Una lista de 41 campos, en el centro de las acusaciones
Una unidad de inteligencia militar japonesa con sede en el campamento Asaka, en el área metropolitana de Tokio, recopiló en secreto información personal sobre civiles mediante una lista que abarcaba sus creencias políticas, preferencias sexuales y situación económica, según antiguos miembros y otras personas familiarizadas con su labor.
Contenido
- Una lista de 41 campos, en el centro de las acusaciones
- Cómo los contactos cotidianos podían convertirse en informantes
- Qué contenían los informes personales
- Por qué Japón creó la unidad
- Por qué importa el método de recopilación
- ¿Quién conservaba los registros?
- Qué ha dicho el ministro de Defensa
- Puntos clave
Según se informa, la Unidad de Inteligencia de Campo de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón recopilaba la información mientras contactaba a residentes extranjeros e investigadores japoneses para obtener conocimientos sobre países de África y el Sudeste Asiático. Antiguos miembros afirmaron que, durante esos contactos, el personal ocultaba su identidad o sus vínculos militares.
Un informe descrito por antiguos miembros contenía 41 campos, entre ellos características físicas, domicilios, números de teléfono y lugares de trabajo. Las acusaciones plantean dos cuestiones jurídicas relacionadas: cómo obtuvo un organismo gubernamental información sensible y cómo conservó los registros resultantes.
El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, ha dicho que no se ha confirmado ninguna actividad indebida. No ha reconocido que existan esos informes. Los testimonios no aclaran cuándo comenzó la recopilación, cuántas personas fueron perfiladas, si continúa ni hasta dónde circularon los registros dentro de las Fuerzas de Autodefensa.
Cómo los contactos cotidianos podían convertirse en informantes
Según antiguos miembros, el personal de la unidad tenía asignados países o regiones concretos, incluidas zonas de África y el Sudeste Asiático. Se acercaba a personas que vivían en Japón y procedían de esos países, entre ellas propietarios de restaurantes, así como a investigadores japoneses.
Esos contactos podían aportar información sobre la situación en el extranjero. El propietario de un restaurante podía conocer novedades de su país de origen, mientras que un investigador podía tener conocimientos detallados sobre su política o situación de seguridad. La labor declarada de la unidad consistía en recopilar información y crear redes que pudieran respaldar despliegues en el extranjero.
Antiguos miembros dijeron que la unidad también recopilaba datos personales de las personas a las que contactaba. Dentro de la unidad, conocer las creencias y los principios de una persona se presentaba como algo necesario para evaluar si podía convertirse en informante, es decir, alguien que proporciona información a una organización de inteligencia.
Por tanto, según los testimonios, en un mismo encuentro se combinaban dos actividades: conocer otro país y evaluar a la persona que aportaba esa información. Entre los civiles mencionados había tanto residentes extranjeros como ciudadanos japoneses, por lo que la supuesta recopilación afectaba a personas que vivían en Japón.
Qué contenían los informes personales
Los formularios se describieron como informes de datos básicos de fuentes, y los testimonios usaron las denominaciones "Individual BSD" y "Personal Basic Source Data". Sus 41 campos abarcaban desde datos de contacto habituales hasta cuestiones mucho más privadas.
Los domicilios, números de teléfono y lugares de trabajo pueden ayudar a una organización a identificar y contactar a una persona. Las creencias políticas, la ideología, las preferencias sexuales y la situación económica describen aspectos íntimos de la vida de alguien. En conjunto, estas categorías podían ofrecer al personal de inteligencia un panorama detallado de una persona a la que esperaba reclutar.
Antiguos miembros dijeron que, en la práctica, muchos campos quedaban en blanco. Por tanto, el alcance de la lista era más amplio que la información consignada en cada registro individual. Los testimonios describen un formulario estándar que reservaba espacio para información sensible, aunque el grado de cumplimentación variaba.
Una persona familiarizada con la práctica dijo que la lista se basaba en elementos de investigación utilizados por una unidad militar de Estados Unidos. No se identificó ninguna unidad estadounidense en particular. El testimonio describe una influencia en el diseño del formulario, mientras que la responsabilidad de recopilar y conservar la información recaía en la unidad japonesa mencionada por antiguos miembros.
