Un sustituto temporal al frente de la Presidencia
El presidente Prabowo Subianto nombró al teniente general Ariyo Windutomo jefe interino de la Secretaría Presidencial de Indonesia el 4 de noviembre de 2026, tras destituir a Listyo Sigit Prabowo en medio de una investigación por presunta vigilancia ilegal del presidente y otras figuras públicas.
Contenido
- Un sustituto temporal al frente de la Presidencia
- Qué sostiene la Policía que hicieron los tres agentes
- Cómo se desarrolló el caso
- Por qué los funcionarios hablan de traición
- Quiénes fueron objeto de vigilancia y quiénes exigen respuestas
- Los movimientos de tropas añaden incertidumbre
- Empresarios exigen comunicaciones seguras
- El escándalo estalla en medio de la presión sobre los mercados
- Presión política y exigencias de transparencia
- Puntos clave
El ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo que Prabowo firmó esa mañana un decreto presidencial para destituir a Listyo, exjefe de la Policía Nacional que había asumido el cargo en la Secretaría Presidencial apenas el mes anterior. Ariyo, quien también dirige la Secretaría de la Presidencia, desempeñará temporalmente las funciones del cargo vacante.
El nombramiento permite que la Secretaría Presidencial, conocida como KSP, siga funcionando mientras su exjefe enfrenta acusaciones relacionadas con la interceptación de comunicaciones telefónicas, el acceso ilícito a sistemas electrónicos y la eliminación de pruebas electrónicas. Prasetyo dijo que Prabowo estaba muy preocupado porque uno de los sospechosos ocupaba un cargo en su propia administración presidencial.
La investigación va más allá de las comunicaciones del presidente. La Policía describió a presuntas víctimas de vigilancia en el gobierno, la política, el periodismo, la sociedad civil y el sector empresarial. Al mismo tiempo, se movilizaba a personal militar en Yakarta, grupos empresariales exigían protección para las comunicaciones confidenciales y funcionarios debatían si el caso podría llegar a considerarse traición.
Qué sostiene la Policía que hicieron los tres agentes
El jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Asep Safrudin, dijo que los investigadores identificaron a tres agentes de policía como sospechosos tras interrogar a testigos y decomisar pruebas. Identificados inicialmente como LSP, ASN y EH, posteriormente fueron nombrados como Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution y Eko Hadi Santoso.
La Policía sostiene que la vigilancia comenzó a principios de 2025 y continuó en 2026, durante el periodo en que Listyo dirigió la Policía Nacional. Ocupaba ese cargo desde 2021, cuando lo nombró el expresidente Joko Widodo, y permaneció en el puesto después de que Prabowo asumiera la presidencia en 2024.
Asep dijo que la presunta vigilancia se llevó a cabo al margen de los procedimientos legales que rigen las investigaciones policiales. Describió que se realizó:
"sin fundamento legal alguno ni proceso de investigación o indagación conforme a las leyes aplicables".
Los investigadores también sostienen que, a finales de octubre, los sospechosos ordenaron eliminar archivos con comunicaciones interceptadas para ocultar pruebas. La interceptación consiste en obtener comunicaciones mientras se transmiten; el acceso ilícito implica entrar en un sistema electrónico sin la debida autorización. La eliminación de los archivos resultantes forma parte de las presuntas acciones.
Los sospechosos fueron recluidos en el centro de detención de la sede de la Policía Nacional en Yakarta. La fecha de su detención se situó ampliamente el 3 de noviembre, aunque también se citó a la Policía diciendo que habían sido detenidos el domingo 1 de noviembre. Los tres sospechosos no habían respondido públicamente a las acusaciones.
Cómo se desarrolló el caso
La destitución de Listyo se produjo pocas semanas después de su nombramiento en la KSP. La cronología sitúa en fechas distintas la presunta vigilancia, el intento de eliminar archivos y la movilización militar, mientras la investigación se hizo pública a principios de noviembre.
