El debate del 11 de noviembre pone el foco en las facultades de los comités
Está previsto que la Cámara de Representantes de Tailandia examine el 11 de noviembre de 2026 cambios en las normas de sus sesiones, entre ellos la obligación de que los candidatos a primer ministro presenten su visión antes de una votación y nuevos requisitos de votación para los comités parlamentarios. La propuesta también permitiría a la Cámara aumentar o reducir sus 35 comités permanentes actuales.
Contenido
- El debate del 11 de noviembre pone el foco en las facultades de los comités
- Cómo funcionaría la votación para elegir al primer ministro
- Podría cambiar la dirección de los comités
- Se necesitaría la aprobación colectiva para citar a testigos
- Las reuniones públicas no se transmitirían automáticamente
- Líderes de la oposición cuestionan el rumbo de los cambios
- Una votación de 8 a 0 agrava la disputa sobre las directrices
- Se esperaría que los ministros respondieran en persona
- Los proyectos de ley conservarían su lugar aunque se retirara uno de sus promotores
- Puntos clave
Nikorn Chamnong, diputado del Partido Bhumjaithai elegido por la lista del partido, presentó el proyecto al presidente de la Cámara el 21 de octubre, con el respaldo de 48 diputados. El objetivo declarado es hacer más eficiente el trabajo parlamentario, reflejar los cambios tecnológicos y adecuar los procedimientos a la Constitución.
La principal disputa política gira en torno a quién controla las investigaciones de los comités. El proyecto exigiría que los comités aprobaran las decisiones antes de solicitar documentos o citar testigos, transmitir reuniones en directo, incluir asuntos en el orden del día o celebrar conferencias de prensa. Líderes de la oposición sostienen que estos requisitos de votación podrían dar a la mayoría gobernante un mayor control sobre la fiscalización de su propia gestión.
Una disputa relacionada sobre las directrices operativas de los comités se intensificó el 4 de noviembre. El Comité de Asuntos Jurídicos, Justicia y Derechos Humanos de la Cámara votó por 8 a 0 no aceptar por ahora esas directrices y acordó invitar al presidente de la Cámara, Sophon Saram, a explicarlas en su próxima reunión.
Los cambios propuestos al reglamento y las directrices operativas controvertidas son medidas distintas, aunque ambas se refieren a las facultades de los comités. No se ha anunciado ni el resultado del examen previsto para el 11 de noviembre ni una fecha para la comparecencia de Sophon ante el comité de asuntos jurídicos. Para los diputados, la disputa inmediata se centra en los procedimientos que determinan si puede iniciarse una investigación, a quién puede interrogar y cuánto puede ver el público.
Cómo funcionaría la votación para elegir al primer ministro
El proyecto de Bhumjaithai añadiría un capítulo que establecería el procedimiento de la Cámara para aprobar a una persona como primer ministro. Cada diputado podría proponer a una persona elegible entre los nombres presentados por los partidos políticos.
El partido que propusiera al candidato tendría que contar con al menos el 5% del total de diputados en funciones. La candidatura también necesitaría el respaldo público de al menos una décima parte de los diputados en funciones. Se trata de dos requisitos distintos: uno se refiere al tamaño del partido del candidato y el otro, al apoyo necesario para presentarlo ante la Cámara.
Con 500 diputados en funciones, esos umbrales significarían que un partido necesitaría al menos 25 escaños y que la candidatura requeriría al menos 50 respaldos. Las cifras exactas dependerían del número de diputados en funciones cuando se aplicara el procedimiento.
Antes de la votación, la persona propuesta tendría que presentar su visión ante la Cámara dentro del plazo que fijara el presidente. Si no fuera diputado, el presidente podría autorizarla a entrar en la Cámara para hacer la presentación.
La votación sería pública. Para ser aprobado, el candidato necesitaría más de la mitad de todos los diputados en funciones, y no simplemente más de la mitad de quienes votaran. Con 500 miembros en funciones, necesitaría al menos 251 votos. Si nadie alcanzara el umbral, las candidaturas y su examen se repetirían en la siguiente sesión.