Por qué Japón creó la unidad
Las Fuerzas Terrestres de Autodefensa establecieron la unidad de inteligencia en 2007, después de que las fuerzas japonesas tuvieran dificultades para recopilar información sobre las condiciones de seguridad locales durante su despliegue en Irak. Ese despliegue se prolongó de 2003 a 2009.
La unidad tenía el objetivo de recopilar información de inteligencia y crear redes locales para operaciones en el extranjero. Según se informa, contaba con unos 50 integrantes y estaba encabezada por un teniente coronel. Su tamaño relativamente reducido ayuda a explicar la asignación de países a cada integrante, que debía desarrollar contactos relacionados con lugares concretos.
La cronología sitúa la creación de la unidad en el contexto de una misión en el extranjero ya en marcha:
- 2003: Comenzó el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa en Irak.
- 2007: Las Fuerzas Terrestres de Autodefensa establecieron la unidad de inteligencia tras las dificultades para obtener información local sobre seguridad.
- 2009: Terminó el despliegue en Irak.
Las acusaciones se refieren a cómo se llevó a cabo esa misión de comprender la situación en el extranjero mediante contactos dentro de Japón. Antiguos miembros describen una práctica organizada en torno a países asignados, un formulario de informe común y un grupo responsable de conservar los registros.
Por qué importa el método de recopilación
La Ley de Protección de la Información Personal de Japón prohíbe que los organismos administrativos obtengan información personal mediante engaños u otros medios indebidos. La principal preocupación es la acusación de que el personal militar recopiló información privada ocultando su identidad o sus vínculos.
Para un civil, saber quién hace una pregunta puede influir en su decisión de responder. Una conversación sobre la situación de otro país puede adquirir un significado distinto cuando quien pregunta recopila información para una unidad de inteligencia militar y evalúa a un posible informante.
La supuesta inclusión de las creencias y las preferencias sexuales agrava la preocupación por la privacidad, porque estos temas van más allá de los datos prácticos necesarios para contactar a alguien. Un registro que combine identidad, empleo, situación económica y opiniones privadas podría revelar mucho más sobre una persona que cualquiera de esos datos por separado.
La ley de protección de la información personal también regula las solicitudes de acceso que presentan las personas para consultar los datos que se conservan sobre ellas. No permite que un organismo administrativo les niegue esa información alegando que debe proteger la privacidad de quien la solicita. Sin embargo, puede rechazarse la divulgación si hay motivos razonables para creer que podría perjudicar la seguridad nacional. Un organismo también puede negarse a confirmar o negar si existen registros cuando la respuesta, por sí sola, revelaría información protegida.
La cuestión jurídica sigue siendo una acusación de posible obtención indebida de información. Para resolverla, habría que determinar qué dijeron los integrantes del personal a los civiles, qué información obtuvieron, cómo la consiguieron y qué normas regían sus acciones. Hasta ahora, la respuesta pública del ministro de Defensa ha sido que no se ha confirmado ninguna actividad indebida.
¿Quién conservaba los registros?
Según se informa, un grupo de la unidad de inteligencia conocido como "control de fuentes" almacenaba los informes personales. Antiguos miembros y otras personas familiarizadas con la práctica dijeron que los informes no se gestionaban como documentos oficiales.
Ese testimonio plantea una segunda cuestión jurídica relacionada con la ley japonesa de gestión de archivos públicos, que exige una gestión adecuada de los registros administrativos. La cuestión no se limita a si debió recopilarse la información: también abarca cómo una organización gubernamental documentó y conservó el material producido en el curso de su trabajo.
La Ley de Gestión de Archivos Públicos, Ley n.º 66 de 2009, define los documentos administrativos como registros creados u obtenidos por empleados de organismos administrativos en el ejercicio de sus funciones y conservados por el organismo para uso organizativo. El artículo 4 exige a los empleados, salvo en asuntos menores, crear documentos que permitan seguir o verificar razonablemente los procesos de toma de decisiones y los resultados del trabajo del organismo.
Los artículos 5 a 8 regulan la clasificación, la fijación de los períodos de conservación, la custodia, los registros documentales y la transferencia o eliminación cuando vencen los períodos de conservación. Los registros de importancia histórica deben transferirse a los Archivos Nacionales u otros archivos designados. El artículo 8 exige que un organismo administrativo, como el Ministerio de Defensa, consulte previamente al primer ministro y obtenga su consentimiento antes de eliminar registros una vez vencidos sus períodos de conservación. Si se deniega el consentimiento, debe fijarse un nuevo período de conservación.