- 2021: Listyo asumió como jefe de la Policía Nacional durante la presidencia de Joko Widodo.
- Principios de 2025: Según los investigadores, comenzó la presunta vigilancia telefónica no autorizada.
- Octubre de 2026: Listyo pasó de dirigir la Policía a la Secretaría Presidencial.
- Finales de octubre: La Policía sostiene que los sospechosos ordenaron eliminar archivos de comunicaciones interceptadas.
- 2 de noviembre: Un telegrama militar atribuido al comandante de las Fuerzas Armadas, el general Agus Subiyanto, ordenó una amplia movilización.
- 3 de noviembre: La Policía anunció públicamente que había tres sospechosos en la investigación por vigilancia.
- 4 de noviembre: Prabowo destituyó a Listyo mediante decreto presidencial y nombró a Ariyo jefe interino de la KSP.
El nombramiento de Ariyo es temporal y no se anunció una fecha para designar a un sustituto permanente. Prasetyo dijo que los servicios policiales continuarían e instó a la población a mantener la calma mientras avanzaba la investigación.
Por qué los funcionarios hablan de traición
Prasetyo argumentó que el acceso a las comunicaciones de un presidente podría exponer información delicada que afectara los intereses nacionales y la seguridad de los máximos dirigentes del país. Dijo que los presuntos actos podrían llegar a constituir traición.
En el palacio presidencial, Prasetyo explicó la preocupación del gobierno:
"Cuando se trata de un jefe de Estado, hay mucha información muy delicada que podría utilizarse con fines que pongan en peligro los intereses de la nación".
El ministro coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Centros Penitenciarios, Yusril Ihza Mahendra, ofreció evaluaciones distintas a medida que avanzaba la investigación. El 3 de noviembre dijo que los investigadores no habían encontrado indicios de traición. Entre las declaraciones que se le atribuyeron el 4 de noviembre figuraban tanto la evaluación de que todavía no habían surgido indicios de ese delito como una evaluación preliminar de que la operación podría haber tenido como objetivo paralizar al gobierno. También se le citó describiendo el asunto como un caso penal de escuchas telefónicas sin relación con un intento de golpe de Estado.
Las autoridades examinaban si podía aplicarse el artículo 191 del Código Penal de Indonesia, que contempla penas de hasta la muerte. Yusril describió la evaluación como preliminar. Los investigadores aún estudiaban el motivo, quién podría haber dirigido la operación y cómo se pretendía utilizar la información.
El marco legal que se debate en torno al caso también incluye el Reglamento n.º 5 de 2010 de la Policía Nacional, el nuevo Código Penal y la Ley de Información y Transacciones Electrónicas. Estas normas regulan la interceptación y la actividad electrónica. Las facultades policiales de interceptación deben ejercerse mediante procedimientos legales que, según los investigadores, se eludieron.
Quiénes fueron objeto de vigilancia y quiénes exigen respuestas
Asep describió un amplio abanico de presuntas víctimas de vigilancia: el presidente, funcionarios del Estado, figuras políticas y de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y empresarios. Yusril dijo que había oído que varios ministros y políticos se habían visto afectados, pero no pudo identificar a los ministros.
Yusril también dijo que no sabía si el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka había sido objeto de vigilancia. La Policía no había publicado una lista completa de las personas cuyas comunicaciones habrían sido interceptadas. Según Asep, una persona identificada como SU seguía siendo interrogada como testigo.
Amnistía Internacional Indonesia pidió a las autoridades que revelaran quiénes fueron objeto de vigilancia y argumentó que la ciudadanía tenía derecho a saberlo. La organización advirtió sobre el riesgo de que la vigilancia se utilice para reprimir a la oposición política:
"Si se permite que este escándalo continúe sin control, podría abrir el camino a un aparato de policía secreta utilizado para someter a la oposición".
Para los periodistas, la presunta interceptación suscita preocupación por las conversaciones confidenciales con sus fuentes. Para los grupos de la sociedad civil y las empresas, plantea inquietudes similares sobre conversaciones privadas y planes delicados. La amplitud de la presunta lista de objetivos hace que la investigación tenga relevancia mucho más allá del palacio presidencial.