Para el público, la presentación propuesta ofrecería la oportunidad de conocer las prioridades de un candidato antes de que los diputados tomaran una decisión. Los respaldos públicos a las candidaturas y la votación final también permitirían identificar qué diputados apoyaron al candidato en cada etapa.
Podría cambiar la dirección de los comités
La propuesta cambiaría tanto el número de comités permanentes como la forma de elegir a sus presidentes. Los comités permanentes son grupos de la Cámara que examinan de manera continua áreas específicas de la labor del Gobierno. Las normas actuales establecen que haya 35, mientras que el proyecto permitiría a la Cámara aumentar o reducir ese número según las circunstancias.
Para elegir a los presidentes y vicepresidentes de los comités, si hubiera una sola candidatura, esta se consideraría elegida. Si se propusieran varias personas, los miembros del comité votarían en secreto y ganaría quien obtuviera más votos. Los candidatos podrían presentar su visión, pero no habría debate sobre esas presentaciones.
Si hubiera un empate en el primer lugar, se celebraría otra votación. Si el empate persistiera en la segunda votación, el ganador se decidiría por sorteo.
La preocupación política se centra en el cambio de un sistema que asigna los cargos de presidente de los comités según la proporción de escaños de los partidos en la Cámara a otro que los elegiría mediante votaciones dentro de los comités. Abhisit Vejjajiva, líder del Partido Demócrata, sostuvo que el cambio permitiría que las mayorías decidieran cargos que antes se distribuían según la fuerza de los partidos en el Parlamento.
En una votación secreta no se identificarían públicamente las decisiones individuales, a diferencia de la votación abierta propuesta para elegir al primer ministro. Ganaría el candidato con más votos en el comité, por lo que la regla de selección también sería distinta del requisito de que el primer ministro obtenga más de la mitad de los votos de todos los diputados en funciones.
Se necesitaría la aprobación colectiva para citar a testigos
Los comités que solicitaran documentos o testimonios necesitarían primero la aprobación de al menos la mitad de sus miembros en funciones. Las solicitudes tendrían que presentarse por escrito y el proyecto permitiría firmarlas electrónicamente. La propuesta presentada en octubre contempla la firma del presidente o vicepresidente del comité.
Las solicitudes relacionadas con funcionarios del Estado también pasarían por el poder ejecutivo. El presidente del comité informaría al primer ministro o al ministro responsable de la entidad del funcionario, y ese responsable tendría que instruir al funcionario para que proporcionara la información solicitada.
Para el presidente de un comité que llevara adelante una investigación, el cambio práctico sería la obligación de obtener apoyo dentro del comité antes de presentar una solicitud. En el caso de los funcionarios citados, el procedimiento incorporaría al ministro que los supervisa.
El proyecto también exigiría resoluciones respaldadas por al menos la mitad de los miembros del comité para incluir asuntos en el orden del día o celebrar conferencias de prensa. El objetivo declarado es aumentar la transparencia y evitar el uso arbitrario de las facultades de los comités. La oposición centra sus objeciones en cómo funcionarían estos requisitos cuando los partidarios del Gobierno tuvieran suficientes escaños para controlar las decisiones.
El desacuerdo central, por tanto, se refiere a dónde debe recaer la autoridad. La propuesta de Bhumjaithai otorga más decisiones al comité en su conjunto. Líderes de la oposición sostienen que los presidentes que fiscalizan al Gobierno necesitan margen para actuar incluso cuando los miembros oficialistas se oponen a una investigación.
Las reuniones públicas no se transmitirían automáticamente
Según el proyecto, las reuniones de los comités seguirían siendo abiertas por regla general. Una reunión pasaría a ser secreta si lo solicitara el primer ministro, un ministro o más de la mitad de los miembros del comité en funciones.