El artículo 9 exige presentar anualmente al primer ministro informes sobre la gestión de documentos administrativos, mientras que el artículo 10 obliga a los organismos a establecer y publicar normas de gestión documental. Por separado, el artículo 15 exige que los archivos que conservan determinados registros públicos históricos con información personal adopten medidas para impedir que esa información se filtre.
La gestión documental importa porque permite rastrear las decisiones. Un registro que indique quién elaboró un perfil, cuándo se actualizó y quién lo recibió puede ayudar a determinar quién fue responsable de recopilar y utilizar la información personal.
La forma de almacenamiento descrita también pone de relieve la organización interna de la unidad. El personal recopilaba información, la ingresaba en un tipo de formulario compartido y entregaba los informes a un grupo designado para su custodia. Determinar cómo se autorizó ese proceso sería fundamental para examinar tanto las preocupaciones sobre privacidad como el tratamiento de los registros gubernamentales.
Qué ha dicho el ministro de Defensa
En ruedas de prensa, preguntaron al ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, por los informes. Su respuesta se refirió a si el ministerio había confirmado una conducta indebida, sin reconocer que existieran los informes personales.
Koizumi, titular del Ministerio de Defensa de Japón, dijo:
"No hemos confirmado ninguna actividad indebida".
El ministerio también se negó a confirmar o negar si tenía registros sobre Koichi Kodama, un abogado del Colegio de Abogados de Tokio. El 31 de julio, Kodama solicitó acceso a la información personal sobre él que pudiera figurar en informes Individual BSD o en registros equivalentes. El ministerio emitió una notificación de denegación el 25 de septiembre, en lugar de decir que los registros no existían.
La notificación señalaba que revelar si existían los documentos administrativos solicitados podía permitir deducir la capacidad de recopilación de inteligencia de las Fuerzas de Autodefensa, obstaculizar el desempeño eficaz de sus funciones y, en última instancia, poner en riesgo la seguridad de Japón. El ministerio recurrió a la disposición de la ley de protección de la información personal que permite a un organismo negarse a confirmar o negar la existencia de registros.
Kodama dijo que había solicitado la información porque pensaba que podía existir un informe sobre él. Esperaba que el ministerio respondiera que no había registros y se sorprendió cuando se negó a confirmar o negar su existencia.
Antiguos funcionarios de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa y antiguos integrantes de la unidad dijeron que las actividades descritas habían ocurrido y que ellos las consideraban ilegales o jurídicamente cuestionables.
Antiguos miembros describen una recopilación sistemática respaldada por una lista estándar. La declaración de Koizumi expone la postura del ministerio: no se ha confirmado ninguna conducta indebida. La cuestión central para exigir responsabilidades es si el ministerio puede establecer los hechos detrás de esos testimonios mediante las instrucciones, los registros y los procedimientos de gestión de la unidad.
Para los civiles afectados, lo que está en juego es personal: si se registró información sobre su vida privada, quién podía acceder a ella y cómo se utilizó. Para las Fuerzas Terrestres de Autodefensa, las acusaciones sitúan sus métodos para reclutar fuentes frente a sus obligaciones legales en materia de privacidad y archivos públicos.
Puntos clave
- Antiguos miembros afirman que la Unidad de Inteligencia de Campo del campamento Asaka elaboró en secreto perfiles personales de civiles.
- Una lista de 41 campos abarcaba datos de contacto, creencias, preferencias sexuales y situación económica, aunque, según se informa, muchas casillas quedaban en blanco.
- Entre los contactos había residentes extranjeros que tenían restaurantes en Japón e investigadores japoneses con conocimientos sobre países extranjeros.
- La unidad se creó en 2007 tras las dificultades para recopilar información durante el despliegue en Irak.
- Las acusaciones plantean posibles problemas en relación con las leyes de protección de la información personal y de gestión de archivos públicos.
- El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, afirma que no se ha confirmado ninguna actividad indebida y no ha reconocido que existan los informes.
- El ministerio se negó a confirmar o negar si tenía registros sobre el abogado Koichi Kodama y citó riesgos para la capacidad de recopilar inteligencia y la seguridad nacional.