Los movimientos de tropas añaden incertidumbre
Las Fuerzas Armadas de Indonesia confirmaron movimientos de personal en Yakarta y sus alrededores mientras avanzaba la investigación por vigilancia. El portavoz de la Armada, el contraalmirante Tunggul M. Han, dijo que el despliegue respaldaba la seguridad y la estabilidad nacionales, así como los preparativos para maniobras militares cerca de la capital. El portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de división Muhammad Nas, describió los movimientos de tropas como un procedimiento habitual.
Las cifras divulgadas públicamente presentan una diferencia considerable. El vicealmirante Yayan Sofiyan, asistente de operaciones de la Armada, dijo que el despliegue involucraba a 20.980 efectivos y que otros 13.140 estaban en alerta. En cambio, un plan militar interno que circuló describía los 20.980 como el total de la movilización en cuatro fases: 2.100 efectivos que ya estaban en Yakarta, 5.740 previstos para llegar y 13.140 que permanecerían en sus bases en estado de alerta.
Según el desglose del plan interno, 7.840 efectivos estarían en Yakarta o tenían previsto llegar, mientras que el grupo más numeroso permanecería listo en otros lugares. El personal procedía de unidades navales y de infantería de marina, centros de formación y bases en Java y Lampung. El transporte incluía los buques KRI Makassar y KRI Dr Soeharso, y las operaciones estaban bajo el control del Mando Militar de Yakarta.
Las autoridades no habían confirmado que el despliegue estuviera relacionado con la investigación por escuchas telefónicas. La orden de movilización estaba fechada el 2 de noviembre, antes del anuncio público de los sospechosos, el 3 de noviembre.
Sana Jaffrey, investigadora de la Universidad Nacional de Australia, dijo que el despliegue podría reflejar preocupación por las tensiones entre las Fuerzas Armadas y la Policía asociadas con Listyo. Advirtió del riesgo de una escalada imprevista y dijo que un presidente cada vez más preocupado por su seguridad personal podría recurrir más al Ejército. El analista militar Aris Santoso consideró que la presencia de infantes de marina podría ser un preparativo ante un aumento de la tensión política y las manifestaciones.
Empresarios exigen comunicaciones seguras
Las organizaciones empresariales se centraron en la seguridad de la información comercial y en la necesidad de una investigación transparente. Los mensajes confidenciales pueden contener planes de inversión, detalles de transacciones y estrategias comerciales, información que las empresas necesitan proteger.
Erwin Aksa, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, conocida como Kadin, y legislador del Partido Golkar, pidió una investigación basada en pruebas. Explicó la preocupación empresarial:
"Las empresas necesitan información segura, comunicaciones confidenciales y seguridad jurídica para mantener la confianza de los inversores".
Donna Priadi, directora gerente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Indonesia, dijo que la estabilidad política, una regulación previsible y el Estado de derecho eran fundamentales para la confianza de los inversores. Dijo que era demasiado pronto para concluir que las operaciones empresariales se hubieran visto afectadas de manera sustancial, y subrayó que la forma en que las autoridades gestionaran las acusaciones sería importante para la confianza pública.
Prasetyo dijo que Prabowo había ordenado al jefe de la Policía Nacional, el general Suyudi Ario Seto, que realizara una investigación objetiva conforme a la ley y sin ocultar información. Suyudi había informado al presidente sobre el caso. La Comisión III del Parlamento, que supervisa asuntos legales y de seguridad, también respaldó la investigación.
El escándalo estalla en medio de la presión sobre los mercados
Los mercados financieros de Indonesia ya estaban bajo presión cuando se difundió la noticia de la investigación. El 3 de noviembre, los inversores extranjeros registraron ventas netas de acciones por valor de 575.000 millones de rupias, frente a 112.500 millones el día anterior. Las ventas netas miden cuánto superan las ventas a las compras; las cifras muestran que la salida neta se multiplicó por unas 5,1 veces respecto al nivel del día anterior.