La asistencia a una reunión secreta se limitaría a las personas vinculadas con los asuntos tratados que contaran con la autorización del presidente del comité. Esto establecería expresamente quién podría escuchar las deliberaciones confidenciales.
Las transmisiones en directo requerirían una decisión aparte, respaldada por más de la mitad de los miembros del comité en funciones. Por tanto, las reuniones abiertas y las transmisiones se regirían por procedimientos distintos: una reunión podría ser abierta sin que se aprobara su transmisión en directo.
La propuesta también establecería un procedimiento para que las personas afectadas por declaraciones hechas durante una transmisión pudieran solicitar la publicación de una explicación. Una persona ajena al comité que considerara que la transmisión contenía comentarios perjudiciales sobre ella podría presentar una solicitud al presidente del comité en un plazo de tres meses. La disposición excluye al primer ministro, los ministros y los miembros del comité.
Estas normas afectarían tanto al acceso a las reuniones como a la gestión posterior de las quejas. Quienes siguieran a distancia las sesiones de un comité dependerían de que sus miembros aprobaran la transmisión, mientras que las personas elegibles afectadas por declaraciones dispondrían de un plazo determinado para solicitar la publicación de una respuesta.
Líderes de la oposición cuestionan el rumbo de los cambios
El líder de la oposición, Natthaphong Ruengpanyawut, participó el 4 de noviembre en una conferencia de prensa junto a Abhisit, el líder del Partido Thai Ruam Palang, Wasawat Puangpornsri, y presidentes de comités del Partido del Pueblo y del Partido Demócrata. Cuestionaron medidas que describieron como obstáculos a la fiscalización parlamentaria.
Abhisit relacionó las enmiendas propuestas con una circular que establecía directrices operativas para los comités. Dijo que el presidente de la Cámara había convocado anteriormente a los presidentes de los 35 comités y había pedido al departamento jurídico que elaborara las directrices. Instó a Sophon a convocar de nuevo a los presidentes y reconsiderar cómo deberían funcionar los procedimientos.
Abhisit, líder del Partido Demócrata y antiguo líder de la oposición, sostuvo que un presidente podía consultar a los miembros sobre los puntos propuestos para el orden del día y permitir objeciones sin exigir una votación formal en cada ocasión. Sobre ese punto, dijo:
«No hace falta una resolución».
La alternativa que propuso permitiría mantener el debate dentro del comité y, al mismo tiempo, daría a su presidente más margen para decidir el orden del día. También advirtió que cambiar las normas podría permitir la disolución de comités y dificultar la fiscalización legislativa.
Natthaphong sostuvo que las restricciones a los 35 comités podrían convertirlos en órganos que simplemente respaldaran las acciones del Gobierno. Estas declaraciones expresan las objeciones de la oposición a la propuesta; el argumento declarado de Bhumjaithai es mejorar la eficiencia parlamentaria y actualizar los procedimientos.
Una votación de 8 a 0 agrava la disputa sobre las directrices
Rangsiman Rome, diputado del Partido del Pueblo, vicepresidente del partido y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, Justicia y Derechos Humanos, dijo el 4 de noviembre que seguía habiendo desacuerdo sobre la validez jurídica de las directrices operativas de los comités.
Su comité votó por 8 a 0 no aceptar las directrices en esa etapa. Sus miembros también acordaron invitar a Sophon, quien ocupa los cargos de presidente del Parlamento y presidente de la Cámara, a explicarlas en la siguiente reunión del comité.
La votación unánime entre quienes participaron concreta el desacuerdo en el ámbito parlamentario. En lugar de limitarse a criticar públicamente las directrices, el comité ha solicitado explicaciones al responsable de la dirección de la Cámara.
Varias fechas muestran cómo se desarrolló la disputa:
- 21 de octubre de 2026: Nikorn presentó las enmiendas propuestas al reglamento de la Cámara con el respaldo de 48 diputados.
- 4 de noviembre de 2026: Líderes de la oposición cuestionaron públicamente el rumbo de las restricciones a los comités, mientras que el comité de asuntos jurídicos votó por 8 a 0 no aceptar por ahora las directrices operativas.
