datos electrónicos obtenidos en contra del procedimiento legal.
Atención a las víctimas, los menores y los bienes
Las víctimas, sus representantes legales y sus familiares cercanos tendrían nuevas vías para solicitar asistencia jurídica en determinadas circunstancias. Los abogados de las víctimas tendrían derecho a examinar, tomar notas y obtener copias de los expedientes.
En los casos que las víctimas deben iniciar por sí mismas, como ciertos casos de injuria, difamación y maltrato, los tribunales podrían pedir ayuda a la policía cuando reunir pruebas fuera realmente difícil. Esto abordaría un obstáculo práctico para quien puede describir una lesión, pero no obtener los registros u otros materiales necesarios para presentar su caso.
Los menores víctimas que no tengan representante recibirían un abogado de asistencia jurídica designado, una vez obtenido el consentimiento. Los interrogatorios de menores víctimas y testigos deberían proteger su intimidad y reputación y, cuando sea posible, realizarse en una sola sesión para reducir el malestar que causan las repeticiones.
El proyecto también aborda los bienes incautados o congelados durante las investigaciones. La policía tendría que remitir a la fiscalía las decisiones relacionadas con bienes de gran valor o medidas que afecten considerablemente a las personas implicadas. Otras disposiciones buscan reducir las alteraciones de la actividad empresarial habitual y evitar que los activos incautados se utilicen para financiar a los organismos investigadores.
Las disposiciones sobre casos internacionales permitirían utilizar pruebas obtenidas mediante la cooperación internacional policial o judicial cuando cumplan los requisitos legales chinos. El proyecto también pide un trato justo para los sospechosos y acusados extranjeros y permite adoptar contramedidas frente a jurisdicciones penales extranjeras indebidas o restricciones discriminatorias dirigidas contra ciudadanos y organizaciones chinos.
Puntos clave
- El proyecto eliminaría la falta de residencia fija como motivo para que la policía imponga la vigilancia residencial en un lugar designado.
- Se mantendrían los motivos independientes relacionados con la seguridad del Estado y el terrorismo que se describen en la propuesta.
- La propuesta contiene 55 artículos en siete áreas principales y se presentó para su primera lectura el 2 de noviembre.
- Abogados y exdetenidos han denunciado aislamiento, torturas y muertes durante la aplicación del RSDL, lo que ha impulsado demandas de abolición.
- Otros cambios reforzarían las revisiones de las detenciones, el acceso a abogados, la grabación de los interrogatorios y el examen de las pruebas.
- El efecto práctico dependerá en parte de qué medidas sustituyan al RSDL para las personas sin residencia fija.