El índice compuesto de la Bolsa de Indonesia cayó un 3,78 % ese día, hasta los 4.904,3 puntos. El 4 de noviembre abrió con otra caída del 0,97 %, antes de recuperarse y cerrar en 4.919,8 puntos, alrededor de un 0,32 % por encima del cierre anterior.
Harry Su, director de investigación de Samuel Sekuritas Indonesia, dijo que el aumento de los riesgos políticos internos, incluidas las acusaciones de vigilancia, se sumaba a la inquietud de los mercados, junto con las expectativas de un menor crecimiento económico en el tercer trimestre. Rully Arya Wisnubroto, economista jefe de Mirae Sekuritas, también señaló la incertidumbre en torno a la revisión del proveedor de índices MSCI, las ventas de inversores extranjeros y las inquietudes sobre la renta variable indonesia.
Los inversores sopesaban varias presiones a la vez: la depreciación de la rupia, la preocupación por las políticas gubernamentales, los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar. Los mercados regionales también cayeron: el Nikkei 225 de Japón bajó un 4,5 % y el índice general de MSCI de las acciones de Asia-Pacífico, excluido Japón, retrocedió un 1,9 % durante la sesión del 4 de noviembre.
Presión política y exigencias de transparencia
Prabowo enfrenta la investigación en medio del descontento público por los precios de los alimentos, sus programas de comidas gratuitas y cooperativas rurales, y la respuesta del gobierno a los devastadores incendios forestales. Las manifestaciones estudiantiles y la caída de los índices de aprobación han aumentado la presión durante su segundo año en el cargo.
Listyo estaba vinculado al expresidente Widodo, cuya relación con Prabowo se ha deteriorado. El hijo de Widodo, el vicepresidente Gibran, ha enfrentado por separado nuevos llamados a su destitución tras una sentencia judicial que invalidó su certificado escolar. Estas disputas conforman el contexto político en el que la Policía investiga las acusaciones de vigilancia.
Sugiono, secretario general de Gerindra, describió el escándalo como un acto de insubordinación dentro del gobierno y dijo que el partido de Prabowo lo debatiría con otras formaciones políticas. El expresidente Susilo Bambang Yudhoyono pidió moderación en la actividad política.
En un mensaje público del 4 de noviembre, Yudhoyono instó a Prabowo a:
"restablecer la cordialidad en nuestra política".
Bambang Rukminto, analista policial del Instituto de Estudios sobre Seguridad y Estratégicos, pidió a los investigadores que rastrearan el uso que se pretendía dar a la información interceptada e identificaran a las partes interesadas en obtenerla. Esa exigencia reúne las principales preocupaciones del caso: la seguridad del presidente, la privacidad de las demás presuntas víctimas de vigilancia y la rendición de cuentas por el uso de las facultades policiales de vigilancia.
Puntos clave
- Prabowo destituyó a Listyo Sigit Prabowo el 4 de noviembre de 2026 y nombró al teniente general Ariyo Windutomo jefe interino de la KSP.
- La Policía identificó a tres altos cargos como sospechosos de interceptación ilegal, acceso ilícito a sistemas electrónicos y eliminación de pruebas electrónicas.
- La presunta vigilancia se extendió desde principios de 2025 hasta 2026 y tuvo como objetivo al presidente y a figuras del gobierno, la política, los medios de comunicación, la sociedad civil y el sector empresarial.
- Funcionarios hablaron de posibles cargos de traición, mientras seguían investigándose el motivo y el uso previsto de la información interceptada.
- Las Fuerzas Armadas confirmaron movimientos de tropas en torno a Yakarta y los atribuyeron a necesidades de seguridad y entrenamiento; las cifras publicadas ofrecían totales distintos.
- Grupos empresariales pidieron comunicaciones seguras y una investigación transparente mientras los mercados indonesios seguían bajo presión.