- 11 de noviembre de 2026: Está previsto que la Cámara examine las enmiendas propuestas por Bhumjaithai.
Se esperaría que los ministros respondieran en persona
El proyecto exigiría que el primer ministro o el ministro al que se dirigiera una pregunta parlamentaria asistiera y respondiera en persona. Si circunstancias inevitables impidieran su asistencia, el responsable podría solicitar un aplazamiento o encargar a otro ministro que respondiera.
La solicitud por escrito tendría que llegar al presidente de la Cámara antes del día de la sesión o ese mismo día. Se permitiría presentarla a través del sistema de tecnología de la información de la Cámara, de acuerdo con sus procedimientos.
La redacción propuesta eliminaría la obligación actual de que un ministro que aplazara una respuesta especificara cuándo volvería para responder. Así, el requisito de asistencia personal coexistiría con una mayor flexibilidad respecto al momento de responder tras un aplazamiento.
Tanto las preguntas parlamentarias generales como las que tuvieran una fecha específica podrían presentarse con antelación a través del sistema electrónico. Las preguntas que requirieran una respuesta en la Cámara tendrían que completar el proceso de pregunta y respuesta en un plazo de 20 minutos.
Los proyectos de ley conservarían su lugar aunque se retirara uno de sus promotores
Las enmiendas también abordan qué ocurriría si un diputado que hubiera promovido un proyecto de ley dejara de pertenecer a la Cámara. Si esa salida redujera el número de promotores por debajo del requisito constitucional, el proyecto que el presidente ya hubiera incluido en el orden del día seguiría siendo válido.
Esta disposición protegería la continuidad de un proyecto de ley en el proceso parlamentario una vez superada esa etapa de procedimiento. Los diputados no tendrían que volver a iniciarlo únicamente porque un promotor hubiera dejado la Cámara y el número de promotores hubiera disminuido.
Las enmiendas propuestas a un proyecto de ley tendrían que presentarse en un plazo de siete días hábiles desde que la Cámara aceptara sus principios. La aceptación de los principios es la etapa en que los diputados acuerdan que el proyecto siga adelante para examinarlo más a fondo, antes de definir su redacción detallada.
Un comité encargado de examinar un proyecto de ley podría nombrar como máximo a dos secretarios adjuntos. Si nombrara a dos, al menos uno tendría que ser especialista en técnica legislativa. Este requisito incorporaría conocimientos de redacción jurídica al equipo de apoyo del comité cuando se cubrieran ambos puestos.
Las presentaciones electrónicas, las firmas, la continuidad de los proyectos de ley y el apoyo jurídico dan al paquete un alcance mayor que la disputa sobre los comités por sí sola. El examen previsto para el 11 de noviembre llevará estos cambios administrativos ante los diputados junto con las normas más controvertidas sobre las investigaciones y el control político.
Puntos clave
- Está previsto que la Cámara examine el 11 de noviembre de 2026 las enmiendas propuestas por Bhumjaithai a las normas de sus sesiones.
- Los candidatos a primer ministro presentarían su visión antes de una votación pública que requeriría el apoyo de más de la mitad de los diputados en funciones.
- La Cámara podría modificar el número de comités permanentes, que actualmente está fijado en 35.
- Las solicitudes de documentos y testimonios, las decisiones sobre el orden del día, las conferencias de prensa y las transmisiones en directo de los comités quedarían sujetas a requisitos de votación específicos.
- Líderes de la oposición advierten que los cambios podrían debilitar su capacidad para fiscalizar al Gobierno.
- El comité de asuntos jurídicos votó por 8 a 0 no aceptar por ahora las directrices operativas relacionadas e invitó al presidente de la Cámara, Sophon Saram, a explicarlas.
- El proyecto también aborda las respuestas de los ministros, los procedimientos electrónicos y la protección de los proyectos de ley cuyos promotores dejen la Cámara.
